Especulación urbanística
Activistas en Madrid exigen "que la vivienda recupere su valor social”

Colectivos unidos en la Alianza por el derecho a la vivienda recorrieron en una bicicletada las calles de Madrid para incidir en que sus demandas históricas sean incluidas en la Ley Estatal de Vivienda que está estudiando el Gobierno.
Bicicletada ley de vivienda
Más de un centenar de militantes defendieron el Derecho a la Vivienda con en bicicletada que finalizó a las puertas de la Sareb.. Pablo 'Pampa' Sainz

Colectivos unidos en la Alianza por el derecho a la vivienda recorrieron en una bicicletada las calles de Madrid para reclamar porque “la vivienda recupere su valor social”. La apelación se produce en el marco de lo que definen como un “momento histórico, la aprobación de la Primera Ley Estatal de Vivienda.

Más de un centenar de militantes en bicicleta atravesó la ciudad desde la estación de Atocha por el Paseo de la Castellana hasta las puertas del Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, en Nuevos Ministerios, para continuar hasta las puertas de la Sareb, en el barrio de Mirasierra. La acción reivindicativa finalizó en Atocha con una performance feminista.

“Que la Ley de Vivienda que está haciendo el Gobierno recoja las demandas históricas del movimiento“,  exigen desde la Alianza por el derecho a la Vivienda.

“Reclamamos que la Ley que se está haciendo desde el Gobierno recoja las demandas históricas del movimiento por la vivienda. Queremos que (el ministro José Luis) Ábalos nos escuche, porque tenemos todo el trabajo hecho para él y sus colegas de gobierno”, expresó una de las portavoces de la acción, Marisa Pérez Colina.

En tal sentido, resumió las exigencias en tres puntos: “El acceso a una vivienda digna y adecuada, que significa una vivienda con suministros básicos. En segundo lugar, que pare la violencia institucional, la real, que es la que hecha a 200 familias a la calle cada día, y tercero, que exista un parque de vivienda pública y de alquiler, es necesario que se recuperen las viviendas que está en manos de la Sareb, porque la Sareb es nuestra”, afirmó.

La Alianza por el derecho a la vivienda reúne a medio centenar de movimientos sociales de diferente ámbito. Los propios colectivos de vivienda, feministas, del movimiento ecologista, de la lucha por las pensiones y por unas condiciones de empleo dignas. Colectivos por el derecho a la ciudad y a los servicios públicos de calidad, entre otros.

“Que la vivienda recupere su valor social que es el que debe tener, y que se detenga la especulación institucional”, exigen los colectivos sociales

“Que la vivienda recupere su valor social que es el que debe tener, y que se detenga la especulación institucional. Por decirlo de otra forma, queremos parar la violencia, que no es nunca la violencia de las protestas, que es la violencia institucional que sigue dejando gente en la calle y sin suministros básicos”, destacó Pérez Colina.

Por último, consultada sobre las disputas internas entre los partidos de gobierno, expresó que a los grupos que forman parte de esta Alianza les “da igual las cosas que haga el gobierno y sus movidas institucionales”.

“Lo que queremos es que escuchen a la calle. Son los movimientos de vivienda y la gente que se organiza la que les ha dado la agenda muy concretita, muy clarita, y lo que tienen que hacer es llevarla a cabo”, concluyó.

Especulación urbanística
Especulación inmobiliaria Más de 50 organizaciones crean un frente social para que el PSOE cumpla sus promesas en la Ley de Vivienda
Los principales movimientos de vivienda y sindicatos crean una alianza para hacer frente al “ala neoliberal” del PSOE, a la banca y los fondos buitre en la negociación de la futura Ley de Vivienda.

Entre los colectivos que se sumaron a la acción, estuvieron las familias de la Cañada Real Galiana, que llevan más de cuatro meses sin suministro eléctrico. “Somos un ejemplo de lucha titánica por la luz, que sin luz no se puede vivir dignamente. Pero también un lamentable ejemplo de la inacción de las administraciones regionales y estatales y de todo lo que mantiene esta situación sin ponerle fin de manera urgente. Un incumplimiento del deber de socorro y una vulneración de los derechos humanos”, afirmó la integrante de Juventud en Acción Cañada, Doua Akrikez.

“Luchar contra la luz es luchar por nuestra casa y por un mantenimiento, por una vida digna tal y como se recoge en el Pacto Regional de la Cañada Real, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención de los Derechos del niño y la niña, y la propia Constitución española que las administraciones están incumpliendo”, enfatizó la joven.

Desde el Sindicato de Inquilinos recordaron que según un censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística, existirían tres millones y medio de viviendas vacías. “Con que un diez estuviesen en los cinturones metropolitanos, imaginaos lo que serían trescientas o cuatrocientas mil viviendas puestas a disposición cuando los sorteos de vivienda pública apenas alcanzan las 400 para decenas de miles de peticiones. Hay mucha vivienda vacía que es necesario que salga al mercado mediante cualquier sistema. Y el principal que proponemos son la sanciones por vivienda vacía, algo que se lleva haciendo desde hace décadas en esa Europa a la que nos dicen que nos tenemos que parecer”, remarcó Fernando Bardera.

Para la Alianza se trata de un “momento histórico para conseguir por primera vez una Ley Estatal de vivienda con la que solucionemos el problema de la emergencia institucional”, por cuanto anticipan que continuarán con las acciones para lograr la inclusión de sus demandas.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra en tu cuenta.

Relacionadas

Tribuna
Tribuna Vivienda: es hora de organizarnos
La situación de crisis inmobiliaria nos exige leer el momento para acertar en las batallas que debemos dar ahora, reflexionar sobre los modos de acción colectiva y lograr articular una respuesta política amplia.
Turismo
Opinión Abolir el turismo
VV.AA.
Lleguemos a donde lleguemos, no puede ser que sea más fácil imaginar el fin del capitalismo que el fin del turismo.
Segovia
Opinión Agarrarse a un clavo ardiendo: comprar unas llaves
La quimera de un vivienda digna y accesible en Segovia seguirá incrementándose si el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y el Gobierno central no adoptan las medidas necesarias.
Genocidio
Genocidio El TPI emite la orden de detención contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra
La Sala de Cuestiones Preliminares del TPI rechaza las impugnaciones de competencia formuladas por el Estado de Israel y emite órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant.
Crisis climática
Informe de Unicef El cambio climático multiplicará por tres la exposición de los niños y niñas a las inundaciones para 2050
Es la proyección que hace Unicef en su informe 'El Estado Mundial de la Infancia 2024'. La exposición a olas de calor extremas será ocho veces mayor para 2050 respecto a la década del 2000. “El futuro de todos los niños y las niñas está en peligro”, advierte la agencia de la ONU.
Barcelona
Derecho a la vivienda El hartazgo por la vivienda impagable se da cita este 23 de noviembre en Barcelona
El amplio movimiento por la vivienda catalán, sindicatos y organizaciones vecinales, sociales y soberanistas demandan soluciones urgentes ante una crisis de vivienda sin solución a la vista
Tribuna
Tribuna Vivienda: es hora de organizarnos
La situación de crisis inmobiliaria nos exige leer el momento para acertar en las batallas que debemos dar ahora, reflexionar sobre los modos de acción colectiva y lograr articular una respuesta política amplia.
Turismo
Opinión Abolir el turismo
VV.AA.
Lleguemos a donde lleguemos, no puede ser que sea más fácil imaginar el fin del capitalismo que el fin del turismo.
Comunidad de Madrid
Sanidad Pública Los sindicatos denuncian a la Comunidad de Madrid por exponer a sus sanitarios a “gravísimos” riesgos
Solicitan la mayor indemnización económica pedida contra una administración por no contar con un verdadero plan de prevención de riesgos laborales para atención primaria.
Racismo
Racismo institucional Diallo Sissoko, una víctima más del sistema de acogida a migrantes
La muerte de este ciudadano maliense durante su encierro en el CAED de Alcalá de Henares ha puesto de manifiesto algunas de las deficiencias del sistema de acogida a migrantes en el Estado español.

Últimas

Palabras contra el Abismo
Palabras contra el Abismo Lee un capítulo de ‘Café Abismo’, la primera novela de Sarah Babiker
El barrio es el espacio físico y social en los que transcurre ‘Café Abismo’, la primera novela de la responsable de Migraciones y Antirracismo de El Salto, Sarah Babiker.
Violencia machista
25 de noviembre Con el lema “Juntas, el miedo cambia de bando”, el movimiento feminista llama a organizarse este 25N
En un año en el que ha vuelto al primer plano el debate público sobre la violencia patriarcal sistémica que siguen padeciendo las mujeres, la marcha del 25 de noviembre vuelve a las calles el próximo lunes.
Más noticias
Comunidad de Madrid
Paro del profesorado Nueva jornada de huelga en la educación pública madrileña
Este jueves 21 de noviembre el profesorado se vuelve a levantar contra las políticas del gobierno de Díaz Ayuso, que mantiene paralizadas las negociaciones para mejorar sus condiciones laborales.
València
dana A las 20:11, era tarde
Todavía conservamos el horror de cientos de coches amontonados y arrastrados por la riada. Es por esos millones de turismos y sus emisiones ─aunque no solo─ que vivimos en un planeta que se está calentando demasiado rápido.

Recomendadas

Memoria histórica
Memoria histórica Museo del franquismo, ¿eso dónde está?
España sigue ajena a la proliferación mundial de espacios museísticos dedicados a dictaduras y resistencias democráticas.
València
Dana y vivienda “La crisis de vivienda multiplicada por mil”: la dana evidencia el fracaso de las políticas del PP en València
La dana ha dejado a miles de familias sin hogar. Ante la inacción de las instituciones, han sido las redes familiares las que han asumido el peso de la ayuda. La Generalitat, tras décadas de mala gestión, solo ha podido ofrecer 314 pisos públicos.