Análisis
Inmigración, trenes e ilusiones de soberanía

En el proceso de reposicionamiento de las fuerzas políticas catalanas que venimos analizando en los últimos meses, el mes de marzo ha supuesto un punto de inflexión, al coincidir dos negociaciones clave con el gobierno central, no exentas de polémica, y la segunda parte del congreso de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), celebrada en Martorell (Baix Llobregat), que había de enterrar el hacha de guerra entre las facciones que se presentaron a las primarias. Ninguna de estas tres cosas supone en verdad una cesura en la legislatura –ni en la catalana ni en la española–, pero recuerdan a Madrid que Cataluña tiene dinámicas propias que conviene tener en cuenta, especialmente para un ejecutivo que se sostiene sobre un equilibrio de fuerzas tan delicado como el de Pedro Sánchez.

A vueltas con la inmigración

Antes de todo ello, empero, se consumaba un paso más en el proceso de derechización de Junts. Tras el rechazo por parte del Pleno municipal de Ripoll (Girona) de la cuestión de confianza presentada por la alcaldesa, Sílvia Orriols, del partido independentista de ultraderecha Aliança Catalana (AC), se abrió un período de treinta días para que la oposición presentara a un candidato alternativo a la alcaldía. A mediados de febrero se daba por hecho un acuerdo entre Junts, ERC y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) para formar gobierno, que presidiría la concejala de Junts Maria Soldevila, y que contaría con el apoyo externo de Alternativa per Ripoll-CUP (AR-CUP). Sin embargo, el 18 Junts per Catalunya y Junts Ripoll emitieron un comunicado que significaba el rechazo a participar en la moción de censura contra Orriols.

Para ello echaron mano de la retórica indocumentada del Partido Popular (PP) sobre “la lista más votada” y de falsedades como que la alternativa a AC no contaría “con la voluntad mayoritaria de los ripolleses”, cuando en las elecciones locales del 28 de mayo de 2023 AC obtuvo en Ripoll el 30,76 % de los votos y seis concejales, muy por debajo del 46,38 % de votos y ocho concejales obtenidos por la suma de Junts, ERC y PSC (un 58,4 % de votos y diez concejales, si se suma a AR-CUP). Tras estos deficientes argumentos parece hallarse una encuesta interna que habría encargado Junts y cuyo resultado habría sugerido la oposición de la mayoría de encuestados a la moción de censura.

Con esta decisión, impuesta por la dirección del partido a Junts Ripoll, vence, pues, la estrategia más oportunista, relativista y derechista de los posconvergentes, que, además de no compadecerse con el pacto antifascista al que Junts se ha adherido en el Parlament, permitirá a AC seguir utilizando la alcaldía de Ripoll como instrumento de propaganda al servicio de su proyecto xenófobo.

Es incuestionable que a Junts le preocupa AC, que se ha fijado como objetivo para las elecciones municipales de 2027 extenderse por toda Cataluña y hacerse fuerte en la Cataluña central

En efecto, en contra de los argumentos pretextados por Junts para oponerse a la moción de censura, el mantenimiento de la alcaldía por parte de AC probablemente permitirá aumentar su representación en las próximas convocatorias electorales, tal y como ha refrendado el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Debe recordarse, además, que, con la negativa de Junts a participar en la moción de censura, el proyecto de presupuestos municipales que había sido rechazado por el Pleno ha quedado automáticamente aprobado, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 bis de la Ley Orgánica de régimen electoral general, cuando, tras la denegación de la confianza solicitada por el alcalde, la oposición no presente candidato alternativo en el plazo de un mes.

Con ello, la victoria política de AC es doble, tanto por haber quebrado a escala local el “pacto antifascista” suscrito por PSC, Junts, ERC, Comuns Sumar y la CUP en el Parlament al inicio de la actual legislatura como porque ha logrado, por primera vez desde el inicio de la legislatura municipal, la aprobación de un proyecto de presupuestos.

Es incuestionable que a Junts le preocupa AC, que se ha fijado como objetivo para las elecciones municipales de 2027 extenderse por toda Cataluña y hacerse fuerte en la Cataluña central, con la Alcaldía de Manresa como pieza más codiciada. El medio para conseguirlo es el discurso xenófobo –que entronca con el de otros partidos de ultraderecha europeos al alza–, para abrir un trasvase de votos desde Junts. La primera pulsión de Junts ha sido asumir parte de los temas de su agenda y de su discurso, a fin de cortar vías de fuga hacia AC, vistiéndolo convenientemente con los ropajes de la consecución de mayores cotas de soberanía, y con la vista puesta especialmente en su vieja disputa con ERC. Pero si algo demuestran los precedentes europeos es que ello no hará más que consolidar a la formación ultra.

La claudicación de Junts ante AC en Ripoll es, pues, expresiva de la singular competición que mantiene con este partido xenófobo por el electorado independentista más derechista. Es en el actual contexto de crecimiento de las derechas xenófobas en Europa y EEUU, que en Cataluña tiene ahora una expresión electoral específicamente independentista, en el que debe analizarse el relativamente sobrevenido interés de Junts por la asunción por parte de la Generalitat de las competencias en materia de inmigración, que se ha convertido en el asunto más controvertido en las relaciones entre Junts y los partidos que apoyan al Gobierno español en las Cortes.

Sombras en el acuerdo de cesión de competencias pactado por el PSOE y Junts

Pablo Elorduy

Fronteras

Fronteras Sombras en el acuerdo de cesión de competencias pactado por el PSOE y Junts

Pablo Elorduy

El acuerdo sobre transferencia de las competencias en materia de migración entre PSOE y Junts encuentra el 'no' de Podemos y de organizaciones de migrantes y el 'sí' con matices de la izquierda independentista y de Sumar.

En este contexto, el 4 de marzo el PSOE y Junts registraron en el Congreso una Proposición de Ley por la que se delegaría a la Generalitat la competencia ejecutiva de la normativa estatal en lo tocante tanto a autorizaciones de estancia y residencia temporal y de larga duración de extranjeros como de procedimientos sancionadores en materia de extranjería. También se delegaría a la Generalitat la emisión de las tarjetas de identificación de las personas extranjeras autorizadas a residir, estudiar o trabajar en Cataluña y la “gestión integral” de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Asimismo, la Proposición asigna a la policía autonómica catalana, los Mossos d’Esquadra, el mantenimiento del orden, la seguridad ciudadana y “el ejercicio de todas las funciones comunes en los puertos y aeropuertos”.

En cualquier caso, debe destacarse que se trata de una delegación de competencias meramente ejecutivas, por cuanto la competencia legislativa permanece bajo la Administración General del Estado. Por lo demás, el traspaso de estas competencias sobrecargará al ya tensionado Departamento de Derechos Sociales e Inclusión (que dirige Mònica Martínez Bravo), que ya asumió con el cambio de gobierno la carpeta de Inmigración (antes dentro de Igualdad y Feminismos). El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que su gobierno ejercerá esas competencias con un enfoque más social que punitivo.

En cualquier caso, conviene señalar que, en el marco de este acuerdo, Junts ha renunciado a que el presidente español se someta a una cuestión de confianza. Y, aun en materia de inmigración, cabe añadir el reciente acuerdo entre Junts y el Gobierno central respecto a los criterios de asignación territorial de los menores extranjeros no acompañados ubicados actualmente en Ceuta y Canarias, conforme a los cuales, según los cálculos de Junts, la cifra correspondiente a Cataluña se reduciría a entre veinte y treinta.

El Gobierno aprueba la distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas

Redacción El Salto

Infancia migrante

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Se prevé que en los próximos meses sean distribuidos unos 4.400 menores.

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Cercanías: el tren que nunca llega

El traspaso de Cercanías que cerró el anterior ejecutivo ha sido otro de los focos informativos en Cataluña este mes de marzo. Los problemas de esta red son frecuentes desde hace años: poca frecuencia de trenes, escasa conectividad del territorio, retrasos, cancelaciones y deficiente mantenimiento técnico. Según ha admitido la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, el 24% del material rodante inventariado “no está operativo” y 109 ascensores y escaleras mecánicas están fuera de servicio.

El descontento con el estado de dejadez que arrastra Cercanías es grande, tanto entre el personal como entre sus usuarios

Todos estos problemas derivan de los criterios escandalosamente clasistas de la política de inversiones ferroviarias, con una abrumadora sobrefinanciación de la alta velocidad, en detrimento de las cercanías y media distancia, con mucho mayor número de usuarios y que es la que más emplea la población trabajadora en sus desplazamientos diarios. En efecto, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), entre 1990 y 2018 el ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) invirtió en el conjunto del territorio estatal 56.000 millones de euros en alta velocidad, mientras que tan solo destinó 3.700 a Cercanías.

El descontento con el estado de dejadez que arrastra esta última infraestructura es grande, tanto entre el personal como entre sus usuarios. Más aún cuando se compara con los anuncios, acompañados de gran fanfarria institucional, en ampliaciones del aeropuerto de Barcelona. En la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), la gestión tanto de Cercanías como de los trenes regionales fue suspendida por la ciudadanía, con 3,7 y 4,6 puntos respectivamente. Como han señalado los medios estos días, Cataluña ocupa posiciones de cola en inversiones ferroviarias (otras de las comunidades autónomas más afectadas son Cantabria, Andalucía y el País Valenciano), que, además, solo se ejecutan parcialmente. Así, de los 6.345 millones presupuestados en el Plan Rodalies 2020-2030 únicamente se han ejecutado hasta la fecha en torno a 2.000. Las 200 obras de mejora que planifica el gobierno catalán hasta 2027 se antojan insuficientes frente a la falta de inversiones y de ejecución de las ya presupuestadas.

El 17 de febrero, los Gobiernos del Estado y de la Generalitat acordaron en la Comisión Bilateral de Infraestructuras la constitución de una sociedad mercantil denominada Rodalies de Catalunya, con participación mayoritaria de la Generalitat, que nombraría a su presidente, como ente competente para la gestión del servicio ferroviario, y el traspaso de la línea R1, que conecta Molins de Rei con Maçanet-Massanes. Ello generó recelos entre el personal ferroviario, porque el acuerdo no ofrecía garantías respecto al mantenimiento de la situación laboral de las plantillas de Renfe y Adif, riesgo agravado por la naturaleza privada de la nueva sociedad.

Se trata de las primeras movilizaciones realizadas por usuarios de los servicios ferroviarios convocadas desde diciembre de 2007

En lo tocante al traspaso de la R1, los sindicatos ferroviarios señalaron que ello implicaría su retirada de la red ferroviaria de interés general y un relajamiento de los requisitos para trabajar en ella. Por todo ello, convocaron siete jornadas de paros en el conjunto del territorio estatal entre los días 17 de marzo y 3 de abril, de las que los sindicatos mayoritarios (el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, CCOO y UGT) se retiraron tras concluir un acuerdo con el Ministerio de Transportes y el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, por el que se establece que Rodalies de Catalunya permanecerá dentro del Grupo Renfe y la R1 seguirá siendo administrada por la sociedad estatal Adif. La Confederación General del Trabajo (CGT), el Sindicato Ferroviario y Alternativa Ferroviaria se han opuesto al acuerdo y han mantenido convocatorias de huelga para los días 26 de marzo y 1 de abril.

ERC ha exigido que Rodalies de Catalunya se convierta en una empresa adscrita a la Generalitat de Catalunya en un período de dos años, un calendario que el gobierno socialista no ha hecho suyo, lo que ha vuelto a levantar sospechas sobre su intención de posponer esta medida ad calendas graecas, el tipo de maniobra en el que los socialistas son unos consumados especialistas. Por lo pronto, Salvador Illa se ha comprometido a encontrar soluciones “progresivas” a esta situación: ejecutar las inversiones previstas, redimensionar la red y culminar el traspaso del servicio.

Por su parte, el 22 de marzo, coincidiendo con nuevas afectaciones a los servicios de trenes, los usuarios del servicio realizaron concentraciones convocadas con un carácter unitario por las diferentes plataformas de afectados ante varias estaciones (en Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Segur de Calafell, la Garriga, Cardedeu, Molins de Rei y Figueres) para reclamar “un servicio digno”. Se trata de las primeras movilizaciones realizadas por usuarios de los servicios ferroviarios convocadas desde diciembre de 2007, si bien entonces el contenido de la protesta era claramente soberanista, ya que ligaba la exigencia de mejoras en la prestación del servicio al ejercicio de un indefinido “derecho a decidir”, en lo que retrospectivamente se ha considerado como uno de los precedentes del “procés”.

Los ajustados resultados de las primarias no avalan un liderazgo indiscutible de Junqueras, cuyos esfuerzos para integrar a las candidaturas rivales tampoco parecen haber surtido efecto

Tanto ERC como Junts cargaron contra Illa por el estado de la red ferroviaria, y éste se vio obligado a admitir en su comparecencia ante el Parlament en el pleno monográfico sobre esta cuestión del 25 de marzo que Cercanías “no está funcionando”. El presidente de Junts, Carles Puigdemont, lanzó un afilado dardo contra Illa al afirmar que “Cataluña no puede tener un presidente que mientras los trenes no funcionan se va a Madrid para decir que todo funciona bien”, en referencia a la comparecencia realizada poco antes por el presidente de la Generalitat frente a la flor y nata de los empresarios españoles con el fin de calmar los ánimos y celebrar el retorno de la sede fiscal de varias empresas a Cataluña —de manera destacada, la fundación de La Caixa, siete años después de haberla abandonado, como forma de presión contra las iniciativas soberanistas del gobierno del propio Puigdemont—.

El congreso de ERC no cierra del todo las cicatrices

La segunda parte del congreso de ERC había de poner fin, teóricamente, a sus luchas internas, confirmar el liderazgo de Oriol Junqueras y poner al partido en un rumbo que le permita repetir los buenos resultados obtenidos en el pasado. A pesar de haber aprobado la ponencia política con un 90% de los votos y de la retirada de las enmiendas que proponían limitar el alcance de la influencia del presidente del partido (y, por extensión, se entiende, la de Junqueras en esta etapa), y a pesar de los discursos sobre una ERC que deja de estar “acomplejada”, las informaciones que trascendieron en los días inmediatamente posteriores al congreso no parecen corroborar que se haya conseguido ninguno de estos objetivos.

Aunque ERC cuenta con una nueva hoja de ruta —se fija el año 2031, coincidiendo con el aniversario de la fundación del partido, para conseguir una mayoría independentista, sin renunciar a acuerdos puntuales con el PSC para frenar a la extrema derecha—, los ajustados resultados de las primarias no avalan un liderazgo indiscutible de Junqueras, cuyos esfuerzos para integrar a las candidaturas rivales tampoco parecen haber surtido efecto.

El expresidente de la Generalitat Pere Aragonès “votó con los pies”, ausentándose del congreso, en protesta por los métodos de la comisión, presidida por el exdiputado en el Congreso Joan Tardà, que debía investigar las tramas internas del partido, en particular la existencia de una organización paralela que se encargaba de realizar operaciones de propaganda de falsa bandera. En este sentido, cabe destacar que el portavoz de los republicanos en el Parlament, Josep Maria Jové, no compareció para declarar ante esta comisión. Además, el propio Tardà ha puesto en marcha una corriente interna, que se llamará Àgora, para abrir el partido a posiciones no-independentistas, aunque su propuesta fue rechazada en Martorell. También constituirán corrientes internas el resto de candidaturas que concurrieron a las primarias: Nova Esquerra Nacional (NEN), Foc Nou y el Col·lectiu Primer d'Octubre. La llamada financiación singular de Cataluña y la creación de una Hacienda catalana a partir de la Agencia Tributaria de Cataluña seguirán siendo dos de las prioridades de los republicanos a la hora de negociar con otros partidos.

La dirección de ERC ha declarado que el partido no entrará en el gobierno catalán ni apoyará los presupuestos ni en Madrid ni en Barcelona –el gobierno socialista tendrá que prorrogarlos y aprobar un suplemento de crédito, que ha fraccionado para alcanzar los 3.936 millones de euros que considera necesarios– mientras no se materialice el modelo de financiación acordado, si bien el tiempo dirá si, al menos en lo tocante a los presupuestos generales del Estado, se tratará de un criterio político real o de un mensaje más bien destinado a mantener el apoyo de sus bases. Desde los medios se informa de discretas negociaciones entre el PSC, ERC y los comunes para desencallar asuntos pendientes entre las formaciones y mantener el curso de la legislatura catalana estable.

Según algunas estimaciones, ERC ha perdido casi 700.000 votos desde 2019 y ha dejado de ser el partido mayoritario entre los independentistas, sin haberse atraído a votantes que defienden posiciones federalistas. Junqueras querría revertir esta situación. Lo más probable es que no sepa cómo exactamente: el tablero político ha cambiado con la irrupción de AC y los escenarios son, por ahora, mucho menos claros, más cambiantes y menos previsibles. El mayor beneficiario de esta situación sigue siendo el PSC, que busca fiarlo todo a la imagen de buena gestión ante los ciudadanos y los empresarios y sintonía con el ejecutivo central. Su orden, por citar un clásico, estará construido en arena, pero el independentismo no tiene a su disposición, por ahora, mejores materiales de construcción que ofrecer como alternativa.