Espionaje
Las formaciones soberanistas, Unidas Podemos, Más País y Compromís exigen al Gobierno “depurar” a los responsables del caso Pegasus

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avaló las explicaciones dadas a ERC el domingo por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños (PSOE), por el caso Pegasus: el Gobierno iniciará tres investigaciones supuestamente independientes y promete desclasificar documentos secretos que arrojen luz al mayor caso de espionaje político en Europa. Díaz señaló que el Ejecutivo “se toma con muchísimo rigor y seriedad” el caso. Hoy han comparecido conjuntamente las formaciones soberanistas ERC, EH Bildu, Junts, PDeCat, CUP —todas ellas afectadas de forma directa por el espionaje— y BNG, junto con Unidas Podemos, Más País y Compromís.

La declaración consta de cinco puntos, además del resumen pertinente del caso. La reivindicación más notoria es la que pide que, además de aclarar el caso tanto política como judicialmente, “el Gobierno depure de todas las responsabilidades políticas que se deriven en tal investigación”. En ese sentido, las nueve formaciones instan al conjunto de grupos parlamentarios del Congreso, “y especialmente al Grupo Socialista”, que permitan la creación de una comisión de investigación que avance en el esclarecimiento, rinda cuentas con la ciudadanía y las Cortes “de forma transparente y con responsabilidad frente a la gravedad de lo conocido hasta ahora”. 

El Gobierno se aferra a la “seguridad nacional” para no aclarar si conocía el espionaje masivo contra políticos independentistas

Ter García

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Escándalo Pegasus El Gobierno se aferra a la “seguridad nacional” para no aclarar si conocía el espionaje masivo contra políticos independentistas

Ter García

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Distintas evidencias señalan al Estado como responsable del espionaje a 65 políticos y personalidades catalanas y vascas a través del software Pegasus. Una investigación de Citizen Lab detalla cómo y cuándo se infectaron los teléfonos y sugiere la responsabilidad del CNI.

En el resto de puntos, las formaciones muestran su “absoluto rechazo” a la práctica del espionaje, que supone una vulneración al derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la participación política, tanto de los afectados como de las personas con las que tienen trato en el Congreso de los Diputados, ya que los espías tenido acceso a todo el sonido que entraba por el micro de los teléfonos infectados por Pegasus. 

Asimismo, la declaración solicita a agentes sociales y sindicales y a la ciudadanía que “denuncien enérgicamente este escándalo”. Y anuncian su compromiso “a tomar todas cuantas acciones sean necesarias para llegar hasta el final en la investigación del caso y sus consecuencias”.

Declaracion Conjunta - Pegasus by Gessamí Forner on Scribd

El CNI y la territorialidad

Pegasus es un programa creado por la empresa israelí NSO que solo puede ser adquirido por los estados y sus estamentos gubernamentales. En España, los indicios apuntan a la implicación del Centro Nacional de Inteligencia, bajo el control del Ministerio de Defensa. 

Un total de 65 personas vinculadas al independentismo catalán y vasco fueron infectadas en sus dispositivos móviles por este virus, en el mayor caso de espionaje político conocido hasta ahora —el espionaje o tradicionales pinchazos a los teléfonos han sido vox populi en Euskal Herria, y estaban previstos por las formaciones independentistas catalanas desde que el Procés tomó carrerilla—. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró al estallar el escándalo que el CNI “siempre actúa con arreglo a la legalidad vigente en España”.

Esto significa que, además de contar con permiso judicial, una de las funciones del CNI en su creación, según la ley que lo reglamenta, es “prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España”. No especifica en qué grado, si basta con ser independentista, suponer una amenaza democrática para España o pertenecer a un grupo armado.

El caso Pegasus volvió la semana pasada a los medios de comunicación después de que el prestigioso semanario The New Yorker publicara una investigación llevada a cabo por el laboratorio adscrito a la Universidad de Toronto Citizen Lab, que estudia los controles de información que afectan a la seguridad de internet y amenazan los derechos humanos.