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Galicia
Dimite un tercio de los médicos de urgencia del mayor hospital concertado de Galicia aupado por Fraga y Feijóo
Un tercio de los médicos y médicas de urgencia del mayor hospital privado de Galicia, Ribera Povisa, agraciado con un concierto millonario con la sanidad pública gallega, ha dimitido en bloque por “las condiciones límite” a las que están sometidos tanto los facultativos como los más de 120.000 pacientes del área sanitaria de Vigo (Pontevedra) que están obligados a acudir a sus instalaciones. En las últimas semanas, se han consolidado las salidas más numerosas y abruptas. Solo desde enero de 2024, diez facultativos y facultativas han dejado su puesto de trabajo, algunos de ellos con décadas de experiencia en el mismo área del mismo hospital, pero que reconocen como “insostenible” la situación, precisamente, “por la falta de personal”. Pero no solo los más veteranos, muchos de los médicos MIR que iban llegando nuevos también están estudiando su situación sobre si salir de uno de los hospitales privados más grandes del Estado español, comprado hace poco más de un año por el gigante francés de las residencias para mayores Vivalto Santé, su segundo dueño en menos de tres años. Pero la desbandada viene de largo.
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Según explican a El Salto algunos de los médicos que han tomado la decisión y otros de servicios en situaciones de presión laboral similar como enfermería, pero que prefieren mantener su identidad en el anonimato por potenciales represalias desde la gerencia, controlada hoy por Ángela Guerra, si se echa la vista hacia atrás, desde septiembre del año pasado hasta hoy, el total de médicos que han dejado su puesto de trabajo es de 17. Para hacerse una idea de la magnitud de la decisión, a 31 de diciembre, en el servicio de urgencias del Hospital Ribera Povisa había apenas 30 médicos en nómina, la práctica totalidade de ellos con contratos fijos. Como ha podido conocer este diario, gracias a algunos de los sindicatos con mayor presencia en el hospital, la gran mayoría de las vacantes que se han cubierto se han llenado con contratos puntuales y mercantiles no vinculantes a la empresa, casi todos no titulados: “Están favoreciendo la subcontratación del servicio”.
Las estrategias para abandonar sus puestos de trabajo han sido diversas, pero de algún modo coordinadas y “forzadas por la carga de trabajo” a la que llevan expuestos, dicen, desde al menos hace cuatro años. Algunas excedencias, otros cambios de servicio y otros, directamente, se han ido al principal hospital público —con gestión privada de los servicios no hospitalarios— de la zona, el Álvaro Cunqueiro. Pero esta situación no es algo que solo afecte directamente a la salud de trabajadores y trabajadoras, sino que supone “un peligro real para la calidad asistencial”, explican a esta redacción las personas afectadas.
Tras conocer el abandono de un tercio de la plantilla de médicos de urgencias, este diario ha ido a hablar con pacientes que, desde hace semanas, sufren horas de espera extra tras el triaje si se comparan, dicen, a sus experiencias en el mismo servicio en los años anteriores: “No sabíamos que podría venir provocado por la falta de personal, pero es cierto que esta es de las peores condiciones sanitarias que hemos visto en un servicio de urgencias”, denuncia una pareja a las puertas del centro hospitalario. De hecho, otros testigos explican cómo han tratado en varias ocasiones de solicitar el traslado a otro hospital de titularidad pública: “Quiero cambiar a mi hijo para el [Hospital Público Álvaro] Cunqueiro, pero cada vez que trato de preguntar la forma en la que se hace, las personas de información responden de manera desagradable”, comenta a El Salto el padre de un adolescente que aguarda en silla de ruedas para ser atendido. Esta redacción ha solicitado a la Consellería de Sanidade (Sergas) la cantidad de solicitudes que se han recibido a este respecto, pero todavía no ha obtenido respuesta.
El concierto de alrededor de 80 millones anuales que la Consellería de Sanidade del Gobierno gallego de Alfonso Rueda paga a Ribera Povisa “implica un agravio comparativo entre los pacientes del Sergas atendidos en la pública y los atendidos en este hospital”, desarrollan médicos del hospital en conversación con El Salto. ¿Por qué? Pues porque el Álvaro Cunqueiro tiene la obligación legal de contratar exclusivamente a especialistas, es decir, a gente que tenga una via MIR —la mayoría de médico de familia porque todavía no existe la especialidad de urgencias— “mientras que una cláusula del convenio con Povisa les deja libertad para poder contratar a médicos sin especialidad”.
¿El problema fundamental? La falta de una oferta económica competente con la sanidad pública, explican los especialistas, ha provocado una fuga de talento hacia los centros públicos “deteriorando poco a poco la calidad asistencial”.
De Fraga a Feijóo: los hospitales como bien de mercado
Aunque ha pasado entre varias manos tratado como bien de mercado, el Hospital Ribera Povisa mantiene desde el Gobierno de Manuel Fraga en 1993 un concierto con la Xunta de Galicia a través del cual atiende a nunca menos de 120.000 pacientes y hasta 139.000. Recibe como contraprestación algo más de 80 millones de euros sin incluir el IVA. Lo que supone, según los cálculos del Bloque Nacionalista Galego y algunos sindicatos alrededor del 80% de lo que ingresa anualmente. Es decir, fundamenta su negocio en el concierto millonario.
Ribera Povisa y otros dos hospitales gallegos pasaron a manos del grupo sanitario francés Vivalto Santé en julio de 2022 tras llegar a un acuerdo con la multinacional Centene Corporation para adquirir todo el grupo Ribera, dueña del centro médico vigués desde 2019. El negocio se ha quedado entre multinacionales: de una estadounidense a otra francesa. Pero entonces prefirieron ocultar los detalles de la compra.
En aquel momento y todavía ahora, la sección de Salud de la Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo advirtió de que la nueva venta del hospital Povisa de la ciudad comprometía el derecho a una asistencia sanitaria de calidad, algo que parece estar tocando tierra en las últimas semanas. En este sentido, la organización sindical mayoritaria en Galicia sigue mostrando su preocupación al entender que este nuevo movimiento empresarial compromete el derecho a una asistencia sanitaria de calidad para esas 120.000 personas en el área de Vigo: “Este tipo de operaciones evidencian el riesgo de convertir el cuidado de nuestra salud en un negocio privado, en el que compran y venden centros sanitarios en función de los intereses económicos de los accionistas de las compañías que los gestionan, con el objetivo de minimizar los costes y maximizar los beneficios”.
El PSOE garantizó la continuidad de Povisa en las elecciones
Pero Povisa en Galicia juega con comodidad entre la derecha y el centro izquierda. Con el Partido Popular en la Xunta de Galicia y con la mayoría cortante del PSOE de Abel Caballero en la ciudad gallega más populosa. En las semanas previas a las elecciones gallegas del 18 de febrero, el alcalde de Vigo lo dejó claro subordinando al PSdeG-PSOE bajo sus propios intereses. Mientras que el equipo del candidato José Ramón Gómez Besteiro, aprovechando el fin del concierto con Povisa el 31 de agosto de 2024, planeaba su absorción a través de la Consellería de Sanidade, Caballero dijo que no y Besteiro y sus asesores acataron. Son hechos: mientras el PSdeG había incluido esta medida en un documento previo al lanzamiento del programa, desapareció una vez entró en campaña. No en balde, el alcalde y exministro de Felipe González fue uno de los protagonistas de la ceremonia del 50 aniversario del hospital, celebrada durante el 2023, donde anunció que le otorgaría al hospital privado la Medalla de Oro de la ciudad. El enésimo giro a la derecha de un partido que sigue en su suelo electoral desde 2016.
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Es un ejemplo paradigmático, pero no el único, del funcionamiento del PP. Fondos públicos y beneficio privado. Y, además, con normas de funcionamiento que permiten una competencia desleal con los hospitales públicos: No exigencia de especialidad a los médicos, servicios añadidos de ínfima calidad (comidas, servicios higiénicos, ratios y un largo etcétera). En Madrid este criterio llevó a la muerte de más de siete mil ancianos durante la pandemia. Las muertes que este sistema conlleva son más discretas, pero existen.
¡Bravo por los gallegos y su criterio a la hora de votar!