Educación
El previsible apoyo del Constitucional a la LOMCE tensa a la comunidad educativa

Cuatro años y medio después de la entrada en vigor la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) el Tribunal Constitucional (TC) se pronunciará esta semana sobre cuatro de las medidas más polémicas de esta norma. La sentencia que, previsiblemente, será favorable al Gobierno como adelantó hace unos días la Cadena Ser, avalaría todos los aspectos que en 2014 más de 100 diputadas y diputados del PSOE llevaron ante el Alto Tribunal.

Una sentencia favorable supondría que el Constitucional dé su apoyo a la financiación pública de colegios que segregan al alumnado por sexos a través de conciertos y subvenciones, así como a la segregación en itinerarios académicos desde los 13 años y la reducción de representación de las familias en los consejos escolares. Además, también validaría el tratamiento que recibe la asignatura de religión en esta ley.

En la comunidad educativa no se han tomado bien la noticia de una posible sentencia a favor de la Ley Wert. “Son medidas de un corte muy conservador que no contribuyen a mejorar la calidad de la educación pública”, dice Carlos Pérez, portavoz de la coordinadora de asociaciones de las universidades Complutense y Politécnica de Madrid (Coordinadora UCM-UPM). Sin embargo, sí se puede entender la decisión del Alto Tribunal. “Tenemos que tener en cuenta que son jueces puestos por un partido político en concreto y no van a ir en contra de lo que su partido les mande”, explica Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA).

Aún así, no se pierde la esperanza en un posible cambio de última hora entre los magistrados del TC ante el retraso frente a la fecha prevista de publicación de esta sentencia. “Al parecer esta sentencia se iba a publicar el viernes y no se ha publicado todavía. Entiendo que tengan algún tipo de debate interno y, por eso, no se haya resuelto”, cuenta Cardenal.

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Para la presidenta de CEAPA, respaldar la LOMCE supone “volver a hace muchos años, cuando estaba bien visto que en los colegios niños y niñas estuviesen separados”. Sin embargo, “que el TC ahora diga que eso se puede hacer tampoco significa que tenga que hacerse”, aclara. Además, denuncia que “a raíz de la LOMCE las familias tenemos muy escasa participación. Los consejos escolares se han convertido en unos órganos meramente consultivos. No sirven para nada las decisiones que ahí se tomen y con esta sentencia se reafirman en eso y la participación de la familia queda muy denostada”.

La falta de interés del Ministerio de Educación por la opinión de la comunidad educativa se ha visto reflejada también en la representación que ésta ha tenido en el pacto educativo. Según relata Cardenal, en la subcomisión parlamentaria que se encargaba de este asunto “hemos comparecido durante 25 minutos, luego los diputados tuvieron 5 minutos para hacer preguntas, respondimos y ya está. Hasta ahí llega la parte que nos tocaba a las organizaciones, por eso desde el principio hemos reclamado que el pacto social no es posible, porque no estaba articulada una mesa donde la comunidad educativa al completo pudiese llegar a acuerdos”.

Después de que PSOE, Unidos Podemos, PNV y ERC abandonaran las negociaciones “hemos visto que la subcomisión se ha roto. No ha tenido ninguna utilidad. Ni la participación de ninguna de las personas que fueron a la subcomisión ni de los partidos políticos. Al final se ha perdido un año”, lamenta la presidenta de CEAPA.

Como explica Cardenal, “es la primera ley que tiene a toda la comunidad educativa al completo enfrentada y en contra”. Y esto se debe, entre otros motivos, a que incluye medidas como el tratamiento de la asignatura de religión que, aunque para el TC es adecuado, para las familias se debería mejorar. “Nuestra reivindicación es histórica. La educación tiene que ser pública, gratuita y laica. Sin ningún tipo de adoctrinamiento”, sentencia.

Para CEAPA “lo que queda es salir a la calle a decirle al Gobierno que no nos gustan sus políticas, que no nos gusta la política de recortes que está llevando a cabo y que no nos gusta la LOMCE. Y todo eso se lo tendremos que decir en la calle porque es la única manera que tenemos de que el Ministro y su equipo nos escuchen”.

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En ese sentido trabajan en la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs-i), que quiere reactivar el movimiento en defensa de la educación pública. “Estamos barajando hacer una manifestación. Queremos volver a las calles para movilizar y empujar para que, de una vez por todas, la LOMCE pase a la historia. No debemos olvidar que es una ley que beneficia a grupos empresariales de la educación. Es un negocio también y creemos que con la educación no se puede hacer negocio”, dice su portavoz, José Ramón Merino.

Para Merino la también conocida como ley Wert es una ley “segregadora”, pero lamenta que “aunque la Constitución establece artículos de manera clara según los cuales no se puede dar un tratamiento diferente por razón de sexo, parece ser, según todas las informaciones, que el TC no se va a pronunciar en ese sentido, sino en sentido contrario”.

“La Constitución establece con claridad que no se puede discriminar por razón de sexo y la Ley Orgánica para la Igualdad de Hombres y Mujeres, del año 2007 en sus artículos 23 y 24 establece cómo debe ser la educación en todos los centros educativos”, continúa. Por tanto, “que se pueda discriminar por razón de sexo nos parece que está fuera de la Constitución”.

Merino entiende que “el pacto educativo está descarrilando”. Pero tampoco consideraba que tuviese validez como pacto social. “El pacto educativo era eso, un pacto entre partidos políticos. No era un pacto social. De ninguna manera se daba participación a los agentes sociales, a los representantes del profesorado, de las familias o de los estudiantes”, explica.

El portavoz de STEs-i no comparte la decisión del TC porque con la LOMCE “no solo no respeta la democratización de los centros, sino que ahonda en lo contrario, en la jerarquización. Cada vez tienen menos importancia en los centros los consejos escolares, que es donde está representada la comunidad educativa”.

Tampoco está de acuerdo con esta sentencia porque defiende que “hasta los 16 años haya una enseñanza en la que todos los alumnos y alumnas puedan participar. Somos conscientes de que esto puede causar dificultades en los centros, pero ahí está la necesidad de los apoyos, de la atención personalizada, de atender a los alumnos con necesidades educativas especiales… Ahí se necesitan esos apoyos, esos servicios que se han ido eliminando sobre todo en la legislatura de 2011 a 2015, donde hubo una reducción de nueve mil millones de euros a nivel estatal del presupuesto que se dedicaba a educación”.

A pesar de que el TC no entiende que el planteamiento de la asignatura de religión en la ley Wert entre en conflicto con la Carta Magna, Merino no comparte “que la religión tenga cabida en el horario escolar en un Estado que, como reconoce la Constitución, es aconfesional”. “Lo que no parece ni medio sensato es que sea computable para la selectividad”, continúa. “Estamos hablando de que, en la práctica, lo que sucede es que las alumnas y los alumnos, como la alternativa a la religión normalmente se rige por criterios de evaluación, por pasar unos exámenes y si te matriculas en religión vas a tener un nueve, se enfrentan a una competencia desleal”.

En el mismo sentido, Fernando Arribas, miembro de la asociación Yo estudié en la pública, asegura que “lamentaríamos profundamente que el TC, en contra de lo que dicta la propia Constitución que habla del Estado laico, se pronuncie a favor de esta norma”. “Se deben derogar los acuerdos con la Santa Sede porque si el Estado se constituye como laico, la propia escuela debe mantener ese carácter laico como institución pública”, añade.

Para Arribas, “la LOMCE es una ley absolutamente sexista y segregadora. Y ahora que se está hablando tanto de igualdad de género, se está permitiendo a nivel legal y se está fomentando la separación por sexos evitando de esta manera que chicos y chicas se puedan formar como personas siendo separados en parcelas. Ya había bastantes colegios que segregaban por sexos, muchos de ellos vinculados a sectas religiosas como el Opus Dei, Los legionarios de Cristo, etc. La LOMCE ha permitido la financiación con dinero público de estos centros, que anteriormente no estaba permitida, con lo cual, la situación empeora aún más y nos hace retroceder en el tiempo”.

Además, “esta ley es absolutamente antidemocrática tanto en su forma de elaboración como en sus condiciones finales”, denuncia Arribas. “Elimina la competencia de las familias en la participación en los consejos escolares, de manera que el director o la directora de los centros educativos es quien tiene el poder absoluto de todas las decisiones. Teníamos cierta esperanza en que el TC reconociese el derecho constitucional de las familias a la participación en las decisiones de la escuela y devolviese esas competencias que han tenido y que deberían seguir teniendo las familias dentro de los consejos escolares”, lamenta.

También, “desde la implantación de la LOMCE estamos viendo que donde antes había programas de atención a la diversidad, como eran los programas de diversificación en 3º que, posteriormente, tenían su continuidad en 4º de la ESO. ahora resulta que en 4º se pierde ese programa, por tanto, muchos alumnos y alumnas se encuentran en 4º absolutamente desprotegidos”, critica Arribas.
Este profesor y padre tampoco siente que haya tenido voz en el pacto educativo y asegura que “la única intención de este Gobierno ha sido prolongar la LOMCE durante varios años con el juego de este pacto por la educación y prácticamente hacer un maquillaje de la propia LOMCE, cambiar algunas de las medidas más polémicas y tratar de blanquearla para poder obtener al final una ley algo modificada que pudiera salir con el consenso de otros partidos políticos que en su momento no participaban”.

“Estamos en una situación urgente, porque la LOMCE sigue adelante y es un rodillo que, poco a poco, nos come terreno, se va implantando”, alerta Arribas. “El Congreso se tiene que dar cuenta de que la comunidad educativa en su momento rechazó la LOMCE de forma mayoritaria, no queremos mantener esta ley y exigimos un cambio en el que sea partícipe la comunidad educativa al completo”, reclama.

En el mismo sentido se expresa el portavoz de la Coordinadora UCM-UPM, que asegura que “de ninguna manera hemos sentido que se haya escuchado a la comunidad educativa”. Pérez entiende que “han intentado llevar a cabo todo este tipo de medidas en contra de la comunidad educativa sin ningún tipo de consulta” y denuncia que “el Ministro de Educación lleva ninguneando al Consejo de Estudiantes durante estos últimos años, sin asistir a sus plenos y, por ende, incumpliendo sus funciones como Ministro de Educación en este sentido”.

En las asociaciones de estudiantes que forman parte de la coordinadora creen que “la segregación por sexo no debe ser fomentada de ninguna forma por entes públicos, ya sea mediante concierto de colegios o mediante subvenciones a colegios privados que llevan a cabo este tipo de prácticas” y proponen “avanzar en dar más competencia a estos consejos escolares en lugar de lo que han pretendido hacer que es quitar peso a alumnos, padres, madres y profesores para dárselo a la dirección de los centros”.

Pérez explica que “muchas de las medidas que se llevan a cabo en los institutos no dejan de estar relacionadas con el paso a la universidad”. Por ejemplo, “que la asignatura de religión sea evaluable supone que tengan una ayuda extra las personas que cursen la asignatura de religión frente a las que crean en una educación laica de cara a poder elegir carreras. A parte, afecta mucho en la pérdida de espíritu crítico la falta de asignaturas como filosofía”.

La voluntad del alumnado es, como la del resto de la comunidad educativa, “intentar movilizar a todas las estudiantes para conseguir la derogación de la LOMCE, para paralizar la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) y para conseguir que las medidas que se apliquen en la educación pública cambien de dirección completamente hacia una mejora de la calidad educativa y no hacia una mercantilización y comercialización como es la que se pretende desde este tipo de leyes, ya sea la LOMCE, ya sea el 3+2, ya sea la LEMES” que, según explica Pérez “propone un cambio del modelo de financiación que va a ser muy negativo puesto que propone que la financiación pase por un consejo del que formarán parte empresas privadas y que buscarán que se dé mayor presupuesto a carreras que van a ser más productivas a nivel económico para estas empresas”.

Los otros problemas de la LOMCE

Aunque el recurso sobre el que se pronunciará el TC solo incluye cuatro medidas de la ley estrella de la etapa de José Ignacio Wert como Ministro de Educación, son muchas las voces que, como Cardenal, defienden que “la LOMCE, de arriaba a abajo, hay que derogarla”. Además, “hemos visto recortes en becas, que también tienen su importancia”, añade.

Con la ley Wert, “nuestros alumnos y nuestras alumnas están sufriendo las reválidas, paralizadas en este curso mientras la subcomisión funcionaba y ahora no sabemos qué va a pasar”, dice Cardenal. Y la incertidumbre no es algo nuevo. “Ya el año pasado las pruebas externas no se supo prácticamente hasta el último mes cuando se iban a cursar y en esta ocasión creo que ya hay unas fechas previstas a finales de abril pero podemos tener la incertidumbre porque no sabemos si igual el ejecutivo dice que ahora sí son indispensables para obtener el título o no”, aclara Arribas.

Por otra parte, Arribas explica que “los que lo sufrimos como padres y como educadores observamos que los temarios son absolutamente inadecuados para las capacidades y para las edades de los chavales, que reciben educación financiera a los 10 años”. “Quien ha hecho los temarios realmente no sabe de educación. Son temarios ajustadísimos. Lo que se pretende es una educación memorística volviendo al modelo del pasado. Hay una obsesión por los exámenes”, sentencia.
Otro aspecto que no se incluye en el recurso sobre el que se pronunciará el TC pero tiene un gran efecto en la vida cotidiana de los institutos y colegios es la modificación de asignaturas en el currículum. Merino cuenta que “en 2º de ESO se ha cambiado la asignatura de biología por física y química y eso ha supuesto que muchos profesores de biología se hayan tenido que ir al paro, porque se reducía considerablemente el número de horas que había que dar en cada instituto de esa asignatura”. Por tanto, “a pesar de que se hayan paralizado las evaluaciones externas y algunos otros aspectos, sigue influyendo”, asegura.

Primer apoyo del Constitucional

Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional resuelve el segundo de los múltiples recursos que se presentaron en 2014 ante este organismo tras la entrada en vigor de la ley. El mes pasado, el Alto Tribunal ya emitió una sentencia que anula el mecanismo previsto en la LOMCE para financiar la enseñanza en castellano en Cataluña por invadir competencias autonómicas.

Al recurso de la Generalitat de Cataluña y al del PSOE sobre los que ya se ha pronunciado el TC se suman los presentados por Andalucía, Asturias, Canarias y Euskadi sobre los que aún no hay una sentencia.

Con la situación actual, en la que las propuestas para derogar la ley Wert se encuentran bloqueadas en la mesa del Congreso, la subcomisión sobre el pacto de estado para la educación ha sido abandonada por varios partidos políticos y, finalmente, con el amparo del TC a estas medidas de la LOMCE, se augura una nueva etapa de fuertes movilizaciones por parte de la comunidad educativa.