Muerte digna
Grupo Mémora: el monopolio de la muerte controla 111 instalaciones funerarias en Hego Euskal Herria

El negocio de hacer dinero con las personas muertas está en auge debido a la pirámide poblacional vasca. Fallecieron 24.203 personas en Euskadi en 2022, fueron 6.317 en Nafarroa. Ese año, el precio medio de los servicios funerarios ascendió a 3.739 euros y el sector facturó al menos unos 114 millones de euros en Hego Euskal Herria. 

Los datos recabados por Hordago-El Salto señalan que la corporación Mémora ha adquirido en los últimos años la funeraria líder de Bizkaia, Funeuskadi, el mayor grupo de servicios funerarios de Gipuzkoa, Rekalde, la empresa que más cementerios guipuzcoanos gestiona, Landarri, y la compañía más importante de Nafarroa, Irache. Tras estas adquisiciones, Mémora controla ya 111 instalaciones en Hego Euskal Herria, entre ellas hay 44 tanatorios, 16 cementerios y 9 crematorios.

En Bizkaia son 21 instalaciones, contando con 11 tanatorios, tres crematorios y un cementerio, mientras en Gipuzkoa maneja 40: de ellas, 14 son cementerios, 15 tanatorios y 5 crematorios. En Araba cuenta con tres tanatorios, y en Nafarroa dispone de 47 instalaciones (de las cuales, 15 son tanatorios, una es crematorio y otra cementerio).

El precio medio de los servicios funerarios ascendió a 3.739 euros y el sector facturó al menos unos 114 millones de euros en Hego Euskal Herria. Una empresa, Mémora, concentra 111 instalaciones solo en Hego Euskal Herria

La mayor “empresa de los muertos” en Euskadi lo es también en el Estado español. Según datos publicados en 2020 en “El negocio de la muerte sigue muy vivo” de la periodista Esmeralda R. Vaquero, “en el oligopolio de las funerarias, seis empresas se reparten 400 millones de ingresos anuales”, y Mémora es “la más importante, gestiona 130 tanatorios, 28 crematorios y 23 cementerios”. Entre el 1 julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, la CNMC ha autorizado ocho operaciones de concentración de empresas donde participa alguna firma vasca. En hasta seis concentraciones se supera el umbral del 30% del mercado, y en uno de estos casos participa Mémora.

Mémora se presenta como una prestadora de servicios funerarios para la “atención integral durante todo el proceso: antes de la defunción, durante el servicio funerario y después, facilitando los trámites y acompañamiento al duelo”. Esto incluye “contratar un funeral, gestión de las cenizas, planificar de antemano la despedida, trámites post-funeral, facilitar la vuelta a la normalidad más allá del sepelio, recordatorios y ceremonias de homenaje”.

Debido a su posición de liderazgo en el Estado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha mantenido sus concentraciones con empresas vascas bajo una estricta lupa. De hecho, mientras la Fundación Mémora fichaba como patrono a un exconsejero de Salud del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa, el organismo regulador español investigaba al grupo empresarial por pagar comisiones a firmas que gestionan residencias privadas y públicas con el objetivo de derivar a sus servicios funerarios a los residentes fallecidos durante la pandemia.

Mientras la Fundación Mémora fichaba como patrono a un exconsejero de Salud del Gobierno Vasco, la CNMC investigaba al grupo empresarial por pagar comisiones a firmas que gestionan residencias privadas y públicas para derivarle pacientes

En los últimos 24 meses, el grupo Mémora también ha sido sancionado por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) en dos ocasiones por abusar de su posición de dominio en Gipuzkoa, aunque la última multa más reciente data de finales de julio pasado. El líder del sector fue acusado de imponer precios excesivos a otras empresas por la utilización o cesión de sus tanatorios y crematorios, e incluso de denegar a la competencia la prestación de estos servicios en la única instalación funeraria ubicada en un municipio. 

Ante las denuncias por la posible formación de un monopolio en el sector funerario en Euskadi y Nafarroa, la AVC y la CNMC han tenido que emitir diversos informes en los últimos cinco años. El último, datado el 30 de julio de 2024, ha servido para imponer al grupo Mémora una multa de cerca de 100.00 euros a la empresa que lidera “el negocio de la muerte” en Hego Euskal Herria.

Según la AVC, queda “acreditada la comisión de una infracción de abuso de posición de dominio” en relación a la gestión del tanatorio de Villabona, y califica la infracción como “muy grave”. También constata que Mémora negó en varias ocasiones la utilización del velatorio de Villabona a otras funerarias, lo que obligó a los familiares de personas fallecidas a encargar el servicio a Mémora.

En septiembre de 2022, la AVC impuso una resolución con otra multa de 166.920 euros a la filial vasca de Mémora, en este caso por abuso de posición dominante e imponer precios abusivos en la red de tanatorios de Gipuzkoa.

Algunas pequeñas empresas tratan de hacer frente a la política de concentraciones empresariales acometida por Mémora en Euskadi, por lo que han remitido varias denuncias a la AVC y la CNMC. Pero hasta ahora, todo ha sido en vano ya que incluso la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó en septiembre de 2023 un recurso de una filial vasca de Mémora, anulando la multa impuesta por la AVC por abuso de posición dominante e imponer precios abusivos en la red de tanatorios de Gipuzkoa.

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Bajo el control de Catalana Occidente

La Autoridad Vasca de la Competencia reconoció en 2015 que estaba recibiendo numerosas denuncias sobre los servicios funerarios. Ese año, el coste medio de un funeral en Euskadi rondaba los 3.000 euros, y buena parte de la población pagaba un seguro de deceso para poder cubrir todos los gastos. Para el año 2018, cerca del 41% de la población, es decir unos 886.000 residentes en Euskadi, habían contratado un seguro de decesos. Precisamente la aseguradora Catalana Occidente, con un 15% de la cuota de mercado en seguros de decesos, es la actual propietaria del grupo de servicios funerarios Mémora.

La compañía de seguros, encargada de los servicios de “aseguramiento de los distintos riesgos del Parlamento Vasco y el Ararteko”, considera que “en un momento tan delicado como es la pérdida de un ser querido, los seguros de decesos te proporcionarán, con solo una llamada, todas las gestiones, servicios y cobertura de gastos relacionados con la prestación del servicio fúnebre”. Añade que “podrás contratar la resolución de los trámites legales asociados a la defunción”, la “gestión integral del sepelio” y del “lugar descanso de los restos de su ser querido, contemplando el coste de un nicho, sepultura, fosa o columbario”, “certificado de defunción o cualquier otro documento que necesites”, o la “repatriación” del fallecido.

Respecto a este tipo de seguros, a finales del año pasado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtió en torno a los cementerios municipales que éstos ofrecen “un servicio básico para el cual se debe garantizar un acceso económico que no suponga un quebranto a familias en dificultades económicas o que les empuje a buscar otras alternativas mucho más onerosas como los seguros de decesos”.

Catalana Occidente, propietaria del gigante funerario Grupo Mémora, financia campos solares israelíes, sin “evitar que las inversiones se realicen en el Territorio Ocupado Palestino o en lugares donde se cometan vulneraciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

El organismo de la sociedad civil tampoco recomendaba la contratación de los seguros de decesos porque “las primas de la póliza suelen superar el coste del sepelio con creces”, y lo hacía apelando a datos extraídos de un informe de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (UNESPA), en cuyos consejos directivos y ejecutivos participa Catalana Occidente.

Sobre las inversiones de Catalana Occidente se refiere el informe “La complicidad del sector financiero español en la ocupación de Palestina. El caso de la energía solar y greenwashing”, que señala los vínculos de Catalana Occidente con las principales fuentes de financiación de campos solares israelíes y recomienda a la aseguradora “evitar que las inversiones se realicen en el Territorio Ocupado Palestino o en lugares donde se cometan vulneraciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

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Todo el que está en el mundillo sabe que el sector funerario vive casi un duopolio de facto y lo máximo que se está dispuesto a hacer es poner una multa de vez en cuando. Cuando alguien llama a una, ni se imagina al entramado que está llamando.