Extremadura
¿Qué está pasando en el proyecto de gigafactoría de Navalmoral de la Mata?

El pasado 8 de julio quedó colocada, en un acto cargado de simbolismo, la primera piedra de la anunciada gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata, presentando así ante la opinión pública lo que pretendía ser el paso definitivo en la materialización de una fábrica que, desde que su proyecto fuera presentado en la pasada legislatura ―bajo la presidencia del socialista Guillermo Fernández Vara―, pasó a ser considerada una de las piedras angulares de un modelo de industrialización de la región “verde” y “circular” que habría de pivotar sobre la extracción de litio y la producción de baterías eléctricas destinadas al sector de la automoción. La presencia de Pedro Sánchez y María Guardiola protagonizando la ceremonia en representación de los gobiernos central y autonómico no hizo sino  poner sobre la mesa la importancia otorgada a una inversión que va acumulando, conforme avanza el tiempo, más interrogantes.

Una inversión con 300 millones de dinero público comprometidos

El consorcio inversor está liderado por Envision, empresa radicada en Shanghai y con reconocido prestigio en la producción de baterías para vehículos eléctricos. Según sus propios datos, desde su fundación en 2007 ha llegado a producir más de un millón de baterías para automóviles en 59 países. Su división española, Envision ASC, cambió de nombre el pasado junio, denominándose desde entonces AESC Battery Spain. ASC, de capital japonés, es otra de las compañías implicadas desde el origen en el proyecto, junto con Acciona. Las tres empresas (además de Teknia Ampuero, Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, Aresar, Liux, Qalma, Glavista, Cable Energía y Kapture) conforman VENERGY+, que en 2022 anunciaba un total de dieciséis proyectos en diez comunidades autónomas españolas y que fue quien se presentó al PERTE del vehículo eléctrico.

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La cuota de venta de vehículos completamente eléctricos en Europa desciende en 2022 del 13 al 11%. En España apenas llega al 3,5%.

La planta, en su dimensión inicial, que es la que se ha sostenido  frente a la opinión pública desde 2022, contemplaba una inversión superior a los 2.500 millones de euros, hablándose en determinados momentos de alcanzar los 3.000. Hasta la fecha, lo cierto es que el único capital económico con el que se cuenta para su construcción, más allá del sellado de compromisos mediáticos entre la parte empresarial y diferentes administraciones, son los 300 millones de la sección A de la segunda edición del PERTE del vehículo eléctrico (provenientes del Ministerio de Industria y que, a su vez, proceden de los Fondos Europeos del Plan de Resiliencia), repartidos en 200 millones de subvenciones y 100 de créditos blandos. Dicha cantidad ya ha sido recepcionada por Envision.

Envision, que ya ha percibido 200 millones de euros de dinero público (los 100 restantes están acogidos a la fórmula de créditos blandos) tiene la obligación de certificar su inversión prevista antes del final de 2027 y, de no hacerlo, debería devolver todo lo recibido y, además, con intereses

En este orden de cosas, es importante recordar que, en la primera edición de dicho PERTE, la gigafactoría de Navalmoral fue desestimada, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), por no cumplir “con la estructura mínima del PERTE del vehículo eléctrico”, quedando fuera de cualquier ayuda. La administración central señalaba en el documento de denegación que “el presupuesto financiable del proyecto tractor, considerando aquellos proyectos primarios que alcanzan el umbral de viabilidad técnica de la propuesta, no alcanza el importe mínimo indicado en el artículo 11.2 de la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo”. Tanto Envision como Acciona (otra de las multinacionales implicadas) sencillamente no cumplían el apartado económico.

Demasiados interrogantes administrativos, técnicos y empresariales

La situación actual presenta todavía numerosas cuestiones sin resolver sobrevolando un proyecto que, con una inversión milmillonaria, ha ido transitando de prometer 3.000 puestos de trabajo directos y unos 12.000 indirectos, pasando por 3.000 entre directos e indirectos, hasta los 800 de los que, últimamente, se habla con más insistencia. Este aspecto resulta crucial desde una mirada política y electoral en una región como la extremeña, históricamente castigada por el desempleo, y en una comarca como la de Campo Arañuelo, en permanente tensión por el anunciado cierre de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz y sus posibles repercusiones en el mercado laboral de la zona (reiteradamente matizadas por el movimiento ecologista y por numerosos informes técnicos).

En lo concreto, quedan todavía en el aire asuntos tan relevantes como que Envision ni siquiera había ejercido su reserva de suelo (una parcela de 1.088.211 m2) dispuesta en el parque empresarial Expacio Navalmoral (gestionado por la empresa pública AVANTE) en junio de este año. Interpelada a este respecto la Junta de Extremadura, el gobierno regional, a través del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, señaló al diputado socialista Jorge Amado tener “todo listo”, esperando a que la empresa comenzara la construcción en el momento “que quisiera”. Un plazo con cierta indefinición y no del todo exacto porque aún ha de ser presentado por parte empresarial un plan completo ante el Ayuntamiento de Navalmoral en el último trimestre de este año para, así, obtener una licencia de construcción que, a fecha de hoy, y según las informaciones manejadas los últimos días, tampoco estaría operativa.

El abastecimiento de agua a las instalaciones de Expacio Navalmoral tampoco ha observado avances significativos. De hecho, sigue sin concretarse qué alternativa se usaría para el mismo

“Los pasos los tienen que ir dando las empresas, que son las verdaderas protagonistas”, añadió el consejero, en una clara alusión a que, en este momento, y desde la administración regional, se está a la espera de movimientos significativos por parte de las multinacionales que lideran el proyecto. En el mismo sentido, la semana pasada ―transcurridos apenas 15 días desde la colocación de la primera piedra―, Victoria Bazaga, portavoz del ejecutivo extremeño, en referencia a la posible inexistencia de licencia de obras para la gigafactoría, subrayó estar trabajando sobre datos proporcionados por la propia empresa, remarcando que era a esta a la que correspondía aportar la documentación requerida.

Otro aspecto fundamental, el abastecimiento de agua a las instalaciones de Expacio Navalmoral, tampoco ha observado avances significativos. De hecho, sigue sin concretarse por qué alternativa se optaría para el mismo. En el caso de traer el aporte necesario desde el pantano de Valdecañas, la Junta aún no ha sacado la licitación correspondiente a su proyecto, adjudicada desde agosto de 2022. Si la opción pasara por cubrir las necesidades con el propio abastecimiento del polígono, dado el volumen necesario sería indispensable un permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo que, a fecha de hoy, se desconoce si estaría cursado y en qué términos.

Una modificación de previsiones que ha encendido todas las alarmas

Para hacer aún más compleja la situación, las promotoras de la fábrica ―Envision y su filial AESC Battery Spain― han asegurado a finales de la semana pasada encontrarse en un proceso de “modificación de previsiones”. En informaciones filtradas a diferentes medios de comunicación, han declarado expresamente su voluntad de modificar la propuesta inicial para reconvertirla en un formato de factoría sustancialmente menor que la anunciada.

Así, todo parece indicar que el proyecto originario, de tres fases, quedaría reducido (en el mejor de los casos) a solo la primera de ellas. Una remodelación sospechada y que no estaría siendo ajena a la evolución de un mercado que últimamente lleva acumulando demasiadas dudas y de un sector industrial, como es el automovilístico, inmerso en un contexto de dura readaptación. De hecho, el contrato entre Envision y Mercedes Benz, clave para la multinacional china, sigue sin firmarse, generando serias dudas sobre el futuro de las plantas de fabricación de baterías proyectadas, necesitadas de clientes que justifiquen su inversión. El fallecimiento el pasado 1 de junio de José Domínguez Abascal, presidente del grupo Envision España y del consejo de administración de AESC, Secretario de Estado de Energía de 2018 a 2020, presidente de Abengoa de septiembre de 2016 a marzo de 2017 y uno de los principales valedores e interlocutores frente al gobierno central, también suma otra explicable carga de incertidumbre.

A día de hoy, lo que resulta incontestable es que se anunció la puesta en producción de la fábrica en 2025 y su plena productividad en 2027. En estos momentos no se ha empezado ni siquiera a construir, y tras los movimientos informativos de la empresa en los últimos días se desconoce cuál va a ser exactamente la dimensión de lo proyectado

Las respuestas a este estado de cosas han ido moviéndose entre el tenso optimismo y una evidente cautela en las declaraciones. Existe demasiado capital político en disputa entre un PP al mando de la Junta (que tendría que responder ante el fracaso de la iniciativa) y un PSOE en la oposición que defiende abiertamente la gigafactoría como uno de los mayores logros negociadores de su última legislatura y que no pierde ocasión de “demandar más proactividad” al gobierno liderado por María Guardiola.

Están en juego, además, cuestiones económicas que no son menores. Así, Envision, que ya ha percibido 200 millones de euros de dinero público (los 100 restantes están acogidos a la fórmula de créditos blandos) tiene la obligación de certificar su inversión prevista antes del final de 2027 y, de no hacerlo, debería devolver todo lo recibido y, además, con intereses.

Ecologistas en Acción rechaza la gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata

Redacción El Salto Extremadura

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Redacción El Salto Extremadura

La organización considera inadecuada esta iniciativa y expone que los recursos públicos se deben de volcar en el transporte público, el ferrocarril y el desarrollo de producciones sostenibles.

Desde el punto de vista administrativo, y en el caso de llevarse a efecto la reducción anunciada (que, de hecho, significa ejecutar un proyecto diferente), sería indispensable una nueva declaración de impacto ambiental dentro de 2024. Algo que resultará complejo de no contar una vez más, como ha quedado recogido en algunas de las informaciones al respecto, con algo tan denunciado por los movimientos sociales como frecuente en los megaproyectos radicados en Extremadura: “acompañamiento institucional”. Un “acompañamiento”, por otra parte, ya materializado desde que la gigafactoría fuera declarada Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (Premia) por el decreto 21/2023, de 15 de marzo. Una declaración que otorga carácter prioritario y urgente en toda la tramitación autonómica, reduce a la mitad los plazos ordinarios establecidos y permite sustituir la licencia urbanística (o, en su caso, la licencia de obras y usos provisionales), por el trámite de consulta en los términos previstos en la legislación autonómica.

A día de hoy, lo que resulta incontestable es que se anunció la puesta en producción de la fábrica en 2025 y su plena productividad en 2027. En estos momentos no se ha empezado ni siquiera a construir, tras los movimientos informativos de la empresa en los últimos días se desconoce cuál va a ser exactamente la dimensión de lo proyectado y, como colofón y ha quedado señalado, múltiples aspectos técnicos y formales siguen en el aire. Para completar el cuadro, tampoco el mercado da señales alentadoras en relación a la viabilidad del negocio. La caída en ventas de automóviles electricos en Europa, solo en el mes de diciembre de 2023, fue de un 4% en relación al mes anterior, marcando una tendencia que, en cadena, parece estar llegando hasta Extremadura, impactando  de lleno en uno de sus megaproyectos más publicitados y, por extensión, en el tablero político regional.