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El jueves 8 de abril, la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, en comparecencia en el pleno de la Asamblea de Extremadura, hizo pública una resolución del 6 de abril por la que quedaba denegado el permiso solicitado por Tecnología Extremeña del Litio (TEL), empresa pantalla de Infinity Lithium, para operar en tareas de investigación en el Valle de Valdeflores.
La necesaria ejecución de calicatas y sondeos mecánicos para acometer las investigaciones, prohibidas por el Plan General Municipal de Cáceres y proyectadas “en suelos no urbanizables protegidos con limitación de usos” constituiría el eje del argumentario formal de la consejería.
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Así lo expresó la consejera: “no se puede otorgar un permiso de investigación que consiste básicamente en hacer calicatas y sondeos cuando en el terreno afectado está prohibido hacerlos, como explícitamente establecen los informes técnicos del Ayuntamiento. Hacer lo contrario, sería, a todas luces, ilógico e irregular”. Abundando en las razones, la Junta ha remarcado que los sondeos constituyen “componente determinante de la naturaleza de los permisos de investigación y conllevan la necesaria alteración del suelo sobre el que se practican y son altamente impactantes”. Previamente, y en idéntica dirección, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ya había establecido, en reciente sentencia, que un permiso de investigación carente de sondeos perdía su identidad, habida cuenta de que los mismos resultan consustanciales a su naturaleza.
Los sondeos constituyen “componente determinante de la naturaleza de los permisos de investigación y conllevan la necesaria alteración del suelo sobre el que se practican y son altamente impactantes”
La decisión de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura ha provocado la inmediata reacción de la empresa Infinity Litium. Ésta ha anunciado, como cabía barajar, un inmediato recurso, sin descartar el paso a la vía judicial. Dispondrá, pues, de un mes para la presentación del recurso de alzada (que la Administración deberá resolver en seis meses). Sería con posterioridad a este procedimiento cuando se abriría la vía de resolución en los tribunales, donde el camino puede alcanzar el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura o, llegado el caso, incluso el Tribunal Supremo. En resumen: la resolución del procedimiento en torno a los permisos extractivos no ha concluido, el expediente sigue activo.
Escudándose en los resultados de una polémica encuesta dada a conocer en fechas recientes, pagada por la empresa y donde, según diversas fuentes, se incluyeron en la muestra (en contra de lo declarado por Sigma Dos, la firma encuestadora) personas no residentes en la capital Cacereña, los portavoces empresariales han manifestado, también, enfrentarse a “grupos minoritarios muy ruidosos”, así como su “sorpresa y decepción”.
Yendo aún más lejos, Cayetano Polo (antiguo líder local de Ciudadanos y concejal en Cáceres que pasó a ser, sin solución de continuidad, asesor y responsable de relaciones institucionales de la empresa minera) ha señalado que “la Junta ha decidido mantener el sueldo del alcalde de Cáceres y condenar el futuro de los jóvenes”.
La decisión de la Junta afecta únicamente a dos cuadrículas mineras de las 47 solicitadas, quedando activo el permiso “Ampliación Valdeflórez” para las otras 45, que con un total de 1.239 hectáreas se despliegan por gran parte de la Sierra de la Mosca
En cualquier caso, sí se ha descartado expresamente, por parte de Infinity Lithium, la posibilidad de pedir la explotación directa del yacimiento, a la que podría haber optado de acuerdo con la vigente Ley de Minas de 1973. Esa vía hubiera abierto la puerta, de ser concedida, al pase a explotación en virtud de la certeza de existencia de recursos minerales detectados en investigaciones previas (que, de hecho, y en medio de múltiples polémicas y protestas por sus afecciones al medio, ya se han llevado a cabo).
En cualquier caso, la decisión de la Junta afecta únicamente a dos cuadrículas mineras de las 47 solicitadas, quedando activo el permiso “Ampliación Valdeflórez” para las otras 45, que con un total de 1.239 hectáreas se despliegan por gran parte de la Sierra de la Mosca. La situación, ahora, se dibuja paradójica, totalmente irregular y con consecuencias en otros planos.
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En el aspecto administrativo, en concreto, el concedido permiso “Ampliación Valdeflórez” también incluye áreas afectadas por el Plan General Municipal (PGM) de Cáceres, que ha constituido el núcleo del rechazo para el permiso de investigación “Valdeflorez” (el que comprende a las dos cuadrículas en las que, por ahora, se cierra el paso a cualquier tipo de intervención). Dicho permiso, entonces, tiene difícil justificación pues presenta idénticas características que el invalidado.
Por otra parte, la administración regional queda en evidencia, como afirman diferentes voces contrarias a la mina, pues aparece como “capaz de conceder la capacidad de intervenir a las mineras en áreas donde, de acuerdo a la normativa, no era posible, por más que después haya rectificado la decisión”. Una rectificación que, además, como reconocen los expertos consultados, puede acarrear al erario público los gastos de lo que podría interpretarse como una lesión de intereses de Infinity Lithium, capacitada para solicitar, en ese sentido, una indemnización (por más inverosímil que parezca que la empresa, antes de intentar obtener los permisos, desconociera la calificación en el PGM de los terrenos afectados por su proyecto...). Ya en su día, Ecologistas en Acción alertó de que la Junta de Extremadura, “a la vez que trata de ofrecer una imagen de imparcialidad e interés por la opinión de la ciudadanía, continúa incurriendo en las mismas deficiencias e irregularidades de tramitación en todos los expedientes mineros de la región”.
Portavoces autorizados de la Plataforma Salvemos la Montaña han manifestado una “prudente y moderada satisfacción”, a la vez que han invitado a que “no lancemos las campanas al vuelo, la empresa acudirá a los tribunales con toda seguridad y esto puede complicar todo aún más, el culebrón minero no acabará en mucho tiempo”
Sea por un criterio político de concesión indiscriminada de permisos mineros o por una errónea interpretación de la normativa, la posición del gobierno regional se torna compleja y la resolución definitiva del contencioso, que ha movilizado como en pocas ocasiones a la ciudadanía extremeña, se dilata en el tiempo, quedando abierta la posibilidad de que se reactive el proyecto extractivista en el Valle de Valdeflores. Sobre las mismas cuadrículas mineras existen, además, otras tres solicitudes de permisos de investigación (una de ellas de AMG Lithium, filial de la multinacional metalúrgica holandesa Advanced Metallurgical Group-AMG), de modo que el litigio medioambiental puede retornar, con diferentes protagonistas, según se vayan tramitando las pertinentes solicitudes.
Tras conocer la denegación del permiso, portavoces autorizados de la Plataforma Salvemos la Montaña han manifestado una “prudente y moderada satisfacción”, a la vez que han invitado a que “no lancemos las campanas al vuelo, la empresa acudirá a los tribunales con toda seguridad y esto puede complicar todo aún más, el culebrón minero no acabará en mucho tiempo”.
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Queda por ver cual será la actitud de los grupos inversores, auténtico motor en la sombra del megaproyecto. De su determinación y seguridad en la obtención de dividendos dependerá la naturaleza de las medidas a adoptar y la intensidad de las mismas. Ya han demostrado sobrada capacidad para desplegar una campaña mediática que no ha escatimado en recursos y para concitar a su alrededor voluntades políticas que, por acción o por omisión, han allanado el camino para llegar a la actual situación. De entrada, acaba de anunciarse la petición de Infinity Lithium de suspender la compraventa de sus acciones en la bolsa australiana hasta emitir un comunicado. No volverán a cotizar, al menos, hasta la mañana del martes 13 de abril.
De acuerdo con todas las fuentes consultadas, otros factores muy a tener en cuenta serán, sin duda, el papel del gobierno central y sus diseños de política energética y de desarrollo, las fluctuaciones en el precio del litio y, de forma determinante, la postura de Europa, condicionante fundamental en el trazado final de las políticas en sectores estratégicos.