Madrid
Familiares de residentes demandan a altos cargos de Ayuso por denegarles la asistencia en la pandemia

El 7 de abril de 2020 en 72 residencias madrileñas se necesitaban 37 médicos, 146 enfermeros y 756 gerocultoras. Ninguno llegó. Estos datos, enviados por la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid a la Consejería de Sanidad, son algunas de las nuevas pruebas que aportan familiares de residentes de estos centros ante la Fiscalía para formular una nueva demanda colectiva contra altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular). Lo hacen en representación de 115 residentes, de los cuales 111 fallecieron sin recibir asistencia médica. Y todo ello impulsado por los colectivos Marea de Residencias y la asociación 7.291 Verdad y Justicia.

Este jueves han hecho pública esta demanda, que señalan a cargos públicos no aforados, responsables de los protocolos de exclusión sanitaria que impidieron el traslado de enfermos a hospitales, como los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, firmantes de estos protocolos; Pablo Busca Ostalaza, director del SUMMA 112 en aquel momento; Antonio Burgueño, autor del Plan de Choque contra la Pandemia incluía supuestamente una medicalización de las residencias “que nunca se llevó a cabo”, y los 25 geriatras de enlace en los hospitales públicos madrileños.

Los familiares ya han presentado alrededor de 300 querellas por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Algunas siguen vivas en los juzgados de instrucción

Pero para las organizaciones la responsabilidad no se detiene en estos cargos. “Apuntamos a ellos porque es fácil la demostración de que intervinieron directamente en aquellos momentos. Otra cosa es que haya que buscar a los responsables más arriba, pero eso ya es función de la Fiscalía”, explica a El Salto Carmen López, portavoz de Marea de Residencias en alusión a figuras como Ayuso, por aquel entonces presidenta de la comunidad.

Demanda por otro artículo del código penal

Los familiares ya han presentado alrededor de 300 querellas por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Querellas que muchas de ellas se han archivado, otras permanecen en  juzgados de instrucción de Leganés, Alcorcón o Móstoles, y más de medio centenar están ya ante el Constitucional a la espera de que se pronuncie. En esta ocasión, explica López, se apunta al incumplimiento de otro artículo del código penal, el 511 que estable penas de prisión para el encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho.

La documentación demuestra que la decisión de prohibir el traslado de los residentes a los hospitales se empezó a aplicar el 13 de marzo de 2020, cinco días antes de la aprobación de los protocolos de exclusión

“Discriminación que sufrieron porque no se les prestó la atención sanitaria a la que tenían derecho, independientemente de que el resultado fuera la muerte”, insiste la portavoz de Marea de Residencias. Y para ello han entregado 60 documentos en un demanda con una extensión de 160 páginas.

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Los juzgados que archivan las querellas contra Ayuso por las residencias lo hacen sin investigarla, mientras la Audiencia ha dado hasta tres “toques” a los tribunales por no abrir diligencias contra cargos políticos. Algunas demandas siguen su curso.

Los colectivos de familiares afirman que la documentación demuestra que la decisión de prohibir el traslado de los residentes a los hospitales se empezó a aplicar el 13 de marzo de 2020, cinco días antes de la aprobación de los protocolos de exclusión. En la demanda incluyen informes internos del Gobierno madrileño “hasta ahora inéditos” en los que se reflejaba día a día la situación en la que estaban los 475 geriátricos de la región.

A partir del 18 de mayo la Consejería de Políticas Sociales enviaba a la de Sanidad dos correos con el estado de las residencias: uno sobre las públicas y otro sobre las privadas en los que informaba sobre los requerimientos de las residencias. “Aportamos siete que hemos podido conseguir y le pedimos a la Fiscalía que recabe los restantes”, asegura López.