Análisis
Clavijo repite errores del pasado: la acogida de menores migrantes no puede ser externalizada

Ben Guerir es una ciudad de 90.000 habitantes en el interior de Marruecos, a 45 minutos de tren de Marrakech. El calor seco del verano se alterna a temperaturas que en invierno pueden llegar a los cero grados. Hasta los anos 60, su economía se centraba esencialmente en la agricultura. Luego, el descubrimiento de yacimiento de fosfatos llevó a las autoridades marroquís a desarrollar explotaciones mineras, que empleaban a buena parte de la población local. Actualmente, el gobierno marroquí busca diversificar la economía de la ciudad a través de proyectos de innovación tecnológica, como la apertura de una universidad privada en 2013.

Es a este pequeño centro urbano que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se dirigió la semana pasada en su última visita oficial a Marruecos. Iba acompañado por un grupo de  'más de 30 científicos, expertos canarios, emprendedores’, que se reunieron con las autoridades marroquís en unas jornadas sobre desarrollo e innovación. La visita de Clavijo a Marruecos se enmarca en el contexto de las continuas llegadas de menores migrantes a las costas canarias, y de una evidente crisis política que ve a España incapaz de alcanzar una estrategia nacional para la gestión de la acogida de la infancia en movimiento de manera coherente con las legislaciones vigentes.

Tras el fracaso de las iniciativas para repartir la tutela de los menores migrantes, Canarias emprendió una serie de opciones confusas y controvertidas para gestionar la crisis de la acogida

Fracasos políticos en la gestión de la acogida

El aumento del control migratorio en la parte norte de Marruecos en los últimos cuatro años ha desviado el flujo migratorio hacia Canarias. La Comunidad Autónoma tutela alrededor de 6.000 menores, con capacidad para acoger solamente a 2.000. Clavijo había puesto mucha expectativa sobre la posible reforma de la ley de extranjería, que habría obligado las otras comunidades autónomas a asumir la tutela de un porcentaje de los menores llegados a Canarias, Ceuta y Melilla. Sin embargo, la oposición del Partido Popular y de Junts hizo fracasar el voto en el Pleno el pasado mes de julio, y la proposición de ley no salió adelante.

Tras el fracaso de las iniciativas para repartir la tutela de los menores migrantes, Canarias emprendió una serie de opciones confusas y controvertidas para gestionar la crisis de la acogida. Primero, intentó imponer un protocolo que prohibía a las entidades de protección acoger a menores migrantes sin autorización expresa de la Comunidad Autónoma. Este intento, sin embargo, fue rápidamente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al ser incompatible con la Ley de Protección Jurídica del Menor, que garantiza la protección inmediata y automática de cualquier menor en situación de desamparo, sin importar su origen o nacionalidad.

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Hace más de veinticinco años que el Estado español busca mil y una maneras de evitar la llegada de la infancia y la adolescencia que trata de migrar a la península.

El dialogo con Marruecos sobre la repatriación de los menores

Con su visita a Marruecos, Clavijo ha intentado abordar el problema mediante un diálogo exterior con los países de origen de los menores migrantes para trasladar la acogida fuera de Canarias. El viernes, el presidente declaró haber discutido con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Bourita, así como con representantes de la OIM y el ACNUR, la posibilidad de trasladar a los menores tutelados a centros en Marruecos. Este enfoque refleja una estrategia de deslocalización de la responsabilidad de acogida que no sólo ignora los principios de protección infantil, sino que pone en duda el compromiso con los derechos fundamentales de los menores migrantes, alejándose de las obligaciones legales de España hacia la infancia en situación de vulnerabilidad.

Clavijo se ha apresurado a especificar que estas no serían repatriaciones, ya que la tutela la seguiría manteniendo Canarias. Sin embargo, estas declaraciones no tienen amparo ninguno en la ley de extranjería o en la ley de protección jurídica del menor españolas. La Ley de Extranjería no recoge esta opción, y solo contempla la reagrupación familiar o la reagrupación al sistema de protección del país de origen como medidas para trasladar el menor fuera del país de tutela. Ambas opciones se pueden llevar a cabo solamente si un juez establece, tras un análisis individualizado del caso, que estas medidas cumplen con el interés superior del menor. Eso quiere decir que se ha averiguado que volver a Marruecos sea la mejor opción para el desarrollo físico y emocional del menor. Esta situación, tras un análisis individualizado del caso, no se da en la gran mayoría de los menores no acompañados.

Los errores del pasado

Además, es curioso que Clavijo haya elegido Ben Guerir para su visita. Esta ciudad, de hecho, alberga a un complejo social construido a mitad de los años 2000 para albergar a menores marroquís tutelados por la Comunidad de Madrid y repatriados a Marruecos. El centro fue financiado por la Unión Europea, en el marco de un proyecto del coste de tres millones de euros dentro del cual se habilitaron dos otros centros (uno en Tánger, y otro en Tleta Taghramt, cerca de Ceuta) para cumplir el mismo fin. En la misma época, España financió la construcción de otros dos centros, uno en El Aroui, cerca de Melilla, y otro en Fqih Ben Salah, a unas tres horas de Casablanca, para acoger a menores repatriados. La construcción de los dos complejos, por un coste de 2.7 millones de euros, fue gestionada por la OIM.

Este plan fue un fracaso político y financiero. Ninguno de estos centros se utilizó nunca para alojar a menores marroquís repatriados desde España. La voluntad política de repatriar a menores migrantes tuvo que chocarse con la realidad jurídica española, que, como dijimos, determina que un menor solamente puede ser repatriado a su país de origen si esta medida cumple con su interés superior.

Desde luego, todos los centros fueron destinados a otra función. El centro de Benguerir, por ejemplo, ahora dispensa cursos de formación profesional y funciona de internado para los alumnos procedentes de aldeas de la región poco servidas por infraestructuras y transporte. El centro de Taghramt, por otro lado, queda en estado de completo abandono. Eso demuestra que, aunque Canarias siguiera adelante con su intención de explorar la repatriación como solución a la crisis de la acogida de los menores migrantes, el plan sería un fracaso político, legal y financiero. Irónicamente, el mismo ministro Naser Bourita subrayó que la voluntad de Marruecos de acoger a los menores no incide sobre las obligaciones legales de España en asegurar el interés superior de los menores migrantes bajo su tutela.

España tiene que hacerse cargo de estos menores, solucionar sus contradicciones políticas internas y buscar una solución a la crisis de la acogida que sea respetuosa de los derechos de la infancia migrante

Canarias no ha sido la única en intentar recurrir a la repatriación de menores al país de origen a lo largo de los últimos treinta años. En los primeros años 2000, Ceuta y Melilla abogaron por la construcción de centros en Marruecos para acoger a menores migrantes, y llegaron a reunirse con asociaciones marroquís ubicadas en distintas zonas del país para explorar la opción. En 2017, Alemania consideró construir dos centros en Marruecos por un coste operativo de un millón de euros al año para alojar a menores repatriados. Ninguno de estos centros llegó a materializarse. En 2020 Francia firmó un acuerdo con Marruecos para agilizar el retorno de los menores migrantes, tal y como lo hizo España en 2003. A pesar de la rentabilidad política que estos protocolos tengan entre la derecha y la ultraderecha europea, estas actuaciones persisten ignorando lo que es patente: que, tras un análisis individualizado de cada caso, el retorno al país de origen no es una medida respetuosa del interés superior de la gran mayoría de los menores migrantes tutelados en España, y por lo tanto no puede ser ejecutada.

Clavijo tiene que aprender de estos fracasos políticos y hacer cuentas con la realidad: que el respeto de los derechos de los menores que migran solos a España es incompatible con la repatriación masiva o la externalización de su protección a los países de origen. España tiene que hacerse cargo de estos menores, solucionar sus contradicciones políticas internas y buscar una solución a la crisis de la acogida que sea respetuosa de los derechos de la infancia migrante.