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Melilla
El bloqueo burocrático en el CETI de Melilla deja en situación de calle a nueve refugiados marroquíes
Prohibido el paso a personas de nacionalidad marroquí por la vía de atención humanitaria en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. La práctica de denegar la entrada a este recurso de primera necesidad ha llevado a una denuncia pública realizada hoy por 26 organizaciones de derechos humanos contra lo que califican de una “grave discriminación por nacionalidad”.
El resultado de este portazo es que, a 2 de abril de 2025, según detallan estas organizaciones, al menos nueve personas de nacionalidad marroquí se encuentran en situación de calle, tras haber entrado a nado en Melilla y haber llegado al CETI, según testimonian estas asociaciones, en algunos casos con la ropa mojada, sin móviles —lo que les impide realizar las gestiones para su solicitud— y en algunos casos sin zapatos.
El Salto
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Tanto en el centro de Melilla como en el de Ceuta, según explican en la carta enviada hoy, se exige únicamente a las personas de nacionalidad marroquí presentar la documentación que acredite su condición de solicitantes de protección internacional, lo que supone una grave discriminación y se enmarca en el complejo sistema de relaciones entre los Gobiernos de España y de Marruecos.
“A esta situación, en Melilla se añaden los recientes cambios en el sistema de citas para acceder al procedimiento de protección internacional, y que dificultan aún más garantizar el ejercicio de los derechos de estas personas”, señala el comunicado, que está firmado por organizaciones como Amnistía Internacional España, la APDHA o Solidary Wheels.
Desde el 27 de febrero, en Melilla, “sin que se haya publicado ninguna circular o documento que lo recoja”, explican estas organizaciones, funciona un nuevo sistema telemático de solicitud de cita de protección internacional. “Este procedimiento, nunca antes implementado en esta ciudad, impide que las personas que entran de forma irregular en Melilla puedan hacer efectivo el derecho al asilo”, amplia la denuncia.
De esta manera, se niega el derecho de solicitud de asilo y se condena a un limbo legal en las calles de las dos plaza autónomas a los refugiados marroquíes, que pasan a un plano de inseguridad jurídica e indefensión y ven bloqueado su acceso a recursos como la sanidad, el empadronamiento o el derecho a techo. “En conclusión, las personas se han visto abocadas a un laberinto burocrático sin salida”, manifiestan estas organizaciones, que han alertado a la oficina del Defensor del Pueblo.
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