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Madrid
La Justicia tumba la cocina industrial que Almeida había autorizado junto al patio de un colegio
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid ha dado la razón a la Asociación de Familias (AFA) del Colegio Miguel de Unamuno, en el distrito de Arganzuela, y anula “por no ser ajustada a derecho” la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Madrid al emprendimiento comercial de cocinas fantasma que desde septiembre de 2021 funciona en la calle Alejandro Ferrant 8, junto al patio de juegos de esa institución educativa a la que asisten 900 menores en edades de educación infantil y primaria
La resolución llega un año después de que las familias interpusieran el recurso judicial contra la cuestionada licencia previendo lo que pocos meses después constatarían: un “perjuicio general” en su calidad de vida. En aquel momento advertían que la producción de comida en este tipo de emprendimientos comerciales pondría “en riesgo la salud de los alumnos y vecinos por el aumento de tráfico, ruido y contaminación, en una zona que debería ser segura para los niños y residentes y no convertir el centro de la ciudad en un polígono industrial”.
La sentencia argumenta que no existe un informe de impacto medioambiental, tampoco un informe jurídico, y se incumple la normativa urbanística
La decisión judicial les da la razón en una sentencia cuyos fundamentos se centran en tres pilares: no existe un informe de impacto medioambiental, tampoco un informe jurídico, y se incumple la normativa urbanística. “Las familias estamos muy satisfechas, es una sentencia demoledora que nos da la razón en todos los aspectos que alegábamos”, afirma la presidenta de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA), Noelia Cabezas, una de las madres que desde un principio ha estado implicada en la lucha vecinal.
“Como bien se puede leer, reconoce que una licencia para una industria de estas características, sin que haya un informe medioambiental y jurídico de por medio, es impensable para una zona residencial y mucho menos al lado de un colegio, donde el Ayuntamiento debería haber extremado la prevención a la hora de conceder dicha licencia”, asegura Cabezas.
Desde la AFA destacan en un comunicado de prensa que “el juez considera que se trata de un negocio industrial no equiparable a un negocio de hostelería tradicional (que es la licencia bajo la que operan actualmente) y que el nacimiento de nuevos tipos de actividades económicas no debe quedar fuera del control municipal”.
La sentencia advierte de que esta instalación tampoco podría ubicarse en otro espacio del mismo barrio
La sentencia adquiere mayor relevancia para el tejido vecinal, porque consideran que “tampoco serían legales” por ubicarse en una manzana que por norma zonal ya no aceptaría en ningún caso la instalación de negocios industriales en espacios superiores a 350m2 (las cocinas superan los 500). “Por lo tanto no podrían solicitar una nueva licencia para instalar este negocio industrial y las cocinas de Alejandro Ferrant estarían obligadas a cerrar de manera definitiva”, argumentan.
Sin embargo, existe preocupación porque desde el Ayuntamiento se recurra la decisión judicial. “Le pedimos a Almeida y al Ayuntamiento que demuestre que la infancia de esta ciudad le preocupa y que reconozcan de una vez por toda que cometieron un error concediendo esta licencia y acepten esta sentencia favorable para las familias y para los 900 niños y niñas del Colegio Público Miguel de Unamuno”, enfatiza Cabezas.
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“No estarían siendo coherentes con las políticas de infancia que redactan y aprueban en el Ayuntamiento de Madrid ni mucho menos con el ambicioso proyecto de mejora de los entornos escolares en el que tanto dinero, según dicen, van a invertir. Si de verdad quieren mejorarlos, esta sentencia tiene que ser aceptada porque es la mejor forma de devolvernos el entorno escolar que teníamos antes, que al menos nos devuelvan eso y a partir de allí que piensen en mejorarlo: sin basuras, sin cientos de motos pasando por delante del colegio, sin decenas de camiones de reparto, sin humos, sin olores, sin el ruido continuo de los motores de extracción desde las primeras horas de la mañana”, concluye Cabezas.
Por lo pronto, desde la AFA han solicitado una reunión al alcalde, al responsable de urbanismo y a la concejala presidenta del Distrito de Arganzuela para solicitarles que acaten la sentencia. Si no recurren, la sentencia sería firme y las cocinas deberían cerrar en forma inmediata.
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No creo equivocarme, al decir que el ayuntamiento de Madrid, recurrirá la sentencia.
Es más importante para ellos, el negocio de sus amiguetes, que la seguridad y la salud de los niños.
La comisión por permitir está burrada no la va a cobrar ni Almeida ni la Concejala de Arganzuela que siempre defendió las cocinas ilegales, por algo sería.