Tribuna
Ampliaciones de aeropuertos: ¿una política de interés general?

Mientras usted lee estas líneas, en el aeropuerto de Madrid-Barajas está teniendo lugar la Junta General de Accionistas de Aena, la empresa que gestiona los aeropuertos en España, así como otras infraestructuras en Reino Unido y Brasil. Una cita de enorme relevancia para una compañía que, beneficiada por el rápido incremento del turismo en España, no deja de batir récords.

Si nos fijamos únicamente en las cifras de los aeropuertos que Aena gestiona en España, en 2024 estos transportaron a 309,3 millones de pasajeros, un 9,2% más que en 2023; registraron 2,59 millones de operaciones aéreas, un 7,8% más que en 2023; y movieron 1,28 millones de toneladas de mercancías, un 18,6% más que el año anterior. Como consecuencia de ello, Aena obtuvo un beneficio neto histórico de 1.934,2 millones de euros, un 18,6% superior al registrado en 2023.

Aena obtuvo un beneficio neto histórico de 1.934,2 millones de euros en 2024, un 18,6% superior al registrado el año anterior

Aprovechando la ola generada por el aumento exponencial del turismo internacional en España, el Gobierno —de la mano de Aena, cuya cuenta de resultados depende de ello— pretende redoblar su apuesta por el crecimiento del transporte aéreo como elemento esencial para seguir alimentando el modelo de turismo de masas.

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Ampliar aeropuertos para el turismo

La intención de fomentar el turismo queda patente en la actualización del Plan Estratégico 2022-2026 de Aena, presentada oficialmente en marzo de 2024. En esta revisión de su estrategia, el gestor aeroportuario actualizó al alza sus objetivos de pasajeros y comerciales, al tiempo que anunció la mayor oleada de ampliaciones de aeropuertos de la historia de España. A los cuatro aeropuertos que ya contaban con proyectos de ampliación (Lanzarote, Madrid, Tenerife Norte y Tenerife Sur) se le suman otros nueve (Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Málaga, Melilla, Menorca, Santander y València) con un presupuesto estimado de 7.000 millones de euros a ejecutar en el periodo 2027-2031.

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Aena y el Gobierno justifican la necesidad de estas ampliaciones en su carácter fundamental para poder dar respuesta al inexorable aumento de la demanda turística. Sin embargo, frente a esta argumentación casi fatalista, a nuestros ojos la realidad es muy diferente. La ampliación de la capacidad aeroportuaria y la apertura constante de nuevas rutas constituyen elementos estructurales de una política proactiva de las Administraciones Públicas y los operadores económicos para dopar a un sector mediante la generación constante de nueva oferta de vuelos y turismo.

Aena tiene un presupuesto de 7.000 millones de euros para ampliar aeropuertos como el de Alicante, Ibiza o València

Las ampliaciones de aeropuertos también revisten una enorme importancia para la generación de ingresos para Aena. En la actualización de su Plan Estratégico, Aena establece como objetivo aumentar un 48% sus ingresos comerciales e inmobiliarios. No hay que olvidar que el porcentaje de ingresos procedente de las tiendas libres de impuestos, los negocios de alquiler de coches o de aparcamiento —Aena posee la empresa de aparcamientos más grande de España— ha ido aumentando con los años, llegando al 49,6% en 2023 y superando a los obtenidos por las actividades aeronáuticas. La ampliación física de los aeropuertos —¿o podríamos llamarlos centros comerciales?— resulta, pues, clave para aumentar la cuenta de resultados de la compañía.

Ampliar los aeropuertos supondría un aumento de las emisiones

Sin embargo, esta política de transportes y turismo concebida en base a criterios exclusivamente económicos no solo obvia, sino que además intensifica toda una serie de impactos negativos de carácter social, ambiental y económico. Cabe citar en primer lugar por su enorme gravedad las diversas afecciones que el modelo turístico de masas está provocando en ciudades y territorios: expulsión habitacional de población residente, destrucción del tejido social, uso desmesurado de recursos, etc. Algo que ya está llevando a colectivos sociales a mostrar su oposición ante el aumento de rutas aéreas con motivo de la actual temporada de verano.

Por otro lado, el aumento del tráfico aéreo —entre 2004 y 2024 los 15 principales aeropuertos de la red de Aena en España prácticamente duplicaron su número de pasajeros— es la causa de los enormes niveles de ruido y contaminación que sufren millones de personas en zonas cercanas a los aeropuertos. Según un estudio reciente, la contaminación producida por los aviones sería la causa de 52.205 casos de hipertensión, 64.918 de diabetes y 5.340 de demencia en torno a los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca.

La contaminación producida por los aviones sería la causa de 52.205 casos de hipertensión, 64.918 de diabetes y 5.340 de demencia en torno a varios grandes aeropuertos españoles

Resulta igualmente relevante considerar el potencial impacto de un incremento exponencial del tráfico aéreo en las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por este sector. En efecto, España es hoy en día el segundo país de la UE que más emisiones de CO2 genera (22,7 millones de toneladas, equivalente al 65% de todo lo que emitió Suecia en 2023). La ampliación de los principales aeropuertos del Estado no haría sino empeorar la ya preocupante situación actual: según diferentes estudios, las ampliaciones de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat supondrían un aumento de las emisiones de CO2 de un 35% y un 33%, respectivamente.

No apostemos por modelos insostenibles, injustos e ineficientes

Por último, y a pesar de su vitola de sector estratégico para la economía, conviene no olvidar los impactos económicos del sector, como consecuencia de los importantes privilegios fiscales de los que goza. En efecto, en 2022, España dejó de ingresar 4.610 millones de euros a causa de la exención de impuestos al combustible o de los tipos reducidos de IVA en los billetes (del 0% en vuelos internacionales y del 10% en trayectos domésticos), entre otros elementos. Se prevé que el agujero fiscal del sector alcance los 5.650 millones de euros este año.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, cabe plantearse si las ampliaciones de aeropuertos pueden ser consideradas una política que redunde en el interés general del conjunto de la ciudadanía. Nuestra opinión al respecto es clara: no lo es. Y creemos firmemente que seguir apostando por modelos ambientalmente insostenibles, socialmente injustos y económicamente ineficientes nos aleja de nuestro objetivo común como sociedad: vivir dignamente en armonía con la naturaleza y el conjunto de seres vivos que nos rodean. Otras políticas no son solo posibles; también son deseables y cada vez más demandadas por una mayoría social. Aunque en Junta General de Accionistas de Aena no sean conscientes de ello.