Ceuta
Ceuta: La punta del iceberg tras décadas de externalización

La llegada de más de 6.000 personas a Ceuta desde Marruecos —entre ellas un gran número de menores no acompañados—, disparó la semana pasada la tensión entre España y el país magrebí. Miles de migrantes consiguieron cruzar la frontera ante la pasividad de las autoridades marroquíes. Una respuesta atribuida al gobierno de Mohammed VI por el ingreso del Secretario General del Frente Polisario en un hospital español. Este hecho ha evidenciado nuevamente el carácter estratégico de la frontera con Ceuta, que como puerta al viejo continente desde África otorga un poder estratégico a Marruecos para defender sus intereses en Europa.

La respuesta de España ha estado marcada por la devolución de más de 5.600 migrantes a Marruecos, sin que el Ministerio de Interior haya aclarado el protocolo efectuado. Además, el Gobierno español aceleró la concesión de 30 millones de euros para el país magrebí, a fin de que este siga conteniendo la migración en la Frontera Sur. Una medida que, en realidad, es representativa de las políticas migratorias de España durante más de 20 años. Los diferentes gobiernos se han dedicado a desplazar el control de sus fronteras a lugares como Marruecos, Mauritania y Senegal, entre otros. A cambio, se les ofrece diversas dotaciones económicas, la mayoría orientadas a la militarización y securitización fronteriza. Un modelo de gestión que la Unión Europea también instauró definitivamente tras la Cumbre de Valeta de 2015.

En esta línea, las devoluciones, los acuerdos de deportación y en última instancia, de externalización, son la base de las políticas migratorias españolas. Estos pactos bilaterales están caracterizados por su informalidad y opacidad, además de estar basados en la cooperación policial

En esta línea, las devoluciones, los acuerdos de deportación y en última instancia, de externalización, son la base de las políticas migratorias españolas. Estos pactos bilaterales —con países africanos, en el caso de la Frontera Sur— están caracterizados por su informalidad y opacidad, además de estar basados en la cooperación policial. Así lo indica el informe de Vulneraciones de Derechos Humanos en las Deportaciones del Centre Iridia y Novact; la arquitectura de la externalización del Estado español parte de la idea de la “deportación previa”, según afirma la autora del informe Diana Cardona. Este concepto hace referencia a todo el entramado securitario que pretende evitar que los migrantes lleguen a territorio español. Y en caso de que lo consigan, el que pretende acelerar su retorno con carácter inmediato, como ha sucedido en Ceuta.

Marruecos, Mauritania y Senegal: enclaves de la externalización

Marruecos es un país clave para España y la UE en materia migratoria. Tanto que Bruselas también se ha comprometido a adelantar 450 millones de euros del presupuesto comunitario para securitizar las fronteras del país magrebí. Todo a pesar de que el régimen de Mohamed VI no reúna las mínimas garantías de respeto a los derechos humanos, de obligado cumplimiento en el marco de la Unión. “La externalización de fronteras en Europa hacia los países de la Frontera Sur y África occidental es central a la política migratoria europea y ha avanzado a la par que el aumento de competencias de Frontex [Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas]”, afirma la investigadora de Novact, Clara Calderó.

España mantiene acuerdos de deportación y contención migratoria con Marruecos. Aunque como ya se ha mencionado, estos acuerdos suelen ser tan informales como los procedimientos en sí. De acuerdo con Irene Carrión, de Stop Deportación, no existe una transparencia efectiva y continuada de los vuelos de deportación, ya que el Defensor del Pueblo sólo fiscaliza a algunos de ellos. En esta línea, Cardona afirma que, aunque existan situaciones de uso ilegal de la fuerza por parte de los actores en estos procesos, no existen mecanismos efectivos de rendición de cuentas y los protocolos de actuación tienen más bien efectos coyunturales, pues son realizados sin supervisión.

Hasta el cierre de fronteras el pasado marzo entre España y Marruecos, los retornos al país magrebí tenían una frecuencia de tres vuelos semanales operados por Royal Air Maroc —aerolínea estatal de Marruecos—, de acuerdo con Carrión. “Las deportaciones a Marruecos, incluidas las devoluciones que tienen lugar en la frontera, tienen lugar en base a una cooperación informal entre ambos Estados, de forma que dicha cooperación queda fuera de todo escrutinio democrático y monitoreo de vulneraciones de derechos humanos”, afirma Calderó.

Junto a Marruecos, Mauritania es el único país que readmite a migrantes de terceros países, según el acuerdo de 2003 con España. Este señala que, para deportar a una persona a Mauritania, primero hay que demostrar que esta tiene la nacionalidad de este país. Sin embargo, en la práctica no sucede así. En el marco del Plan África, las personas de países con los que España no tiene acuerdos de deportación también son enviadas a Mauritania aunque no tengan la nacionalidad. “Son cláusulas que se están vulnerando de manera flagrante, no sólo porque en su retorno a Mauritania pueda estar una persona de un tercer país amenazado, sino por el retorno a un país como Mali que está en guerra abierta en el norte”, señala Oriol Puig, investigador del Barcelona Center for International Affairs (CIDOB), manteniendo que existe “una vulneración flagrante de los Derechos Humanos para todas las apreciaciones”.

En palabras del Ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska de su viaje a Mauritania en septiembre de 2020: “Mauritania es un socio preferente para España y para la UE”. Su visita tuvo como objetivo reanudar los vuelos de deportación al país —paralizados por la pandemia— por el aumento de llegadas a Canarias. Una cuestión que se vio reforzada el pasado mes de enero con la estancia de su homólogo en Madrid, que afianzó la coordinación policial entre ambos países. Finalmente, los vuelos de expulsión a Mauritania se reanudaron el pasado noviembre y llevan funcionando desde entonces.

Senegal ha aceptado la presencia tanto de los cuerpos policiales españoles como de Frontex, a cambio de medidas como asistencia financiera, recursos electrónicos y policiales o la firma de acuerdos comerciales

De la misma forma que con Mauritania, tras la crisis de los cayucos en 2006, Frontex (Agencia Europea de Guardias de Fronteras y Costas) comienza a operar en Senegal. El pasado abril, fue el propio Pedro Sánchez quien visitó al presidente senegalés, tras el anuncio de un vuelo de deportación en el mes de marzo. Durante los últimos años, Senegal ha aceptado la presencia tanto de los cuerpos policiales españoles como de Frontex, a cambio de medidas “innecesarias” para el propio país: tal como asistencia financiera, recursos electrónicos y policiales o la firma de acuerdos comerciales e inversiones en el sector privado. Algo que se conoce como cooperación condicionada a los intereses europeos.

Securitización como proyecto de futuro

La falta de vías de migración legal desde África a Europa es una de las principales causas de las crisis de acogida, como la presenciada en Ceuta. Situaciones como esta han llegado a cobrarse más de 90 muertes únicamente en la ruta atlántica en 2021. Aún así, la externalización de fronteras continúa integrándose en las políticas migratorias europeas.

Así se evidencia también con el Nuevo Pacto de Migración y Asilo presentado en septiembre de 2020 por la Comisión Europea. Este mantiene como principales objetivos la securitización fronteriza, la consolidación de las relaciones con los países de origen para contener los flujos migratorios y la sistematización de los retornos. La UE también ha formalizado el aumento de competencias de Frontex, además de otorgar a la Agencia una mayor dotación presupuestaria y autorizar el uso de armas entre sus agentes, convirtiéndola en el primer cuerpo armado de la Unión. Actualmente, Frontex se encuentra bajo investigación por vulnerar los derechos humanos de las personas migrantes en el Egeo.

El caso de Ceuta es únicamente la punta del iceberg que evidencia las problemáticas de estos acuerdos de externalización. El chantaje como arma política protagonizado por Marruecos también ha sido previamente utilizado por el gobierno de Erdogan, en el marco de los acuerdos de deportación entre Turquía y la UE. En ambos contextos, las vidas migrantes son atravesadas de forma sistemática por lo que en los últimos años se ha denominado la necropolítica migratoria.