Crímenes del franquismo
Las familias de represaliados ‘bajan’ a la fosa 113 del cementerio de Paterna

A mediados de enero de 1940, la cárcel de Alberique (Valencia) recibió una orden: el preso Bautista Gomar Benavent, concejal socialista y miembro de UGT de La Pobla Llarga, debía ser fusilado en 24 horas.

Quien escribió el nombre de Bautista, añadió también al listado a otras 53 personas: concejales, alcaldes, cooperativistas agrarios y sindicalistas republicanos, que recibirían la muerte con él. Pero aquel miércoles 17 de enero, día de San Antonio, la ejecución se paralizó: el cura estaba bendiciendo animales y no podía ir a bendecir fusilados. El 18 de enero de 1940, al día siguiente, cayeron abatidos en el paredón del cementerio de Paterna.

“Durante mi infancia, el día de San Antonio, mi padre jamás me dejó salir a la calle a jugar. Nunca me dijo por qué. A los 60 años, lo acabo de descubrir”, cuenta emocionada Marlene Gomar, nieta de Bautista, a escasos metros de la fosa común donde cree que yace su abuelo.

Un grupo de 21 familias de represaliados por el franquismo se han unido para exhumar los cuerpos de la fosa 113 del cementerio de Paterna. Han tardado 77 años en encontrarles, pero movidos por la fuerza de su unión, ajenos a partidos políticos, con la ayuda del grupo arqueológico ArqueoAntro y gracias a una subvención de la Diputación de València, han conseguido abrir la fosa, donde por el momento han aparecido 15 cuerpos aunque se espera encontrar hasta 60.

Pero, además, han logrado un hito histórico: que el juzgado abra una investigación para identificar los cuerpos como ocurre en cualquier otra aparición de cadáveres con signos de violencia.

En solo una semana de investigaciones, y sin ni siquiera haber analizado los restos encontrados, el juzgado ha archivado provisionalmente el caso argumentando que el posible delito habría prescrito al pasar más de 20 años desde el día en que se cometió. Las familias estudian ya recurrir este archivo y continúan con la búsqueda.

A la sombra de una lona mecida por el viento, un agujero cuadrado de dos por dos metros excavado en la tierra deja ver el horror: decenas de esqueletos dejados caer en posiciones de caída libre, con los brazos sobre la cabeza, como si les hubiesen cogido de manos y piesparalanzarles al fondo.

Junto a los cuerpos, ordenados longitudinalmente para maximizar el espacio, se conservan algunos pequeños objetos que el tiempo no ha degradado. “Han salido algunas balas; un lápiz; un mechero; suelas de zapatos, como aquella goma negra pegada junto a los huesos del pie y algunos restos de cuero como esas bandas en la pelvis que podrían ser los cinturones”, cuenta Javier Iglesias, el antropólogo director de la excavación, vestido con un mono blanco de trabajo. La excavación comenzó el pasado 22 de mayo y está previsto que se alargue durante al menos 3 semanas.

El cementerio de Paterna es una enorme fosa común donde yacen sin identificar miles de represaliados durante el Franquismo. Sorprende comprobar el meticuloso orden cronológico con el que están excavadas las fosas, desde 1939, y los pocos días que pasan entre un enterramiento y el siguiente, entre una matanza y la siguiente, inscritas en pequeños azulejos que las familias, espontáneamente, han ido acumulando durante décadas sobre los montículos mortuorios. A poco más de un kilómetro caminando campo a través, aun hoy se conserva el lugar donde se perpetraron todas aquellas muertes.

El paredón de España, como se le conoce por haber sido escenario del fusilamiento de miles de personas de todo el país, es, a primera vista, una pequeña ladera con pinos cortada por un muro de contención.

El tiempo ha erosionado la tierra alrededor de este bancal de la muerte de 102 metros de largo sobre el cual, según las investigaciones del Grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica de València, se ejecutaba dos veces al día: al amanecer y al atardecer. Aún sigue en pie y en uso el cercano cuartel militar de Paterna cuyos antiguos soldados utilizaban este espaldón de tiro como campo de entrenamiento. Y todavía hoy se desconoce la identidad de muchos de los muertos en aquella pared.

“Mi abuela se pasó la vida llorando por no saber dónde estaba su hermano. Y ni siquiera podemos asegurar aún que sea alguna de las personas que están aquí. Me metí en todo esto porque quiero llevar a mi pueblo los restos que ella nunca pudo encontrar”, cuenta Santi Vallés, presidente de la Asociación de Familiares de la Fosa 113.

Comenzó sus investigaciones hace años y durante el proceso ha ido localizando a las familias de aquellos que, como su tío, estaban inscritos en la misma saca. Las dificultades para conseguir los expedientes de los juicios, las fechas o los lugares del enterramiento, les han hecho recorrer España convertidos, a la fuerza, en expertos en Memoria Histórica.

“Todas las familias coincidimos en el mismo hecho: nuestros familiares no tenían ningún delito de sangre. Eran los de las ideas, por eso querían matarles. Y una vez señalados con el dedo, antes de disparar la bala, solo quedaba instruir una pantomima de juicio para acabar de ejecutar la infamia que habían urdido”, cuenta. “¿Cómo podían acusarles de adhesión a la rebelión si quienes se habían rebelado frente a la República eran los del bando contrario y aplicando además un código militar a civiles sin estar ya en guerra?”, explica.

“Cuando acabó la guerra, Franco dio una orden: ‘No reparéis ni en calidad ni en cantidad'”, cuenta Miguel Ángel Esteve, nieto de represaliado, que acude cada día al cementerio y no se despega de la fosa donde cree que encontrará a su abuelo.

“Primero fueron a por los políticos. Nada más acabar la guerra, a mi abuelo le hicieron un juicio sumarísimo y le llevaron directamentea la cárcel modelo de València. Nosotros somos de Manises, que está muy cerca de aquí. Mi padre siempre aseguró haber oído el fusilamiento de su padre a atardecer con disparos de naranjeros de la Guardia Civil, sus ametralladoras”, recuerda.

Mientras las familias estudian la posibilidad de recurrir la decisión judicial, el equipo de Arqueo Antro, con el arqueólogo Miguel Mezquida y el antropólogo Javier Iglesias a la cabeza, continúan la exhumación de los restos de la fosa con la subvención que habían recibido inicialmente de la Diputación de Valencia, la primera institución valenciana en abrir subvenciones para estos fines. Ante la duda de si será finalmente el juzgado quien costee la posterior identificación genética de los restos encontrados, se estudia la posibilidad de solicitar una nueva subvención para costear dichos trabajos.

“España tiene que empezar ya a cumplir la Ley de Memoria Histórica y a cerrar heridas que lejos de estar cerradas, se han transmitido durante generaciones al calor del miedo. Pone los pelos de punta pensar que todavía en España caminamos sobre tumbas clandestinas. Eso no cabe en la cabeza de ninguna persona avanzada intelectual y científicamente de ningún otro país”, cuenta Marlene Gomar. Vallés asegura que esta causa no se limita solo a la fosa 113: “Si nosotros no encontramos los restos de nuestros familiares, querríamos que al menos esto sirva para otras familias y que suponga un antes y un después”.