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Euskal Herria
Zorrotzaurre: zona cero del enriquecimiento con la vivienda protegida en Bilbao
Sobre las obras de Zorrotzaurre el exsenador Iñaki Anasagasti escribía recientemente que un ex Diputado General le confesó lo siguiente: “Bilbao tiene un plan urbanístico en toda la ciudad. No entiendo eso de vivienda libre en un 100%. ¿Tanto mandan las constructoras a la orilla de la Ría? Sígase la pista al promotor”.
Tirando de ese hilo, buena parte de la madeja del Plan Zorrotzaurre, el “Manhattan bilbaíno” donde el Ayuntamiento de Bilbao lleva al menos años hipotecando su política pública de vivienda protegida, está controlada por grandes promotoras. El diario Deia lo presenta como “un nuevo espacio de oportunidad de 840.000 m²”, con un coste, hasta el momento, "cercano a los 20 millones de euros”.
El Plan Zorrotzaurre prevé la construcción de 5.474 viviendas, libres y protegidas, repartidas en esa península reconvertida en isla artificial tras la apertura del Canal de Deusto, ahí en cuya orilla Deusto y Sarriko se dan la mano. De todas ellas, 2.747 se proyecta como protegidas: 1.371 viviendas de protección oficial (VPO) y 1.376 viviendas de protección tasada (VPT). Hordago-El Salto ha localizado en Zorrotzaurre un total de 772 viviendas protegidas en manos de Amenabar y Urbas, es decir, el 28,1% del total. Estas dos firmas dedicadas al ladrillo han protagonizado puertas giratorias con cargos públicos y la asistencia de abogados que a su vez asesoran a diferentes instancias del Gobierno Vasco.
La isla del olvido está más cerca que nunca de cumplirse tras décadas de avances y retrocesos urbanísticos. El último impulso lo dio el triunvirato compuesto por el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia y la Autoridad Portuaria de Bilbao (APB), instituciones que lograron aglutinar desde 2002 a los principales propietarios privados de la Ribera en una comisión gestora que tenía como objetivo facultar la reurbanización de la isla-península mediante el Proyecto de Desarrollo Económico, Social y Urbanístico de Zorrotzaurre.
Operación “salvar al Manhattan bilbaíno”
El 9 de agosto trascendió a los medios de comunicación que el grupo constructor Urbas había vendido por 98 millones de euros a la firma de inversión británica M&G Real Estate una promoción en la punta norte de la isla de Zorrotzaurre compuesta por 314 viviendas, de ellas, al menos 143 son VPO. Más recientemente, el pasado 3 de noviembre, y como adelantaba El Confidencial, Urbas “repite [la] jugada” al negociar con un gran fondo inversor institucional la venta de otras 300 viviendas por 40 millones de euros.
Desde agosto, Urbas ha vendido a dos fondos de inversión más de 450 viviendas de la isla de Zorrotzaurre por más de 110 millones de euros.
Días después, el 15 de noviembre, Urbas anunció que había cerrado la venta a Q-Living (Grupo Qualitas) de 143 viviendas de protección oficial. Este acuerdo entre firmas privadas le ha reportado 24 millones de euros, a los que suma una subvención del Gobierno Vasco de 6,5 millones para destinar estas viviendas al régimen de “alquiler asequible”. Además, la construcción de la promoción de viviendas será financiada mediante un préstamo con garantía hipotecaria; un préstamo que Urbas está negociando en la actualidad con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El comprador, Grupo Qualitas, está controlado por la familia Polanco, cuyo patriarca, el ya fallecido Jesús Polanco, fundó el grupo de comunicación Prisa, matriz de El País. Precisamente un miembro de esta familia, Jaime Polanco, ostenta la vicepresidencia del grupo Urbas.
Estas operaciones buscan salvar financieramente la “Manhattan” vizcaína con el que se pretende “coronar la metamorfosis de Bilbao”. Las operaciones de Urbas, con 850 viviendas en la zona, vienen precedidas de advertencias de fuentes tan distintas como la revista Forbes y el sindicato ELA, que describen al grupo Urbas como un “gigante con pies de barro”. La quiebra, parece ser, es esa base de barro para el gigante del ladrillo. La isla de Zorrotzaurre hace aguas por el lado de Urbas. La promotora no ha contestado a las preguntas de este medio remitidas por vía email.
Entre los años 2020 y 2021, Urbas adquirió hasta tres importantes empresas vascas: Construcciones Urrutia, Murias y Jaureguizar.
Entre los años 2020 y 2021, Urbas adquirió hasta tres importantes empresas vascas: Construcciones Urrutia (vinculada a la carrera empresarial de un exdirector de Vivienda del Gobierno Vasco, Lauren Arrizabalaga); Murias (perseguía el liderazgo del sector de la construcción); y Jaureguizar, esta última mantenía una posición de liderazgo en Bizkaia. Desde entonces, varias firmas con puertas giratorias abiertas al PNV se afanaron en colaborar en la incursión de Urbas en suelo del oasis vasco, que, parece ser, también tiene islotes.
Desembarco de Urbas en el oasis vasco
La operación de Urbas para adquirir la firma guipuzcoana Construcciones Murias, años atrás adjudicataria del contratazo de más de 10 millones de euros de apertura del Canal de Deusto y Puente de acceso a la isla de Zorrotzaurre, fue asesorada por el prestigioso bufete Cuatrecasas.
En Cuatrecasas no faltan las puertas giratorias y el clientelismo de ida y vuelta con el Partido Nacionalista Vasc (PNV). Joanes Labayen, casado con la presidenta del Parlamento Vasco e hijo de un exalcalde del PNV en Donostia, es socio director de la oficina de Cuatrecasas en Donostia y a su vez ha venido ejerciendo de secretario en el consejo de administración del grupo constructor Moyua. A pesar de este curriculum, Labayen ha sido recientemente fichado como asesor del Gobierno Vasco para hacer frente al conflicto con los transportistas de las rutas escolares.
Bilbao
La fábula posmoderna: El espejismo de Zorrotzaurre
Zorrotzaurre sigue siendo rehén de un modelo de hacer ciudad donde la lógica del mercado con la valorización financiera a corto plazo y captura de plusvalías se impone sobre cualquier otra perspectiva a largo alcance.
El despacho Cuatrecasas, encargado en su momento de la defensa del principal condenado por el “caso De Miguel”, el exdiriginte del PNV alavés Alfredo De Miguel, cuenta con otras bazas importantes en su particular modelo de puertas giratorias. Por un lado, Javier Burón, letrado del área de derecho público de Cuatrecasas hasta 2012, y hasta recientemente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Burón fue viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco hasta 2009 y director de Planificación y Procesos Operativos de dicha viceconsejería hasta 2007. Por otro lado, Javier Chalbaud, exsocio del despacho del mismísimo Xabier Arzalluz, exsecretario del Bizkai Buru Batzar y abogado de confianza del PNV, ejerce de socio de honor de Cuatrecasas en Bilbao, la segunda oficina más antigua del bufete de abogados. Por último, Antón Pérez-Iriondo, exinspector de Finanzas de la Hacienda Foral de Bizkaia, es también socio de honor de Cuatrecasas.
“Gente de palabra”
En 2010, durante el acto de celebración del 25 aniversario de la promotora Jaureguizar, el entonces alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, definió a sus directivos como “gente de palabra” y les pidió “calma” ante las dudas por el proyecto de Zorrotzaurre. Azkuna, alcalde entre 1999 y 2014, había prometido construir 4.500 VPO entre los años 2007 y 2011. Por aquellas fechas, en la dirección técnica de la promotora Jaureguizar trabajaba Tito Aceves, quien fuera subdirector de Obras y Servicios en el Ayuntamiento de Bilbao entre 1975 y 2007.
En 2016, el nuevo alcalde, Juan Mari Aburto, presentó como uno de los grandes hitos de Zorrotzaurre el inicio de las obras de las primeras viviendas en San Ignacio y Deusto por parte de la promotora Jaureguizar. Precisamente esta promotora vasca se había convertido en la encargada de edificar 172 VPO y 233 VPT en Zorrotzaurre, pero según contó el periodista Josu García en octubre, las obras están paralizadas desde mayo y la promotora pide más dinero a los futuros propietarios alegando un incremento de los costes debido a, entre otros factores, la “guerra de Ucrania”.
Jaureguizar había ganado en 2015 el concurso de “enajenación de las parcelas SI-3, SI-4 y DB-1 de la AI 1 del Area Mixta” de Zorrotzaurre, lo que se traducía más de 25 millones de euros. Se da la circunstancia de que en la Comisión Gestora para el Desarrollo Urbanístico de Zorrotzaurre ostentaba el cargo de vicepresidente segundo Gabriel Salaverry, hermano del consejero delegado de la promotora Jaureguizar, Miguel Salaverry. Es una comisión que preside el alcalde de Bilbao, que está vicepresidida por el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, y en la que ejercía de vocal la entonces concejala de Gobernanza y Proyectos Estratégicos, Gotzone Sagardui, ahora consejera de Salud del Gobierno Vasco. Este asunto fue denunciado en 2018 ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi por una licitadora por un posible caso de incompatibilidad en uno de los contratos.
La propia Jaureguizar firma que acumula 634 viviendas protegidas en la capital vizcaína y calculaba en 2017 que “de las 4.000 viviendas nuevas que se construyen en la CAV cada año, la mitad lo son en Bizkaia y un millar en Bilbao”.
Ahora en manos de Urbas, la promotora Jaureguizar promociona otras 112 VPO y 117 VPT “a lo largo de la ribera de la ría, entre Deusto y San Ignacio con vistas a la nueva isla de Zorrotzaurre”. La propia Jaureguizar, firma que acumula 634 viviendas protegidas en la capital vizcaína, calculaba en el año 2017 que “de las 4.000 viviendas nuevas que se construyen en la CAV de media cada año, la mitad lo son en Bizkaia y un millar en Bilbao”. El proyecto urbanístico que avalan las firmas privadas con el concurso de las instituciones públicas hace tiempo que está anclado en la histórica hipertrofia de la metrópoli vizcaína.
Para la compra de Jaureguizar, Urbas recibió el asesoramiento legal y financiero de las consultoras PwC y PKF Attest, ambas sancionadas por integrar un cártel que se repartía contratos del Gobierno Vasco.
Para la compra de Jaureguizar, Urbas recibió el asesoramiento legal y financiero de las consultoras PwC y PKF Attest, ambas sancionadas por integrar un cártel que se repartía contratos del Gobierno Vasco. Estas empresas cuentan entre sus filas con varios altos cargos vinculados al PNV, que como suele ser habitual, permite galvanizar y llevar a buen puerto las operaciones económico-financieras en las que se deba lidiar con la Administración pública. Esto es lo que se ha venido a denominar “capitalismo de consultoría”.
Corrupción
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En el caso de PwC, a su vez encargada del “servicio de asistencia para el cumplimiento de la normativa europea y demás requerimientos específicos derivados de la orden HAP/2427/2015 aprobatoria de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) de Regeneración de Zorrotzaurre”, está presidida a nivel estatal por el bilbaíno Gonzalo Sánchez, y encabezada en Euskadi por un expresidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao (APB), el exburukide del PNV Asier Atutxa. El exdirigente jeltzale lidera la consultora con ayuda de Javier Urizarbarrena, quien fuera Diputado de Hacienda de Bizkaia, y con Aitor Soloeta, exedil del PNV, exjefe de Actuaciones Inspectoras de Hacienda de Bizkaia y exdirector de Hacienda de Bizkaia, años atrás asesor fiscal del despacho Cuatrecasas.
En el caso de PKF Attest, la cuadratura del círculo la cierra Javier Barkala, a sueldo de dicha consultora, quien fuera cargo público de la Diputación de Bizkaia y hermano del actual presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, el exedil del PNV Ricardo Barkala. Además, un hermano del exvicelehendakari Jon Azua, Iñaki Azua, sancionado por su participación en el cártel de las consultoras multado por la CNMC, se presenta en la plataforma LinkedIn como socio de PKF Attest.
En el punto de mira de la ONIF
En abril del 2021, la Fiscalía Anti-Corrupción pidió más de ocho años de cárcel para el presidente de Urbas, convertido en uno de los grandes operadores en la urbanización de Zorrotzaurre. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, lo denunció en 2017 ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de estafa cometidos en 2015. En 2022, la situación de Urbas se complicó aún más al entrar en la lista de morosos de Hacienda española con una deuda de casi un millón de euros. Su presidente aparecía en el listado de ese año con una deuda de 7,5 millones de euros.
Las dificultades económicas y jurídicas que afronta el grupo Urbas han llegado a poner en riesgo las obras de la quinta torre de Garellano, Anboto Dorrea, el futuro edificio residencial más alto de Euskadi. Este proyecto fue encargado a una empresa ahora propiedad de Urbas, Construcciones Urrutia, en 2018 también responsable de hasta 60 viviendas protegidas en Arangoiti (Bilbao).
País Vasco
Zorrotzaurre El bluf de la isla bilbaína ahoga a 172 familias
Recientemente, Urbas ha pedido a las cooperativas de futuros propietarios del mastodóntico Anboto Dorrea cinco millones de euros más para continuar con la obra, pero los propietarios votaron por unanimidad rechazar el incremento y liquidaron el contrato. Ahora aspira a terminar la obra el gigante Sacyr, firma que llegó a entregar 19 cheques al PNV contraviniendo la ley de financiación de partidos.
Urbas ha sido rechazado en varias promociones tras pedir varios millones para continuar con las obras que como promotora empezó pero paralizó.
Urbas también ha abandonado un proyecto de 144 viviendas en Barakaldo, mientras encabeza otro proyecto de 550 viviendas en ese mismo municipio que, según la alcaldía del PNV, “regenerará el barrio de Burtzeña”. Paralelamente, es promotora también de dos cooperativas de propietarios más, ubicadas en el barrio bilbaíno de Santutxu y en el municipio de Santurtzi, cuyos socios valoran rescindir sus contratos con Construcciones Urrutia, adquirida por Urbas en 2021.
Amenabar en Zorrotzaurre
La constructora Amenabar, archiconocida en el entorno del ladrillo y en las instituciones del eje vasco-español, es responsable de 120 viviendas de protección oficial (VPO) y otras 104 viviendas de protección tasada (VPT) en Zorrotzaurre. Estas edificaciones fueron encargadas por Visesa, sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco y adscrita al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes para el desarrollo de su política territorial de vivienda, a través de un contrato de 15,7 millones de euros y otro de 11,8 millones, respectivamente.
Amenabar no es ninguna desconocida para la órbita política del oasis vasco. De esta constructora fue director gerente, hasta 2016, Ernesto Martínez de Cabredo, en la actualidad alto cargo del Gobierno Vasco. Su padrino político es el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, el socialista Iñaki Arriola, cuya consejería ha considerado que “Zorrotzaurre se convertirá en un laboratorio” donde “explorar la vivienda protegida en todas sus modalidades”. Luis Pedro Marco de la Peña, viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno Vasco, estuvo vinculado a la constructora entre los años 1999-2007 y entre 2016-2020 como director. En Amenabar también trabajó como directiva otra socialista, Mónica Pedreira, actual directora de Medio Ambiente en la Diputación de Gipuzkoa.
Las conexiones jeltzales tampoco faltan en Amenabar. En ella fue directivo Roberto Otxandio, exalcalde del PNV de Basauri y ahora consejero de Iberdrola, Más relevancia adquieren estas giratorias en el caso del director del departamento jurídico de Amenabar entre 2020 y 2022, el jeltzale Eneko Goenaga Egibar, abogado ligado al bufete Cuatrecasas entre 2012 y 2020 y que además asistió legalmente al condenado Alfredo de Miguel. Eneko Goenaga Egibar es sobrino del burukide Joseba Egibar y en la actualidad trabaja como asesor jurídico en el Gobierno Vasco.
La trama de comisiones ilegales del “caso De Miguel” también alcanzó al Consejo Asesor del Planteamiento Urbanístico de Zorrotzaurre, donde participó Josu Montes, uno de los condenados
La trama de comisiones ilegales del “caso De Miguel” también alcanzó al Consejo Asesor del Planteamiento Urbanístico de Zorrotzaurre, donde participó Josu Montes, uno de los condenados por ese asunto en 2019. Precisamente el Ayuntamiento de Bilbao contrató por nueve millones de euros a la constructora Amenabar para la “enajenación de la parcela edificable denominada SI-1, de la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 del Área Mixta de Zorrotzaurre de Bilbao”.
Intereses especulativos que hipotecan la política de VPO
El modelo de planeamiento urbanístico al estilo yankee aplicado en Bilbao, ejemplificado en la transformación de la antigua y degradada zona portuaria e industrial donde hoy se ubica el Museo Guggenheim, en Abandoibarra, contemplaba como próximo objetivo una intervención en el área de Zorrotzaurre. Este plan sirvió para barrer del mapa a vecinos movilizados y campamentos de sin techo e inmigrantes, hechos que seguramente inspiraron el trabajo Primero tomaremos Manhattan: regeneración urbana, insurgencias ciudadanas y emergencias culturales en Zorrotzaurre (Bilbao) de Imanol Zubero. Muchas de las viviendas que aún permanecen en la zona han tenido que ser defendidas por las vecinas y vecinos durante décadas. La planificación urbana, las políticas públicas propugnadas, habían dejado a su suerte a cientos de personas.
La velocidad del plan ya está dejando atrás a los vecinos de Deustuibarra. Además, el plan se vendió como un espacio de viviendas para jóvenes que contaría con centros de formación. Allí pretenden instalar proyectos como la facultad de Medicina promovida por el operador sanitario privado IMQ y la Universidad de Deusto, el centro As Fabrik de Mondragon Unibertsitatea, la escuela de videojuegos estadounidense DigiPen y la escuela de diseño KunstHal, todos ellos privados. Allí floreció el Basque District of Culture and Creativity, la punta de lanza del industrialismo cultural.
Uno de los primeros pasos en la intervención de Zorrotzaurre supuso la compra en el año 2007 del 40% del suelo por parte del Gobierno Vasco a la Autoridad Portuaria de Bilbao. La operación sirvió para sanear las arcas del Puerto
Uno de los primeros pasos en la intervención de Zorrotzaurre supuso la compra en el año 2007 del 40% del suelo por parte del Gobierno Vasco a la Autoridad Portuaria de Bilbao. La operación sirvió para sanear las arcas del Puerto, cuya presidencia lleva controlando el PNV desde 1996: José Ángel Corres (1996-2009); Asier Atutxa (2013-2018); y Ricardo Barkala (2018-actualidad). A partir de 2013, el Ayuntamiento de Bilbao hipotecó en Zorrotzaurre su política de vivienda social para la capital vizcaína, diluyendo incluso proyectos de la entidad pública Viviendas Municipales para favorecer intereses especulativos.
Hace nueve años, el consejero de Empleo y Políticas Sociales, que era precisamente Juan María Aburto, el actual alcalde de Bilbao, apostaba por dejar de subvencionar el acceso en propiedad a VPOs y abogaba por la captación de viviendas deshabitadas para incorporarlas al mercado de alquiler. En este contexto, Aburto llegó a afirmar lo siguiente: “La única política de vivienda posible en un futuro debiera ser la política de alquiler, con dinero público no debiéramos favorecer el acceso a la propiedad de la vivienda”. Nada impedía que la red empresarial del clientelismo y las puertas giratorias del PNV accediera con dinero público a las obras de vivienda protegida.
Vivienda libre, otro negocio para viejos conocidos
La consejería de Vivienda del Gobierno Vasco decidió que Zorrotzaurre debía ser un proyecto donde debían convivir las VPO con las viviendas libres. En esta área metropolitana proyectada como un negocio de viviendas libres opera el Grupo Eibar, una promotora que está inyectando dinero en la Fundación Sabino Arana.
Urbanismo
Zorrotzaurre, la isla del olvido
Los vecinos tratan de frenar el urbanismo segregador que se ha impuesto en la planificación de la Ribera de Deusto. El proyecto de urbanización se reactiva 15 años después de la presentación del primer Master Plan en otra zona de Bilbao abocada al olvido.
Por otro lado, Pryconsa, cuyas actividades han llegado a ser relacionadas con la “trama Gürtel” del PP, venía de colaborar con Amenabar en el proyecto Parque Bruselas Residencial de Madrid, en septiembre de 2022, cuando la entidad pública Bilbao Ría 2000 vendió por 52,2 millones a Pryconsa una parcela en Zorrotzaurre para edificar allí aproximadamente 230 viviendas libres. Previamente, en febrero de 2019, Pryconsa compró por más de 13 millones un solar, propiedad de Visesa y ubicado frente a la Isla de Zorrotzaurre, para construir 154 viviendas libres con la financiación de Kutxabank. La antigua promotora inmobiliaria de Kutxabank, Neinor, también destaca en sendas parcelas de Zorrotzaurre en el área de vivienda libre.
Ya en 2006, la patronal del sector de la construcción en Bizkaia, ASCOBI, presidida en los últimos años por dos excargos del PNV, Humberto Perea y Alex Bidetxea, advirtió que hacer muchas VPO no salía rentable. El entonces presidente de ASCOBI, el jeltzale Manu Galíndez, fundador de una constructora implicada en el affaire de la gestión del ayuntamiento de Alonsotegi, afirmó que para construir pisos en Bizkaia se debía bajar el coste de la compra de suelo y subir el precio de venta de las VPO.
Los jeltzales Perea y Bidetxea han venido ostentando la presidencia de ASCOBI en representación de Viuda de Saiz, firma que también fichó a un extesorero del PNV, Xabier Sagredo, ahora presidente de la BBK (que lidera la entidad financiera Kutxabank). Cabe recordar que el grupo Viuda de Sainz y la constructora Balzola, esta última presidida hasta 2019 por un exdirector de Carreteras del Gobierno Vasco, José Ramón Odriozola, formaron la UTE encargada de las “obras de apertura del Canal de Deusto y Puente de acceso a la isla de Zorrotzaurre” por valor de más de 17 millones de euros, aunque en 2016 terminaron abandonando el encargo.
El abandono, junto al posterior veto de seis meses en la contratación con el consistorio bilbaíno, no fue obstáculo para que más tarde Viuda de Sainz fuera elegida para acometer las obras de varios proyectos en Zorrotzaurre
El abandono, junto al posterior veto de seis meses en la contratación con el Consistorio bilbaíno, no fue obstáculo para que más tarde Viuda de Sainz fuera elegida para acometer las obras de rehabilitación “como ecosistema innovador” del edificio Beta 2 de Zorrotzaurre donde edificar un Parque Científico con un Campus Tecnológico (por 1,8 millones) o para realizar las obras de “construcción del muro de protección de Ribera Margen Derecha Ría en Zorrotzaurre” (por 1,6 millones), además de haber sido seleccionada para acometer hasta dos tramos en la urbanización de Zorrotzaurre, uno de ellos por 13,9 millones y otro por 14,8 millones.
Tras pinchar la burbuja inmobiliaria, las licitaciones de obras en la administración vasca descendieron un 75%, por lo que algunas empresas encontraron en la construcción de vivienda pública un nuevo nicho para paliar la crisis, sus crisis. Según datos del Observatorio Vasco de la Vivienda, en el período 2011-2019, “la contribución porcentual de Euskadi a la edificación de vivienda estatal” creció “sustancialmente”, ya que se terminaron de edificar 18.134 viviendas protegidas, “representando el 11% de la vivienda protegida total terminada a nivel estatal”. Da igual si hay que terminar montando archipiélagos por toda la ría del Nervión.
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