Agricultura
Etiquetados engañosos: los melones se vuelven españoles al cortarlos por la mitad

Con la llegada de la nueva campaña de la fruta de verano, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) vuelve a denunciar “graves incumplimientos” en el etiquetado de frutas en los supermercados. Según su testimonio: “Se vulnera de nuevo la norma de etiquetado vigente, ya que no se refleja el origen correcto del producto a la venta, afectando a su trazabilidad y posibilitando el engaño a quien consume, que no tiene elementos fiables para tomar sus decisiones de compra”.

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España está en estado de sequía meteorológica desde enero de 2022. El campo necesita agua, pero la previsión es que no llegará a tiempo en un país donde las afecciones de la crisis climática se recrudecen.

En concreto, COAG ha barrido varios supermercados andaluces para constatar cómo se ponen a la venta melones y sandías importados en los que no se precisa el origen o bien que al ofrecerse en mitades o cuartos cambian sorprendentemente de origen. Y aportan recursos gráficos de cómo la misma marca vende piezas partidas de supuesto origen nacional frente a frutas enteras de importación. “Esto son nuevos ejemplos de falta de fiabilidad y preocupación por los clientes, con actuaciones que no son anecdóticas y vuelven a poner en tela de juicio la supuesta priorización de la producción nacional de muchas de estas compañías y la trazabilidad de los productos”, recalcan.

No es la primera campaña en la que acontece algo así y por eso COAG exige a la distribución comercial que “cumpla con la normativa actual de etiquetado en la venta de frutas y hortalizas al consumidor y no juegue con el origen de los productos”. “Este tipo de movimientos forman parte de la clásica estrategia de supermercados e hipermercados en el inicio de nuestra campaña de fruta de verano: entrada masiva de importaciones para presionar de forma artificial los precios a la baja”, insiste el responsable estatal de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora.

COAG también llama a las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos a “realizar inspecciones exhaustivas, inmediatas y especificas sobre esta situación”, así como la imposición de sanciones correspondientes por estos supuestos incumplimientos.