València
Querella por el asesinato franquista de Juan Canet en Paterna: “Alguien la tiene que pagar en esta casa”

Juan Canet fue asesinado cuando solo tenía 24 años, en octubre de 1941, durante la etapa más dura de la represión franquista. Canet era un jornalero sin afiliación política, procedente de una familia muy humilde y que, tal y como denuncia su sobrina nieta, Patricia Canet —quién impulsa la querella presentada— fue ajusticiado sin haber cometido ningún tipo de delito.

“Juan tenía dos hermanos y una hermana, su hermano Enrique era un sargento republicano, su otro hermano se exilió en Francia tras la guerra, y la hermana fue esclavizada por la ideología franquista”, relató ayer su sobrina nieta en la presentación de la demanda. Canet asegura que fue una “venganza vecinal” y explica que, ante la imposibilidad de atrapar a sus dos hermanos, un fascista local se presentó en el domicilio familiar y sentenció: “Alguien la tiene que pagar en esta casa”.

“Lo calificamos de desaparición forzada por que lo tiraron a una fosa común, sin comunicar ni siquiera a la familia dónde estaba”, explica Patricia Canet

En el juicio sumarísimo, su tío abuelo fue acusado de “adhesión a la rebelión” y de participar en el asesinato de un cura de Cullera, algo que su sobrina nieta desmiente tajantemente: “Es mentira, porque en todos los expedientes de todos los familiares con los que he podido hablar se acusa a los fusilados de asesinar a un cura. Sabemos que los juicios no tenían ninguna garantía y menos las acusaciones", aseguró.

“Lo calificamos de desaparición forzada por que lo tiraron a una fosa común, sin comunicar ni siquiera a la familia dónde estaba”, explica Patricia Canet. De hecho, el cuerpo aún no ha aparecido, todo y que pensaban que iba a estar en una de las fosas que ya se han exhumado en el cementerio de la localidad valenciana. “En la fosa se suponía que habían trece cuerpos, pero solo aparecieron tres”, señala Canet.

“La intención de presentar esta querella es porque me gustaría reivindicar que el franquismo sociológico ha hecho todos los esfuerzos, en sus brazos judiciales, políticos, educativos y religiosos, para que no estemos aquí denunciando, pero aquí seguimos, lo que en sí ya es una victoria”, explica emocionada Canet.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la que ha estado acompañada por Aràdia Ruiz, abogada de la Cooperativa El Rogle y redactora de la querella, Lucila Aragó, en representación de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAQUA). En el acto también se encontraba la diputada del PSPV Mercedes Caballero, y la de Compromís, Isaura Navarro.

Los argumentos jurídicos de la demanda

Aràdia Ruiz ha indicado que en la querella rebaten los argumentos que hasta ahora mantiene la judicatura española justificando la no admisión a trámite de otras demandas. La abogada ha explicado que rebaten los argumentos desde el derecho internacional de derechos humanos y las recomendaciones de la ONU de que se investiguen los crímenes franquistas.Ha manifestado que el objetivo no es sentar a nadie en el banquillo, sino que “se haga un relato de la verdad judicial y se digan nombres y apellidos de quienes deberían estar en el banquillo. Con la legislación sería posible pero no quieren”, ha lamentado.

Uno de los argumentos esgrimidos por la judicatura para rechazar las querellas, es que en el momento de los hechos, los crímenes de lesa humanidad no estaban tipificados como delito en el régimen franquista, algo que la letrada rebate, aludiendo a que cuando tuvieron lugar los crímenes, pese a lo que dice la judicatura, el estado español estaba adherido al derecho internacional y a los Convenios de la Haya, con lo que “sí había una ley que tipificaba esos crímenes de lesa humanidad”.

Así, ha explicado que al tratarse de crímenes de lesa humanidad, “nunca prescriben”, “pero el problema es que la judicatura dice que no fueron así, sino crímenes aislados”, ha lamentado. La abogada ha indicado que el discurso judicial es desesperanzador pero “están pasando cosas en los últimos años” y “parece que el muro de la impunidad se comienza a abrir por el caso, por ejemplo, de Carolina, una familiar de un fusilado en Paterna a la que un juzgado citó a declarar”. Luego se anuló la declaración porque se estaba pendiente de una documentación y esta decisión se ha recurrido. “Tiene sentido seguir interponiendo querellas”, ha subrayado.