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Portugal
Costa se arriesga a nuevas huelgas a poco más de un mes de las elecciones generales
El Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Peligrosas, que puso en jaque al país durante la huelga que convocó a mediados de agosto no cuenta con el apoyo de los partidos de izquierda ni los sindicatos. Sus transportistas, no obstante, amenazan con parar el país y tienen mecanismos para hacer escuchar sus reivindicaciones.
Tan solo 48 después de haber sido desconvocada la huelga indefinida de los transportistas de combustibles, con la promesa por ambas partes, sindicato y patronal, de sentarse para iniciar conversaciones, ya habían sido convocados nuevos paros de forma indefinida: el país puede enfrentarse, a primeros de septiembre, a un escenario similar al vivido durante siete días la pasada semana. Esta vez con huelgas en las horas extra, fines de semana y festivos.
Teniendo en cuenta que, ya en marzo, los transportistas de materias peligrosas habían agotado las 200 horas extra de trabajo por año que por ley pueden realizar, podemos esperar más cierres de gasolineras, rupturas de stock localizadas, riesgo de desabastecimiento en algunos sectores… pero, sobre todo, es inevitable la continuación de un pulso mediático entre dos contendientes absolutamente distanciados, sindicato y patronal, con el arbitraje incapaz y temeroso de dar un traspiés electoral del Gobierno de António Costa.
Las posturas están tan enfrentadas que, en la última reunión del pasado martes, el sindicato que engloba a los transportistas de materias peligrosas, el SNMMP (Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Peligrosas), y la patronal del sector, la ANTRAM (Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias), ni siquiera se sentaron a la misma mesa durante las negociaciones.
Esta guerra de poder, como en muchas otras guerras, ha empujado a la sociedad portuguesa a posicionarse a favor o en contra de cada bando. Llenando la contienda telediarios, reportajes, editoriales y artículos de opinión, casi cada portugués tiene un criterio propio sobre si los transportistas debieran aguantar el chaparrón que les está cayendo hasta conseguir sus reivindicaciones, o si, por el contrario, sus aspiraciones son una mera rabieta sindical que, por encima de todo, está perjudicando a la sociedad justo durante el mes en que lo que toca es irse de vacaciones.
Y lo mismo ha ocurrido con el resto de los actores del panorama político del país. No podemos olvidar que falta poco más de un mes para las próximas elecciones generales en el país, que serán el próximo 6 de octubre. En este escenario explosivo, la posición de los partidos políticos de izquierda con representación parlamentaria (que, recordemos, forman un Gobierno de pacto con el Partido Socialista, la ya célebre geringonça) ha sido tan insólita como inesperada.
Al Partido Socialista de Costa se le ha acusado directamente de thatcherismo de piel socialista. Por un lado porque decretó, el mismo día que comenzó la huelga, lo que en Portugal se llama requisição civil, un mecanismo que el Estado puede aplicar, por ley, para “asegurar el normal funcionamiento de ciertas actividades fundamentales, cuya paralización momentánea o continua pueda acarrear perturbaciones graves en la vida social, económica o política” del país. Lo que en la práctica fue un as sacado de la manga del Gobierno para poner de vuelta a los transportistas al volante bajo amenaza de multa e incluso de cárcel.
En conversaciones con Anacleto Rodrigues, secretario de la Mesa de la Asamblea y portavoz del SIMM —Sindicato Independiente de Motoristas de Mercadorias, sindicato que ya llegó a un preacuerdo con la patronal y abandonó la huelga—, “esto comenzó siendo una lucha laboral, pero más adelante escaló para un proceso en el que el Gobierno portugués puso en entredicho el derecho a la huelga y el derecho de los transportistas a la protesta”.
Por otro lado, ya el segundo día de huelga, y apoyado en las prerrogativas ganadas por la coyuntura de la requisição civil, Costa sacó a la calle tanto a militares como a miembros de la Policía (civil y militar), para que transportaran, cargaran y descargaran camiones civiles de combustible.
Según cuenta Anacleto Rodrigues, “hasta ahora nadie tenía el mínimo conocimiento de que a los transportistas le eran exigidas 15 horas seguidas de trabajo, por ejemplo”
Lo más sorprendente para parte de la sociedad portuguesa fue la escasa resistencia que el Gobierno encontró desde el resto de los partidos políticos. Según Anacleto Rodrigues, “por parte de los partidos políticos (del Bloco de Esquerda y del Partido Comunista Portugués) debió de haber una mayor intervención, porque lo que ocurrió es inadmisible. Y no hubo una mayor intervención por parte del PCP porque tiene ligazones directas con la CGTP (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses), donde está la Fectrans (Federação de Sindicatos de Transportes e Comunicações, primer sindicato en llegar a un preacuerdo con la patronal, antes incluso que el SIMM), ni del Bloco de Esquerda porque no nos conocen, ya que nosotros no tenemos ninguna ligazón política o partidaria”.
Estas jornadas de huelga, además de controvertidas y dolorosas para toda la sociedad portuguesa, están siendo especialmente esclarecedoras. Han puesto de manifiesto cómo un pequeño sindicato como el SNMMP, que no llega a los 800 miembros en todo el país, se ha ido quedando solo en sus reivindicaciones sin perder por esto su poder de presión y negociación. Por otro lado, las fuerzas de izquierda han dejado a un lado su naturaleza más básica, esto es, la defensa de los trabajadores, unos por cuestiones electorales, léase el Bloco de Esquerda, otros por cuestiones de poder, léase el Partido Comunista, para apoyar por omisión las reivindicaciones del bando empresarial.
Y eso que las demandas de los transportistas pueden resultar insólitas para los portugueses, pero en absoluto fuera de lugar. Según cuenta Anacleto Rodrigues, “hasta ahora nadie tenía el mínimo conocimiento de que a los transportistas le eran exigidas 15 horas seguidas de trabajo, por ejemplo. Al principio la sociedad no comprendió muy bien nuestra lucha, creyeron que los transportistas, por el hecho de conducir un camión, estaban pidiendo mucho dinero, cuando la verdad es que los motoristas no están hablando de ocho horas de trabajo de lunes a viernes, sino de muchas más horas, del hecho de tener que quedarse fuera de casa durmiendo en el camión (…) La sociedad no entendía muy bien esta realidad, pero ahora comienza a tener otra percepción sobre nuestra realidad laboral”.
Una vez más António Costa, el político que siempre cae de pie, está saliendo inmune, y hasta reforzado, de una situación que podría haber sido fatal para cualquier otro Gobierno
Una realidad laboral que no sólo es precaria, sino a menudo ilegal e incluso peligrosa, teniendo en cuenta que el exceso de carga de trabajo en estos casos pone en riesgo la vida de muchas personas. Precaria en cuanto a número de horas extras de trabajo, en cuanto al salario base de los transportistas, hoy de 600 euros, en cuanto al reconocimiento de la especificidad sectorial en el caso de los transportistas de materias peligrosas, y hasta en el hecho de que las horas extras, cuando les son pagadas, no cuentan como contribuciones a la Seguridad Social, punto este muy reclamado por los sindicatos. Esto es, se da la paradoja de que los sindicatos están reclamando pagar más impuestos (esta falta de contribuciones de las horas extra cuesta al Estado alrededor de 300 millones de euros al año, dinero que se ahorran las empresas) y es el propio Gobierno el que se opone.
Por su parte, los partidos conservadores, el Partido Social Demócrata y el Centro Democrático Social, se han encontrado con que la izquierda le ha robado su tradicional espacio de apoyo al empresariado, en este caso a la patronal ANTRAM, espacio que ha sido ocupado por el Partido Socialista sin ningún tipo de escrúpulo, pero con mucha habilidad. Ni siquiera las dos principales centrales sindicales, la UGT (União Geral de Trabalhadores) y la CGTP, tuvieron una respuesta acorde con lo que se esperaba de ellos. Y una vez más António Costa, el político que siempre cae de pie, está saliendo inmune, y hasta reforzado, de una situación que podría haber sido fatal para cualquier otro Gobierno.
El Salto intentó ponerse en contacto con el SNMMP y ANTRAM para solicitar su punto de vista, pero hasta la fecha de publicación de este artículo no obtuvo respuesta.
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