Vacunas
¡Liberen las patentes! Vacunas para todas

Hoy 7 de abril se celebra el día mundial de la Salud. Un 7 de abril marcado por los efectos de la pandemia y con las estrategias de vacunación mundial en entredicho. Aunque en apenas un año se han desarrollado vacunas con umbrales de inmunización elevadísimos -en total se han contabilizado 269 en desarrollo-, estamos aún lejos de una respuesta colectiva a un problema mundial.

Hasta ahora, todos los llamamientos a la solidaridad, a la cooperación y a la necesidad de convertir las vacunas contra el covid-19 en bienes públicos han quedado sepultados en el interés de los de siempre. “Es el mercado amigo” que diría Rodrigo Rato, en este caso el mercado de las vacunas. Un ejemplo: La Organización Mundial de la Salud (OMS) creó en marzo del año pasado el C-TAP, un mecanismo ideado para compartir información y conocimientos científicos sobre el coronavirus. A día de hoy no se ha adherido ni una empresa farmacéutica. Otro: en torno al 85% de las vacunas se ha suministrado en países ricos.

Pero haríamos bien en no equivocarnos y errar en el análisis. El diagnóstico es compartido: qué malas son las farmacéuticas, ya están de nuevo intentando ganar dinero con la salud de las personas. Y en cierto modo es así, maximizar beneficios está en su ADN como empresas privadas que son. Lo que no es de recibo, sin embargo, es que los poderes públicos permitan el lucro y el beneficio en mitad de una pandemia. La financiación pública directa e indirecta de las vacunas debería haber actuado como blindaje para que los tratamientos fuesen declarados como bienes públicos. Es evidente que la Comisión Europea, con el apoyo de todos y cada uno de los gobiernos de los Estados miembros, incluido España, no ha tomado las medidas necesarias para proteger el interés general frente al monopolio de las patentes. Por no hablar del bochornoso espectáculo, que continúa, de la publicación de los contratos o los incumplimientos en las entregas.

No puede ser que la investigación puntera sea pública, que las universidades donde se desarrollen los y las mejores especialistas sean públicas y luego sean las empresas privadas quienes controlen el acceso a los medicamentos.

A medio plazo, no debemos olvidar la ausencia total de un mecanismo público a nivel europeo que se enfrente a situaciones como la que estamos viviendo. No puede ser que la investigación puntera sea pública, que las universidades donde se desarrollen los y las mejores especialistas sean públicas y luego sean las empresas privadas quienes controlen el acceso a los medicamentos. Es urgente plantear la necesidad de una farmacéutica pública a nivel europeo y reforzar el papel de la OMS ante la debilidad evidente que está demostrando.

En un símil muy bien traído del experto en salud pública y componente del comité español del Right2Cure, Fernando Lamata, no es posible que consideremos como algo justo y realizable que para mejorar el acceso al agua de la población o construir una infraestructura vital para una sociedad como un hospital se puedan expropiar viviendas o fincas de muchas personas (incluso sepultar bajo el agua de un nuevo pantano pueblos enteros) y ante una pandemia a los gobiernos les tiemble el pulso en suspender las patentes en nombre del interés general.

Los gobiernos europeos, incluido el de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, tienen la oportunidad de utilizar las herramientas jurídicas a su alcance para frenar la actual política de patentes, que lo único que está generando son problemas en la distribución y la producción de vacunas, así como una desigualdad manifiesta. Por ejemplo, mediante la suspensión temporal de las patentes en las vacunas de la UE, o apoyando la propuesta de India y Sudáfrica en la OMC para suspender las patentes en las próximas reuniones del ADPIC (Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio).

Desde la sociedad civil española y europea se ha lanzado la iniciativa ciudadana #Right2Cure, que lucha por conseguir un millón de firmas con las que promover un cambio en la política de patentes que actualmente defiende la Comisión Europea. En esa lucha están los sindicatos UGT, CCOO, Intersindical y CIG; entidades como Farmamundi y Medicusmundi; la Coordinadora Estatal de ONGD; la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública; la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos; y muchos activistas de la salud pública. Cada día somos más entidades, personas y colectivos, también más voces, que se plantean que liberar o suspender las patentes es algo de sentido común. Ahí están los recientes pronunciamientos del director general de la OMS, el de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el de Fernando Simón y el de dirigentes como el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, o la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.