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Mauricio Valencia: “La historia de Sinaltrainal en Colombia está marcada por despidos y asesinatos”

Desde 1989, 39 personas trabajadoras vinculadas al sindicato colombiano Sinaltrainal han sido asesinadas. Tras la huelga iniciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) el 2 de abril ante la negativa de Nestlé Colombia S.A. de negociar el pliego de peticiones presentado por las y los trabajadores de la filial de Bugalagrande (Valle del Cauca), Nestlé ha respondido con diversas represalias, según denuncia Sinaltrainal, entre ellas, el despido de siete integrantes del sindicato, así como la intimidación y amenaza de despido de otras personas trabajadoras y sindicalistas.

El conflicto laboral en Nestlé no es un hecho aislado. La historia de represión sindical que se despliega en Bugalagrande es una expresión paradigmática de la matriz bélica estatal colombiana para responder ante los conflictos sociales. Un entramado entre empresas transnacionales y grupos paramilitares que atraviesa este país desde la Masacre de las Bananeras de 1928 en los campos de la United Fruit Company (hoy Chiquita Brands International).

Tras acompañar la “carpa de resistencia” instalada frente a la fábrica de Nestlé en Bugalagrande, y en el marco de la Caravana Humanitaria, conversamos con Mauricio Valencia, presidente de la sección Bugalagrande-Valle de Sinaltrainal, sobre su historia de lucha, las prácticas de la empresa transnacional y el conflicto laboral actual.

La lucha sindical en Colombia ha pasado por varios periodos históricos. ¿Cómo ha ido insertándose Sinaltrainal en esta trayectoria?
Podríamos mencionar primeramente el periodo del sindicalismo heroico. Este se dio en un contexto de fuerte agresividad hacia los obreros en el país, quienes, en su mayoría, venían de las fincas, de colectivos campesinos o de pequeñas urbes y barrios rurales. Estos obreros conformaron el movimiento obrero y sindical hacia los años 40, cuando comenzaron a desarrollarse regulaciones como el Código Sustantivo del Trabajo. Al mismo tiempo, aparecieron organismos internacionales con regulaciones que, en lugar de ampliar las posibilidades de las organizaciones de trabajadores, comenzaron a restringir sus derechos. Posteriormente, surgió el sindicalismo independiente y clasista, que representó otro periodo importante en la historia del movimiento sindical. Este modelo de sindicalismo fue ganando fuerza a medida que el neoliberalismo, con su estrategia de eliminar derechos como el de huelga, la negociación colectiva e incluso el derecho a organizarse, fue imponiéndose.

En ese contexto, la lucha de Sinaltrainal se ha visto restringida, especialmente en lo que respecta al derecho de asociación y libertad sindical. La persecución ha sido constante, desarrollada por la burguesía a través del poder estatal, el Ministerio del Trabajo y las altas cortes, como la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Este aparato ha ido reduciendo la capacidad de respuesta de los sindicatos ante las estrategias de las corporaciones internacionales para debilitar las organizaciones sindicales. Un ejemplo de esto fue la operación de intervención en EMCALI [Empresas Municipales de Cali, en el año 2000], ejecutada desde el Estado, en la que se desmanteló la junta directiva sindical que lideraba la lucha y se impuso una junta directiva patronal. Esto es lo que hemos estado discutiendo y luchando dentro del sindicato, para mantener una disciplina colectiva en términos de concepción de la lucha, desarrollando la política con la que fue elegida Sinaltrainal.  Además, el sindicato no solo lucha por las reivindicaciones económicas de los obreros, sino también por los derechos sociales y políticos del pueblo.

Desde los años 90 y las décadas posteriores, el movimiento obrero ha sido golpeado por la violencia paramilitar y por el endurecimiento de las leyes laborales

En el pasado, hubo ventajas que permitieron que el sindicato se fortaleciera, con mejores derechos y condiciones laborales. Sin embargo, desde los años 90 y las décadas posteriores, el movimiento obrero ha sido golpeado por la violencia paramilitar y por el endurecimiento de las leyes laborales, como la Ley 50/90 la 100/93, la 789/02 y la 797/03 entre otras, que se convierten en herramientas legales restrictivas y la misma Constitución de 1991, que afectaron las pensiones, otros derechos laborales y la capacidad organizativa y de lucha de los sindicatos.

El paro nacional del 28 de abril de 2021 y el estallido social que se desplegó durante tres meses podría considerarse el mayor levantamiento popular de la historia reciente de Colombia. ¿A qué respondían estas movilizaciones? ¿Cómo participó Sinaltrainal?
El estallido social de 2021 fue el resultado de la acumulación de estos ataques. Sinaltrainal participó activamente, desarrollando escenarios de participación y agitación desde sus organizaciones para ayudar a la población a comprender los problemas y la manera de movilizarse políticamente. Sin embargo, después del estallido, el Estado, a través de las fiscalías y el aparato judicial, ha arremetido brutalmente contra los sindicalistas, con montajes judiciales y otros castigos por haber participado en las movilizaciones. Desde entonces, Sinaltrainal sigue luchando en un contexto de agresividad y represión estatal, en un país donde el poder sigue estando en manos de la burguesía y sus intereses se imponen por encima de los derechos de los trabajadores.

Después del estallido de 2021, el Estado, a través de las fiscalías y el aparato judicial, ha arremetido brutalmente contra los sindicalistas, con montajes judiciales y otros castigos por haber participado en las movilizaciones

En cuanto a la “política sistemática de prácticas genocidas” que ustedes denuncian que ejecuta Nestlé contra Sinaltrainal desde 1982, ¿qué elementos podrían definirla? 
Desde que Sinaltrainal nació como sindicato nacional de la industria alimentaria —y posteriormente en el sistema agroalimentario— Nestlé ha lanzado un ataque profundo contra su personería jurídica. Este es el primer elemento que aparece. En esas épocas, coincidencialmente, [estos ataques] vienen acompañados de la década de las muertes y del ascenso del paramilitarismo.

Entonces, en los años 90 hay un declive del sindicato porque [Sinaltrainal] estaba peleando por condiciones de bienestar mucho más fuertes para los trabajadores. Aquí es donde se conquista la salud, la educación, la vivienda, la influencia en el comité paritario en la contratación y los puestos de trabajo, así como la valorización de la fuerza de trabajo. Por otro lado, en el deporte, la recreación y la cultura, se crearon comités que administraban, junto con el estado administrativo de la empresa, estos derechos para los trabajadores.

Esto generó una reacción fuerte por parte de la empresa, lo que resultó en muchos despidos. La historia del sindicato está marcada por una gran cantidad de despidos y asesinatos vinculados a estas luchas. En algunos casos, se logró llegar a los autores materiales de los crímenes, pero no se ha vinculado a los autores intelectuales ni a los beneficiarios de las muertes de estos compañeros, que eran parte de la dirección del sindicato.

En algunos casos [de asesinatos de sindicalistas], se logró llegar a los autores materiales de los crímenes, pero no se ha vinculado a los autores intelectuales ni a los beneficiarios de sus muertes

En la actualidad, tenemos el crimen de Luciano Enrique Romero, que ha sido declarado un crimen de lesa humanidad. Aún hay investigaciones pendientes contra cinco integrantes de la dirección de Nestlé, que fueron sacados de la jurisdicción para evitar que fueran investigados. Estas investigaciones conectan con vínculos con el narco-paramilitarismo entre los años 80, 90 y las dos primeras décadas del 2000. Este conflicto y estas luchas han contribuido a mejorar el bienestar de los trabajadores, del pueblo y de las familias de los trabajadores.

Además, en este marco, se presentó una propuesta de reparación integral a la empresa. Esta propuesta, que también se presentó a Coca-Cola, Sodexo y a otras empresas, contiene 14 puntos que abordaban temas como los derechos humanos, los proveedores, los consumidores y el bienestar laboral, que incluye el derecho a la libertad sindical.

¿Qué otras estrategias ha empleado Nestlé para desmovilizar al sindicato a lo largo de su historia?  
Primeramente, Nestlé ha lanzado campañas de desprestigio tanto a nivel local como nacional e internacional. También han usado a otras organizaciones, como la alianza patronal a otras organizaciones sindicales o como es el caso de Alliance Sud, para restar legitimidad al sindicato. En este periodo, han recurrido a la fuerza pública, implementando una estrategia de lawfare contra la organización sindical, una práctica que viene desde 1982 y que ha reaparecido con fuerza en esta época. Ahora, Nestlé también ha utilizado a la inspección municipal, la Policía Nacional y agencias de inteligencia, junto con el marco del Paro Nacional, para presentar a los miembros del sindicato no como trabajadores defendiendo su derecho de asociación y libertad sindical, sino como “vándalos” que están dañando los intereses de la multinacional.

Nestlé también ha cambiado su política de contratación, evitando contratar personas del pueblo para debilitar el fortalecimiento de la organización sindical

Otra de las tácticas de Nestlé ha sido amenazar con irse del municipio, creando así una dificultad en cuanto a la financiación local a través del pago de impuestos. También ha cambiado su política de contratación, evitando contratar personas del pueblo para debilitar el fortalecimiento de la organización sindical. Hoy en día, emplea a personas de municipios aledaños, como en el Valle del Cauca, Cauca y Risaralda. Esto ha afectado a uno de los debates que tenemos en curso, el de la memoria histórica. Al contratar personas que no tienen cercanía con estas luchas históricas, Nestlé ha ido debilitando la identidad de los obreros respecto a este tipo de organizaciones clasistas que luchan por la conquista y defensa de derechos.

Como ha mencionado, la violencia estatal y paraestatal ha sido una constante contra los trabajadores de Sinaltrainal. ¿Cuántos líderes y lideresas sindicales han sido asesinados o desaparecidos de manera forzada?
En lo que respecta a las víctimas de este genocidio, producto del exterminio orquestado por las corporaciones transnacionales y el Estado, tenemos 39 compañeros asesinados. Entre ellos, los más recientes ocurrieron en 2019: Brayan Eduardo Ceballos Torres, Luis Eduardo Domínguez Blandón y Cristian Andrés Lozano, todos trabajadores afiliados a Sinaltrainal, algunos convencionados por la empresa Nestlé. También están los crímenes de Gilberto Espinosa Victoria en 2018; Óscar López Triviño en 2013; Roberto González Torres de [la planta de Nestlé en] Zipaquirá [departamento de Cundinamarca] en 2011; Gustavo Gómez Vargas de [la planta de Nestlé en] Dosquebradas [departamento de Risaralda]; José Jesús Marín Vargas, de Comestibles La Rosa [Nestlé,  Dosquebradas]; Luciano Enrique Romero Molina [de la planta de Nestlé en Valledupar, departamento de César] en 2002; Hernando Cuartas, de Comestibles La Rosa, en septiembre de 2000; Omar Darío Rodríguez Salazar, en el 2000 [Nestlé, Bugalagrande]; Víctor Eloy Mieles Ospino y su esposa Elvira Rosa Ramírez Pacheco, en 1999; Alejandro Matías Hernández de Zipaquirá, en 1996; Toribio Escorcia, en el [departamento del] César en 1996; José Manuel Becerra Pacheco, en 1996 [Nestlé, Valledupar, César]; Henry Laguna Triana, en 1993; Luis Alfonso Vélez Vinasco en 1989 y Héctor Daniel Useche Berón.

Pese a los derechos que han sido firmados y ratificados, como los convenios de la OIT, el Estado colombiano no ofrece garantías para el ejercicio de la libertad sindical

La lucha que surge este año entre Sinaltrainal y Nestlé se origina ante el vencimiento de la Convención Colectiva de Trabajo el 31 de mayo de 2024, y la negación de la empresa de negociar el nuevo pliego de peticiones que el sindicato presentó el 2 de abril. ¿Qué otros mecanismos represivos está utilizando la empresa en el presente conflicto?
Al negarse a negociar el nuevo pliego de peticiones, la empresa está negando un derecho fundamental y está desconociendo a la histórica junta directiva de Bugalagrande. Además, la empresa ha recurrido nuevamente a instancias jurídicas, simulando que cometimos faltas graves para levantar el fuero y proceder con el despido de los diez integrantes de la junta directiva. Sin embargo, el pasado 27 de septiembre, un juzgado de la ciudad de Tuluá, negó a Nestlé su despido. Así, afortunadamente esta lucha la hemos ganado, si no habría significado acabar con la directiva, como lo hizo en el pasado, específicamente a finales años 80. Lo que resultó en una década muy deficiente para el sindicalismo. La junta directiva que asumió en ese momento no tuvo la misma capacidad de preservar los derechos, lo que generó una pérdida de derechos hasta el 2004. Hoy, pretendían hacer lo mismo, repitiendo el ciclo. 

Nos encontramos ante un escenario legal que forma parte del bloque de constitucionalidad, con derechos que han sido firmados y ratificados, como los convenios de la OIT, los convenios 87, 98 y 154, que son parte integral de los derechos de asociación y libertad sindical, pero el Estado colombiano no ofrece garantías para el ejercicio de la libertad sindical.

Nestlé ha creado un cerco para que la convención colectiva no se aplique a todos los trabajadores del país, a pesar de que nuestra convención es de carácter nacional y debería aplicarse a todos los empleados de Colombia

Además de lo anterior, la empresa ha generado dificultades adicionales, como retirarnos la cartelera (carteles informativos), que es el único mecanismo de comunicación que tenemos dentro de la planta. También nos negaron el ingreso de la Junta Directiva a la factoría, lo que impide que la dirigencia sindical atienda a los trabajadores en sus lugares de trabajo. Asimismo, Nestlé ha creado un cerco para que la convención colectiva no se aplique a todos los trabajadores del país, a pesar de que nuestra convención es de carácter nacional y debería aplicarse a todos los empleados de Nestlé en Colombia.

Otra estrategia de la empresa ha sido cambiar la razón social de las empresas que están en la recolección de leche, como en el caso (del municipio) de Florencia, (en el departamento de) Caquetá, eliminando la seccional de Florencia. Esto ya ha sucedido en otras regiones, como en el Cesar, donde varios compañeros fueron asesinados. Estas maniobras forman parte del conflicto laboral en el que se han presentado diversas peticiones orientadas a garantizar el bienestar de los futuros trabajadores.

Otro elemento de la batalla es que Nestlé nos ha retenido las cuotas sindicales, lo que ha afectado gravemente nuestra capacidad para seguir desarrollando proyectos de bienestar social y participación política en el municipio, así como las actividades culturales y deportivas que habíamos logrado implementar.

Además de las dificultades interpuestas directamente por Nestlé, ¿qué otros organismos han establecido obstáculos en su lucha contra esta empresa en Bugalagrande?
Además de toda la estrategia que ha desplegado Nestlé en contra de los trabajadores, se suma el apoyo que ha recibido de la alcaldía, la inspección de Policía y la misma dependencia de la policía. Hemos encontrado que un sector de trabajadores, contactado por la empresa, ha estado en contra del sindicato. Estos empleados han facilitado la instauración de desconocimientos de derechos adquiridos dentro de la factoría, lo cual es grave.

Se han dado despidos de trabajadores y se ha evidenciado que sectores patronales han establecido un presunto vínculo con el Concejo Municipal de Tuluá, que ha permitido que la policía actúe en escenarios propios de la autonomía de los trabajadores. Este sector patronal, de “esquiroles” en unidad con la empresa Nestlé, han utilizado la fuerza pública para contrarrestar las acciones de los trabajadores que reclaman sus derechos, y en una figura de presunta “alianza” con la policía, las alcaldías y la inspección de policía como un bloque conjunto para desalojar al sindicato de la carpa de resistencia ubicada frente a Nestlé en el Marco del Conflicto Laboral. Nos acusan como personas naturales de generar vandalismo y problemas de convivencia ciudadana, una forma de perfilamiento y macartización, con el objetivo de transformar nuestra lucha obrera – Sindical en un “problema de orden público”.