Residuos
Zaldibar, silencio administrativo e inacción judicial un año después del derrumbe

En la plaza del barrio Eitzaga, el caserío de la izquierda es de la familia del exconcejal del PNV que rompió la disciplina de partido y en 1996 votó junto con Herri Batasuna en contra de la construcción de un nuevo vertedero en Zaldibar. El caserío de la derecha pertenece a la familia del dueño de la escombrera. El de la izquierda está bien cuidado y el hermano de aquel concejal poda los kiwis. “No quiero hablar. Todo es política”. El de la derecha está semiderruido y es la sede social de la empresa Verter Recycling, cuyo propietario está imputado por homicidio imprudente y un delito contra el medio ambiente. 

Pasando el túnel, a mano derecha y cuesta arriba hay otros dos caseríos. Un perro atado ladra, un San Bernardo suelto pide caricias. Sus dueñas tampoco quieren hablar. Cansancio, hartazgo, ¿decepción? Otra pista empinada lleva al caserío Etxebarria. Grande, blanco e imponente desde lejos. Apestoso nada más abrir la puerta del coche. El vertedero se le ha metido a menos de cien metros de la puerta de casa y el hedor es nauseabundo. “No quiero hablar”, responde una mujer, “puedes sacar fotos”, añade mientras llama a Nora, la cachorra que se desparrama en el suelo para que le hagan cosquillas en la tripa. 

“Se han aprovechado del barrio para hacer negocio y hay quien ha hecho dinero vendiendo terrenos”, explica Oskar Morales, vecino que ofrece testimonio de una barriada de pocas casas y no más de 35 personas. Hoy se cumple el primer aniversario del derrumbe de la escombrera de Zaldibar que mató a dos trabajadores y puso en evidencia el descontrol de la empresa y la vista gorda de la Administración vasca con el Agujero, como le llamaban algunos transportistas que llevaban deshechos y los descargaban atónitamente, según el relato anónimo de un camionero jubilado publicado en el diario Berria.   

En Euskadi es habitual que se derrumben laderas. La tierra mojada es más fuerte que un pedazo de hormigón seco. La consolidación de la ladera Kamiñalde de Ondarroa, cuyas grietas y primeras rocas desprendidas provocaron el desalojo de 179 familias, necesitó tres años de trabajos que culminaron en 2019 y una inversión pública de seis millones de euros. 

La montaña de basura de Zaldibar también avisó con unas grietas y Joaquín Beltrán, uno de los operarios muertos, volvió a alertar a sus jefes tres días antes del derrumbe. Los dueños contrataron a dos topógrafos que concluyeron que los residuos se movían. Pero en vez de cerrar temporalmente, los propietarios decidieron que los operarios faenaran en un terreno sin estabilizar. Las grietas dieron paso a las 16h del día siguiente a una lengua de casi un millón de toneladas de escombros que se desplazaron 330 metros colina abajo hasta frenar en la autopista A8. 

Argia

El Gobierno vasco sabía que el vertedero de Zaldibar incumplía la normativa

Estitxu Eizagirre

Medio ambiente

El Gobierno vasco sabía que el vertedero de Zaldibar incumplía la normativa

Estitxu Eizagirre

La revista Argia ha publicado esta investigación en la que, con la ayuda de un experto, cruzan los datos que publicó el Gobierno vasco sobre los vertidos en Zaldibar en 2018 con la autorización medioambiental vigente. Solo en 2018 acumularon 64.500 toneladas de residuos no autorizados.

El vertedero empezó a recibir escombros en 2011. Tenía una vida útil prevista de 35 años, pero debido al trepidante ritmo de vertidos, iba a colmatar en once años, doce a lo sumo, explicó en comparecencia parlamentaria el consejero de Medio Ambiente del Gobierno vasco, el socialista Iñaki Arriola. Olvidó mencionar que compartía relaciones cercanas con los dueños del Agujero, además de vecindad. Su secretario durante doce años en la alcaldía de Eibar —Arriola fue alcalde entre 1993 y 2008— fue Javier Sánchez Martín, quien representó a Verter Recycling en nombre de Elkarte Berri, una SL controlada por el dueño de la escombrera, Iñaki Barrinaga, residente de Eibar y conocido con el sobrenombre de ‘El conde de Eibar’, y Arrate Bilbao Barrinaga (sobrina de Iñaki y administradora única del vertedero), desveló el periodista Ahoztar Zalaieta, autor del libro El agujero. 

Junto con el ingeniero del vertedero, Juan Etxebarria, Barrinaga y Bilbao fueron detenidos por agentes judiciales de la Ertzaintza el 27 de julio, como adelantó El Salto, y puestos en libertad condicional dos días después, imputados por los delitos mencionados. Durante el arresto, se acogieron a su derecho a no declarar.

“Durante un año no se ha hecho nada, ni siquiera tomar declaración a los acusados y peritar el terreno, del que se han extraído basuras y se han movido escombros”, resume Carlos Alonso, el abogado de Ekologistak Martxan

Sin peritaje judicial

El juzgado número 1 de Durango instruye la investigación del desastre de Zaldibar. Hay dos causas paralelas: homicidio imprudente y un delito contra la salud de los trabajadores y la causa medioambiental. Como si A y B tuvieran orígenes y responsables distintos, así lo ha decidido la magistrada. Los ayuntamientos de Zaldibar, Ermua, Eibar y Elgeta, la empresa de la autopista, la aseguradora del vertedero y las asociaciones GuraSOS y Ekologistak Martxan se han personado como acusaciones populares y sus querellas han sido derivadas a la causa ambiental, de la que el 22 de enero la jueza anunció el inicio de diligencias. “Durante un año no se ha hecho nada, ni siquiera tomar declaración a los acusados y peritar judicialmente el terreno —sin peritos de parte—, del que se han extraído basuras y se han movido escombros por dos motivos: la búsqueda de los cadáveres y la estabilización del terreno mediante celdas plastificadas para los residuos”, resume Carlos Alonso, el abogado de Ekologistak Martxan. El cadáver de Alberto Soraluce fue hallado en agosto. El de Joaquín Beltrán sigue sepultado entre la basura. Su familia teme que se selle el vertedero antes de hallar sus restos, declararon ayer en Radio Euskadi. Ahora los camiones realizan el camino inverso: extraen residuos de Zaldibar para repartirlos en otros depósitos, mientras los operarios expanden la escombrera para esparcir los deshechos en taludes estables.

De momento, en la causa medioambiental solo constan los atestados de la Ertzaintza y la documentación aportada por Gobierno vasco, quien negó una y otra vez que el vertedero recibiera amianto indebidamente. “La causa está yendo terriblemente lenta, se ha perdido un año. Mientras, la Administración ha hecho lo que ha querido sin control judicial”, considera el letrado.

Optimista, Alonso augura que es posible una condena incluso solo a partir del atestado policial: “La hipótesis más plausible es que, aparte de ser un vertedero mal concebido dado que se encuentra en una ladera con mucha pendiente, el volumen de residuos recibidos impedía la compactación del escombro para su estabilización”. 

De los hechos advierte de que pueden o deberían derivarse responsabilidades políticas o administrativas, pero que para ello es necesario que la investigación judicial prospere y ponga encima de la mesa pruebas. De motu proprio, el Gobierno vasco no ha cesado a nadie, ni nadie ha dimitido. Más bien al contrario: tras disolver repentinamente el Parlamento cuatro días después del derrumbe, Euskadi celebró elecciones el 12 de julio de 2020. El exconsejero de Medio Ambiente Iñaki Arriola (PSE) ocupa ahora la cartera de Vivienda y Transportes. La consejería de Medio Ambiente se fusionó por sorpresa con Industria y Arantxa Tapia (PNV) la lidera. La fidelidad socialista a los nacionalistas está sellada. 

El cuarto vertedero, los niños de Ermua

Gaizka Zabarte fue edil por Herri Batasuna en Zaldibar cuando el Ayuntamiento finalmente le concedió permiso a Verter Recycling para ejercer su actividad. Aquel exconcejal del PNV que en 1996 votó en contra, cambió su voto en 1997 y volvió al redil. Ahora, Zabarte es uno de los portavoces de Zaldibar Argitu y recuerda de antaño que “los que promovían el vertedero ya estaban explotando otros tres en el barrio y habían cometido infinidad de irregularidades, así constaba incluso en un atestado de la Ertzaintza de 1994 tras las denuncias de vecinos de Ermua, que alertaron de la presencia de unos bidones con residuos tóxicos, contenían sales cianuradas”. Añade que el 70% de las basuras de Euskal Herria son industriales y que “los vertederos privados son un negocio”. “Cuanto más bajas  los costes, más competitivo eres y más recoges”. Zaldibar recibía alrededor de 100 camiones al día con una plantilla de operarios que no llegaba a diez personas. 

El vertedero se encuentra en terreno municipal de Zaldibar, pero ese monte está al lado del barrio San Lorenzo de Ermua, el último antes del comienzo de Eibar, dos localidades separadas por una rotonda. Los niños del colegio de San Lorenzo salieron al patio a jugar tras el derrumbe. A partir del 14 de febrero, el Gobierno vasco aconsejó cerrar ventanas y permanecer en casa por la elevada presencia detectada de furanos y dioxinas en el aire. En esta zona, se confinaron y calzaron la mascarilla antes de la llegada del covid. Y salieron a la calle: tras los incendios por metano en el vertedero y el silencio de las administraciones, estallaron en concentraciones espontáneas que culminaron en la manifestación del 15 de febrero y la creación de la plataforma Zaldibar Argitu. “Fueron días de mucha locura. Cuando terminaba una protesta, sabías que iba a continuar porque la gente nos quedábamos y hablábamos. Así nació la plataforma, cuyo nombre se tomó del lema más coreado y cuyo programa se conformó con las pancartas más repetidas que portaba la gente: Trabajadores, salud y responsabilidades”, explica Zabarte.

En Ermua también nació la Asociación de Vecinos San Lorenzo, integrada en la plataforma. Candelaria Rueda explica la indignación de este barrio cuyas casas se llenaron con los obreros migrados el siglo pasado para trabajar en la industria de la zona. “Han trasladado vertidos a la antigua salida de la autopista y a la vieja cantera de Ermua, nos los han dejado aún más cerca”, apunta. “Sobre la antigua salida de la autopista han echado tierra encima y ahora ha crecido la hierba; sobre los vertidos de la cantera ni siquiera han hecho eso. Nos lo han dejado todo ahí y cuando levanta el viento, sale una polvareda que inhalamos. ¿Y qué ocurre cuando llueve? ¿Cómo no va a filtrar hasta el río?”, se lamenta. “El informe del Gobierno vasco aconseja cerrar el vertedero por contaminación de la tierra, entonces ¿por qué nos la traen? Somos el barrio más perjudicado y sentimos impotencia”, concluye sabiendo que esta historia no tiene un fin próximo. 

Gobierno vasco revela que al vertedero de Zaldibar solo le quedaban tres años de vida

Gessamí Forner

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Euskal Herria

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Gessamí Forner

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A petición de la oposición, el lehendakari Iñigo Urkullu ha realizado una comparecencia parlamentaria en la que ha defendido la “responsabilidad subsidiaria” del Gobierno vasco, frente a la empresa gestora del vertedero de Zaldibar, cerrando filas sobre su gestión en el accidente ambiental más grave de la década.

Amianto, restos orgánicos, metano

Los vertederos privados cobran por tonelada depositada, desde 17 euros por papel y cartón a 60 por plásticos y residuos tóxicos. Según los datos ofrecidos por el exconsejero de Medio Ambiente, Zaldibar almacenaba 16.148 toneladas de residuos con amiantos y estos representaban el 0,57% de los escombros totales. Por tanto, el vertedero almacenaba hasta su derrumbe más de dos millones de toneladas (2.153.066). Ni Verter Recycling ni Medio Ambiente advirtió a los responsables del rescate de los fallecidos (Ertzaintza y bomberos) que el vertedero almacenaba amianto. Los rastreadores se dieron cuenta a la una de la madrugada.

El 10% de los vertidos provenían de demoliciones de construcción, el 13,5% de escorias industriales, el 16% de lodos de papeleras, el 22% de residuos no valorizados y el 23% a un indeterminado tierras y residuos varios, indicó el exconsejero. Entre el pupurrí había restos orgánicos, que no debían tener presencia en esta escombrera y fueron el origen de los incendios desatados por el gas metano que se produce durante la descomposición de la materia orgánica.  

“Desde Ekologistak Martxan planteamos vertederos públicos y gestionados públicamente, con un canon de vertido adecuado y donde no impere el criterio económico, para que solo se depositen los residuos que realmente no tienen tratamiento posible”, indica el abogado Carlos Alonso.

“El vertedero ha sido un gran negocio que ha generado muchísimo dinero y lo más vergonzoso es que nadie ha asumido responsabilidades. Todos tenemos claro cuáles son las responsabilidades directas de la empresa, pero no son los únicos culpables. Hay una responsabilidad institucional y desde el Gobierno vasco llevan un año echando balones fuera, mientras el teniente alcalde de Zaldibar prácticamente escondido”, considera el vecino de Eitzaga Oskar Morales.

En las elecciones autonómicas del 12 de julio de 2020 hubo un ligero descenso en el voto del PNV (-27) y PSE (-28) en Zaldibar y también en Ermua y Eibar, respecto a los anteriores comicios. Un descenso perfectamente contenido si todo es política.