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Argentina
El movimiento obrero retoma la iniciativa en Argentina

La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical de Argentina, llevará adelante una huelga general este jueves 10 de abril. Sin embargo, la jornada de protesta comenzó el miércoles 9 cuando se movilizaron junto a los jubilados y jubiladas que todas las semanas reclaman frente al Congreso Nacional. La medida de fuerza es respaldada además por las otras centrales sindicales: la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Entre los principales reclamos se destacan la exigencia de negociaciones salariales libres, un aumento de emergencia a los jubilados y una actualización del bono adicional que perciben que se encuentra congelado hace meses, el fin de la represión a la protesta social, la defensa de la industria nacional, que se retome la obra pública —paralizada por el Gobierno desde que asumió—, un plan nacional de empleo, más presupuesto para educación y salud, y el respeto por las libertades y derechos logrados por los diversos colectivos sociales.
Durante la jornada se verán paralizados los puertos, ferrocarriles, aeropuertos, el metro de Buenos Aires y no habrá servicio de taxis. Tampoco funcionará la administración pública, las entidades bancarias, escuelas, universidades y no habrá transporte de carga ni se llevará a cabo la recolección de residuos. En el caso del personal de salud y de estaciones de carga de combustible, habrá un servicio mínimo.
El único sindicato importante que no se plegó a la huelga es la Unión Tranviaria Automotor (UTA), organización que reúne a los conductores de autobuses. Se trata de un gremio muy poco proclive a tomar medidas de fuerza, sin embargo el hecho de no acatar puede implicar sanciones, ya que viola el propio estatuto de la CGT.
Su adhesión era fundamental para garantizar la contundencia de la huelga. Si se ve paralizado todo el transporte, muchas personas que quizás no puedan tomar medidas de fuerza por falta de organización sindical, podrían haber justificado su ausencia por la imposibilidad de llegar al lugar de trabajo.
Un año después
Durante los primeros meses de Gobierno de Javier Milei, la CGT se mostró como el actor más dinámico de la oposición. Apenas 17 días después de la asunción del presidente, el 27 de diciembre de 2023 convocó una movilización a los Tribunales para rechazar el decreto 70/23 que, entre otras cosas, atacaba derechos laborales. Finalmente, todo lo que la normativa estipulaba en torno al trabajo fue suspendido por el Poder Judicial ante una presentación de la central sindical.
A pesar de haber conseguido esa conquista, el 24 de enero organizó la primera huelga general, contra el proyecto de la llamada Ley Bases que se estaba discutiendo en el Congreso. A eso siguió una movilización el 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y una segunda huelga general el 9 del mismo mes.
Sin embargo, a pesar de esta enorme iniciativa y luego de lograr algunos éxitos en la negociación de la nueva Ley Bases que finalmente fue aprobada con modificaciones —el primer proyecto había sido rechazado en febrero de 2024—, la CGT pasó a un segundo plano. Apoyó reclamos como el de las universidades o los jubilados, pero no retomó el centro de la escena ni hizo otras medidas de fuerza.
Esto le valió críticas de diversos sectores opositores que la acusaron de pasividad ante el ajuste que aplicaba el Gobierno. Para Emiliano Correia, periodista especializado en el mundo laboral y director del portal Enfoque Sindical, “se pueden discutir los tiempos”. Pero desde su perspectiva, “hubo un momento después de la sanción de la Ley Bases que poco tenía que hacer el movimiento obrero” ya que “sin una alternativa clara que traduzca el malestar social, una acción que no consiguiera nada podía ser interpretada como una derrota”.
La central sindical mayoritaria, la CGT, tiene una “cultura organizacional de negociación permanente con el oficialismo, sea del signo que sea”, sostiene Luci Cavallero, del colectivo Ni Una Menos. “Pero el Gobierno ha despreciado esa negociación”, dice
“Cuando la CGT hace un paro, más cuando hay gobiernos neoliberales o de derecha, tiene que generar al menos triunfos parciales, para demostrar efectividad y que no debilite ni a la propia central ni al conjunto del campo popular”, completa el analista en diálogo con El Salto.
Por su parte, la socióloga e integrante del colectivo Ni Una Menos, Luci Cavallero, recuerda que la central sindical tiene una “cultura organizacional de negociación permanente con el oficialismo, sea del signo que sea”. El problema es que esa dinámica de negociación fue “despreciada continuamente por el Gobierno”. “Porque si hay algo que caracteriza a Milei es una gobernabilidad de nuevo tipo que no busca necesariamente legitimidad en la negociación; acelera, incumple lo que promete y va por todo”.
Este escenario fue dejando a los dirigentes sindicales en una situación muy complicada, “ninguneada permanentemente por el Ejecutivo y al mismo tiempo deslegitimada ante un sector muy movilizado y dispuesto a la confrontación con este modelo”, sintetiza Cavallero.
Correia coincide y subraya que en los últimos “cuatro o cinco meses, y dicho por los mismos dirigentes sindicales que son más dialoguistas, no tienen ningún tipo de mesa de diálogo del Gobierno”. Porque este “no busca construir algún mecanismo de negociación sino, por el contrario, liquidar cualquier posibilidad de organización de la clase obrera”.
Crisis por arriba
Ante esta situación surge la pregunta de qué es lo que cambió para que la central sindical vuelva a tomar la iniciativa, casi un año después de su última gran medida de fuerza. Y la explicación se puede encontrar tanto en el plano institucional como a nivel de la creciente protesta social.
Argentina
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Más allá de su propio relato triunfalista, el Gobierno argentino atraviesa tiempos turbulentos. Luego del mayor recorte del gasto público de la historia argentina la situación financiera es tan o más débil que hace unos años. Por eso el país nuevamente debe recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) ya que no logra recaudar los dólares necesarios. Aunque el acuerdo todavía no fue formalmente confirmado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que este viernes 11 de abril será oficializado el préstamo por 20.000 millones de dólares.
Esto se enmarca en la guerra comercial que el presidente de EEUU, Donald Trump, lanzó contra prácticamente todos los países del mundo. Y aunque la Argentina de Milei se ha mostrado alineada, no ha quedado exenta de aranceles, recibiendo los mismos porcentajes que gobiernos mucho más díscolos como el de Lula en Brasil o Gustavo Petro en Colombia.
La primera semana de abril, el Senado de la Nación rechazó los nombramientos de dos jueces de la Corte Suprema que el presidente había realizado por decreto, un revés importante para Milei
Al frágil plano económico se le suman problemas de índole política e institucional. Todavía resuena el escándalo por la estafa que protagonizó el propio presidente en el mes de febrero, cuando promocionó y convocó a invertir en $Libra, una criptomoneda que resultó ser una operación fraudulenta haciendo perder cientos de miles de dólares a los inversores. La maniobra, además, puso en el ojo de la tormenta a la secretaria general de la presidencia, armadora política de su partido y hermana, Karina Milei, quién habría sido la impulsora del negociado.
Finalmente, la primera semana de abril, el Senado de la Nación rechazó los nombramientos de dos jueces de la Corte Suprema que el presidente había realizado por decreto —saltándose el procedimiento constitucional—, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Se trata de un revés importante ante un Poder Legislativo que venía siendo bastante permisivo con las irregularidades del jefe de Estado.
Malestar popular
Mientras esto pasaba a nivel superestructural, las manifestaciones callejeras también fueron cobrando otro calibre. El 2025 tuvo su primer hito el 1 de febrero con una imprevista y multitudinaria manifestación antifascista, luego de que Javier Milei atacara al colectivo LGBTQ+ durante su discurso en el Foro de Davos.
“Fue una respuesta masiva, organizada en asambleas, que mostró y dejó en evidencia que hay una sociedad dispuesta a movilizarse, que hay un cansancio, un malestar y una sensación de que no se puede seguir tolerando el agravio constante y la quita de derechos”, señala Cavallero.
Argentina
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Esa situación fue escalando a partir de las movilizaciones semanales de los jubilados y pensionados que se transformaron en “una lucha estratégica” porque ahí “se se juega el pilar principal sobre el que se sostiene la motosierra del Gobierno para pagar la deuda y mostrar a los mercados internacionales que es capaz de hacer un ajuste brutal”, subraya la socióloga.
Efectivamente, durante 2024 el Gobierno de extrema derecha llevó adelante una reducción del gasto público que alcanzó el 27,6% interanual. De acuerdo a los economistas Julia Strada y Hernán Letcher “dos rubros explicaron la mitad del ajuste: la obra pública y las jubilaciones”.
A esto hay que sumar el fin de la llamada moratoria previsional en marzo de 2025. Implementada en 2004, permitía a las personas que no habían realizado aportes previsionales a lo largo de su vida, acceder igualmente a una jubilación pagando un monto de dinero. Se trataba de una política que “comprendía que puede haber personas que no hayan llegado a juntar los aportes porque trabajaron de manera no registrada o porque trabajaron en sus casas”, explica Cavallero.
La decisión de acabar con el fin de la llamada moratoria previsional va a generar que nueve de cada diez mujeres argentinas no puedan jubilarse
Por eso se transformó en una medida “muy defendida por el movimiento feminista y muy reparadora; porque le permitió a muchas mujeres que trabajaron en sus casas o que tuvieron trayectorias laborales marcadas por la intermitencia, jubilarse y llegar a niveles de autonomía económica en la vejez”, completa.
La decisión de acabar con esta posibilidad va a generar que nueve de cada diez mujeres argentinas no puedan jubilarse. Y, en los hechos, supone una extensión de la edad jubilatoria ya que quienes antes podían cesar su vida laboral a los 60 años, ahora deberán hacerlo a los 65, accediendo a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale a un 80% de la jubilación mínima y que no puede coexistir con ningún trabajo formal.
Todo este panorama intensificó las protestas que, el miércoles 12 de marzo, sumaron masivamente aficionados de equipos de fútbol que se manifestaron en solidaridad. El Gobierno montó un gigantesco operativo de seguridad que terminó en una brutal represión. El saldo más grave fue el disparo en la cabeza que recibió el reportero gráfico Pablo Grillo, quién estuvo al borde de la muerte y actualmente se recupera en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires.
Todos estos factores configuraron un escenario de presión sobre la dirigencia sindical. “Es que al no emerger con claridad un liderazgo claro por parte de la oposición política, una parte importante de nuestro pueblo pone la responsabilidad o tiene expectativas en el accionar de de esas conducciones sindicales que al mismo tiempo son cuestionadas”, reflexiona Correia. O para decirlo más sencillo, “ante la orfandad de liderazgos políticos, solo aparece la CGT como el único actor con capacidad de doblegar o de frenar el poder del Gobierno”.
No obstante, el director de Enfoque Sindical sostiene que esta huelga se lleva a cabo “en un momento interesante ya que la criptoestafa, un plan económico que está empezando a crujir y las imágenes pornográficas —para decirlo en los términos mileístas— de policías reprimiendo a jubilados han generado una situación que ya empieza a molestar a una gran mayoría”.