Espionaje
Robles se enroca en la defensa de las acciones del Centro Nacional de Inteligencia en el marco del caso Pegasus

Después de la batería de preguntas a Margarita Robles, una diputada del PP ha querido zanjar el tema: “Vamos a hablar de lo que preocupa a los ciudadanos”. Mensaje: aquí no hay nada que ver, a los ciudadanos “normales” no les concierne que los servicios secretos —u otros cuerpos del Estado— hayan podido intervenir ilegalmente el teléfono de decenas de ciudadanos por medio del software Pegasus.

Hay una división radical en el hemiciclo entre los partidos que han hecho de la sesión de control de hoy un examen de las garantías democráticas del Estado de derecho, quienes denuncian que es el caso de espionaje masivo más grave de cuantos han tenido lugar en la Unión Europea, y de las organizaciones que, como en la película, “aman los uniformes”, defienden todas y cada una de las acciones de Policía, Guardia Civil y servicios secretos, un club encabezado por Robles. Macarena Olona, del partido de los procuradores neofranquistas, lo resumió unos minutos después interpelando a los partidos favorables a la investigación del espionaje: “¿Dónde está el problema? ¿[En] que les han espiado? ¡Poco les han espiado!”.

La ministra de Defensa se ha desempeñado en las últimas horas, tanto en el Senado como hoy en la Carrera de San Jerónimo, en la defensa de una línea de defensa frágil: el CNI, asegura el Gobierno, investigará su actuación en el espionaje de al menos 63 cargos públicos y líderes independentistas, al mismo tiempo, como si la investigación ya hubiera tenido lugar, Robles defiende que todo es legal y que el espionaje está en la cabeza de periodistas y de esos políticos. Hoy, ha mostrado su confianza en que la comparecencia de la directora de los servicios secretos, Paz Esteban, en la comisión de secretos oficiales del Congreso permitirá “que salga todo”. Ayer, en el Senado insinuó que la investigación de Citizen Lab y The New Yorker —revista centenaria que dijo no conocer— pudo estar “teledirigida”. 

Lo poco que ofrece el PSOE a sus socios de investidura es una comisión de investigación y dar entrada a EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya en la Comisión de Secretos Oficiales

Robles ha dejado pocas grietas en su discurso. Pero al final de la batería de preguntas de tres grupos ha deslizado en forma de pregunta a Mireia Vehí (CUP) el verdadero alcance del escándalo Pegasus, la vieja cuestión de si el fin justifica los medios: “¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución?”.

Pero el Estado, encarnado en el PSOE de Pedro Sánchez, no ha optado por reconocer el espionaje, si no que insiste en que todo se ha hecho “en arreglo a la legalidad”. Robles se enroca en su afirmación de que las denuncias de los grupos parlamentarios se realizan sin soporte probatorio y, al mismo tiempo, dice “me tengo que callar” para defender el secreto de las herramientas utilizadas por el CNI, en virtud del artículo 5 de la Ley 11/2002. Un paso más allá, Robles ha anunciado que habrá “sorpresas” si se desclasifican los documentos.

Lo poco que ofrece el PSOE a sus socios de investidura es una comisión de investigación y dar entrada a EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya en la Comisión de Secretos Oficiales, una medida aprobada ayer por la presidencia del Congreso de Meritxell Batet, que ha focalizado los ataques de la oposición nacionalista española al Gobierno.

Las formaciones soberanistas, Unidas Podemos, Más País y Compromís exigen al Gobierno “depurar” a los responsables del caso Pegasus

Gessamí Forner

Espionaje

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En una comparecencia conjunta, los nueve grupos políticos exigen, “especialmente al Grupo Socialista”, rendir cuentas a la ciudadanía y a las Cortes.

Poco, muy poco, a juicio de Aitor Esteban, el diputado del PNV, que ha recordado que en dicha comisión: “Nunca se ha contado un secreto”. Los jeltzales llevan años reclamando la derogación de la ley predemocrática de Secretos Oficiales, que ha servido para amparar escuchas como las que se han producido, presuntamente, en el marco de la investigación de los servicios secretos por medio del software Pegasus. “Desclasifiquen y deroguen la ley secretos oficiales”, ha exigido Esteban, quien ha recordado que el espionaje no solo concierne a los afectados sino que habla del sistema democrático en su conjunto.

“Al PSOE no le gusta ERC, no le gusta EH Bildu, no le gusta Unidas Podemos. Tienen una alternativa, que es de centro, de centro penitenciario”, ha dicho Rufián

La respuesta de Robles insistía en lo mismo: “quien tenga un problema, que vaya a la justicia” y contraataca denunciando que el Parlamento no ha sido capaz de poner en marcha la comisión de gastos reservados en lo que va de legislatura. Mireia Vehí, diputada de la CUP, la ha acusado de escurrir el bulto, de echar la culpa al legislativo de que el Ejecutivo no limpie sus cloacas. “¿Controlan ustedes al CNI?”, ha interpelado la diputada cupaire. La pregunta flota en el Congreso. Robles vuelve al ataque “les viene bien aparecer como víctimas”, dice a la portavoz de una organización que, presuntamente, ha sido objeto de escuchas ilegales durante varios años.

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Diálogo y decretos

A estas alturas de legislaturas, cada crisis parece la última, pero el Gobierno no parece más en peligro que hace unos meses. La primera interpelación de la mañana sobre el escándalo, la de Gabriel Rufián (ERC) a Pedro Sánchez, fijaba el marco en el que se produce la denuncia: “Al PSOE no le gusta ERC, no le gusta EH Bildu, no le gusta Unidas Podemos. Tienen una alternativa, que es de centro, de centro penitenciario”, ha dicho Rufián en referencia al PP. No hay una cultura política y el momentum dificulta aun más si cabe la Gran Coalición entre los dos grandes partidos del sistema. La situación es así de compleja: los socios que quieren que Sánchez y el Gobierno no caiga antes de tiempo son quienes denuncian haber sido espiados y quienes quieren saber si ese mismo Gobierno ordenó el espionaje.

En el otro lado de la raya queda el PP, que hoy no ha hecho apenas acuse de recibo de la cuestión abierta por Pegasus, Ciudadanos, que a través de Arrimadas ha tratado de colgar el adjetivo “legal” para justificar las escuchas a los separatistas, y de Vox que ha justificado el espionaje y no ha parado en mientes sobre si este es legal o ilegal.

Mal trago para Sánchez, quien ha sido más comedido que Robles en la defensa del CNI y ha defendido el diálogo con el independentismo para salvar la crisis. El próximo paso es a las 11h30 de hoy, 27 de abril, con la reunión entre los partidos afectados por el espionaje y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Mañana, la normalidad manda: el Gobierno quiere pasar el real decreto que añade 16.000 millones en ayudas, créditos y rebajas fiscales al esfuerzo contra la crisis económica. Posiblemente necesitará para convalidar el decreto a aquellos socios a los que hoy ha ofrecido vagas explicaciones y una defensa férrea del Estado tal y como es hoy, incluso con sus cloacas.