Melilla
Encerradas en la ciudad frontera: las trabajadoras marroquíes en Melilla se han cansado de esperar

Melilla, territorio español de solo 12 kilómetros cuadrados en África, es una cárcel para cientos de personas marroquíes que se ven empujadas a un callejón sin salida burocrático. La suma del cierre de la frontera con Nador y las restricciones de movilidad que se impone a las personas migrantes en esta ciudad autónoma, condenan a una suerte de apartheid administrativo a estas residentes en el enclave, impidiéndoles que puedan renovar sus pasaportes, aunque estén obligadas por ley a contar con una identificación. Al impedir este trámite, aporta como alternativa tramitar una cédula de inscripción, documento difícil de obtener y que hay que renovar cada año.

Esta es la situación que denuncia la organización Solidary Wheels No Borders For Human Rights, un colectivo integrado fundamentalmente por personas voluntarias que comparten, en sus propias palabras, “un sentimiento de no resignación ante las políticas de las fronteras europeas y la vulneración sistémica de los derechos humanos en las mismas”. Desde que empezaran a trabajar en la Ciudad Autónoma, esta organización se ha centrado sobre todo en el acompañamiento a niños y jóvenes migrantes sin referentes adultos. Sin embargo, ha sido el trabajo con mujeres marroquíes el que les ha permitido entender la violencia burocrática sufrida por ellas. De los grupos de diálogo con este colectivo, surge el informe El precio de los derechos. Excepcionalidad y Burorrepresión, La cédula de inscripción en Melilla.

“Todo surge cuando comenzamos desde nuestro equipo jurídico a llevar temas de extranjería y nos empezamos a dar cuenta que hay muchísimas barreras en general, pero que en Melilla se dificulta aún más el procedimiento por la falta de acceso a la renovación del pasaporte”, explica Mar Soriano, una de las autoras del informe e integrante de la organización. La imposibilidad de renovar el pasaporte, argumentan, aboca a muchas personas a una “situación de irregularidad sobrevenida o forzada afectando especialmente a mujeres”. Y es que, a través de sus entrevistas se encuentran con que “hay un perfil muy claro de mujeres que se han quedado aquí atrapadas cuando se cerró la frontera y sus maridos, por ejemplo, se han quedado al otro lado. También sucede que sus maridos tienen permiso de residencia [lo que da derecho a la movilidad], pero ellas no”.

Una ciudad jaula

Con unos 85.000 habitantes —de los cuales más de 10.000 son de nacionalidad marroquí—  se calcula que en Melilla hay unas 2.000 personas en situación irregular, según se recuerda en el informe, si bien, atendiendo al trabajo de las organizaciones sociales, probablemente sean muchas más. En territorio africano, en el enclave ha coexistido, históricamente, una pluralidad de pueblos, deviniendo en las últimas décadas una ciudad de tránsito migratorio. Desde 1998, una valla —en permanente construcción— separa la ciudad de la vecina Nador. “El contexto fronterizo de Melilla y su desconexión territorial de la España peninsular, ha propiciado un sentimiento de desconexión jurídico-legal que ha supuesto múltiples vulneraciones de derechos hacia las personas marroquíes y rifeñas residentes en la ciudad (y las que transitan por ella)”, manifiestan en el informe.

Con un estatuto particular en el espacio Schengen que impide la libertad de movimiento por el territorio español a quienes no cuentan con situación administrativa regularizada (algo que solo sucede en Ceuta y Melilla), las personas marroquíes que no tienen la documentación en regla no pueden desplazarse a la península. Una nueva realidad vino a dificultar la vida de estas personas después de la pandemia: el cierre de la frontera con Marruecos. Hasta marzo de 2020 las personas residentes en la provincia de Nador podían cruzar sin necesidad de un visado, derecho que se perdió con el cierre. Aunque no les estuviera permitido pernoctar en la ciudad, el movimiento de una lado a otro de la frontera era algo normalizado, mientras que muchas personas marroquíes acababan estableciendo residencia en Melilla.

Con la publicación de su informe, Solidary Wheels quiere visibilizar la violencia institucional que sufren muchas personas marroquíes, en particular mujeres, en un contexto donde su acceso a la documentación se restringe de diversas maneras. La investigación se basa en estos grupos de encuentro con las mujeres afectadas y, en palabras de Soriano, ha sido realizado prácticamente por ellas, pues son sus experiencias y denuncias lo que se incluye. Espacios de intercambio que han permitido una descripción minuciosa de cada una de las trabas administrativas que estas mujeres se encuentran a la hora de acceder al único documento que les permite estar identificadas en la Ciudad Autónoma, la mencionada cédula de inscripción.  El relato de estas experiencias diversas persigue, según el colectivo “destacar la naturaleza sistémica de la opresión, subrayando que no se trata únicamente de casos individuales, sino de percepciones compartidas entre las personas directamente afectadas y que son resultado de una normativa racista y una situación de excepcionalidad en Melilla como ciudad de frontera”.

Qué es la célula de inscripción

Sin la posibilidad de acudir a Marruecos —pues sin autorización de residencia no podrían regresar después a Melilla— ni viajar al consulado marroquí, sito en Algeciras, las personas marroquíes cuyo pasaporte ha caducado se quedan en un limbo. La única opción que se da desde la Ciudad Autónoma, tras el cierre de fronteras, es la cédula de inscripción, que sirve a modo de identificación cuando no se cuenta con pasaporte en vigor.

Desde la organización resaltan la falta de transparencia a la hora de habilitar las expediciones de las cédulas. “Este mecanismo se empezó a utilizar, según entendemos, para intentar resolver la situación sin abordar la problemática de raíz”. Afirman que este tipo de soluciones superficiales son moneda común para obviar problemáticas estructurales de la ciudad “como la imposibilidad de acceso al empadronamiento, la limitación a la libre circulación o la falta de regulación clara y transparente del funcionamiento del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes)”.

La excepcionalidad de esta cédula conlleva una serie de consecuencias. Unos altos costes que se pueden traducir en hasta 1700 euros cuando se suman las tasas, los honorarios por asistencia letrada, que se suele contratar ante la complejidad de los trámites, tarifas de notarios, traducciones juradas… Una cifra que contrasta con los poco más de 80€ que costaría expedir o renovar el pasaporte marroquí si pudieran viajar a la península. Otra diferencia central es el periodo de validez, mientras el pasaporte se renueva cada cinco años, la cédula, que se puede tardar meses en conseguir, solo tiene una validez de un año.

Las mujeres cuyos testimonios nutren el informe, hablan de múltiples maltratos: la larga espera para conseguir cita en la notaría —pues se les exige un acta notarial que confirme la imposibilidad de acceder o renovar el pasaporte en su situación— el clasismo con el que se encuentran, los plazos inciertos entre que se piden los documentos requeridos y estos llegan. Así mismo, más allá de la complejidad del proceso, existen múltiples factores que lo hacen inalcanzable para muchas personas, por ejemplo, la exigencia de carecer de una orden de expulsión pendiente —algo que es probable que se tenga cuando se está en situación irregular.  Se exige de hecho cumplir los mismos requisitos que se solicitan para obtener una autorización de residencia. Y eso aunque exista una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2014 que estipula que quienes tramitan la cédula pueden optar al permiso de residencia simultáneamente o con posterioridad a esta solicitud.

Desde Solidary Wheels denuncian cómo comúnmente esta segunda posibilidad no existe, lo que de facto impide a las personas acceder a este documento identificativo cuando no reúnen las condiciones para optar a la residencia. Y es que estas condiciones incluyen el empadronamiento, un certificado negativo de penales del país de origen y un contrato de trabajo o certificado de tener medios económicos suficientes. Todos ellos requisitos difíciles de cumplir en la Ciudad Autónoma, tanto por la dificultad de acceder a documentación como el certificado de penales, como por el carácter de informalidad de muchos de los trabajos. “Esta aplicación excepcional y sin garantías conlleva que una persona marroquí que resida en Melilla, con pasaporte caducado y que no cumpla los requisitos para pedir una autorización de residencia, no pueda ser titular de un documento de identidad en vigor ya sea un pasaporte o una cédula de inscripción”, explican desde la organización la dimensión del problema.

Un problema que cobra especial gravedad cuando hablamos de las infancias, los niños y niñas nacidos a partir del cierre de la frontera. Los hijos de personas marroquíes adquieren la nacionalidad de sus padres, y no la española, pues haber nacido en territorio español no dota de derecho a la nacionalidad. Así, ante la imposibilidad de desplazarse a Marruecos o al consulado en Algeciras, muchos acaban sin documentación. Desde la organización denuncian que incluso hay familias que se han encontrado con trabas “para registrar a sus hijas/os/es en el Registro Civil de Melilla, ya que se impide el acceso por no tener un pasaporte o residencia en vigor, o por el mero hecho de no hablar español”. Algo que consideran es una clara situación de vulneración de los derechos de la infancia, que además les dificulta acceder a la escolarización o la sanidad.

La situación de excepcionalidad en Melilla opera como un muro de imposibilidad también para quienes cumplen todos los requisitos pero tienen antecedentes penales que no puedan cancelar, debido a su situación de irregularidad, y la falta de pasaporte en vigor, quedando en una situación sin salida. Otra derivada es la que afecta a las mujeres supervivientes de violencias machistas, que si bien tienen derecho a solicitar un permiso de residencia urgente que habilite su movilidad, no pueden hacerlo cuando carecen de esta cédula o de un pasaporte en vigor. Así, en lugar de meterse en los largos y complicados trámites hacia la cédula que las dejan expuestas durante más tiempo, algunas acaban solicitando protección internacional para agilizar su salida de la Ciudad Autónoma.

Ante todas las trabas encontradas, también acaban recurriendo a la petición de asilo jóvenes ex-tutelados por la Ciudad Autónoma que accedieron a la documentación en su momento, y en concreto a quienes salen de los centros de menores con esta cédula, pues no cuentan con un pasaporte. Cuando caduca este documento de solo un año de validez, necesitan renovarlo para renovar su permiso de residencia. Lo que la organización denuncia es que, si bien la normativa exime a estas jóvenes de tener que presentar uno de los requisitos más costosos (el acta notarial) sustituyéndolo por un informe de la institución de tutela que demuestre la imposibilidad de documentarse de estos jóvenes, esto no siempre sucede. Una situación por la cual se han presentado quejas que parecen haber surtido efecto, afirman desde Solidary Wheels.

Agotamiento burocrático

“Es una sensación de limbo absoluto en la que están: tienen a sus familiares muy cerca en Marruecos y no pueden ir a verles. Tampoco pueden tomar un ferry y renovar sus pasaportes”, transmite Soriano. Una sensación de limbo con una nueva frustración: “cuando se abre una posibilidad a través de la cédula de inscripción para poder tener un documento en vigor, se restringe solo a las personas que pueden cumplir el requisito de tener una residencia”. 

En efecto, en el informe, de las conversaciones con las mujeres, lo que emerge es la idea del cansancio, un agotamiento burocrático que puede tener efectos disuasorios, y que es leído por algunas como una invitación a abandonar la ciudad. Y es que no es solo el dinero invertido y la incertidumbre, sino la absorción de tiempo de las mujeres, muchas con cargas familiares, trabajadoras en el sector cuidados, para las que juntar el tiempo necesario para trámites y esperas es una odisea. Además estas barreras burocráticas, recuerdan, implican barreras al cumplimiento de derechos fundamentales como el acceso a la educación, a la sanidad o a los servicios sociales. Procesos como el necesario para tramitar la cédula, pondrían de relieve, según Solidary Wheels, cómo se usa la burocracia —generando procedimientos aleatorios, cambiantes, “caóticos”—, para mermar los derechos de las personas migrantes, generando una ciudadanía de segunda clase.

En el informe se subraya que justo se somete a estas dificultades y desgaste emocional a quienes sostienen la vida en la ciudad  “especialmente en el ámbito del trabajo del hogar y los cuidados”. Personas que pagan el precio de la excepcionalidad con muchas más dificultades que quienes se encuentran en la península a la hora de regularizar su situación. Ante este marco desde Solidary Wheels se preguntan: “¿no sería lo más lógico levantar las limitaciones y que las personas atrapadas puedan ir al consulado a documentarse?”.

Mientras tanto, urgen a una serie de medidas: en primer lugar, una regularización extraordinaria —en la línea de la ILP pendiente— para quienes se han quedado atrapados con el cierre de fronteras decidido a raíz de la pandemia. También exigen que se acaben las actitudes racistas tanto en notaría como en las administraciones públicas, habilitándose protocolos que garanticen una atención no discriminatoria. Piden que además se faciliten recursos humanos para la mediación e interpretación, así como la adaptación de los procesos de extranjería a “la realidad territorial de Melilla”. También exigen la simplificación de requisitos y que se reduzcan los honorarios de abogados, cuya asistencia las personas afectadas muchas veces necesitan, y que, consideran, son comparativamente más elevados que en la península. Por último, la organización insiste en que se garantice el derecho a la libertad de movimiento y se permita que las personas puedan dirigirse al consulado marroquí a renovar su pasaporte en igualdad de condiciones que quienes viven al otro lado del Estrecho. Con el fin de presionar para que lleguen estos cambios, “ahora empezaremos junto a las mujeres con las que se ha elaborado este informe, todo un proceso colectivo de incidencia”, explica Soriano.