Memoria histórica
“A este no lo ves más”

La conversación es más breve de lo que me esperaba. Ella tiene ganas de hablar y creo que le gustaría poder decir más cosas de las que finalmente cuenta. Sus mejillas, ruborizadas como un ramillete de led rojas, dan a entender que, o le intimida tener una grabadora delante o le sofoca admitir todo lo que desconoce. Quizá ambas cosas. Sea como sea, Ana Triviño da testimonio inseguro, sin demasiadas certezas. Como ella misma reconoce, supo por casualidad del asesinato de su bisabuelo Antonio Manchado Benítez cuando, en 2014, se le ocurrió elaborar su árbol genealógico. Comenzó, como es lógico, por sus parientes más inmediatos, pero, al llegar a la cuarta generación, lo que había sido un cúmulo de fotografías y anécdotas se volvieron vaguedades y frases hechas.

Desde 1939 en casa de los Manchado se habló poco de las consecuencias familiares de la Guerra Civil

Desde 1939 en casa de los Manchado se habló poco de política y, menos aún, de las consecuencias familiares de la Guerra Civil. Ni la esposa ni los hijos de Antonio contaron demasiado acerca de lo que ocurrió, por ello “la única a la que podía preguntarle —nos dice Ana— era a mi abuela, es decir, la nuera de Antonio, pero ya era muy mayor, tenía 95 años”. Toda la información es, pues, indirecta y obtenida a cuentagotas.

El Manchaíllo —como llamaban en el pueblo a Antonio— regentaba un ultramarinos y trabajaba como albañil en Peñarroya-Pueblonuevo, al norte de Córdoba. Entonces, su periferia era una vorágine de carbón, metal, humo y ladrillo. Las minas y la industria en las que trabajaban la mayoría de sus 30.000 habitantes la hicieron capital del movimiento obrero de la cuenca minera cordobesa, por lo que no fueron necesarias muchas piruetas para que penetraran las ideas comunistas y republicanas. De hecho, Antonio se afilió al PSOE cuando tenía veintitantos. No sabemos hasta cuándo duró su militancia socialista. Otro vacío biográfico.

En las pocas charlas que mantuvieron sobre el asunto, a Ana le insistieron en que Antonio “no mató a nadie” y que tras la victoria franquista “fue delatado por un cura”

Lo que sí sabemos es que durante la Guerra Civil fue miliciano en el Valle del Guadiato, y que algunos de sus hijos le llevaban víveres al frente. En las pocas charlas que mantuvieron sobre el asunto, a Ana le insistieron en que Antonio “no mató a nadie” y que tras la victoria franquista “fue delatado por un cura”. Producto de este soplo, el 5 de junio de 1939 los guardias civiles Bartolomé Cantador Pedraza e Ildefonso Mendoza Broncano aprehendieron al Manchaíllo por ser un “significado marxista” y “tener noticias [de] que durante la dominación roja intervino en registros domiciliarios de las personas de derechas”, tal y como establece el atestado militar de su detención. Tras cuatro días de cautiverio, el juez militar Francisco de Arróspide Olivares —quien ejerció como Secretario de la Administración de Justicia hasta su jubilación, en 1975— decretó prisión preventiva en una cárcel improvisada en los lavaderos del cerco industrial de Pueblonuevo. Allí quedó encerrado durante los siguientes cinco meses.

El camión desapareció camino al cementerio. Antonio tenía 50 años

A pesar de que vivió hasta 1989, Ana tampoco averiguó demasiado sobre Juliana Pizarro Tapia, la esposa de Antonio. Sólo que fue “una mujer muy trabajadora” y que vistió de un único color durante sus últimos cincuenta años de vida: el negro. Poco más. O mucho, según se mire. Hay que remontarse al 21 de noviembre de 1939, cuando siendo aún muy temprano —tanto que el cielo todavía parecía petróleo—, el aullido gutural de un camión militar resonó en el barrio obrero de El Cerro, en Pueblonuevo. Precisamente muy cerca de la antigua calle Ibáñez Marín, donde tenía su casa el Manchaíllo y a pocos metros del quiosco de churros de Juliana. Aquella mañana se había despertado muy pronto, por lo que se cruzó con el vehículo mientras encendía la freidora. Al acercarse, pudo ver a Antonio en el interior del camión. No iba solo. Junto a él estaba el hojalatero Emilio Toril López, también amordazado. Uno de los soldados, al percatarse de este encuentro fortuito escupió, con tono burlón, su ácida bilis: “A este no le ves más”. El camión desapareció camino al cementerio. Antonio tenía 50 años, y en el acta de defunción la causa de su muerte permanece en blanco. Juliana, por su parte, se quemó el brazo con el aceite.

Los disfraces de la justicia franquista

“Uno de nuestros problemas como historiadores es discernir el nivel de fiabilidad de los datos que se encuentran en expedientes como este”. La advertencia me la hace Francisco Acosta Ramírez, coordinador del proyecto de investigación ConCord de la Universidad de Córdoba. Desde hace una semana tengo abierta una pestaña en el navegador de mi ordenador con el expediente del juicio sumarísimo de urgencia nº 26043, que recoge la condena a muerte de Antonio Manchado. Habré leído sus casi 50 páginas unas diez veces, tratando de descifrar cada palabra manuscrita, cada vericueto de tinta borrada y página calcárea. Es la primera vez que consulto un documento de este tipo y me sorprende el esfuerzo que los sublevados dedicaron a enmascarar lo que ya estaba decidido de antemano. Instructores, testigos, fiscales, defensores, atestados, registros, auditores… demasiado reparto para una obra tan predecible. En estos juicios “no hay garantías de nada, sino una apariencia de legalidad”. La voz de Francisco, habitualmente tranquila y pausada, sale ahora del teléfono algo más grave. “Esta fue una preocupación que tuvo el aparato represor franquista. Aquí fueron bien aleccionados por los nazis, que aconsejaron la estructura de todo este aparato de justicia militar”.

Instructores, testigos, fiscales, defensores, atestados, registros, auditores… demasiado reparto para una obra tan predecible. En estos juicios “no hay garantías de nada, sino una apariencia de legalidad”

Al iniciar la lectura del expediente, una de las cuestiones que más llama la atención es la incorporación de varios informes elaborados por las fuerzas vivas del régimen. Están firmados por personas que difícilmente conocieron al encausado y que reconocen hablar de oídas; aun así, tienen la misma carga probatoria que cualquier testimonio directo. El primero de los informes pertenecía al comandante Justo Cánovas Aybar, que entonces contaba con 32 años de servicio. El segundo, a un brigada de la Guardia Civil, y el tercero al alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, José Borreguero Borreguero, un camisa vieja de Falange. Los tres fueron emitidos poco después de la detención de Antonio, en junio de 1939, y en todos ellos se le acusaba de ser “de ideas extremistas, dueño de un establecimiento de bebidas donde se reunían constantemente elementos muy significados en las ideas marxistas”, así como de ser “miliciano y jefe del grupo de reservas del Partido Comunista durante la dominación roja”, además de formar parte “voluntariamente de la columna roja que salió para atacar el pueblo de Hinojosa del Duque y efectuó registros en los domicilios de personas de derechas”.

Salvo por algunas palabras, estos informes son idénticos. Parecen haber sido elaborados en serie a la espera de que alguien estampara su firma. Un cuarto informe correspondía al delegado local de Falange, un tal Martín, sustancialmente distinto a los anteriores y que añadió otras imputaciones, como la de haber dado la orden de asesinar al veterinario del pueblo.

Antonio Manchado tomó la escopeta para defenderse de un golpe de Estado. Su asesinato no es, por tanto, nada más que un crimen, sino que también es un asunto político

La mayoría de estas acusaciones fueron negadas por el Manchaíllo. Ni fue militante del PCE, ni utilizó su ultramarinos como sede política, ni ordenó matar a nadie, ni participó en los saqueos y ejecuciones de Hinojosa del Duque. Pero hubo otras cosas que sí confesó. Era de izquierdas, fue miliciano, llevó a cabo requisas domiciliarias y combatió en la columna que, en 1936, partió hacia Hinojosa del Duque para recuperarla. Antonio Manchado tomó la escopeta para defenderse de un golpe de Estado. No fue una víctima aleatoria, no era alguien que sólo pasaba por allí, sino que fue arrollado por una guerra que no provocó. Su asesinato no es, por tanto, nada más que un crimen, sino que también es un asunto político. Como aconseja el historiador italiano Enzo Traverso, mal haríamos en reemplazar la “memoria de las luchas” con “la memoria de las víctimas”.

Leídos los informes llegó el turno de los testigos. De los 11 testimonios recogidos sólo uno es abiertamente positivo, el de Carmen Carracedo. Con poco más de 20 años, Carmen presenció uno de los registros de Antonio; en esta ocasión, en el domicilio de su abuelo. Para evitar que la familia pudiese recibir algún mal trato, Carmen escondió la única pistola que había en el corral, pero el Manchaíllo se percató del movimiento. Le hizo saber que la había descubierto, pero no la delató a sus compañeros “por no hacerle daño”. También, insistió Carmen, el registro se produjo con amabilidad y corrección. “Se comportó bien, sin molestar a nadie”.

En cambio, los testimonios más duros provinieron del entorno del encausado, incluida una persona a la que el mismo Antonio solicitó entrevista. Aunque el testigo no supo situarle con certidumbre en ningún acontecimiento, sí que señaló que “no le extrañaría que hubiese tomado parte de registros domiciliarios, así como en otras clases de desmanes dadas sus ideas marxistas”. Algo similar ocurrió con un compañero de armas que anteriormente había sido delegado sindical del sector minero. Éste le acusó de haber emitido una orden de detención contra un vecino por escrito y firmada de su puño y letra, un extremo altamente improbable, ya que Antonio Manchado no sabía leer ni escribir y, por ello, rubricó todas sus declaraciones con su huella dactilar. El investigador Francisco Acosta Ramírez explica esta deslealtad por “el clima de miedo y represión, el temor a las consecuencias personales que podría tener emitir un informe favorable a una persona que estuviese encausada por la justicia militar”. “Seguramente —matiza sobre el caso del minero sindicalista— antes de haber dado testimonio habría pasado un tiempo en la cárcel, y es fácil imaginar qué sucedía en las cárceles franquistas. De hecho, es probable que esa persona también tenga un expediente”.

La sentencia da por probadas todas las imputaciones, a pesar de que ningún testimonio le relaciona con delitos de sangre concretos

Como es previsible, las personas simpáticas con el golpe a las que, supuestamente, Antonio requisó armamento, respondieron a las preguntas del instructor con ánimo incriminatorio. Un médico y un farmacéutico que eran hermanos, y un veterinario que había sido acusado de estupro en Fuente Obejuna antes de la II República, apoyaron los cargos imputados. Ninguno de ellos, en cambio, pudo atribuirle delitos de sangre.

Finalizada la instrucción, en agosto de 1939 se constituyó el Consejo de Guerra presidido por Rafael Mora Sánchez, un experimentado militar de Infantería. Hasta ese momento, Antonio no había contado con asistencia letrada. Y para el caso, lo mismo daba. El defensor asignado —que no elegido— fue Ramón Romero Encinas, quien se apresuró a solicitar al tribunal la pena de 30 años de cárcel para su defendido, inculpándole de todas las acusaciones realizadas por el fiscal, el capitán Fernando Fernández Albarrán. Que la persona que debería velar por sus intereses se inhibiese de su labor no era un hecho insólito en este tipo de procedimientos: “La defensa es una formalidad”, aclara Francisco Acosta, ya que el abogado “es siempre un militar de inferior graduación al fiscal”, hecho que no es baladí en el ambiente castrense, marcado por la obediencia debida al elemento jerárquicamente superior. De hecho, añade Acosta, es fácil advertir que “sistemáticamente el abogado defensor se limita a pedir la pena inmediatamente inferior a la que solicita el fiscal”, sin atender a las pruebas —o ausencia de las mismas— ni a cualquier otra circunstancia.

Para sorpresa de nadie, Antonio Manchado fue condenado a muerte. La sentencia da por probadas todas las imputaciones, a pesar de que ningún testimonio le relaciona con delitos de sangre concretos. Tampoco constan pruebas documentales, sólo orales. El Manchaíllo se negó a sellar con su dedo índice aquel despropósito, y la notificación de la sentencia sólo la firman el instructor de cumplimiento y su secretario. El dictador Francisco Franco se dio por enterado el 11 de noviembre de aquel año. Diez días después, a las 6.45 su cuerpo rebotó contra la tapia del cementerio de Pueblonuevo, empujado por los proyectiles del piquete de fusilamiento. España aún no ha revocado la sentencia.

Cuando la tierra hable

Antonio Manchado fue enterrado en la sepultura 25 y línea 2 del grupo quinto, en algún lugar del cementerio de Pueblonuevo. Su bisnieta Ana ruega porque los restos estén en alguna de las dos extensiones de tierra que todavía se conservan sin nichos ni jardines. Si no fuera así, serían todavía más difícil de detectar y exhumar. El terreno sobre el que se puede intervenir más fácilmente representa sólo una tercera parte de la extensión que el camposanto tenía en 1939. La titánica tarea de localización la encabeza Rafael Espino Navarro, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa). Rafael calcula que puede haber en torno a 600 cadáveres en dos fosas, con una extensión conjunta de 1.900 m² como mínimo. Cien de los desaparecidos han podido ser identificados con nombres y apellidos por la Asociación, aunque la mayoría de sus descendientes ni siquiera lo saben.

Rafael Espino calcula que puede haber en torno a 600 cadáveres en dos fosas del cementerio de Pueblonuevo

Aquellas personas fueron, en vida, militares, carteros, carpinteros, mineros y obreros de todo tipo, procedentes, mayoritariamente, de Andalucía y Extremadura, pero también de ciudades tan dispares como Madrid, Lleida o Valencia.

Justamente, fue alguien de esta última ciudad la que inició la búsqueda. Su pariente, Amadeo Molina Perea, fue fusilado en 1940 y enterrado en la misma fosa que Antonio. Cuando localizó el expediente del juicio sumarísimo descubrió que, junto a él, se encontraban dos personas más. Y así, poco a poco, Aremehisa ha ido tirando del hilo hasta dar con los cien primeros nombres. La saca más poblada llegó a reunir ocho fusilamientos durante una misma alba.

Rafael Espino también me cuenta que una particularidad de las fosas de Pueblonuevo es que las sepulturas parecen ser individuales, por lo que los cuerpos no fueron apilados y arrojados a una zanja, cosa que tiene sentido en tanto que los fusilamientos se prolongaron, como poco, durante dos años. Asimismo, los testimonios recogidos por Aremehisa dan a entender que los padres, parejas e hijos de los asesinados nunca fueron notificados oficialmente, y conocieron la triste noticia por comentarios, rumores o, como en el caso de Juliana Pizarro, por las chanzas de los cómplices.

Rafael Espino: “La Junta de Andalucía está desaparecida de todas las intervenciones que estamos realizando, aunque lleven aprobadas en BOJA desde 2016”

La Asociación que preside Espino lleva un año documentando las ejecuciones, para lo cual contó con una asignación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de 3.000 euros. Para la segunda fase, la realización de catas sobre el terreno, el mismo organismo ha destinado 9.200 euros. La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo están colaborando en el plano administrativo, pero la Junta de Andalucía esta “desaparecida por completo en todos los aspectos. Pero no sólo de esta intervención, sino de todas las que estamos realizando en la provincia de Córdoba, intervenciones que llevan aprobadas en BOJA desde 2016 y 2017”, denuncia Rafael Espino. Aunque ningún gobierno andaluz ha brillado por su implicación en este ámbito, “en esta legislatura ha sido entrar, y una parálisis total y absoluta”.

Aunque encontrar el cuerpo del Manchaíllo sería un alivio para Ana Triviño, aun quedaría mucho trabajo que hacer. Como la justicia franquista fue insaciable, años después de su fusilamiento, en 1943, se inició el Expediente nº 339 de incautación de bienes en su contra, al amparo de la Ley de Responsabilidades Políticas. Cuatro años bajo tierra no fueron óbice para concluir la venganza, por lo que los investigadores militares procedieron a intentar localizar las propiedades de la viuda, Juliana, con la intención de expropiarlos. Sin embargo, no encontraron nada. Ana tampoco sabe qué pasó con el ultramarinos, pero lo cierto es que se esfumó. En el Registro de la Propiedad tampoco hay rastro. En 1947 se dio por cumplido el expediente. Juliana pagó su deuda con el Régimen entregando un marido y ocho años de persecución.