València
Suspendida “sin explicación jurídica” la primera declaración por desaparición forzosa del franquismo

Lo que iba a significar un nuevo hito en la lucha por la verdad, la dignidad y la reparación de las víctimas del franquismo ha quedado suspendido en el tiempo por una decisión judicial de última hora. Carolina Martínez estaba llamada a acudir a los juzgados de Paterna este 20 de febrero para testificar por el asesinato y desaparición forzada de su abuelo, José Manuel Elías Murcia Martínez.

Jornalero de profesión, terminó fusilado y enterrado en la fosa común número 94 del cementerio de dicha localidad valenciana el 6 de noviembre de 1939. Murió con 47 años sentenciado a pena de muerte por adhesión a la rebelión, según el tribunal franquista y militar que le condenó por haber sido concejal del PSOE en Ayora durante la Segunda República.

“Ya vimos lo que sucedió con Julio Pacheco, que denunció torturas en Madrid, que llegó a declarar pero después archivaron el procedimiento”, recuerda Aradia Ruiz, abogada del caso e integrante de la Cooperativa El Rogle

El juzgado de instrucción número 5 de Paterna instruye este caso en el que, según lo previsto hasta apenas 24 horas antes de la declaración, sería la primera testificación ante la justicia española de una familiar de una víctima de desaparición forzada durante el franquismo. “Recibimos la noticia con mucha alegría, por fin Carolina podría dignificar la historia de su abuelo, incluso saber si había responsables”, cuenta Aradia Ruiz, abogada del caso e integrante de la Cooperativa El Rogle.

Esta integrante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) afirma que no guardaba demasiada expectación sobre el recorrido del caso. “Ya vimos lo que sucedió con Julio Pacheco, que denunció torturas en Madrid, que llegó a declarar pero después archivaron el procedimiento”, recuerda. Sin ir más lejos, también a Pacheco le anularon su comparecencia en los juzgados a última hora.

Declaración cancelada a última hora

Ahora, Raquel Tribaldos Cuallado, magistrada del juzgado que instruye la querella interpuesta por Carolina en mayo del año pasado, ha decidido paralizar su declaración “sin ningún tipo de explicación jurídica”, denuncia la letrada. Ruiz explica que en la querella solicitaron tanto la declaración de la propia Carolina como dos informes, uno de ellos de Arqueantro, la sociedad de ciencias encargada de la exhumación realizada en 2018, y otro del Archivo Histórico Nacional.

“Ha suspendido la declaración a la espera de estos dos informes, cuando no es necesario para escuchar a Carolina en sede judicial. Estamos en una fase de instrucción, de investigación, y la jueza puede tomarle testimonio sin necesidad de esperar a que lleguen los informes”, ha añadido la abogada. Además, ha recalcado que según la información que le ha aportado Arqueoantro, su informe sí que está enviado al juzgado.

Víctimas de la fosa de Paterna se querellan por desaparición forzosa

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CEAQUA presenta una nueva demanda judicial en la que cuatro víctimas del franquismo alegan que el asesinato de sus familiares fueron crímenes de lesa humanidad.

La letrada tiene esperanzas en que una vez que lleguen estos documentos el proceso continúe como estaba establecido y que Carolina pueda relatar cómo el franquismo detuvo y asesinó a su abuelo. De todas formas, no las tiene todas consigo: “La jueza nos comunica que una vez haya recibido los dos informes, acordará lo procedente, así que no es seguro que nos cite”.

Ante tales hechos, Ceaqua ha denunciado que “Carolina Martínez hoy ha vuelto a ser revictimizada porque la esperanza de poder acercarse a la justicia se debilita, el ejercicio de reparación que para ella supondría exponer ante una jueza lo que ha representado para ella y los suyos el asesinato de José Manuel Elias Murcia Martínez se aplaza”.

Su abuelo, concejal del PSOE durante la Guerra

Carolina, a sus 70 años, se muestra algo desconcertada tras lo sucedido. Todavía rememora cómo se fue aproximando a este pasaje de la historia familiar que les ha marcado generación tras generación: “De pequeña yo dormía con mi abuela, Carolina Ródenas Ortiz, porque no era muy grande la casa, y ahí por las noches me iba diciendo algunas cosas. Yo le preguntaba que por qué no estaba el abuelo, y ella me decía que no podía estar con nosotros”. Siempre supieron que su cuerpo estaba en alguna fosa del cementerio de Paterna, considerado como “el paredón de España”, ya que en él se fusilaron a 2.238 personas llegadas desde 191 pueblos del País Valencià. Uno de ellos era José Manuel Elías Murcia Martínez, abuelo de Carolina.

De profesión jornalero, José Manuel era concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Ayora, en Valencia, cuando estalló la Guerra Civil. También formaba parte de la UGT y de la cooperativa agrícola del pueblo. Nada más terminar la contienda, le detuvieron. El 30 de junio de 1939 se enfrentó al juicio sumarísimo y militar que le condenó a la pena de muerte por adhesión a la rebelión. “Yo ni siquiera sé qué significa eso, solo sé que era concejal del PSOE y estaba en la UGT”, apuntilla su nieta. Tras unos meses en la cárcel, el 6 de noviembre de 1939 le fusilaron en el cementerio de Paterna, arrojado a la fosa número 94 junto a 38 personas más.

La exhumación de una fosa con 38 cuerpos, paralizada por “inacción judicial”

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La Asociación Científica ArqueoAntro, a cargo de los trabajos de exhumación desde el 2 de marzo, compareció ante el juzgado tras encontrar una quincena de cuerpos "con traumatismos y evidencias de violencia".

En el recuerdo de Carolina queda el ímprobo esfuerzo del enterrador de Paterna, Leoncio Badía, que siempre ayudó a todas las mujeres que se acercaban al cementerio a intentar saber sobre el destino de sus padres, hijos, maridos, hermanos. “Mi abuela siempre dijo que estaba en la fosa 94, pero todo eran habladurías, no sabíamos nada con seguridad”, reitera Carolina.

Hechos de la historia que se tienen que denunciar

Tras años de silencio y miedo, la nieta de José Manuel comenzó a hablar. Se juntó con otras familiares en su misma situación, y en mayo de 2024 se decidió a interponer esta querella. Para entonces, los restos de su abuelo ya habían sido exhumados, en 2018, e inhumados en Castellón en 2021 tras ser identificados genéticamente.

Minutos antes de conocer la suspensión de la declaración, Carolina afirmaba que se sentía algo nerviosa y asustada por ser la primera familiar de una víctima directa de la represión franquista por desaparición forzada que iba a ser escuchada en un tribunal español. “El daño que causaron se tiene que denunciar. Yo solo quiero saber toda la verdad. Somos familias que han luchado mucho. Los asesinos de mi abuelo vivieron muy bien durante décadas, pero nosotros hemos sufrido el miedo, la miseria, muchas desgracias, y cuando te vas haciendo mayor te das cuenta de que todo esto hay que denunciarlo”, concluye.

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Una exhumación va más allá de desenterrar huesos. Se necesita un equipo de expertos y meses de trabajo para identificar las víctimas del franquismo.

Cuestión de voluntad judicial

Ruiz, su defensora, más allá de la paralización del testimonio de Carolina, considera que la judicatura no tiene motivos para no investigar los crímenes del franquismo. En su querella presentada, como en tantas otras, se contrargumentan uno por uno los motivos por los que la Justicia suele archivarlas, tales como la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción del delito y el principio de legalidad penal. “Al final se trata de una cuestión de voluntad judicial. Si quisieran, podrían investigar los crímenes de la dictadura”, expresa.

Ceaqua, por su parte, seguirá luchando para que todas estas querellas puedan encontrar el recorrido legal que consideran que merecen. Hasta la fecha, la práctica totalidad de las 115 presentadas en el Estado español por distintos crímenes, como desapariciones forzadas, torturas o bebés robados, ocurridos durante la dictadura franquista, han sido inadmitidas a trámite. La de Carolina, que es la lucha por la memoria de su abuelo socialista, había conseguido sortear esa barrera hasta la tarde del 19 de febrero de 2025. Tan solo unas horas le han separado de llegar a lograr la declaración.