Desahucios
Banco Sabadell desahucia a una familia con menores en Sevilla

Stefan y Charly llevan cinco años viviendo en Sevilla junto a sus dos hijos, sin haber tenido la necesidad de pasar por ninguna institución pública, sobreviviendo con trabajos precarios y pagando su alquiler todos los meses. Hace un año y medio recibieron una carta del banco Sabadell en el que se les exigía la marcha de su vivienda por impagos de la hipoteca. La persona que alquilaba el piso a la familia había dejado hace meses de pagar las letras del crédito y, por tanto, el banco reclamaba la propiedad del inmueble.

“No tienen la situación regularizada en España, trabajan de lo que pueden”, comenta Toni Martínez desde El Punto de Información de la Vivienda y Encuentro (PIVE) que, junto a la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla se están encargando del seguimiento del caso. La familia está compuesta por estos dos adultos de Mali y Senegal, una hija de ocho meses y un niño en edad escolar. “El niño tiene un informe de seguimiento del colegio, que dice bondades de la familia” comentan desde el PIVE. “Han obtenido un informe de arraigo, y otro de vulnerabilidad, que acreditan que no tienen recursos y apoyos suficientes. Son informes con los que los jueces cuentan para tomar decisiones”. En casos similares, estos informes han logrado parar un desahucio definitivamente.

“El derecho a la vivienda de la gente no es algo prioritario en la política”, denuncia Toni Martínez, coordinador del PIVE

El grupo 5 de emergencias sociales de la ciudad de Sevilla trasladaba a la familia a un albergue por unos días. Un lugar alejado del que hasta ahora ha sido su barrio y del centro escolar del hijo mayor. “En muchas ocasiones esos albergues no están adaptados para niños, hay malas compañías, chinches y drogas”, se alarman desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

A partir de ese momento la familia, como muchas otras en su situación, entrará en un circuito de tutelaje e institucionalización. Desde la ODS protestan: “Da rabia que tras tantos años sobreviviendo ahora los vayan a institucionalizar”. Tras su paso por el albergue, la empresa subcontratada por el ayuntamiento de Sevilla AOSSA se encargará de encontrarle una vivienda temporal.

Según su página web oficial, esta entidad, de la que el ayuntamiento ha privatizado una de sus funciones sociales, busca “gestionar y organizar todas aquellas actividades que, directa o indirectamente, se relacionan con el deporte, el ocio y el tiempo libre, así como actividades relacionadas con aspectos socioeducativos y de ocio constructivo”. Actualmente, es la encargada de varios centros deportivos en todo el Estado, así como casas de acogida y albergues sociales. “En los pisos de AOSSA se centran mucho en que las personas que estén allí sean empleables. Se marca unas propuestas que individualizan la cuestión: 'tú tienes un problema y es que no tienes un empleo, en vez de ver la globalidad de la problemática'”, comenta Toni Martínez Santamaría, coordinador del PIVE. AOSSA también es la encargada de realizar cursos de formación para la empleabilidad. Se anuncia a sí misma como una empresa de “servicios deportivos” que en el año 2021 tuvo 12.343.872 millones de euros en beneficios

Desahucios como este ponen en evidencia la falta de vivienda pública en Sevilla, así como en el resto de Andalucía, que tiene una oferta muy inferior a la demanda cada vez más creciente. La Empresa Municipal de Vivienda (EMVISESA) tenía una reserva de vivienda social para estos casos, “ahora ya no la tienen”, explican desde el PIVE. "El problema con EMVISESA es que lo que se construye —que se siguen construyendo con una lógica de hacer vivienda para personas que se pueden hipotecar— no genera un parque de viviendas de emergencia social que pueda funcionar como un colchón para este tipo de situaciones”, reitera Toni Martínez. “El derecho a la vivienda de la gente no es algo prioritario en la política”, lamenta este portavoz.

A pesar de la promesa por parte de las instituciones de que las familias que se encuentren en una situación de excepcionalidad deben de acceder a una vivienda de forma rápida “hay familias que llevan más de un año en la excepcionalidad”, comenta María Luisa Hermoso, parte activa de la asamblea del PIVE.

Saltamos Extremadura

Cartas amenazantes de deshaucios desde la Junta

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Según los colectivos sociales Campamentos Dignidad y Mérida Solidaria, el Gobierno de Vara está enviando “cartas amenazantes” a familias de viviendas sociales "haciéndoles constar las deudas atrasadas que tienen".

Según datos de la APDHA, en Andalucía se producen 19 desahucios diarios. En Sevilla el número es de tres ejecuciones al día. El Punto de Información de la Vivienda y Encuentro detalla que la mayoría tienen lugar en zonas como Polígono Norte, Amate y Polígono Sur. Martínez interpela a las instituciones: “Hay muchas personas que no tienen más opción que una vivienda pública. Las personas tienen que vivir en una vivienda, usted tiene que hacerla, que para eso pagamos los impuestos”.

Al punto de información de la vivienda de la APDHA llegan muchos casos como el de Stefan y Charly, a los que intentan apoyar de forma colectiva: “Llegan personas destrozadas y con la autoestima por el suelo, el ver que hay un apoyo colectivo les ayuda mucho”, concluye María Luisa Hermoso.