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Opinión
Una ILP para aprobar la ley que iguale la pensión mínima con el salario mínimo
El pasado 13 de octubre se ha iniciado la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que persigue estabilizar, actualizar, y lograr que sea atentida, por fin, tras siete años de movilizaciones y todo tipo de actividades, en las que han participado decenas de miles de personas, la reivindicación de un ingreso mínimo para las personas pensionistas de 1080 € en 14 pagas.
Este objetivo responde a nuestra convicción sobre la radical injusticia que supone que las personas pensionistas, al final de toda una vida de trabajo, no puedan disponer de una vivienda confortable, adecuada a sus necesidades de movilidad y temperatura, o tengan que elegir entre disponer de una alimentación sana o unos servicios de atención a la dependencia necesarios, o que no tengan garantizado el derecho a la salud y los cuidados. No nos parece justo que miles de mujeres, que han dedicado su vida a labores de cuidados no remuneradas en el hogar y/o a trabajos precarizados, tengan además una vejez miserable.
El Salto Radio
El Salto Radio Peinando canas 1: Pensiones dignas
Las regulaciones internacional, estatal y autonómica amparan claramente este objetivo: los artículos 25 y 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pasando por los arts. 12 y 23 de la Carta Social Europea, hasta el artículo 50 de la Constitución Española, reconocen este derecho a la independencia y protección económica en la tercera edad. Esos derechos están ratificados en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que establece que los poderes públicos vascos velarán y garantizarán el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, impulsarán la mejora de las condiciones de vida y adoptarán las medidas de promoción de las condiciones y de remoción de los obstáculos para que sean reales y efectivas la libertad e igualdad de las personas y de los grupos.
Desde la aprobación del Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social en 1994 se han producido una serie de reformas que afectan a las las pensiones. Asimismo, se han realizado reformas legislativas y reglamentarias, estatales y autonómicas, que han repercutido en las prestaciones sanitarias y farmacéuticas y en la protección a la dependencia, afectando de forma grave y regresiva a las personas pensionistas, especialmente a las que tienen ingresos más bajos, la mayoría mujeres.
La movilización protagonizada por las personas pensionistas ha conseguido frenar parcialmente el proceso de deterioro de las pensiones públicas de reparto
Medidas todas ellas que han afectado más negativamente a las mujeres porque al trabajar en condiciones de mayor precariedad que los hombres, tener una mayor tasa de desempleo, soportar una mayor proporción de contratos a tiempo parcial, y verse responsabilizadas socialmente de tener que dedicarse a las tareas de cuidados, sólo han podido acceder a pensiones de miseria; pensiones contributivas que necesitan complementos a mínimos, pensiones no contributivas que apenas llegan a los 500 €, percibidas en un 70% por mujeres, o pensiones de viudedad insuficientes como beneficiarias de un tercero. El resultado es una brecha de género en materia de pensiones superior al 30%, que apenas se ha reducido debido a que las medidas de corrección de esa brecha han sido insuficientes y no han tenido carácter retroactivo. Así ha ocurrido con la equiparación del trabajo parcial al trabajo completo a efectos de computar periodos de cotización que no se aprobó hasta el año pasado y con los complementos por nacimiento de hijas e hijos que sólo se aplican a quienes hayan accedido a la pensión tras el 1 de enero de 2016.
Sólo la movilización protagonizada por las personas pensionistas a partir de 2018, en el conjunto del Estado, con especial organización e intensidad en Euskal Herria, ha conseguido frenar parcialmente el proceso de deterioro al que el poder político y económico había conducido a las pensiones públicas de reparto. Especialmente importante fue conseguir que se suprimiera el Índice de Revalorización impuesto por el PP (0,25%) y el Factor de Sostenibilidad que pretendía vincular la pensión de jubilación y expectativa de vida. Las pensiones mínimas han aumentado mucho menos que el SMI, con lo que distancia entre aquellas y este ha aumentado: para una persona jubilada sin cónyuge a cargo la pensión mínima ha pasado desde el 93,7% del SMI en el 2011 al 72,8% en el 2024.
Pensiones
Feminización de la pobreza La brecha de género en las pensiones: “La pobreza tiene rostro de mujer”
El aumento de las pensiones mínimas acordado en una ley de 2023 no ha mejorado más que en cuantía muy escasa las pensiones mínimas. Por eso la ILP presentada por el Movimiento de Pensionistas de Hego-Euskal Herria propone que el Gobierno Vasco complemente todas las pensiones mínimas de la Seguridad Social, tanto las contributivas como las no contributivas, de las personas pensionistas de 60 o más años de edad, hasta la cuantía que esté en vigor cada año del SMI (1.134 euros por 14 pagas en el 2024). Y que en el supuesto de que en el ámbito de la CAV se aprobase un salario mínimo de superior cuantía al del Estado español, fuese el mismo el que se tome de referencia para el complemento.
Además, esta ILP incluye dos elementos clave para superar las restricciones en el acceso a esta prestación: 1) que, dado que a diferencia de otras personas beneficiarias de las rentas de garantía de ingresos, las pensionistas no van a reingresar en el mercado de trabajo, las condiciones de renta y patrimonio para el acceso al complemento se fijen de forma individualizada y no por la unidad de convivencia, tal como se hace por la Seguridad Social para las pensiones mínimas y 2) que la concesión del complemento se realice de oficio por la administración pública vasca, que dispone de todos los datos necesarios para ello. Para ello es preciso establecer un sistema vasco de complemento de ingresos, diferenciado del de la RGI, aunque este se aplique supletoriamente.
El movimiento pensionista no ha logrado el objetivo de dignificar suficientemente las pensiones mínimas y/o mejorar su complemento por las instituciones vascas
Aunque hasta ahora el movimiento pensionista no ha logrado este objetivo de dignificar suficientemente las pensiones mínimas y/o mejorar como es necesario el complemento de las mismas por las instituciones vascas, es evidente que nuestra lucha ha ayudado a conseguir que los diferentes gobiernos, tanto del Estado como de la CAV, según sus responsabilidades, se hayan visto presionados a la hora de aumentar el SMI, aprobar medidas para reducir la brecha de género, aumentar más las pensiones mínimas, contributivas o no contributivas y mejorar su complemento.
Para lograr ahora este objetivo el Movimiento de Pensionistas de Hego-Euskal Herria llama a colaborar, mediante el apoyo para la recogida masiva de las firmas de la ILP, a organizaciones sindicales y sociales y a todas las personas que compartan la justicia de la misma, sean o no pensionistas.
Pensiones
Las pensiones mínimas en Euskal Herria
La cifra destinada a complementar las pensiones desde la CAV para ajustarlas a las demandas de 1.080 € podrían alcanzar los 800 millones de euros, más del 7% del presupuesto del Gobierno Vasco, lo que supondría multiplicar por 17 los 46 millones que se destinaron en 2017 a complementar las pensiones a través de la RGI.