Entre los años 2018 y 2023, los Gobiernos de la Xunta de Galicia, primero de Alberto Núñez Feijóo y, después, de Alfonso Rueda, repartieron 10,8 millones de euros en contratos sin concurso público a medios de comunicación afines y habitualmente complacientes con su gestión: fundamentalmente, con líneas editoriales de derecha o de extrema derecha. Aunque la gran parte del pastel se la lleva la prensa hegemónica en Galicia, ubicada también en esos marcos ideológicos. Por orden de lucro: La Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Progreso, el grupo Editorial La Capital (con diarios como El Ideal Gallego, Diario de Arousa), La Región, El Correo Gallego y La Opinión de A Coruña. Estas siete cabeceras acumulan 9,1 millones de euros a través de 3.011 contratos. Es decir, más del 84% del dinero público que el Gobierno gallego reparte a discreción entre medios de comunicación.

Las 3.187 licitaciones a de... by El Salto periódico

Esta síntesis ha sido posible gracias al análisis de 1.034.964 contratos menores realizado por El Salto en el que se ha revelado que al menos 3.686 de esas licitaciones, la inmensa mayoría, han sido repartidas entre medios de comunicación, fundamentalmente, conservadores o directamente ultraderechistas.

El despliegue de argumentos que sostienen estas contrataciones es diverso. Desde suscripciones de prensa en papel a todos los centros públicos susceptibles de tenerlas —institutos, colegios, centros de mayores, sedes administrativas o cafeterías entre muchas otras— hasta reportajes sobre infraestructuras, entrevistas pagadas o inserciones publicitarias que no siguen criterios de audiencia, alcance o retorno. A fondo perdido, vaya.

¿Qué es ser un medio afín? La investidura de Feijóo, los pellets o la celulosa de Altri

Las estrategias políticas de los medios de comunicación más influyentes —o al menos de más alcance— en Galicia de cara al tratamiento informativo de todo aquel hecho noticioso que emane del Partido Popular no ha sido, históricamente, ni muy sofisticado ni mucho menos plural en la prensa gallega.

Especialmente desde que Alberto Núñez Feijóo y su mano censora Mar Sánchez Sierra llegaron a los despachos de la Xunta en la primavera de 2009. Hay ejemplos antiguos y recientes que lo atestiguan, pero sin duda se agravan en entornos electorales. En ese sentido, la muestra más reciente y reveladora de estas maniobras en las hemerotecas de estos diarios es la cobertura de la investidura que se sabía fallida de Feijóo como potencial presidente del Gobierno español. El líder del Partido Popular transformó aquella investidura que nació muerta en una moción de censura velada al presidente del Gobierno, en aquel momento en funciones, Pedro Sánchez.

Los medios que desde mucho antes recogen los millones de dinero público que los gabinetes del PP les reparten, aquel 27 de septiembre de 2023 hicieron gala de su lealtad. La Voz de Galicia: “Feijóo se presenta como una persona de fiar y alerta sobre la amnistía”. El Faro de Vigo: “Feijóo se erige como baluarte de la Constitución ante un Sánchez mudo”. O La Región de Ourense: “Feijóo se postula como el garante constitucional y Sánchez le hace el vacío”. Unas líneas editoriales indistinguibles del argumentario de la derecha en tres de los diarios con más tirada de Galicia. También, cómo no, con la vinculación falaz de altos cargos del BNG con ETA, como la campaña de acoso creada por el PP y alimentada por La Voz de Galicia y Faro de Vigo contra la eurodiputada del Bloque, Ana Miranda, en contexto electoral.

Ejemplos como este, donde se acallan las voces críticas y se sobredimensionan las afines, acontecen casi a diario en la prensa gallega. Ocurren con pequeños conflictos vecinales, con el asedio a adversarios políticos, con el caso omiso a las alternativas políticas, pero cogen una magnitud mucho mayor cuando existe una gran masa social que se enfrenta a una crisis medioambiental, ya sea no premeditada como el desastre de los pellets, o fríamente calculada por la Xunta como la apertura de una macrocelulosa diez veces más grande que Ence en el corazón geográfico de Galicia.

Las maniobras políticas y mediáticas en el caso de los pellets, que no la catástrofe, han sido similares a las acontecidas con el hundimiento del petrolero Prestige en 2002. Primero, ocultación. Cuando ya resulta imposible frenar la información del desastre, relativizan su gravedad. Cuando la gravedad es manifiesta, diseminan las responsabilidades. Y, siempre, de telón de fondo, la opinión del Gobierno gallego por encima del resto o una malograda equidistancia.

Y con los mismos mimbres, están acometiendo la cobertura sobre la celulosa que Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo) con el visto bueno del Gobierno de Alfonso Rueda y el enfoque de perfil del PSOE en Galicia y en Madrid: entrevistas amables a los consejeros de las empresas vinculadas y a cargos de la Xunta; la difusión de informes de parte elaborados por la empresa, pero vendidos como objetivos; recoger promesas de la multinacional portuguesa como hechos consumados; y ofrecer un espacio mínimo para las voces críticas tanto de la organización vecinal como de perfiles técnicos y científicos de autoridad.

La Xunta reserva el 16% del presupuesto para la prensa progresista

De los 36 periódicos, radios y televisiones que ha encontrado esta redacción apenas seis podrían colocarse, ideológicamente, en el centro izquierda o en la izquierda. Eso sí, con unas partidas muy desproporcionadas en relación a su influencia y alcance: la Cadena Ser se adjudicó 50 contratos por 154.768,42 euros; el diario El País 88.657,02 euros en 62 contratos; elDiario.es se llevó nueve contratos por 65.560 euros; la empresa Sermos Galiza, editora de Nós Diario, 15 contratos por 29.413,40 euros; la revista Luzes, con ocho licitaciones por valor de 18.616,75 euros; y Galicia Confidencial, con un contrato de 810,41 euros.

Fuera de este abanico se quedan, al menos por la vía de la contratación menor, otros diarios ubicados fuera de toda duda a la izquierda del panorama mediático como Público, Infolibre, Praza, CTXT, Novas da Galiza o esta propia redacción, que no han recibido por esta vía ni un solo euro de la administración pública a pesar de cubrir con asiduidad la actualidad gallega desde diferentes prismas, tener trabajadores y trabajadoras ubicados en territorio gallego y, muchos de ellos, teniendo también como lengua vehicular de sus publicaciones el gallego.

El PP gallego no necesita a los medios de ultraderecha como en otros territorios

Como se está desgranando en la serie de reportajes de El Salto, Así se financia la desinformación, tanto el Gobierno de Castilla y León como el de Aragón, desde la entrada de Vox como socio minoritario en ambos ejecutivos, se han disparado las facturaciones públicas a medios de extrema derecha como OkDiario, el Estado de Alarma del agitador ultra Javier Negre, Periodista Digital o El Debate. Coincidiendo con la llegada de Jorge Azcón (PP) y Alejandro Nolasco (VOX) a los despachos de del Gobierno aragonés y en apenas seis meses, estos medios recibieron 104.878 euros de dinero público a pesar de las más que verificadas difusiones de bulos de estas cabeceras. Y en Castilla y León, más de lo mismo.

Desde que Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (VOX) comparten bipartito, la estrategia de financiar a estas cabeceras sin atender a criterios de audiencia se ha consolidado. Hace no mucho más de dos semanas, este medio también revelaba, tras haber analizado más de 400 contratos menores adjudicados entre 2022 y 2023, que Estado de Alarma, OkDiario, The Objective, El Debate, Periodista Digital, Libertad Digital y EsRadio habían recibido en sólo dos años 1,6 millones de euros de las arcas públicas.