Eutanasia
Absuelven a Ángel Hernández, procesado por ayudar a morir a su esposa

Ángel Hernández ya puede respirar en paz, después de cumplir la última voluntad de su compañera de vida, enferma terminal de esclerosis múltiple. El juzgado de lo Penal nº 34, en una sentencia conocida hoy, le absuelve del delito de cooperación al suicidio del que estaba acusado por  haber ayudado a su esposa a poner fin a su vida el 3 de abril de 2019, siguiendo su voluntad. 

Y lo hace después de que la Fiscalía retirada su acusación, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021, conocida como Ley de Eutanasia, aprobada por el Congreso el pasado 19 de marzo,  con los votos en contra de Vox, PP y UPN.

“Al haberse retirado —dice la resolución— la única acusación personada en las acusaciones, de acuerdo con la doctrina, procede dictar sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables, no procediendo el sobreseimiento libre solicitado al amparo del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al haberse ya acordado por el órgano instructor la apertura de juicio oral mediante auto de 3 de noviembre de 2020”, alega el juzgado.

Ángel Hernández ha sido uno de los estandartes en la lucha por la muerte digna, conseguida en cortes después de una larga pelea colectiva y personal.

Ángel Hernández ha sido uno de los estandartes en la lucha por la muerte digna, conseguida en cortes después de una larga pelea colectiva y personal. Su caso llegó a pasar por un juzgado de lo penal especializado en violencia machista e iba a ser juzgado este año, con una petición de seis meses de cárcel por parte de la Fiscalía.

Ley de Eutanasia: claves para hacer efectivo el derecho a la muerte digna

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Las comisiones autonómicas o la objeción de conciencia son algunos aspectos que el movimiento por la muerte digna tendrá que vigilar para garantizar que se cumple la ley.

La nueva normativa reconoce el derecho individual del paciente ante un sufrimiento “que no ha podido ser mitigado por otros medios”. Es su voluntad la que prima por encima de cualquier otra decisión. “No existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad” del paciente especifica el nuevo ordenamiento jurídico.