Corrupción
La indefensión de las personas alertadoras de corrupción

Uno de los mayores hitos políticos del actual régimen parlamentario, la moción de censura que sacó a Rajoy de la Presidencia del Gobierno, nunca hubiera sucedido si, nueve años antes, una técnica de juventud del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Ana Garrido, no hubiese denunciado una serie de prácticas corruptas de las que había sido testigo en su trabajo.

Esas irregularidades serían la punta del iceberg de una trama que acabó con el Partido Popular condenado y se convirtió en una de las mayores redes de corrupción, con ramificaciones en prácticamente todas las autonomías y municipios en los que había gobernado. Aunque Esperanza Aguirre proclamase en 2010 que fue ella quién destapó la Gürtel, la realidad es que sin la labor de Garrido (así como del concejal José Luis Peñas, de Majadahonda) como alertadores de corrupción, probablemente, la trama hubiera permanecido impune y quizás nunca hubiésemos visto el bolso de Soraya Sáenz de Santamaría ocupando el escaño de un ausente Rajoy.

Convertirse en ‘whistleblower’ o alertador de corrupción conlleva un riesgo, ya que quién denuncia se expone a sufrir represalias en el ámbito profesional e incluso en el personal

Esta figura que encarnó Garrido en la trama Gürtel, la del whistleblower o alertador de corrupción, es imprescindible para destapar cualquier trama de malversación, prevaricación, amaños o todo tipo de prácticas ilícitas que se dan tanto en las instituciones y organismos públicos como en las empresas privadas. No obstante, convertirse en alertador conlleva un riesgo, ya que quién denuncia se expone a sufrir represalias en el ámbito profesional e incluso en el personal.

Garrido, que actualmente se dedica en ProEtica & Compliance al asesoramiento de otros informantes y denunciantes de corrupción, lo sufrió en sus propias carnes. “Lo que se intenta hacer con el informante es llevarle a una auténtica muerte civil. El patrón en la mayoría de los casos de alertadores es que se le intenta arruinar la vida tanto a nivel económico y laboral como psicológico, incluso a veces, físico”, explica. Es inevitable no acordarse de algunos casos de muertes en extrañas circunstancias de personas relacionadas con casos de corrupción, como el suicidio del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, o la caída de Álvaro Lapuerta, mano derecha de Bárcenas, que retrasó la causa de la contabilidad B del PP, así como le impidió declarar en plenas condiciones tras pasar por un coma.

A Comellas, la ejecutiva local de su partido (PdCat) le amenazó con ser expulsado si no cedía a sus exigencias: “Me habría convertido en cómplice de delitos si hubiese accedido a lo que me pedían”

Un trago, el de las presiones y coacciones, por el que también pasó Albert Comellas. Este alertador de corrupción era teniente de alcalde en Esplugues de Llobregat cuando, desde su propio partido (PdCat), le pidieron que llevase a cabo una maniobra para utilizar dinero público como financiación electoral. “Básicamente lo que querían era volver al sistema anterior de financiación, en el cual el partido disponía del dinero del grupo municipal, y usar ese dinero para fines electorales, lo cual está prohibido por ley”. A Comellas lo convocó la ejecutiva local de su partido a una reunión, en la que fue amenazado con ser expulsado si no cedía a estas exigencias. “Me habría convertido en cómplice de delitos si hubiese accedido a lo que me pedían”, relata. Comellas cuenta como expuso el asunto a la alcaldesa y al secretario municipal, “que se hicieron los despistados, diciéndome, ‘esto no es delito, no hay ningún problema, es todo normal”.

Comellas no se dio por vencido, contactó con un abogado y decidió negarse a realizar lo que le pedía su partido. Fue expulsado y calumniado en notas de prensa emitidas por su propia formación política. “Una de las cosas que más me dolió fue que, siendo autoridad municipal, como Teniente de Alcalde, nadie desde la institución, sabiendo que estaba en lo cierto con mi denuncia, saliera a defenderme”, explica este alertador. Ni siquiera se presentaron en la causa que se abrió tras la denuncia de Comellas. “La alcaldesa (Pilar Díaz i Romero, PSC) ponía como excusa que era un tema privado de otro partido. Pero vamos a ver, el dinero era público, el local donde se cometió el delito está pagado con dinero público, la víctima es un teniente de alcalde en ejercicio de sus funciones y los delitos eran cometidos contra el propio presupuesto municipal, ¿cómo va a ser un asunto privado?”, se lamenta.

Tras un largo periplo judicial, que acabó mucho más tarde que la legislatura, consiguió que le dieran la razón los tribunales, que dictaminaron que existió un delito de coacciones y otro de proposición para la malversación. “Fue duro porque de los siete condenados, algunos eran amigos míos, eran mis propios compañeros de partido, personas que conozco de muchos años”, relata.

La Directiva 1937, o Directiva ‘whistleblower’

En 2019, el Eurobarómetro, en una encuesta temática sobre la corrupción, arrojó un dato escalofriante: el 81% de los europeos no informaría de casos de corrupción por miedo a sufrir las represalias. Es en ese mismo año cuando la Comisión Europea tramita definitivamente una norma que llevaba atascada varias legislaturas.

En su redactado, la Directiva 1937 exige a los Estados miembros que garanticen que las personas alertadoras tengan a su disposición canales eficaces para informar sobre infracciones de forma confidencial, tanto internamente (dentro de una organización) como externamente (a una autoridad competente). También insta a que las autoridades competentes investiguen adecuadamente las alertas y actúen en consecuencia, así como que las personas alertadoras queden protegidas frente a represalias.

“Las personas alertadoras de corrupción han de hacer frente a una lluvia de demandas, querellas  que, aunque no tengan recorrido, implican una serie de gastos económicos y de desgaste psicológico que suponen, en sí mismos, una represalia”, expone Ana Garrido

“Es una normativa que, sobre el papel, incluye muchos aspectos positivos, como en principio proteger de las represalias a quienes denuncian, pero también tiene algunas carencias, como por ejemplo no contemplar que la persona informante tiene derecho a asesoramiento jurídico y asesoramiento psicológico”, expone Garrido. “En la mayoría de casos, las personas alertadoras de corrupción han de hacer frente a una lluvia de demandas, querellas absurdas en su contra que, aunque no tengan recorrido, implican una serie de gastos económicos y de desgaste psicológico que suponen, en sí mismos, una represalia”, argumenta.

La transposición de esta Directiva a la legislación española se hizo con un palmario retraso, incumpliendo los plazos previstos en la misma, que acababa en diciembre de 2021. La ley, aprobada en febrero de 2023, incluye la obligatoriedad de disponer de canales de denuncia interna en organizaciones, empresas y organismos que tengan más de 50 componentes. Organizaciones como Xnet o la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), fueron muy críticos con el texto final, sobretodo en lo que respecta, precisamente, a la protección legal de los denunciantes, ya que la ley no les blinda y, aunque su denuncia prospere, pueden verse abocados a defenderse en procesos judiciales por revelación de secretos.

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La carencia de una autoridad independiente

El aspecto que prácticamente convierte en papel mojado al texto aprobado es que sigue sin constituirse la autoridad independiente que ha de velar por el cumplimiento y desarrollo de aspectos clave. Un problema que ya ha llegado a Estrasburgo. La Asociación Española de Lucha contra el Fraude y la Corrupción (AEDICO) registró una petición en la Comisión del Parlamento Europeo, advirtiendo que el Gobierno Español incumple con la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, conforme a lo establecido en la Ley 2/2023, de 20 de febrero. Este retraso hace absolutamente inefectiva la ley. Garrido pone un ejemplo práctico. La ley obliga a garantizar el anonimato de la denuncia en los canales internos. Pero, según explica “hay canales internos que perfectamente pueden rastrear la IP del informante. Y eso no se sanciona mientras que no exista una autoridad independiente”.

Otro aspecto derivado de la carencia de ese organismo es la inexistencia de un registro de canales de denuncia, algo que establece la propia ley. “Cuando presentas una denuncia, hay un protocolo a seguir, la ley lo marca. Lo primero es acuda usted al canal interno de su entidad. Segundo, la entidad tiene la obligación de tener o bien a una persona designada como responsable de denuncias, o bien un órgano colegiado, perfectamente identificados en un registro en la autoridad competente, que a día de hoy no existe”, lamenta la activista anticorrupción.

“Me he encontrado con empresas que no te dan la opción de que tu denuncia sea anónimo. Lo primero que te piden es nombre y apellidos. Eso ya de por sí es una una irregularidad”

Este registro es imprescindible por varias cuestiones, que aclara Garrido. Puede ocurrir que el gestor del canal de denuncia esté implicado en el fraude que está denunciando el informante y/o que sea afín a los presuntos corruptos. “Me he encontrado con empresas que no te dan la opción de que tu denuncia sea anónimo. Lo primero que te piden es nombre y apellidos. Eso ya de por sí es una una irregularidad como la copa de un pino que habría que dar cuenta a la autoridad independiente para que sancionara a esa organización”, explica.

En tres comunidades autónomas, Andalucía, País Valencià y Catalunya, existen sendos organismos dedicados a, en teoría, amparar a las personas que denuncian casos de corrupción. Sin embargo, este amparo no está siendo efectivo. Comellas califica su experiencia con la Oficina Antifrau como bastante deficiente. “Yo me reuní con ellos, me dijeron que consideraban que como la represalia (su expulsión del partido), no se había producido por haber denunciado en este organismo, pues consideraban que no me podían proteger ni me podían ayudar”.

Hasta el cambio de gobierno en el País Valencià, la Agencia Valenciana Antifraude tenía una buena reputación entre los alertadores de corrupción

Comellas relata que le aseguraron que “investigarían el caso a fondo, que llegarían hasta las últimas consecuencias pero dieron carpetazo al caso sin avisar. Yo me enteré de rebote. Y al final lo único que hicieron fue pedirle al Ayuntamiento de Esplugues que fuese más minucioso a la hora de revisar los gastos de los grupos municipales. Algo que ya hacía, el problema no era ese, el problema es que se me pedía con coacción que falsificase facturas”, lamenta.

Hasta el cambio de gobierno en el País Valencià, la Agencia Valenciana Antifraude tenía una buena reputación entre los alertadores de corrupción. Comellas explica que, el anterior director de esta oficina, Joan Llinares, se adelantó al gobierno en algunas de sus obligaciones. “Cuando se aprobó la ley se especificaba que en seis meses el Gobierno del Estado debía promulgar una Estrategia Integral contra la corrupción, un documento, digamos político, pero también técnico, que España ya estaba obligado a tener por ser firmante de un tratado internacional sobre corrupción. Excepto en el País Valencià, donde el director de la de la oficina antifraude anterior sí hizo este documento, el resto de autonomías todavía estamos sin él”.

Eduardo Beut, antiguo alto cargo de Eduardo Zaplana, ha tomado medidas controvertidas, como eliminar el código ético del organismo cuatro días después de saber que había sido denunciado por “graves infracciones” del mismo

Sin embargo, la situación ha cambiado tras el cambio de director de la Agencia Valenciana Antifraude. Eduardo Beut, elegido con los votos de PP y Vox y antiguo alto cargo de Eduardo Zaplana, ha tomado medidas controvertidas, como eliminar el código ético del organismo cuatro días después de saber que había sido denunciado por “graves infracciones” del mismo. Además, Beut ha hecho una limpia de dos de los colaboradores clave de Llinares.

El nuevo director de la Agencia Antifraude despidió a Teresa Clemente, la que fuera directora adjunta de la entidad con Joan Llinares y funcionaria clave en la denuncia del caso Blasco, y Gustavo Segura, quien fue director de investigación y exinterventor en Mislata. Unas semanas más tarde, se produjeron dimisiones de seis cargos relevantes de la entidad, que decidieron volver a sus plazas de funcionario en otros ámbitos. Beut ya ha anunciado que eliminará servicios clave de la Agencia Antifraude como la colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.