Tribuna
El mantra de las patronales solo genera segregación

Si bien el Decreto de 1987 que a día de hoy regula los Conciertos Educativos de la CAV ha obligado a los centros privados durante casi 40 años a garantizar la gratuidad, estos no han dado ni un solo paso para conseguirla. Por el contrario, han gestionado el derecho a la educación aplicando una lógica de mercado cada vez más voraz.
Sindicato Steilas
18 dic 2022 06:00

Según la definición de Euskaltzaindia, Mantra es una idea o frase que se repite constantemente. El mantra de los centros educativos de titularidad privada es que los fondos públicos que reciben no son suficientes para cubrir el coste real de cada puesto escolar. Sin embargo, repetir una mentira millones de veces no la convierte en verdad.

Si bien el Decreto de 1987 que a día de hoy regula los Conciertos Educativos de la CAV ha obligado a  los centros privados durante casi 40 años a garantizar la gratuidad, estos no han dado ni un solo paso para conseguirla. Por el contrario, han gestionado el derecho a la educación aplicando una lógica de mercado cada vez más voraz; la competitividad entre centros se ha impuesto a través de ofertas educativas cada vez más amplias y atrayentes, supusieran el sobrecoste que supusieran. Por este motivo, han sido numerosas las trampas e infracciones que estos centros han llevado a cabo para atraer alumnado, cuyas familias obviamente han sido obligadas a realizar aportaciones económicas para poder cubrir este tipo de oferta. Todo ello con la complicidad y tolerancia del Gobierno Vasco, ya que ha sido éste quien ha dado validez a las demandas de cualquier centro privado propiciando la creación de un sistema dual y universal de concertación, el cual constituye la principal fuente de segregación  de alumnado de bajo nivel socioeconómico que padecemos hoy en día.

La competitividad que ha generado la red privada en el sistema educativo ha pisoteado los criterios pedagógicos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades
País Vasco
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La competitividad que ha generado la red privada en el sistema educativo ha pisoteado los criterios pedagógicos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Los centros privados no han encontrado obstáculos por parte del Gobierno Vasco para saltarse las reglas de juego bajo la excusa de la infrafinanciación. Ante esta permisividad, los centros privados concertados no han tenido ningún reparo a la hora de crear agujeros económicos en sus opacas cuentas corrientes, por ejemplo abriendo aulas de 0-3 años, ofreciendo más horas semanales de docencia que las que corresponden, ejecutando millonarias obras innecesarias para captar alumnado (subvenciones HEZKOOP mediante: patios de recreo, polideportivos, fachadas, piscinas...) creando puestos de gerencia, contratando a responsables de marketing, etc. Todo esto hace que cobren cuotas ilegales a las familias, ya que es inasumible subirse al tren del mercado educativo que, en nombre de una falsa calidad y cargado de competitividad, alimentan. Pero aún más caro nos sale al conjunto de la sociedad, por el perjuicio que provoca en la cohesión social, así como por el clasismo y discriminación que ocasiona.

Pero recuperando la frase inicial es evidente que su argumentación es insostenible. Hace pocos días nos enteramos por los medios de que tanto los directores de las Ikastolas privadas como los de Kristau Eskola calculan un incremento anual de 1.500 euros por alumna/o para poder dejar de cobrar cuotas, es decir, unos 250 millones de euros. El 27 de septiembre 2017 Mikel Ormazabal decía lo siguiente en una entrevista: “Kristau Eskola estaría dispuesta a renunciar a las cuotas que cobra a las familias si el Gobierno Vasco nos sube la financiación un 25%”.

Los módulos económicos de dinero público que reciben los centros privados concertados han aumentado un 17% entre 2017 y 2022. Así que podríamos estar cerca de la gratuidad, según la lógica de las patronales, pero NO, repiten su MANTRA. Además de los 4.174€ por alumna/o que hoy por hoy reciben Kristau Eskola e Ikastolen Elkartea, dicen que necesitarían otros 1500€, es decir, todavía necesitan un 36% más. Asimismo, afirman que después de haber inflado sus cuentas corrientes con un 17% más de dinero público están peor que en 2017, parece que no hay sobrefinanciación que pueda detener su mantra.

Los partidos políticos que están ideando la ley de educación deberían responder honestamente a las siguientes preguntas: ¿Habrá en algún momento financiación suficiente que permita la gratuidad? ¿Por qué la sociedad debe financiar el sistema educativo concertado? ¿Por qué no se impulsa un proceso de publificación firme que consolide un sistema educativo público?

Que no nos engañen, es evidente que detrás de ese mantra que constantemente nos repiten las patronales de Educación no hay más que dos cosas, ¡mercantilismo y segregación encubierta!

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