Personas refugiadas
Refugiados al raso mientras las administraciones se pasan la pelota

“En diciembre de 2015 mi papá llegaba de trabajar y alguien le pitó para que se apartara; no lo hizo y le dispararon en el hombro. Gracias a Dios, no falleció, pero sí que estuvo en el hospital y le pusieron una placa. En enero de 2016 mataron a mi sobrino, él estaba trabajando cuando unos pandilleros llegaron y dispararon en ráfaga. Murió él y un vigilante. Este año, a un muchacho que estaba esperando el autobús para ir a trabajar lo mataron a las cinco de la mañana en la puerta de mi casa. También asesinaron a una vecina, en frente de su hija de doce años, porque la pandilla quería reclutar a su hijo adolescente. En septiembre amenazaron a mi esposo, no pudo denunciar porque hay un marero en la puerta de la policía controlando quién entra y quién sale”.

Así relata Teresa su existencia. Una vida surcada de muerte. Por su seguridad, esta madre de cuatro hijos prefiere esconderse detrás de otro nombre distinto al suyo. Reconoce que aún le cuesta desprenderse del miedo que tanto tiempo le ha cortado la respiración en El Salvador, bajo el yugo de las pandillas o maras. Según datos de la Policía Nacional Civil, diariamente son asesinadas una media de cinco personas en el país centroamericano, una cifra elevada pero que ha disminuido levemente frente a los nueve homicidios diarios registrados en 2018.

Tras esta espiral de acuerdos y disputas entre competencias de las administraciones, la emergencia social no se ha solucionado y muchas personas en busca de refugio siguen quedando desprotegidas

“Aunque me duela mucho, voy a hacer todo lo posible para que os podáis ir porque estamos en riesgo”, le dijo un día su marido, con la sombra de las maras acechando sobre él. Cuenta Teresa que vendieron el coche y algunas pertenencias para tomar un vuelo rumbo a Madrid con sus hijos de 8, 12, 14 y 16 años, junto a su hermano, con el propósito de solicitar protección internacional. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Interior, de enero a octubre de este año, 3.941 personas procedentes de El Salvador han solicitado asilo en España, siendo la quinta nacionalidad más común, por detrás de Venezuela (32.3027), Colombia (21.727), Honduras (5.285) y Nicaragua (4.944).

Las mismas fuentes también reflejan que la Comunidad de Madrid es la principal receptora, con 41.510, seguida de Catalunya con 9.952 o Andalucía con 8.373. La brecha tan significativa entre Madrid y el resto se justifica en que el aeropuerto de Barajas es la principal puerta de entrada de personas extranjeras. Esto también explica que el déficit en la gestión de la acogida que se ha generado y agudizado en los últimos años destaque en Madrid por encima del resto de territorios.

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Teresa cuenta que los dos primeros días en la capital los pasaron alojados en un hostal que reservaron con el pasaje de avión —uno de los requisitos para la entrada como turistas—, pero después se quedaron sin dinero suficiente para encontrar otra habitación, y mucho menos para seis personas. Ahí empezó su periplo. Lo primero que hicieron fue formalizar su petición de asilo en la comisaría de Aluche y conseguir la cita para la entrevista de asilo. Después, enfocaron sus esfuerzos en encontrar un lugar donde cobijarse. “No teníamos dónde dormir. Fuimos a Cruz Roja y allí nos dijeron que teníamos que ir al Samur Social, pero ahí nos volvieron a mandar a Cruz Roja porque decían que no había plaza. Eso sí, nos dieron una lista de comedores sociales, pero el problema es que en estos sitios no admiten a niños y yo voy con mis hijos, ¿cómo voy a comer yo y dejarlos a ellos fuera?”, lamentaba esta mujer.

El desamparo que evoca esta escena es el resultado de la vulneración de la Ley 12/2009, que reconoce el derecho a acceder a los servicios sociales y de acogida necesarios para asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad a las personas solicitantes de protección internacional

Abatida, con el estómago vacío, se plantó de nuevo con sus maletas y sus hijos en la puerta de la sede central de los servicios municipales de Madrid. “Estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche esperando en la calle, con frío. Nos decían que no había plaza, pero yo no tenía otro lugar al que ir, así que agarré la ropa de invierno de mis maletas y, como pude, acomodé a mis niños, que se durmieron ahí, en el suelo, recostados sobre la verja”, recuerda Teresa.

“Es una cuestión de emergencia social que afecta a menores. Tengo 47 años, soy de Madrid y he vivido aquí toda mi vida y nunca he visto a niños durmiendo en la calle. Como sociedad, no nos lo podemos permitir, ni normalizarlo. No creo que sea algo político, sino inmoral e inhumano”, denuncia Sandra, una vecina dolida y harta de esta situación cada vez más hostil. Y no es para menos: vive justo enfrente de la sede del Samur. Desde su balcón presencia cómo familias solicitantes de asilo o refugiadas deportadas de otros países europeos bajo el Convenio de Dublín duermen en la calle “casi a diario”. Por eso baja todas las noches para ofrecer comida, agua, leche, libros y lápices para intentar que los niños se abstraigan por un rato de la situación.

disputa entre administraciones

El desamparo que evoca esta escena, que se ha convertido en habitual cada día en Madrid, es el resultado de la vulneración de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, la cual reconoce el derecho a acceder a los servicios sociales y de acogida necesarios para asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad a las personas solicitantes de protección internacional.

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Aunque la competencia para acoger a las personas solicitantes de asilo es del Ministerio de Trabajo y Migraciones, la lista de espera existente para formalizar la solicitud de asilo está dejando diariamente a decenas de personas en la calle o en situación de extrema vulnerabilidad mientras aguardan su acceso al sistema de acogida estatal, un trámite que a veces se demora incluso durante meses.

Diferentes testimonios cuentan que, después de solicitar sin éxito ayuda a Cruz Roja, que recibe la subvención del Gobierno para el refuerzo de la actuación de primera acogida en el sistema de atención humanitaria, han recurrido al servicio de emergencias del Ayuntamiento de Madrid, que tiene responsabilidad sobre cualquier emergencia social en la que se encuentren las personas que están en la ciudad. Pero allí también se topan con las puertas cerradas. Una valla custodiada durante las 24 horas del día por un guardia de seguridad impide el acceso al soportal del edificio donde podrían cobijarse del frío y la lluvia y bloquea la entrada al baño, en el interior.

Fuentes del Consistorio madrileño insisten en que la competencia de asilo y refugio corresponde al Gobierno central y que “la red de emergencias municipal está pensada para personas sin hogar y no para solicitantes de asilo”, pero apuntan que han acogido “a más de mil” y afirman que “no pueden alojar a todas las que lo piden”.

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El 15 de octubre, el delegado de Bienestar Social —José Aniorte—, el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid —Alberto Reyero—, el secretario de Estado de Inmigración y la subsecretaria del Ministerio del Interior mantuvieron una reunión para abordar esta situación de emergencia que se focaliza en la capital. En ese encuentro se acordó la cesión de un centro municipal en la localidad madrileña de Cercedilla con capacidad para 130 personas, gestionado por el Gobierno, para la acogida de familias solicitantes de asilo. Un recurso que ya está disponible y completo el cupo.

“Lo que más me preocupa es que la administración cada vez está dando menos salida y yo creo que, por su parte, está cundiendo el mensaje de ‘no vengáis que no os vamos a tratar bien’”, lamenta Javier Baeza, párroco de la San Carlos Borromeo

Desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, indican que “está pendiente una serie de obras que debe acometer el Ayuntamiento” para habilitar otro edificio en la Casa de Campo y que “están a la espera del informe técnico para determinar la viabilidad” de dos colegios públicos ofrecidos como dispositivos de emergencia por parte del Gobierno municipal. Asimismo, desde la Secretaría de Estado se insiste en que han “derivado a 812 personas desde Madrid ciudad, a plazas gestionadas por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en todo el territorio del Estado”.

Acogida ciudadana

No obstante, tras esta espiral de acuerdos y disputas entre competencias de las administraciones, la emergencia social no se ha solucionado y muchas personas en busca de refugio siguen quedando desprotegidas. Teresa y su familia son solo un ejemplo de tantos. A pesar de todo, a ella a veces se le escapa la palabra suerte entre los labios. Le ocurre cuando recuerda aquella noche en la que sus hijos ya soñaban a ras del suelo, pero que finalmente durmieron en una cama, acogidos por el calor de la ciudadanía.

Desde hace 15 días, esta familia está alojada en la Parroquia San Carlos Borromeo, en el madrileño barrio de Vallecas, junto a otras que atraviesan circunstancias similares. “Al menos aquí tenemos un lugar seguro donde dormir, comer y descansar. Además, nos están ayudando mucho y dando asesoría porque una llega nueva a un país, huyendo, y no sabe qué tiene que hacer”, resalta Teresa.

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Ya son muchas las historias que, como la de Teresa, dejan huella en el templo vallecano desde que, en una fría noche de noviembre de 2018, se sobrepasara la línea roja que hoy ahoga a Madrid: familias refugiadas y solicitantes de asilo, con menores a su cargo en situación de calle. Esto activó fuerzas colectivas ciudadanas, como la Red Solidaria de Acogida y la Coordinadora de Barrios, que en estos doce meses no han bajado el ritmo a la hora de dar respuesta a esta situación ni de denunciar y buscar mecanismos legales que la reviertan.

“El balance es que todo está peor. Lo que más me preocupa es que la administración cada vez está dando menos salida y yo creo que, por su parte, está cundiendo el mensaje de ‘no vengáis que no os vamos a tratar bien’”, lamenta Javier Baeza, párroco de la San Carlos Borromeo. Baeza también detecta que las personas que llegan solicitando protección internacional cada vez arrastran “dramas vitales más duros” y, paradójicamente, se encuentran con “peores condiciones” de acogida.

Es la otra cara de la moneda de la emergencia social que arrasa Madrid, en la que el esfuerzo de la ciudadanía da soluciones frente a la ineficiencia de las instituciones.