Fronteras
“¿Se va a poner a trabajar la tierra la señora Nogueras en el lugar de los temporeros de Lleida?”

Registrado el 4 de marzo en el Congreso de los Diputados para su tramitación como Ley Orgánica, el acuerdo PSOE-Junts cruza dos de los aspectos más sensibles del debate político hoy. El primero es el de la propia migración, que da contenido al texto, utilizada como combustible por la extrema derecha y marcado, desde hace décadas en España, por políticas represivas y de mano dura por Gobiernos de todos los colores. El otro eje de debate es el de la descentralización y el horizonte federalizante asumido, a duras penas y por necesidad de aritmética parlamentaria, por el PSOE. El cruce de los dos ejes es especialmente sensible para la izquierda.

Esas circunstancias llevan a la primera característica del momento en el que aparece texto. La velocidad con la que ha sido redactada la propuesta de ley y la celeridad con la que se quiere aprobar en el Congreso, un hecho que contrasta con la lentitud con la que se tramita la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas migrantes, avalada por más de 700.000 firmas, que lleva en los talleres del Parlamentario —actualmente, en la fase de ponencias— desde 2022.

“Si este texto partiera de Donald Trump o de Alternativa por Alemania nos llevaríamos las manos a la cabeza”, denuncia la portavoz de Regularización Ya

Vicky Columba, portavoz de Regularización Ya, llama la atención sobre el segundo aspecto fundamental del texto presentado por la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, y el del PSOE, Patxi López, el pasado martes: “El texto y el espíritu de la Ley Orgánica tiene un contenido racista, supremacista y xenófobo”, denuncia en declaraciones a El Salto. Para Columba, el preámbulo de la ley —donde habitualmente se sitúan las valoraciones políticas de la pertinencia de los cambios legislativos— obedece a un enfoque securitario y criminalizador, “en la línea represiva, de control de fronteras”, explica; “si este texto partiera de Donald Trump o de Alternativa por Alemania nos llevaríamos las manos a la cabeza”.

Hasta la fecha, tres partidos han anunciado que votarán 'no' a la tramitación de la Ley en el Congreso de los Diputados. Los dos de la derecha, PP y Vox, que no cuentan con votos suficientes para tumbarla, han centrado sus críticas en el propio hecho de la descentralización de las competencias y en la creación de asimetrías entre unas comunidades autónomas y otras. El problema, para estos partidos, no pasa por tanto por la posible 'mano dura' hacia las personas migrantes que denuncia la izquierda, sino a quién ejerce el monopolio sobre éstas decisiones.

Únicamente Podemos ha criticado el texto porque, según fuentes de los morados, “sólo hace falta leer la exposición de motivos” para comprobar que el texto “normaliza y legítima el racismo institucional”. Sumar y ERC niegan esta motivación y creen que se debe priorizar las capacidades de autogobierno que transfiere y cómo esto debe llevar a una gestión más eficiente.

Descentralización y soberanía

El martes, cuando fue presentado, Yolanda Díaz, líder de Sumar, aseguró que el acuerdo respeta la normativa y que no se alteran las competencias del Estado en materia de migración, “cuanto mayor cercanía de la competencia es previsible que se gestione mejor”, señaló Díaz.

En declaraciones a El Salto, Gerardo Pisarello, diputado de los Comunes en Madrid (Sumar), abunda en esa aproximación al texto: “Tiene todo el sentido que las administraciones más cercanas a la población puedan participar en la gestión de una cuestión tan relevante como la de las migraciones. Desde ese punto de vista, el acuerdo firmado es mejorable, pero es algo extendido en muchos Estados federales, sobre todo cuando hay territorios que ya tienen reconocidas competencias en materia social, policial o de seguridad”.

Otra formación de izquierdas que ha definido claramente su posición con respecto a este acuerdo es Esquerra Republicana de Catalunya, que votará sí sin escatimar críticas ante el enfoque “tóxico” del debate planteado por Junts sobre la migración en un contexto, el catalán, donde pesa la irrupción en las pasadas elecciones municipales y en las autonómicas de la fuerza de extrema derecha Aliança Catalana.

Gabriel Rufián, explica a este periódico que “como no puede ser de otra manera estamos y siempre vamos a estar y siempre hemos defendido y negociamos diariamente para que Cataluña tenga el máximo de de competencias hasta el punto de tener algún día un estado independiente”. Rufián reclama a Junts que no piense en Silvia Orriols (de Aliança Catalana) cuando reclama estas competencias y defiende que “como partido progresista, independentista, antifascista e integrador, ERC entiende que Cataluña tiene que ser —como siempre ha sido— un país de acogida, que catalán y catalana, son todas las personas que trabajan y que viven en Cataluña”.

En 2015, siendo diputado en el Parlamento catalán, Jordi Turull (Junts) votó una resolución que instaba al cierre del CIE de Zona Franca

Las críticas al acuerdo son claras en Podemos, formación que cree que debajo de las “demandas legítimas de autogobierno”, se esconde un texto racista, que no aborda las cuestiones fundamentales sobre las que inciden los movimientos antirracistas: “No aborda lo que para nosotros hay que hacer: cierre de CIE [Centros de Internamiento para Extranjeros], prohibición de devoluciones en caliente y de redadas con perfil racial o la regularización de la ILP”, señalan fuentes de los morados.

La posición de Sumar, otra vez, difiere de la de sus antiguos socios de coalición. “Lo que me parece inadmisible es oponerse a la descentralización con el argumento de que eso supondría dar alas a la derecha. Como si Junts y Aliança Catalana gobernaran en Catalunya. O como si fuera mejor que todo dependiera del Estado central, donde Vox y el PP podrían volver a gobernar en cualquier momento”, denuncia Pisarello. “Si se descentralizan las competencias en materia de política migratoria, ya nos encargaremos los movimientos sociales y las izquierdas catalanas de batallar para que estas no se ejerzan en un sentido racista o clasista”, defiende.

Izquierda Unida, una de las almas dentro de Sumar, ha detallado por boca de su coordinador Antonio Maíllo que “hay elementos que tienen que ser modificados” en el acuerdo alcanzado y que, en este momento existen “dudas técnicas, dudas legales y también ideológicas”. Los permisos de residencia y los requisitos lingüísticos para obtener a estos son los elementos que la coalición detalla en sus comunicaciones sobre esta proposición de ley.

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El CIE y las competencias ya cedidas

Desde el martes, Junts ha comenzado la labor de zapa para llevar a puerto un acuerdo que se asocia con la posible aprobación de los presupuestos generales para 2025, que va con retraso desde el verano y parece una quimera para el Ministerio de Hacienda. Las críticas de los de Carles Puigdemont en clave Congreso se han dirigido a Podemos, a quienes desde la portavocía parlamentaria de Míriam Nogueras se acusa de votar en la misma clave que Vox. En una entrevista en la Cadena Ser, Jordi Turull, secretario general de este partido independentista, sugirió que el voto a favor de este acuerdo podía ser la llave para el voto de Junts a la iniciativa Regularización Ya. Turull ha retado a Podemos a encontrar cualquier expresión racista en el texto para cambiarla y mover su voto, algo que en este momento en Podemos no se plantean bajo ningún concepto. 

Desde Regularización Ya se insiste en que el preámbulo del texto es racista, según denuncia Vicky Columba, y en que asocia migración con delincuencia, seguridad con deportaciones y cuidados con Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). “A la hora de legislar, derechas e izquierda se olvidan de los derechos humanos, hacen valer su privilegio blanco”, indica esta portavoz. Profundizando en los puntos más conflictivos, Columba denuncia que se toma el control del CIE de Zona Franca —en el que permanece un tercio de los detenidos en estos centros de todo el territorio español— como una “oportunidad de negocio”. 

Desde la organización Tanquem els CIE no se ha recibido el acuerdo como un paso en la mejor dirección: “Nos genera una enorme desconfianza que este acuerdo represente un cambio positivo de la política migratoria, porque se continúa apostando por un discurso basado en la seguridad que criminaliza a las personas migrantes y racializadas, identificando migración con delincuencia, permitiendo y alentado, por ejemplo, las redadas por perfil étnico”, explican a El Salto.

En febrero de 2024, saltó la noticia de que cientos de menores extranjeros dormían en comisarías de Catalunya por la incapacidad de la Generalitat para atender a estas personas

Además, esta organización apela “a la coherencia de todas las fuerzas políticas catalanas que en algún momento se han manifestado a favor del cierre de los CIE. Lo han hecho cuando los CIE y la política migratoria son competencia exclusiva del Ministerio de Interior. Habrá que cumplirlo cuando la competencia sea de la Generalitat”.

En 2015, siendo diputado en el Parlamento catalán Turull, Convergència i Unió, el partido al que pertenecía y que da origen —en cierto modo— al actual Junts, votó una resolución que instaba al cierre del CIE de Zona Franca, pero hoy ese posicionamiento no parece tan claro. Una década después, Turull parece abierto a mantener la posibilidad de cierre como una baza para la negociación, pero ya ha especificado que deberá haber una alternativa.

Columba manifiesta su enfado y subraya un hecho. La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) ya tiene cedidas las competencias de la gestión de la población infantil y adolescente migrante, y el resultado no ha redundado en mayores garantías. Al contrario, denuncia esta activista. En febrero de 2024, saltó la noticia de que cientos de menores extranjeros dormían en comisarías de Catalunya por la incapacidad de la Generalitat —entonces dirigida por ERC— para atender a estas personas.

En 2023, un informe de Aprodeme explicaba que la propia DGAIA había reconocido 130 agresiones en un año en los tres centros que gestiona directamente, que son solo una décima parte de los centros que hay en Catalunya, la mayoría de gestión privada. Hace solo dos meses, se produjo una denuncia periodística por un presunto caso de corrupción en el seno de esta dirección general. A juicio de Columba, esto indica que la descentralización no cumple con su objetivo de más eficiencia y de mejor gestión y para muestra, explica, la gestión sanitaria de CiU en el pasado basada en la privatización ha convertido a Catalunya en el tercer territorio con peor atención sanitaria, después de Madrid y Murcia.

La cesión de competencias en materia de migraciones, señala Columba, no crea las condiciones de cercanía que se defiende desde los partidos, sino que, a tenor de la experiencia con decenas de municipios, los problemas permanecen y, en ocasiones se incrementan.

“Hay 35 ayuntamientos que no empadronan gente que tiene pasaportes”, denuncia esta activista, que se hace eco de una investigación de entidades sociales como la Lafede.cat, Entidades Catalanas de Acción Social, que señaló en mayo de 2023, cómo ayuntamientos como los de Terrassa, l'Hospitalet, Lleida, Badalona, Sabadell, Tarragona o Reus, algunos de ellos dirigidos por el PSC, dilataban o negaban el proceso de padrón, cerrando así la puerta a derechos como la asistencia de servicios sociales, la sanidad o la educación pública. Desde la llegada de Jaume Collboni (PSC) al ayuntamiento de Barcelona, las condiciones para el empadronamiento también se han endurecido, tal y cómo han señalado distintas ONG y, según denuncia Vicky Columba, se han incrementado las redadas en los parques donde duermen los sin hogar. “Lo que tienen descentralizado lo incumplen”, denuncia esta activista.

La cuestión lingüística

Uno de los aspectos en los que ya se han producido los primeros roces entre PSOE y Junts tras la firma del acuerdo tiene que ver con el conocimiento del catalán que los solicitantes de permisos deberán acreditar para optar a los mismos. Una idea que Nogueras ha defendido desde la presentación del texto: “Se va a pedir que la lengua sea un requisito, claro que sí”, aseguró en una entrevista en la televisión pública.

El Gobierno, a través de la ministra de Seguridad Social Elma Saiz ha corregido esa idea, recordando en una entrevista en Onda Cero que “la lengua no es un requisito para denegar un permiso, para expulsar o prohibir la entrada a una persona en nuestro país”.

Para Pisarello, Junts está “jugando con el marco” de la lengua, pero “no van a ir más allá”, a sabiendas de que en casi ningún trabajo es obligatorio el conocimiento de un idioma para optar a él. En todo caso, este diputado cree que es legítimo debatir sobre el “vínculo entre política migratoria y política lingüística en un Estado plurinacional y plurilingüe”.

Columba denuncia la falta de recursos para el aprendizaje de la lengua que va asociado a la solicitud de arraigo social. Este tipo de informe, que es imprescindible para la solicitud de un permiso de residencia, requiera una acreditación de 45 horas de lengua catalana básica, pero en la práctica no hay recursos gratuitos para realizar esta formación, explica la portavoz de Regularización Ya. “¿Le van a pedir examen de catalán a los migrantes en Lleida o se va a ir a trabajar la tierra la señora Nogueras?”, concluye Columba.

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