Sáhara Occidental
La justicia europea da la razón al Polisario y ordena el cese del expolio pesquero por parte de Marruecos

La Justicia europea ha echado por tierra los polémicos acuerdos pesqueros y de comercio suscritos entre Marruecos y la UE, por los que se daba luz verde al expolio de recursos del Sáhara Occidental en contra de las resoluciones de Naciones Unidas en torno al conflicto entre los dos países norteafricanos.

El Tribunal General, dependiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ordenado la supresión de dos acuerdos, uno agrícola y el de pesca firmado en 2019, aunque da un tiempo para su aplicación para preservar la “seguridad jurídica” de las partes. Como explica el organismo en su nota de prensa dando a conocer el fallo, el Tribunal General considera “que, en la medida en que los acuerdos controvertidos se aplican expresamente al Sáhara Occidental, así como, por lo que respecta al segundo de esos acuerdos, a las aguas adyacentes a este, afectan al pueblo de dicho territorio y requerían que se obtuviera su consentimiento”.

De este modo, la justicia ha dado la razón al Frente Polisario, que ha defendido desde la ratificación de los acuerdos que la UE no tiene potestad para firmar unos textos que afectan a la soberanía de un tercer país. Según publicó Sebastián Ruiz en El Salto, los datos de 2019 indican que las capturas en aguas del Sahara Occidental ascendieron a las 1.067.000 toneladas con un valor total de 496.408 millones de euros.

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Los acuerdos pesqueros firmados por la UE-Marruecos estarían contribuyendo a perpetuar y profundizar la ocupación.

En febrero de 2019, el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo de colaboración sobre pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos con unas contrapartidas económicas de 153,6 millones de euros para cuatro años. El acuerdo se firmaba en contra del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que concluyó en diciembre de 2016 que los acuerdos UE-Marruecos no se extendían al territorio del Sáhara Occidental. Después, en julio de 2018, la decisión de la Comisión Europea en un acuerdo bilateral revisado había vuelto a incorporar al Sáhara Occidental como parte del negocio ilegal.

La duración del protocolo que iba a acompañar al acuerdo aprobado en el Parlamento de Bruselas en 2019 se preveía entonces de cuatro años, con un total de 128 barcos comunitarios, de los cuales 92 son españoles. Ya entonces, la portavoz del Observatorio de Recursos del Sahara Occidental (WSRW) advertía en El Salto de que el Frente Polisario iba a impugnar esos acuerdos “y cuando lo haga eso dará pie a muchas denuncias, quienes contraten con el Sahara Occidental lo harán de forma ilegal”.

Así, el tribunal europeo ha dado por buena la tesis de que no se ha cubierto el supuesto de un beneficio para la población que es condición sine qua non para la explotación en un Territorio no Autónomo por una potencia administradora.

Tras la firma de estos acuerdos, que favorecían a las firmas marroquíes de exportación de productos como las sardinas o el pulpo envasado, estuvo siempre la contrapartida por las políticas de contención de la migración que la UE ha precisado de Marruecos. De esta forma, las sentencias de la justicia europea tienen consecuencias de mayor alcance que el corte del suministro de esos productos, pescados en los caladeros saharauis y exportados por empresas marroquíes a Europa.

Los observadores internacionales del conflicto han subrayado desde su puesta en marcha lo inoportuno de estos acuerdos promovidos por la UE, en cuanto han dificultado el proceso de diálogo abierto entre el Polisario y Marruecos a instancias de la ONU. Tras la construcción y puesta en marcha de ciudades pesqueras fomentadas por el Gobierno marroquí, los activistas de derechos humanos han denunciado el interés de modificar la balanza demográfica. 

Felipe Daza le explicaba a Sebastián Ruiz cómo esos asentamientos pesqueros, englobados dentro del llamado Plan Halieutis y financiados indirectamente por la UE por medio de los acuerdos, “iban a obstaculizar una posible solución política para el Sáhara Occidental basada en el derecho de autodeterminación y la legalidad internacional”.