Abusos a la infancia
Piden al Senado investigar los abusos intrafamiliares y el uso del caso Infancia Libre para quitar custodias

Las asociaciones Alanna y Madres Protectoras acuden a la Cámara Alta un año después de hacer la misma petición al Congreso, que no ha respondido a su solicitud. Requieren atención a los abusos sexuales intrafamiliares a niños y niñas.
Barnahus Casa Niños Suecia 1
Sala de una 'barnahus' en Suecia, donde existen equipamientos especializados para atender a víctimas de abusos sexuales en la infancia. Ferran Martí | Save the Children

Las organizaciones Alanna y Madres Protectoras han pedido al Senado una comisión que investigue y repare los abusos sexuales intrafamiliares, una petición que hacen después de no obtener respuesta por parte del Congreso, donde se dirigieron en marzo de 2022 para solicitar una comisión en los mismos términos.

La petición al Senado fue formalizada el 31 de enero, pero el viernes 10 de marzo las impulsoras registraron una ampliación de su escrito de solicitud después de que el 3 de marzo se conociera cómo el exnúmero dos de Interior con el PP, Francisco Martínez, mantuvo conversaciones de WhatsApp con el inspector Pedro Agudo que muestran el intento de vincular a María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, con Podemos, tal y como revelaba Público.

La ampliación del escrito de solicitud de la comisión pide investigar en cuántos casos se ha utilizado la supuesta pertenencia a Infancia Libre para proceder a una retirada de custodia o perjudicar a las madres

Estas conversaciones de WhatsApp, incorporadas a la causa Kitchen, mostrarían cómo la Unidad Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla, con Agudo al mando, trabajó en elaborar un informe para inculpar a un grupo de madres que estaban inmersas en procesos judiciales tras denunciar abusos sexuales por parte de los progenitores a sus hijos, a quienes esta unidad policial comenzó a investigar como integrantes de una trama organizada para denunciar en falso, algo que detalló en un informe lleno de contradicciones que la Fiscalía rechazó investigar. La ampliación del escrito solicita investigar en cuántos casos se ha utilizado la supuesta pertenencia a Infancia Libre para proceder a una retirada de custodia o se ha usado la supuesta vinculación con Infancia Libre para perjudicar a los niños o niñas y sus madres.

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La ampliación de la solicitud al Senado incluye el comunicado del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (MESECVI) y de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, en el que expresan su preocupación por el uso ilegítimo de la figura del Síndrome de Alineación Parental (SAP) contra las mujeres y que se une al del 9 de diciembre de 2021, cuando la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias y el Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres  y las niñas (CEDAW), el relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, afirmaban que han observado un patrón estructural en el sistema judicial español que desprotege a los niños y a las niñas, donde detecta un sesgo discriminatorio contra las mujeres a través de la aplicación del acientífico Síndrome de Alineación Parental (SAP), y que el sistema judicial maltrata a estas víctimas, en lugar de protegerlas.

Las dos organizaciones que impulsan la petición de esta comisión tienen el apoyo de la Federación de Mujeres Progresistas, Mujeres Criminólogas (MUCRIM), la Federación de Mujeres Jóvenes y Federación Clara Campoamor, y solicitan que se investigue “el funcionamiento de los sistemas de protección de la infancia en casos de abuso sexual infantil, intrafamiliar y especialmente paterno, sus fallos y reparación inmediata de las víctimas criaturas y madres, pues las consecuencias de la inoperancia en esta materia sobre las niñas niños y sus madres son terribles”. Más de un centenar de organizaciones, entre ellas la asociación de juristas Themis y algunas internacionales —de Argentina y Uruguay—, apoyan esta solicitud. 

Las organizaciones que piden esta comisión de investigación al Senado recuerdan que la Ley de infancia contiene medidas para frenar la aplicación de estereotipos a través del uso del SAP

Las organizaciones que piden esta comisión de investigación recuerdan que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia aprobada hace seis meses contiene medidas para frenar la aplicación de estereotipos contra la infancia asociados a la aplicación del SAP. Además, recuerdan que, según el Sistema de Registro Unificado de Maltrato Infantil, en el 2021 constan 3.206 notificaciones de abuso sexual infantil y que en 2020 se denunciaron 5.685 agresiones sexuales a menores de edad —datos que subrayan estas organizaciones, ya que entienden que se estarían notificando solo la mitadmientras que el Instituto Nacional de Estadística indica la existencia de sólo 738 condenas por agresiones a menores de 16 años, lo que, calculan las organizaciones, significa que hay un 87,019% de criaturas desprotegidas.

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