Libertad de expresión
Vicent Nos: “El Estado no puede cortar internet”

El informático al que solicitaron la creación de la estructura digital del referéndum catalán, un trabajo al cual se negó, considera que el decreto 14/2019, conocido como el 155 digital, nos pone en niveles de censura propios del franquismo o de países como China.

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La Guardia Civil cerró entre 25 y 140 sitios relacionados con el referéndum. Foto: Guardia Civil

“El PSOE hace lo que hace el PSOE: restringir libertades”. Al informático Vicent Nos no le tiemblan las palabras a la hora de mostrar las contradicciones de un partido aparentemente de izquierdas. A este ingeniero al que le pidieron montar la infraestructura virtual para el referéndum catalán de 2017, petición a la cual se negó, le da igual el Procés, España y todos los políticos en general, pero le importan las restricciones, sobre todo, en el tema que le compete: las libertades digitales y la seguridad en la red.

De las primeras, considera que el decreto 14/2019, conocido como el 155 digital, que ha propuesto el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, en el que arroga al Gobierno la potestad de cerrar webs sin orden judicial, no serviría para frenar otro hipotético referéndum: “No pueden cortar internet”. Y sobre la supuesta seguridad en los datos de los ciudadanos que persigue el decreto ley, alerta de que al menos dos de las grandes empresas españolas han tenido expuestos los datos de millones de personas, sin que fueran apercibidas por parte del Estado. Algo que, probablemente, esta nueva ley no vaya a cambiar.

“Lo peor de este decreto es que hacen creer a la gente que el Estado tiene algún poder sobre internet, y que una una app como Tsunami Democràtic, que permite a la gente discutir y reunirse, sea evaluada como un problema de seguridad nacional y orden público”, considera Nos. “No derogan leyes como la Mordaza, sino que añaden nuevos decretos de corte coercitivo aprovechando como excusa el independentismo catalán”, señala.

Para este informático, “la democracia es un fake, como la separación de poderes”, y las elecciones, “una salida que nos permite cada cuatro años canalizar la furia” contra los poderes fácticos. Es ahí, en los poderes fácticos, donde Nos encuadra algunos gestos que percibe como extraños desde su propia experiencia como testigo en el juicio del Procés.

Tres días antes del referéndum, “la Policía vino a casa con una notificación sellada, que era una petición para declarar como testigo de una causa secreta sobre delitos informáticos. Y lo hicieron bajo unas circunstancias que considero inadecuadas: Declaras como testigo o te imputamos y sales de aquí esposado, me dijeron”. Y considera que lo más sorprendente de aquel juicio histórico es que la persona “que nos contactó a todos, Xavier Vendrell, y al que todos señalamos, no fuera interpelado como testigo, por lo que sería posible que fuera él quien nos delatara. ¿A cambio de qué? Eso solo lo podemos imaginar”.

Xavier Vendrell es actualmente un empresario catalán, muy implicado en el Procés y ex dirigente de ERC. Para Nos, la ausencia de Vendrell en el juicio es tan flagrante como la publicación del real decreto del 155 digital. “Ante una posible ruptura del Estado debido al conflicto catalán, el PSOE ha sacado deprisa y corriendo una ley bastante estúpida, ya que no pueden cortar internet, mientras el día antes de la publicación en el BOE, Pedro Sánchez hablaba en el debate televisivo sobre recuperar el delito de convocar un referéndum, delito que rebajaría las penas de los políticos catalanes considerablemente y a los Jordis, que siguen en la cárcel, seguramente porque eran los únicos que podían unificar al pueblo catalán”.

Para este informático, que considera que con un extenso conocimiento informático se pueda tumbar la censura digital, el nuevo decreto supone una vuelta a la censura al nivel de la dictadura de Franco o de China. “Estamos entregando el poder a un Estado que aprueba leyes que privan el hecho de expresarnos”, alerta.

El Real Decreto Ley 14/2019 por el que se adoptan medidas urgentes por razones de orden público en materia de administración digital fue publicado el pasado 5 de noviembre a su paso solamente por el Consejo de Ministros del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Tanto la Generalitat como el Gobierno vasco ya están estudiando presentar sendos recursos de inconstitucionalidad, al considerar que el decreto no respeta la autonomía de las comunidades.

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