Fondos buitre
Ecosol, la cooperativa agroecológica de Tetuán que lucha por sobrevivir al desalojo del fondo buitre Élix Rent

La cooperativa agroecológica Ecosol se encuentra desde hace meses en la cuerda floja tras las últimas incursiones especulativas del fondo buitre Élix Rental Housing en el madrileño barrio de Tetuán. Este proyecto de consumo podría quedar totalmente desarticulado tras más de 25 años de actividad después de que esta socimi se haya propuesto adquirir la totalidad de pisos que componen el edificio (Salvia, 1) que alberga su local. Su intención es rehabilitar el inmueble, a excepción de la fachada, para alquilarlo posteriormente. “No entienden lo que es una cooperativa ni, por supuesto, lo que es un colectivo agroecológico, a ojos de las instituciones somos como una empresa pero en nuestro caso no hay ánimo de lucro porque somos un grupo de consumo”, indica con rabia a El Salto, Juan, uno de los impulsores del proyecto, ante el desamparo institucional que sufre hoy esta iniciativa al borde del desalojo.

Vecinas víctimas de la especulación de Élix Rental Housing se plantan contra la compra de tres bloques

Alejandra Mateo Fano

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Especulación inmobiliaria en Madrid Vecinas víctimas de la especulación de Élix Rental Housing se plantan contra la compra de tres bloques

Alejandra Mateo Fano

Las inquilinas de los bloques Tribulete 7, Galileo 22, Salvia 1 y Baldano 5 siguen con su campaña #NosQuedamos y se niegan a abandonar sus viviendas voluntariamente si se produce el desalojo.

Como reza la web de la cooperativa, en su seno “varias personas se organizan para consumir productos ecológicos, de temporada, locales y apoyando a pequeñas producciones como herramienta de transformación social”, de ahí que muchas vecinas de Tetuán coincidan en la necesidad de defender hasta las últimas consecuencias su permanencia. El proyecto nació después de que un grupo de 15 familias implicadas en distintos ámbitos sociales, desde la ecología hasta la salud, decidieran aunar fuerzas para formar un espacio común donde el consumo pasara de lo personal a lo social-comunitario. “Aquello que ahora se llama consumo responsable y transformador en aquel entonces era simplemente hacer del carrito de la compra una herramienta de cambio”, añade el activista. Al principio contactaron con unos pocos productores de Extremadura, después de Guadalajara y alguno del sur de Madrid, organizándose con escasos recursos en un garaje. “Después, el devenir nos trajo aquí, a donde estamos, y de donde hoy nos pretenden de echar a pesar de todo el trabajo realizado”, lamentan.

El edificio que aloja el local de Ecosol pertenecía originalmente a una señora mayor que en 2020 falleció a causa de la pandemia y cedió todos sus bienes a la orden hospitalaria San Juan de Dios (lo que se conoce como testamento solidario) ya que no disponía de familia directa a excepción de una sobrina. Al poco tiempo de adquirir el edificio, la Iglesia lo vendió por un precio muy bajo a una pequeña inmobiliaria a través de una gestoría que se encargaba de mediar en todos sus negocios. A partir de entonces, las operaciones de compraventa de este edificio se han multiplicado y en los últimos años Salvia 1 ha caído en manos de hasta tres fondos de inversión distintos. Es decir, cada fondo ha durado menos de un año con la propiedad del inmueble, por lo que las vecinas de Ecosol, organizadas en torno al Sindicato de Inquilinas, denuncian “el mercadeo continuo para quitarse a gente de encima por parte de fondos opacos que no pagan a penas impuestos y cuya fiscalidad es 0 en sociedades”.

Entre estos fondos buitre figuran Apolo Real State y ahora Élix. Esta última empresa inversora, propiedad de AltamarCAM, está dirigida por Claudio Aguirre, primo de la expresidenta autonómica del PP y actualmente acumula ya una amplia trayectoria especulativa a sus espaldas. En los últimos años, Madrid y Barcelona se han visto especialmente salpicadas por sus operaciones de compra masiva de edificios con el fin de reformarlos por completo e incrementar sus precios de forma desorbitada. El historial de la macroinmobiliaria, creada en 2022 para la “compra, rehabilitación y venta de viviendas”, tal y como promocionan, es casi interminable.

Hacemos un breve repaso a sus adquisiciones más recientes. A comienzos de este año, se hicieron con la propiedad del bloque situado en Tribulete 7 -situado en el barrio de Lavapiés-, cuyas 54 familias inquilinas lucharon contra viento y marea para evitar este desenlace. Hoy, 32 de ellas siguen resistiendo en el edificio y este sábado sábado 14 de diciembre celebrarán en los aledaños del inmueble un acto en recuerdo de todas las vecinas exresidentes que, tras ejecutarse finalmente la operación de compra de sus pisos, hubieron de desplazarse del edificio. También para problematizar el vaciado de los barrios del centro a consecuencia de la gentrificación y el aumento de un turismo descontrolado y ya insostenible para la salud de los habitantes madrileños.

Prácticamente idéntica fue la situación que sufrieron en sus propias carnes los otros bloques organizados por el Sindicato de Inquilinas Galileo 22 (Chamberí) y Boldano 5 (Ciudad Lineal), cuya estrategia de lucha contra este fondo siguió la línea marcada por la campaña #nosquedamos del Sindicato, la misma que hoy están empleando las cooperativistas de Ecosol.

“Sigues pagando tu alquiler a la cuenta que sea o, si te lo devuelven, lo consignas en el juzgado y así al final consigues alargar esos procesos y por dar una negociación mínimo que te escuchen. Lo importante es tratar de conseguir esa negociación por todos los medios, alargar el proceso y mientras eso se alargue ellos están perdiendo dinero porque no están pudiendo subir ese precio”, explica a este medio Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, en relación a esta respuesta extensible ante todos los procesos de desalojo efectuados por parte de los grandes tenedores. “Frente a estas situaciones de injusticia, donde llega un nuevo propietario y no quiere renovar los contratos, la posición del Sindicato es la apuesta por la desobediencia civil organizada”, concluye.

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Martín Cúneo

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Una investigación de Civio, en la que ha colaborado El Salto, pone nombre a los grandes tenedores de la Comunidad de Madrid. Los fondos de inversión en el mercado del alquiler utilizan mecanismos de ingeniería fiscal para no tributar en España.

Ecosol lleva desde hace meses resistiendo estoicamente mientras contempla aterrada como el fondo va poco a poco haciéndose con los edificios de alrededor en Tetuán y expulsando a las familias. A día de hoy los cooperativistas son los únicos que permanecen en el edificio

Como resultado de las ingentes operaciones inmobiliarias en las grandes urbes en los últimos cinco años, un total 421 familias han sido desahuciadas en este periodo de tiempo sin que las instituciones hayan conseguido ofrecer un marco legal de amparo a las arrendadas afectadas. Ecosol lleva desde hace meses resistiendo estoicamente mientras contempla aterrada como el fondo va poco a poco haciéndose con los edificios de alrededor en Tetuán y expulsando a las familias (en su mayoría sin alternativa habitacional y con bajos ingresos) hacia zonas de la periferia madrileña como Parla.

A día de hoy los cooperativistas son los únicos que permanecen en el edificio mientras las otras 14 inquilinas, hartas de tener que lidiar con las constantes presiones de la propiedad, ya han cedido a las demandas del buitre y se irán definitivamente el 31 de diciembre. “Es un proceso muy cansado que conlleva mucho estrés, mucha incertidumbre que afecta a negocios como los que hay por ejemplo en la escuela popular, a asociaciones de barrio y también a casas que te va la vida en ello”, destacan fuentes de esta organización por el derecho a la vivienda.

El fondo ha ofrecido por cada una de las viviendas entre 3.000 y 5.000 euros (el importe de unos cinco meses de alquiler) e incluso ha prometido condonar la deuda a aquellas vecinas en situación de impago de la renta. De este modo, “es muy normal que haya bloques cuya gente que está en situaciones súper precarias que decida que al final con este estrés y con esta ansiedad coger 3.000 euros, porque estar luchando con esta incertidumbre es una mierda”, subrayan estas mismas fuentes. Las vecinas que ya han acordado abandonar el edificio tras llegar a un acuerdo con Élix son en su mayoría mujeres migrantes, algunas en situación irregular, al borde del desahucio desde hace varios meses y/o con contratos de trabajo precarios. Según las integrantes de la cooperativa, el buitre ha sabido aprovechar en beneficio propio esta vulnerabilidad para adquirir por cifras “ridículamente bajas” estas viviendas, ejecutando otro desahucio invisible más en este barrio. Hoy estas arrendatarias, destaca Pérez, “no tienen otro lugar donde irse”.

“Es muy normal que haya bloques cuya gente que está en situaciones súper precarias que decida que, al final con este estrés y con esta ansiedad, coger 3.000 euros, porque estar luchando con esta incertidumbre es una mierda”

El trabajo colectivo no se vende porque no tiene precio

Élix ha intentado conseguir un acuerdo con las cooperativistas para lograr su la salida pactada del edificio y evitar así el ruido mediático, proyectando una imagen dialogante de cara al exterior. Lo ha hecho a través de una mediadora que, a juicio de las vecinas implicadas en la negociación, no ha dado su brazo a torcer en ningún momento y solo ha apelado a la compensación económica que están dispuestas a ofrecer a las activistas si acceden a irse. Pero su posición es firme y se niegan a aceptar cualquier indemnización, mientras que Élix no parece interesada en renovar el contrato de alquiler de su local, incluso han presentado una denuncia por rescisión de contrato.

Para Blanca, portavoz del Sindicato de Inquilinas y Marce, vecina de Tetuán y miembro de Ecosol, este tipo de mediaciones tienen como propósito principal romper la unidad entre vecinas e ir medrando poco a poco las fuerzas. “No es que sean mediadores neutrales, sino trabajadores de los fondos buitre, son los que dan más la cara a la hora de expulsar a vecinos. Van atacando elemento por elemento para luego directamente ya derruir la comunidad para comprar voluntades a la gente de dentro”, destacan.

Ante esto, los cooperativistas llevan un año ingresando el dinero del alquiler a través del juzgado para evitar la inminencia del desahucio, como relata a El Salto Olga, vecina e integrante de Ecosol. Olga conoció el proyecto cuando se mudó al barrio dado que en aquel entonces “buscaba un grupo de consumo comunitario”. Así, narra, “poco a poco fui conociendo como funcionaba el modelo de Ecosol para apoyar un consumo más sano, fomentar la agroecología y me fui metiendo más y más en la dinámica”. Ya lleva 12 años dedicando parte de sus horas al proyecto y en todo este tiempo admite haber visto “la transformación del barrio y la vorágine absoluta en la que estamos metidas”.

“Lo que queremos es seguir en el local y lo que estamos dispuestos a negociar es el precio del alquiler una vez se haya renovado”, indica Olga, vecina e integrante de Ecosol por 12 años

Tanto ella como el resto de sus compañeras rechazan recibir cualquier indemnización por muy elevadas que sean las cantidades que la propiedad les ofrezca. “Lo que queremos es seguir en el local y lo que estamos dispuestos a negociar es el precio del alquiler una vez se haya renovado”, indica. El trabajo colectivo y organizado para hacer frente a la expulsión, que podría terminar por desarticular por completo la cooperativa, se ha convertido en el único arma posible contra las presiones inmobiliarias que tanta mella han hecho en el barrio en los últimos meses: “Van uno a uno y luego van a por quien lidera el proyecto y comen el tarro a esas vecinas y destrozan lo que el trabajo previo ha hecho”, subraya Juan.

En este sentido, si finalmente consigue hacerse con la propiedad del local que aloja a Ecosol, el fondo buitre habrá devorado también buena parte del tejido asociativo del barrio, aseguran con preocupación desde la cooperativa. Buena parte de la actividad desempeñada desde los colectivos barriales, cada día más cercenados por las operaciones de desalojo en todo Madrid (como evidencia el reciente desahucio del centro social La Atalaya en Vallecas sin orden judicial), posibilita sostener vínculos de ayuda mutua que a su vez combaten radicalmente el aislamiento social. La puesta en práctica de dinámicas de trabajo que pasan por soluciones dialogadas de forma asamblearia, donde las relaciones entre miembros son completamente horizontales y las decisiones se toman por consenso son algunas de las máximas que se sitúan en el corazón de iniciativas como Ecosol.

Un golpe mortal contra el tejido social en los barrios

La creciente espiral de desarticulación de tales espacios ha derivado en que actualmente estos se encuentren en peligro de extinción y vivan su día a día bajo la amenaza de ser disueltos en pro de intereses financieros varios. De hecho, asegura Juan, estos procesos de socavación de iniciativas comunitarias persiguen un fin último más grande todavía que el de obtener beneficios económicos en un barrio concreto: “Es un proceso que vemos inmerso en la gentrificación y expulsión de las vecinas, se trata de vaciar y convertir la ciudad en un negocio, en un nicho de mercado con oportunidades. Los barrios dejan de estar habitados por familias y lo único que tienen son recursos”, comenta el cooperativista.

La proposición de ley que limita los alquileres temporales fracasa por los votos de Junts

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El cambio de postura de Junts impide la toma en consideración de la proposición de ley impulsada por los sindicatos de inquilinos y apoyada por los socios de investidura de izquierda para tapar uno de los agujeros de la Ley de Vivienda.

“Alrededor de 100 metros, bloques enteros de casas bajas que se han tirado para convertirlos en alquiler temporal”, alega Juan

Indica a su vez que varios locales situados cerca de su espacio han sido ocupados por viviendas turísticas, que cada vez se hacen con más locales comerciales. “Todo esto al lado, en alrededor de 100 metros, bloques enteros de casas bajas que se han tirado para convertirlos en alquiler temporal”, alega. Para la salud del barrio esta transformación urbanística es letal, ya que implica cambios constantes como los presentes en la escolarización de los menores, dejar de asistir al médico de familia que ya conoce a sus pacientes desde hace años, la sustitución de comercios de cercanía que apoyan directamente a pequeños agricultores por oficinas y un sinfín de repercusiones a corto, medio y largo plazo. “La gente que vivimos aquí, la gente que estamos trabajando en el barrio, que tenemos nuestra familia y nuestros vecinos y que somos los que realmente creamos un barrio somos los grandes perjudicados por todas estas operaciones”, protestan.

Desde un punto de vista económico, apuntan las cooperativistas, el desalojo del proyecto afectaría directamente al puesto de trabajo de la única persona con un empleo remunerado. “Es una persona que se organiza de recepción de pedidos, de contactar con productores y de organizar todo”, traslada Juan. Al tratarse de un local y no de una vivienda, es probable que el desahucio se ejecute de forma más rápida de lo habitual, puesto que no goza de una protección específica como sí puede darse en el caso de las familias vulnerables sin alternativa habitacional, si bien en multitud de ocasiones se ha comprobado como la autoridad judicial correspondiente pasa por alto esta circunstancia.

No existe todavía en nuestro país una legislación que brinde seguridad a aquellas plataformas que cumplen una función social y de cohesión en los barrios y cuya actividad resulta imprescindible para sostener diariamente a decenas de familias. “Legalmente somos un comercio, una tienda, pero claro, no tiene nada que ver porque nuestra entidad jurídica, la razón social es cooperativa. Eso nos permite legalmente trabajar con Hacienda, pagar impuestos, trabajar mejor con proveedores, ser más transparentes pero socialmente somos como un grupo de consumo, nos consideramos tejido asociativo”, explica. De hecho, el proyecto participa en Madrid Agroecológico, en la Coop 57 y otros espacios de encuentro ecologista a nivel nacional e internacional.

“Tenemos miedo de que empiecen a poner andamios, a hacer la vida imposible con ruidos, con goteras, que rompan cristales etcétera”. No sería la primera ni la última vez que un propietario quisiera forzar así la salida de las vecinas

Ahora que han mostrado activamente su resistencia frente a los intentos de expulsarles del edificio, Juan y sus compañeras temen que la presión aumente y con ella el acoso inmobiliario a través de las obras, como ya ocurrió en el bloque de Galileo: “Tenemos miedo de que empiecen a poner andamios, a hacer la vida imposible con ruidos, con goteras, que rompan cristales etcétera”. No sería la primera ni la última vez que esto ocurre de manera planificada por parte de la propiedad para forzar la salida inmediata de las vecinas, como vienen denunciando desde hace meses las inquilinas en huelga de alquileres de Néstar-Azora, cuyos bloques se localizan mayoritariamente en Vallecas. El desvalijo de las zonas comunes y alrededores del edificio como medida de presión forma parte del proceder habitual de muchos grandes tenedores que actualmente operan en toda la geografía del Estado español para hacerse con bloques de viviendas.

El Sindicato de Inquilinas demanda al fondo buitre Néstar-Azora por las cláusulas abusivas de sus contratos

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Las vecinas afectadas por este fondo, en huelga de alquileres desde septiembre, están obligadas a asumir los gastos de comunidad y abonar los costes del seguro de impago e IBI a la propiedad, pese a ser estos requisitos totalmente ilegales.

“A ellos no les interesa el proceso judicial porque es muy lento para sus tiempos, ellos manejan periodos que son generalmente de cinco años y en ese tiempo tienen que rentabilizar la inversión que han hecho. Esa media docena de inversores necesitan recuperar ese dinero con un compromiso que tiene la socimi de una inversión a tal rendimiento. Entonces, ¿qué van a hacer? pues presionar”, explica Juan. De ahí que traten de deshacerse de los residentes de los edificios con la mayor celeridad posible. “Sabemos que probablemente no nos van a mandar a empresas de desokupación porque no lo necesitan, pero sí van a amenazar a través de las obras, que es lo que estamos intentando ahora prepararnos un poco. Sellar puertas, proteger entre las verjas y poco a poco resistir más allá de las acciones que podamos llevar a cabo a posteriori”, concluye.

Blindar los contratos de alquiler para proteger a los proyectos comunitarios

Para Pérez esta coyuntura solo puede revertirse a partir de la obligatoriedad de contratos indefinidos a precio regulado “como ya hay en muchos otros países de Europa”. “Así no podrían echarnos de nuestra vivienda ni subirnos el alquiler de forma desproporcionada que es lo que ha hecho que estemos en esta situación tantos vecinos de la Comunidad de Madrid”, subraya el activista por la vivienda, mientras recuerda que Tetuán es uno de los distritos madrileños que ha sufrido una subida más virulenta de los precios en los últimos años. La rentabilidad económica que los grandes inversores han encontrado en las viviendas al alquiler turístico y/o temporal es la principal razón de esta exclusión residencial.

Un informe reciente del Sindicato de Inquilinas, en el que exigen el cierre de todos más de 17.000 pisos turísticos que van brotando por todo Madrid, revela que “ los desahucios siguen siendo una problemática real para quienes no tienen control sobre su vivienda, alcanzando los 82 diarios en 2024 mientras el Gobierno central asegura haber terminado con ellos”. También reclaman destinar las más de 180 mil viviendas que se encuentran vacías en la Comunidad de Madrid al alquiler social.

Además, indican desde Comisiones Obreras, el precio de venta de la vivienda ha crecido mucho más que los salarios, lo que limita fuertemente la accesibilidad a la misma, mientras que la promoción y construcción de nuevas viviendas ha reorientado a segmentos de mercado de mayor rentabilidad. Por ello, “las políticas que movilicen vivienda vacía y turística hacia el alquiler podrían incrementar el parque de alquiler en un 66% en las capitales de provincia y las ciudades de más de 50.000 habitantes, ganando tiempo mientras se avanza hacia una solución estructural”, destacan desde este sindicato.