Infancia migrante
Hacinados en recursos insalubres o pernoctando en la calle: la situación de la infancia migrante 20 días después de la crisis en Ceuta

Hacinados en naves no acondicionadas o en la calle, evitando el contacto con las autoridades por temor a que les devuelvan a Marruecos. Así es como se encuentran cientos de menores en la ciudad de Ceuta según denuncian las organizaciones MAAKUM, ELIN y No Name Kitchen en un informe publicado el día 8 de junio. La gran mayoría de estos niños y niñas llegaron los días 17 y 18 de mayo, sumándose a cientos de menores que ya residían en una ciudad, que, según relatan las entidades autoras del informe, recibe a la infancia sin habilitar los recursos necesarios para su protección.

Con el respaldo de PRODEIN, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Solidary Wheels, ExMenas Madrid, Boxeo Social Combativo y Hood Warriors, las entidades que firman el documento “Informe sobre las vulneraciones de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes en Ceuta” han querido así hacer pública la situación en la que se encuentran los menores que llegaron a nado y en pequeñas embarcaciones a las playas de Tarajal y Benzú, un episodio que, lamentan, es producto del enfrentamiento diplomático entre dos estados, y del que las niñas y niños están siendo las principales víctimas. Mientras muchos habrían sido devueltos de manera ilegal, el monarca marroquí ordenaba a principios de junio su retorno, aún sin su consentimiento.

Desde las organizaciones recuerdan que si los menores manifiestan el deseo de volver al país ya hay vías establecidas para hacerlo y señalan cómo se trata de un procedimiento que se ha puesto en práctica pocas veces dado que la inmensa mayoría de los menores desea continuar su ruta. Para ellos sin embargo, constatan: “No se han habilitado recursos específicos para esta situación de emergencia, a pesar de haber espacio disponibles para ello, que están inutilizados”. No solo espacios, los firmantes aseguran que tampoco faltan ni los recursos ni las organizaciones preparadas para este acompañamiento, y sin embargo no se están contando con ellas. El informe subraya el contraste entre la no adjudicación de medios para mejorar la protección de los menores —que según la policía nacional serían unos 920, contando a los que han sido registrados en los recursos— y lo que consideran una innecesaria movilización del ejército, con más de mil efectivos de reserva en la ciudad. 

El informe subraya el contraste entre la no adjudicación de medios para mejorar la protección de los menores —que según la policía nacional serían unos 920, contando a los que han sido registrados en los recursos— y lo que consideran una innecesaria movilización del ejército

Los autores del documento plantean que los recursos para menores ya eran insuficientes desde antes de la crisis, cuando solo existía el centro de realojo “La Esperanza”, ya muy criticado por estar infradotado de personal,  carecer de espacio suficiente o someter a sus internos a laberintos burocráticos. Ante los límites de la Esperanza emerge Piniers, en el que se concentraban niños de poca edad, centro que cerró en abril de este año y que ahora ha vuelto a abrir para dar cabida a algunos de los menores que han cruzado recientemente las fronteras. Sin embargo “con la entrada de más niños y niñas, sigue sin haber espacio y condiciones dignas para albergar a los y las menores”. También disponen del Polideportivo habilitado de Santa Amelia, que alberga a unos 200 niños.

El recurso de emergencia que se ha dispuesto para los menores son tres naves que en ningún caso reunen los requisitos para albergarles y menos en plena pandemia. Estas construciones diáfanas en el polígono de Tarajal, cercanas a accesos no concurridos de la frontera, —ubicación que facilita las devoluciones ilegales, según alertan en el informe— no están acondicionadas de nunca forma, según han descrito los propios menores a las y los voluntarios de las organizaciones. Baños insuficientes y en malas condiciones, escasas duchas sin agua caliente, comida insuficiente, y hacinamiento, para unos 500 menores distribuidos entre una nave destinada a positivos en covid, negativos y contactos estrechos, como única forma de prevención ante eventuales contagios. Un espacio que por un lado ayuda a que se repitan escenas de violencia en total opacidad, y por otro propicia la conflictividad entre los propios menores, denuncian.

Las organizaciones advierten que la fundación Samu gestiona estos espacios —con seguridad de la empresa Eulen—, de forma poco tansparente y cerrada a la cooperación con entidades como las que firman el informe, con experiencia en terreno y vínculos con las y los menores. Menores que narran cómo no han podido acceder a ropa limpia dede que llegaron, o se les retiene dentro de las naves sin ninguna actividad en un espacio sin luz ni ventilación. “El espacio designado para albergar a los menores no es un lugar ni digno ni adecuado. Es un empobrecimiento total y absoluto de la protección de los mismos que resulta en hacinamiento, insalubridad y mala praxis. Los menores siguen expuestos a una alta vulnerabilidad y riesgo”, afirman. 

Fiscalía de Ceuta abre diligencias penales por la expulsión en caliente de menores

Pablo 'Pampa' Sainz

Infancia migrante

Fronteras Fiscalía de Ceuta abre diligencias penales por la expulsión en caliente de menores

Pablo 'Pampa' Sainz

Las imágenes periodísticas registradas la semana pasada han evidenciado el rechazo en frontera de niños y niñas que ya estaban en territorio español, una práctica expresamente prohibida por la legislación. En base a ellas, Coordinadora de Barrios ha interpuesto una denuncia.

Pese a su situación insalubre, la incertidumbre que afecta a los menores ahí alojados, y la creciente tensión al ubicarse en un espacio de estas características, las naves son el único modo que tienen los menores para que se les registre en el Sistema de Protección y Atención a la Infancia. 

La confluencia de todas estas circunstancias constituye, como denuncian las organizaciones, en una violación de los derechos de la infancia, vulnerando el principio de interés superior del menor. Lejos de revertir este escenario, 20 días después de la llegada de cientos de  menores, la situación se ha enquistado, con muchos niños y niñas que ni siquiera tienen dónde pernoctar.  “Ninguna organización internacional ni ningún equipo profesionalizado institucional ha trabajado con los niños y niñas que duermen en la calle. Son centenares, están solos y solas y no están recibiendo ningún apoyo organizado más que el de la sociedad civil –cada vez más organizada– y las entidades redactoras de este informe, conformadas al 100% por personas voluntarias y con equipos muy reducidos” exponen.

“Ninguna organización internacional ni ningún equipo profesionalizado institucional ha trabajado con los niños y niñas que duermen en la calle. Son centenares, están solos y solas y no están recibiendo ningún apoyo organizado más que el de la sociedad civil”

Alertan de que si bien colectivos vecinales, asociaciones y personas individuales están haciéndose cargo en muchos casos de estos niños, incluyendo familias que conocen a sus parientes y deciden apoyarles, el hecho de no mantener registro de los niños que se hallan en la ciudad puede favorecer nuevas vulneraciones de sus derechos. Además, que se escondan de las autoridades por temor a ser devueltos no ayuda a su efectiva protección: “tenemos la certeza de que tras las entradas a partir del 17 de mayo un gran número de menores de edad fueron devueltos de forma irregular, muchos y muchas en contra de su voluntad y de cualquier tratado internacional”, constatan las organizaciones.

El miedo a la expulsión y las malas condiciones de los recursos empujan a muchos menores a permanecer en la calle, “siendo muchas veces la calle y la intemperie un espacio que se lee como más seguro”. No obstante recuerdan que “la situación de calle de muchos y muchas de las menores conlleva una total desprotección y abandono de la infancia migrante” particularmente en las situaciones más vulnerables, cuando se trata de “menores muy pequeños –alrededor de 10 años–, niñas y posibles solicitantes de Protección Internacional”.

Ceuta: La punta del iceberg tras décadas de externalización

Hodei Ontoria Ana R. Santana

Ceuta

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Hodei Ontoria ,  Ana R. Santana

Lo ocurrido en la frontera marroquí responde a las lógicas de control migratorio en Europa.

El informe reporta cómo en muchos casos son familias las que se organizan para apoyar a esta infancia, dándoles alimento, vestido o incluso alojándoles. Si bien realzan la naturaleza positiva de este tipo de solidaridad en cuanto que suponen un alivio imprescindible para la infancia también alertan: “Este tipo de acogidas improvisadas y de emergencia quedan fuera de los márgenes legales establecidos, lo que dificulta que se puedan establecer mecanismos y protocolos eficaces en materia de protección y acogida”.

Las organizaciones denuncian el marco de desinformación ante el que se encuentran las personas migrantes, cuando la información no está clara, ni se encuentra en la lengua de quienes migran, no se facilita información sobre los recursos de la ciudad, ni se explica a los menores que ingresan en los recursos qué les espera. 

Señalan asimismo, entre las vulneraciones a los derechos de los menores, la falta continua de intimidad, los “abusos por parte de la autoridad, redadas policiales de ‘desalojo’ a grupos en los que también se encuentran menores, destrucción de los lugares precarios de pernocta y pertenencias de estas personas, persecución en la vía pública y otros abusos de poder injustificados y violentos”. Todo esto, afirman, genera miedo a denunciar, temor a que no se les escuche y sean devueltos a Marruecos. 

Para las organizaciones la respuesta estatal peca de entender lo que es una crisis humanitaria como una crisis política: “Independientemente del origen de las entradas de los días a partir del 17 de mayo, las principales perjudicadas son las personas en tránsito, por lo que el foco debe centrarse en una respuesta humanitaria y social y no solo diplomática, política y/o militar”, aseveran.

“Independientemente del origen de las entradas de los días a partir del 17 de mayo, las principales perjudicadas son las personas en tránsito, por lo que el foco debe centrarse en una respuesta humanitaria y social y no solo diplomática, política y/o militar”

Una crisis humanitaria que erosiona la salud de las personas por falta de cuidados, higiene o acceso a la sanidad, y que acarrea también un deterioro de la salud mental alarmante. Todo esto en un contexto de hostilidad hacia los y las menores, “se han registrado incidentes graves de violencia y ataques xenófobos y racistas (..) Además, los discursos racistas, de odio y rechazo en redes sociales y foros online son cada vez más frecuentes”, alertan. 

Frente a este marco de vulneración de derechos las organizaciones proponen “contar con equipos de trabajo multidisciplinares que trabajen de forma urgente con educadores/as de calle que informen, deriven y acompañen a estos menores”. Todo ello para poder abordar las “situaciones de desvinculación social en las que se encuentren los chicos y chicas fuera del sistema de protección y proponer medidas de información, atención y acompañamiento”. También para escucharles y facilitarles un retorno seguro en el caso de que ese sea su deseo, o la permanencia en España dentro del Sistema de Protección, algo que debe de ser complementado, apuntan, con la reubicación en la península.

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La reciente crisis migratoria y su intento de capitalización por la ultraderecha ceutí, se ubica en una ciudad desgarrada por la segregación, donde más allá del discurso islamófobo, la población musulmana enfrente la exclusión económica y social.

Proponen también proporcionar herramientas para que los menores pueden denunciar abusos contra ellos, provengan de quien provengan, así como observadores internacionales que en la calle o en los propios recursos velen por el interés superior de los menores. Asimismo, exigen que se habiliten otros modos de acceso al sistema de protección que no pasen por las naves del Tarajal, un espacio que, consideran, debe de ser cerrado y descartado en favor de otros espacios más adecuados. 

También plantean la necesidad de evitar el tiempo muerto y la inactividad en los recursos, fuente de ansiedad y causa de conflictos. Al tiempo, sugieren que se facilite la acogida por parte de las familias que así lo deseen, siguiendo los procedimientos legales. Consideran fundamental, para la infancia que esté en los recursos o en la calle, que se facilite el contacto de los menores con sus familias. Por último apuntan a la “Creación de una red de acogida estructurada de menores y jóvenes entre los países miembros de la Unión Europea, teniendo en cuenta los intereses de los niños y niñas y sus posibles núcleos familiares fuera de España”.