Infancia migrante
El Gobierno aprueba la distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sacado adelante esta tarde una nueva propuesta sobre la redistribución de menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas. Lo ha hecho en el Consejo de Ministros, a través de una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y tras asegurarse los apoyos de Junts. El apoyo de los independentistas catalanes tiene como contexto el reciente acuerdo entre PSOE y Junts acerca de la cesión de ciertas competencias en materia de cuestiones migratorias. La medida se votará en un plazo máximo de 30 días el Congreso y será entonces cuando la distribución de los menores se haga efectiva.

Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias.

No se puede fomentar la inmigración irregular masiva.

Este lamentable acuerdo se llevará a tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos… pic.twitter.com/0Lt9Xlsjoc

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 18, 2025

Las comunidades donde gobierna el PP no solo han mostrado el rechazo a la medida, sino que ya algunas de ellas, como Madrid o Aragón, han advertido que recurrirán el decreto en el Tribunal Constitucional. En sus redes sociales, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al ejecutivo de Sánchez de “fomentar la inmigración irregular masiva” y de usar a los menores migrantes no acompañados como “arma política”. También ha asegurado que llevará el decreto-ley a los tribunales y a la UE y ha calificado la medida de “lamentable”.

Un acuerdo vinculante por el que las comunidades deberán acoger a los menores migrantes

Este real decreto permitirá el traslado de unos 4.400 menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en Ceuta y en las islas Canarias. El reparto se hará en base a diferentes criterios, como el número total de población, la renta y el desempleo medio, el sistema de plazas, la insularidad o el compromiso de acogida durante los últimos años, entre otros. A este último respecto, Madrid y Andalucía son dos de las comunidades que más menores migrantes no acompañados deberán acoger, según las primeras estimaciones. El Gobierno ha dado de plazo hasta el 31 de marzo para que las distintas comunidades autónomas den las cifras definitivas de los menores migrantes no acompañados que tienen acogidos y que detallen el número de plazas estructurales con las que cuentan en sus centros.

Madrid y Andalucía son dos de las comunidades que más menores migrantes no acompañados deberán acoger, según las primeras estimaciones

En una nota de prensa enviada a primera hora de la mañana por Junts, se asegura que “el reparto se realizará entre aquellas comunidades autónomas que hasta ahora no hayan acogido o hayan realizado un esfuerzo mucho menor en comparación con el esfuerzo que ha realizado Catalunya”. Hasta el momento, esta comunidad autónoma y el País Vasco son las que han llevado a cabo más acogidas.

El acuerdo vinculante de repartición de los menores migrantes lleva siendo una de las demandas de los últimos meses de organizaciones por la defensa de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, que precisamente este martes ha publicado el informe A día de hoy no tengo nada. Además de la petición de una medida eficaz y efectiva sobre la repartición de los menores que llegan a territorio español, la organización exige al Gobierno más inspecciones en los centros de acogida y un mayor esfuerzo en la coordinación de tareas para garantizar el respeto de los derechos de los menores. Califican el sistema de acogida de “saturado”. Esta situación no es nueva: desde hace meses el sistema de citas en extranjería para tramitar el asilo y la residencia está colapsado, lo que ha originado un mercado de compraventa de citas gestionado por unos pocos.

En el informe, la organización también destaca la necesidad de “contratar personal con la formación adecuada para tratar con menores” y “hacer frente a la saturación que acusan los centros”. También pone en ojo en las denuncias “por presuntos malos tratos y abusos contra menores no acompañados, entre las que se incluyen castigos excesivos, entre ellos el aislamiento o la ralentización en los trámites relativos a documentación o escolarización en algunos de los centros, requieren una respuesta estatal y autonómica”.