Economía social y solidaria
El sector del autoconsumo eléctrico exige medidas para acelerar las comunidades energéticas: “Vamos tarde”

El autoconsumo colectivo “llega tarde”. Organizaciones y empresas del sector exigen al Gobierno y los partidos reducir trámites, incentivar las inversiones y regular para que las grandes empresas energéticas no pongan palos en las ruedas del autoconsumo fotovoltaico. Sobre todo, piden asumir la realidad de que la mayoría de los españoles viven, básicamente, en bloques de pisos, y ayudar al autoconsumo colectivo o en comunidades energéticas, que se impulse también en el rural, y sirva para acercarse a los objetivos oficiales de la transición energética.

Este lunes, la Alianza por el Autoconsumo, que agrupa a las principales organizaciones sociales, políticas y técnicas del sector, así como a empresas de la economía social y especializadas, organizó las jornadas ‘Presente y futuro del autoconsumo’, una reunión destinada a analizar el estado de los avances y presentar sus demandas ante los partidos políticos, aprovechando también la intención del Ejecutivo de revisar Real Decreto 244/2019 que regula las condiciones técnicas y legales del autoconsumo.

El Gobierno se puso en un primer momento el objetivo de 14 Gw de potencia renovable instalados vía autoconsumo para 2030, ‘actualizando’ la cifra en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) a la más ambiciosa de 19 Gw el año pasado. Actualmente son 8 Gw, lo cual requeriría un ritmo de crecimiento del doble del actual —en 2024 se instalaron 1,2 Gw— para alcanzar la meta.

La Alianza centró sus reclamaciones sobre todo en eliminar barreras administrativas al autoconsumo colectivo. José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), valoró cómo los dos “motores” del incremento del autoconsumo en los pasados años “han gripado”. El responsable indica que estos serían las ayudas vía fondos Next Generation de la Unión Europea y la escalada de los precios. En el primer caso, opina que ya han cumplido su ciclo y su función, y en el segundo “la percepción ciudadana ha cambiado y lo que antes parecía carísimo se ha convertido en normal”. “El ciudadano se ha desconectado de la realidad de su consumo”, sentencia.

Laura Feijoo, de la cooperativa Ecooo, lamentó que en el autoconsumo doméstico “para una obra de dos semanas se tarde en tramitar los permisos doce meses”

Donoso pidió “hacer que sea verdad” la afirmación de que “el autoconsumo sale a cuenta” hecha por el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, durante su comparecencia en las jornadas. El director general de la UNEF pidió para ello “políticas activas”, que van desde la petición concreta del IVA cero para el autoconsumo a descuentos fiscales similares a los que ya existen en países como Alemania o Italia, la simplificación administrativa, la mejora y la transparencia en la gestión de las redes o la revisión de las políticas de utilización de excedentes.

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Redes públicas y eliminar trámites

Otra de las peticiones más directas fue la de la Asociación de Municipios y Entidades por la Energía Pública (AMEP), a través de su portavoz, Arnau Comas: la titularidad pública de la red de distribución. Se trataría, según él, de una medida que “no asegura que se acelere el proceso de la transición energética”, pero que es “una condición necesaria”.

Afirmó Comas también que a nivel municipal “somos la administración que está en primera línea, pero no tenemos competencias ni, en ocasiones, la formación adecuada”. Es a los ayuntamientos, aseguró, “adonde acude la ciudadanía en busca de apoyo económico, o cuando la conexión se retrasa o la autorización no llega”.

Entre las empresas del sector intervino Carlota Pi, de Holaluz, quien instó a aprovechar los “diez millones de techos” disponibles

Eva Saldaña, de Greenpeace, insistió por su parte en la urgencia de medidas ante una emergencia climática cuyos efectos ya se sufren en nuestro país: “La transición energética solo tendrá lugar si reforzamos el espacio democrático y sirve para paliar desigualdades”. En la misma línea, Fernando Parrado, de la Fundación Renovables, acusó al Gobierno de ampararse en “posicionamientos pacatos” y exigió “eliminar barreras”.

Entre las empresas del sector intervino Carlota Pi, de Holaluz, quien instó a aprovechar los “diez millones de techos” disponibles en España y una modernización de la distribución “vía red de proximidad que sirva para abastecer a la comunidad” y también a través de la aplicación de los últimos avances en almacenaje.

Por su parte Laura Feijoo, de la cooperativa Ecooo, lamentó que en el autoconsumo doméstico “para una obra de dos semanas se tarde en tramitar los permisos doce meses” y calificó de “insoportables” los tiempos administrativos. Señaló también otras barreras, como que las empresas distribuidoras “exijan hacer obras a los usuarios en su propia red que a veces cuestan más que la propia instalación”.

“No queremos más excusas”, sentenció, señalando otra carencia en materia industrial: “Tenemos los techos de los polígonos industriales de toda España desaprovechados porque las empresas prefieren no verter a la red o hacer instalaciones más pequeñas para no complicarse la vida con los trámites”.

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El papel de los partidos

Las jornadas contaron con la presencia de cuatro diputados portavoces de Energía de sus respectivos grupos en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados: Isabel Pérez (PSOE), Juan Diego Requena (PP), Teresa Jordá (ERC) y Eloi Badía (Sumar). Todos, como era previsible, coincidieron —aunque con matices— en la necesidad del autoconsumo y en que este sale a cuenta.

Por parte de la portavoz socialista, las propuestas concretas pasaron por asumir el “reto del autoconsumo colectivo y el modelo cooperativo” agilizando trámites y estudiando como limar “deficiencias” de estos. El PP, por su lado, apoyó la “simplificación administrativa” y la “facilidad de acceso a ayudas cuando las haya”, así como mejorar la regulación de las distancias en el autoconsumo colectivo en el rural. Requena, el portavoz ‘popular’, insistió en considerarse “pragmático” poniendo el autoconsumo en el mismo paquete que otras soluciones a la transición energética y la reducción de emisiones de CO2.

Por su parte, Jordá, de ERC, asumió como propia la petición de la creación de la figura del Gestor de Autoconsumo Colectivo y, sobre todo, transponer la directiva europea del sector con su reglamento sobre comunidades energéticas, así como la ampliación de las distancias en el rural para dicho autoconsumo colectivo.

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Finalmente, Badía, de Sumar, optó por vincular el pago de impuestos municipales como el IBI a la eficiencia energética de los edificios o equiparar en cuestión de tramitación la instalación de placas a las de antenas de telefonía móvil para agilizar el trámite por su “interés nacional”. En cuanto al consumo colectivo “o compartido”, animó a considerar cada municipio de más de mil habitantes “como un futuro parque fotovoltaico”.