Granada
Golpes y huesos rotos: tres mujeres denuncian agresiones de la policía en el intento de desalojo en Granada

El pasado 20 de enero, una manifestante se encontraba en el extremo opuesto a la puerta del nuevo CSOA La Madriguera en Granada, apoyando a los activistas del espacio okupado durante el intento de desalojo ilegal del edificio por parte de la empresa AMA desokupa.  Se encontraba frente al cordón policial cuando un agente, sin la identificación que por ley debe llevar visible en todo momento, “le golpeó con fuerza en la cara, sin previo aviso, simplemente por encontrarse en ese momento en primera fila”, según expone la denuncia a la que ha tenido acceso El Salto Diario.

La Policía vulneró los derechos durante el intento de desalojo ilegal en Granada por parte de AMA Desokupa

Aurora Báez Boza

Granada

Represión La Policía vulneró los derechos durante el intento de desalojo ilegal en Granada por parte de AMA Desokupa

Aurora Báez Boza

La Red de Observación de Granada denuncia decenas de graves vulneraciones de derechos contra los manifestantes por parte de los agentes de la ley durante el intento de desalojo coordinado entre agentes de la Policía y la empresa AMA Desokupa.

Granada AMA Desokupa intenta desalojar un nuevo centro social en Granada sin orden judicial

Como consecuencia, esta manifestante tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Virgen de las Nieves, donde se le realizó una intervención quirúrgica debido a una “fractura de huesos propios, fractura de pared anterior de seno maxilar izquierdo”, según el informe médico. Además, estuvo hospitalizada durante dos días.

Una de las denunciantes expone que los agentes policiales: “la golpearon con las defensas en reiteradas ocasiones por diversas partes de la cabeza y del cuerpo hasta tirarla al suelo”.

Otra de las denunciantes expone que otro agente, durante esa jornada, “le golpeó con el escudo en la cara, y cuando se volvió, le golpeó en la espalda con la porra”, según expone la acusación. Tras ello, tuvo que ser atendida también en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, en donde se le diagnosticó: “contusión 3º dedo de la mano izquierda con limitación de los últimos grados de flexión”. 

Una tercera persona expone haber sufrido agresiones por parte de las fuerzas del orden y la denuncia expone que “la golpearon con las defensas en reiteradas ocasiones por diversas partes de la cabeza y del cuerpo hasta tirarla al suelo”. El documento añade que “una de las personas que se encontraba en el lugar la consiguió coger por los hombros y levantarla para evitar que siguiese siendo agredida”. También requirió de atención médica por múltiples contusiones, señalándose en el parte de lesiones lo siguiente: “HIC de unos 2-3 cm en zona occipital, policontusiones con hematomas presentes en muñecas de ambos MMS, tobillo de ambos MMII, rodilla derecha, cara interna de muslo derecho, escápula izquierda”. 

Según la defensa de las denunciantes, estos actos podrían ser constitutivos de delitos de lesiones según el artículo 147 del Código Penal y un delito de tortura del artículo 174 del Código Penal. La abogada de las denunciantes, María Gallego Cano, expone que los agentes de la Policía Nacional actuaron “abusando de su cargo, agrediendo a mis mandantes cuando las mismas se encontraban en el legítimo y pacífico ejercicio de derechos fundamentales”.

Agentes sin identificar

En la denuncia se hace hincapié en que solo se han podido identificar a dos de los agentes que actuaron en la intervención policial, los policías con carnet profesional nº 136238 y 66145. El restante no ha podido ser identificado al no tener visible la identificación, un hecho del que ya alertó la Red de Observadoras de Granada que expuso la dificultad a la hora de exigir responsabilidades debido a la falta de identificación de la mayoría de los agentes de la Policía Nacional que no llevaban visible el Número de Operativo Policial (NOP) en la parte trasera del chaleco. Un hecho que incumple la Resolución de la Dirección General de la Policía, de 19 de abril de 2013, en la que se obliga a los agentes con funciones de orden público de la Policía Nacional a llevarlo en la espalda.

La abogada de las denunciantes, María Gallego Cano, expone que los agentes de la Policía Nacional actuaron “abusando de su cargo, agrediendo a mis mandantes cuando las mismas se encontraban en el legítimo y pacífico ejercicio de derechos fundamentales”

Además de la denuncia a los agentes policiales, una veintena de organizaciones sociales de la ciudad han pedido la dimisión del subdelegado de Gobierno, José Antonio Montilla, al ser responsable del operativo policial desplegado durante la jornada del 20 de enero. Los colectivos exponen que Montilla, en su decisión de enviar a las fuerzas de seguridad, ha “permitido y protegido la actuación ilegal de la empresa Ama Desokupa“.

Desde el Sindicato de Vivienda de Granada reiteran que la actuación policial “sirvió para proteger a la empresa”. El CSOA La Madriguera, que intentó ser desalojado ilegalmente por la empresa AMA desokupa, sigue en funcionamiento con su objetivo de ser “un respiro de la vorágine de gentrificación y represión que nos acosa”, según su manifiesto.