Galicia
El Sergas entorpece el acceso a más de 8.500 contratos que suman 57 millones de gasto

La Xunta de Galicia de Alfonso Rueda tiene un problema de calado con la transparencia en los procesos de contratación pública. Tras un análisis exhaustivo de cerca de dos millones de contratos menores, esta redacción ha encontrado que 8.513 licitaciones de la Consellería de Sanidade, dirigida ahora por Antonio Gómez Caamaño, no cuentan con un concepto inteligible. Es decir, el objeto por el que son contratados tiene una suerte de texto de relleno que imposibilita no ya su fiscalización, sino cualquier mínima capacidad de comprensión de lo que se está contratando. La suma de los importes de las contrataciones supera los 57 millones de euros de dinero público. Todos y cada uno de ellos, dependen del ente público que gestiona las donaciones en la sanidad gallega, la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, más conocida como ADOS.  

Como se puede observar en la tabla de datos captados por el equipo de datos de El Salto, todas estas licitaciones llevan por objeto variaciones del acrónimo “FRAS” que, a pesar de que el Gobierno gallego no lo ha especificado, podría deducirse que son diminutivos de 'factura', pero resulta imposible constatarlo.

Preguntadas por esta opacidad sistemática, fuentes oficiales de la Consellería de Sanidade sostienen que es un error “debido a un fallo de codificación”. A causa de ello y a que, según dicen, “el volcado de datos a la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia se produce de manera automática a través de las aplicaciones informáticas“, aparecerían como contratos menores ”pagos realizados por la Axencia por determinados servicios contratados por procedimiento abierto y que son prorrogados mientras no se resuelve la siguiente licitación para garantizar la continuidad de los servicios“.

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Desde 2018, la Xunta ha firmado 1.034.964 contratos sin sacarlos a concurso: algo más del 30% del dinero del que dispone para el ejercicio de 2024. Además, 35.362 de esos contratos tienen un importe entre 14.000 y 14.999 euros, el límite legal.

Sin embargo, el presunto fallo de codificación se vendría repitiendo desde hace tres legislaturas y al menos desde 2018 solamente en esta rama de la Consellería de Sanidade y sin que nadie se hubiese propuesto resolverlo. Además, como se puede corroborar en los datos de la tabla precedente, en absoluto son, en su mayoría, pagos enmarcados en prórrogas. Se pueden encontrar desde pequeñas compras o encargos a agencias de marketing hasta pagos de casi 100.000 euros indexados de esta forma a gigantes farmacéuticos, a pesar de que ningún contrato menor de servicio puede superar los 15.000 euros más IVA.

A ese respecto, desde el Gobierno de Alfonso Rueda se encomiendan a las auditorías: "Las cuentas anuales de ADOS son auditadas por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, enviándose también al Consello de Contas de Galicia para su fiscalización“. A ese respecto, insisten en que el portal web de ADOS ”tiene disponibles las memorias económicas acompañadas de los informes de auditoría efectuados por la Intervención General“. Añaden que todas las contrataciones, con independencia del procedimiento empleado sucesivo, ”son revisadas por los organismos de control externo y están correctamente registradas, tal y como reflejan los informes de auditoría y control que se emiten anualmente“.

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El Gobierno gallego encarga a Eulen, la empresa que Micaela Núñez dirige en el norte del Estado, cientos de servicios fraccionados, sorteando la competencia del sector y dejando en una decisión política la contratación pública.

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En este sentido y al margen de las auditorías internas y externas de la Xunta de Galicia, el artículo 13.2 de la Ley de Transparencia, que blinda el derecho de la ciudadanía a acceder al detalle de los procesos de contratación abierta y cerrada de la Administración, es cristalino a este respecto: “La información relativa a todos los contratos menores, con indicación del objeto, duración, importe de licitación y adjudicación, número de licitadores participantes e identidad del adjudicatario se publicarán, al menos trimestralmente, en el portal web de transparencia”.

La preferencia de la Xunta por la contratación a dedo: 4.000 millones en seis años

Es el 77% del presupuesto anual de la Xunta para sanidad, más de tres veces lo que se gasta al año en políticas sociales o algo más del 30% del dinero del que dispone en cada ejercicio. Desde 2018 hasta 2023, el Gobierno gallego, dirigido por el Partido Popular ha gastado 4.000 millones de euros en contratos sin concurso público, en licitaciones menores.Es decir, en contratos a dedo de hasta 15.000 euros para servicios y de hasta 40.000 euros para obras, que son los máximos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público para que un encargo a medios privados no tenga que ser conseguido a con mecanismos de competencia.

Primero fueron ratificados por los conselleiros de Alberto Núñez Feijóo y, luego, por los de Alfonso Rueda. Han sido, exactamente, 3.999.599.473,92 euros de dinero público repartidos en 1.034.964 contratos a los que ha tenido acceso este diario a través de un rastreo exhaustivo de la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. De hecho, 35.362 de esos contratos tienen un importe entre 14.000 y 14.999, el límite legal. Muchos de ellos con el mismo concepto y facturado a la misma consellería.

En los últimos meses, esta redacción ha ido desgranando una a una, miles de estas licitaciones que van dibujando un mapa de vínculos entre empresas cercanas al Partido Popular y la más alta administración gallega.

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Desde ‘La Voz de Galicia’ hasta el canal de extrema derecha de Javier Negre, los últimos dos presidentes de la Xunta de Galicia han repartido entre la prensa más acrítica con la gestión de sus gobiernos al menos 3.686 contratos sin concurso previo.

Primero, los 38 contratos valorados en un total de 145.975,72 euros que consiguió la empresa del marido de Paula Prado, secretaria general del PP gallego, con organismos dependientes de la Xunta para la compra de equipos de protección individual (EPI), principalmente. A mediados de 2024, desvelábamos cómo la empresa que dirige la hermana de Feijóo en el noroeste del Estado español, Eulen, se había adjudicado sin concurso previo al menos 1.311 contratos por un valor total de 4,8 millones de euros. Muchos de ellos facturados mes a mes, por la misma cantidad, a una misma administración y por un mismo y ambiguo servicio.

El organismo dependiente de la Xunta de Galicia que más dinero público adjudica por esta vía es, por otra parte, el que más presupuesto anual atesora: la Consellería de Sanidade (Sergas), que en el mismo periodo repartió 814.218 contratos sin sacarlos a concurso que suman 3.372 millones de euros. De esta consellería también depende la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue.

Cientos de millones se reparten en un mismo concepto pero en decenas de miles de contratos diferentes, siempre suscritos por el Sergas: “Productos farmacéuticos y material sanitario”, 1.672 millones de euros; otro material sanitario, 601 millones de euros; implantes, 348 millones de euros; material de laboratorio, 298 millones de euros; instrumental y pequeños utensilios sanitarios, 62 millones de euros; material no sanitario para consumo y reposición, 32 millones de euros; o maquinaria, instalaciones y utensilios, 32 millones de euros.

Aunque la lista sigue y destacan, sin lugar a dudas, los 12.014 encargos que ejecuta el Sergas que llevan “Otros” como concepto y que, juntos, suman 31.152.303,87 euros. Pero la ambigüedad de los nombres que limita el acceso a la información pública de cualquier ciudadano o ciudadana y la evidente falta de transparencia es una constante.