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Madrid
Consumo abre expediente a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra los inquilinos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy (Sumar), ha iniciado un expediente sancionador contra “una gran agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional” por posibles prácticas abusivas. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha confirmado en una nota de prensa que se trata de Alquiler Seguro, contra quien lanzó junto con organizaciones de consumidores una denuncia el pasado febrero.
La denuncia interpuesta aportaba indicios de un “fraude masivo” en sus contratos de alquiler. La decisión del Ministerio de Bustinduy, valoran desde el Sindicato, “abre la puerta a la devolución de millones de euros a las inquilinas que reclamen sus derechos”.
Derecho a la vivienda
Derecho a la vivienda Acusan a Alquiler Seguro de cobrar honorarios ilegales a los inquilinos
Tal como llevan denunciando los Sindicatos de Inquilinas, las inmobiliarias se han convertido en “agentes decisivos en la escalada del precio del alquiler y en la privación de derechos de las inquilinas”. Sin embargo, denuncian, Alquiler Seguro ha ido “más allá”. Bajo la retórica de una “protección del propietario” se escondía, critican, “una estafa permanente de la que también eran víctimas los propios rentistas”.
Los testimonios incluidos en la denuncia presentada por estas organizaciones denuncian la inclusión en los contratos de un concepto llamado “garantía adicional”, unas cantidades de dinero, sostienen desde el sindicato, “que en ningún caso protegían al casero, sino que se quedaba la propia empresa”. Del mismo modo, el Sindicato sostiene que Alquiler Seguro “obliga a contratar el seguro de hogar y los suministros con empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, propietario también del teórico ‘seguro de impago’”.
Bajo la retórica de una “protección del propietario” se escondía, critican, “una estafa permanente de la que también eran víctimas los propios rentistas”
Además, indican desde el Sindicato de Inquilinas, “las malas prácticas” de Alquiler Seguro incluyó, siempre según la denuncia de este colectivo, el cobro de hasta 200 euros por visitar un piso. Sin olvidar una “nula atención de las incidencias y averías durante la vigencia del contrato, la exigencia de datos bancarios excesivo para ‘estudios de solvencia’, negativa a renegociar las cláusulas y falta de transparencia”.
Para el Sindicato, la decisión de Consumo supone un paso importante al “allanar el camino” a siguientes acciones judiciales por estas prácticas y por los honorarios que supuestamente ha seguido cobrando a los inquilinos a pesar de que la ley de vivienda lo prohíbe. El Ministerio de Bustinduy está investigando también a otras inmobiliarias “por el cobro de comisiones ilegales a inquilinos y obligarles a contratar servicios no solicitados”. Entre las inmobiliarias que también han sido acusadas de realizar prácticas abusivas por parte de los sindicatos de inquilinos figuran Tecnocasa, Agencia Negociadora del Alquiler, Redpiso o Vivienda Madrid.
Según un comunicado del Ministerio, las prácticas abusivas cometidas estarían tipificadas como infracciones por la Ley de Defensa de los Consumidores y las sanciones podrían alcanzar entre cuatro y ocho veces el “beneficio ilícito” obtenido por la agencia inmobiliaria. El expediente incoado por Consumo responde a una serie de denuncias realizadas por el Sindicato de Inquilinas, CECU, FACUA-Consumidores en Acción y la OCU.
Desde Alquiler Seguro, han respondido al expediente sancionador con un escrito en el que afirman que esta compañía “cumple escrupulosamente con la Ley desde hace más de 17 años” y que “todos los servicios y procesos que lleva a cabo la empresa están auditados y son voluntarios”. David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro, asegura en la nota de prensa que el lanzamiento del expediente sancionador se basa en una “interpretación” que hace Ministerio sobre unas condiciones de servicio que son “públicos, transparentes y voluntarios”, y que está dispuesto a “analizar” y “adaptar”.
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Además, no hay que dejar pasar por alto que esta empresa no es una compañía de seguros y, por consiguiente, no cuentan con supervisión por la Administración, ni tienen que cumplir requisitos de solvencia, obligaciones de inversión de provisiones que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones - incluidos plazos de prescripción -, ni obligaciones de gobernanza de producto, entre otras. Si quiebra, el Consorcio no es su liquidador. Esperemos que no nos encontremos en el futuro un nuevo caso similar al de Afinsa.