Ayuntamiento de Madrid
Adiós a quien te enseña tus derechos

Meses de estudio. Decenas de letrados. Un examen. Quince meses de servicio. Cuatro horas a la semana. Una veintena de distritos. Más de cuatrocientas personas atendidas en cada uno. Un error del Ayuntamiento. Un recurso administrativo. Un nuevo gobierno municipal. Una decisión antisocial. La nada. Otra vez. La nada.

El último día del mes de julio recibíamos la noticia en lacónica estructura y aséptica tonalidad: el Ayuntamiento de Madrid suspenderá el servicio de orientación jurídica (o SOJ) municipal en septiembre. Una decisión grave para la sociedad y decepcionante para el grupo de letradas y letrados que prestamos este servicio público. La decisión llega, casi, en forma de profecía autocumplida, porque este servicio lleva meses sorteando las distintas embestidas institucionales desde todas las esquinas del Pleno Municipal. Durante tanto tiempo se anunció su muerte que al final se convirtió en leyenda.

El SOJ municipal llevaba años sin dotación presupuestaria del Ayuntamiento. Carmena y sus cuentas saneadas permitieron retomar la idea y destinar abogados y abogadas – seleccionados por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (o ICAM) – a las Juntas de Distrito de los Servicios Sociales, donde pasarían consulta una vez a la semana para el vecindario de todos los barrios madrileños.

En la ciudad de Madrid el servicio de orientación jurídica se venía prestando – hasta que el Gobierno de Ahora Madrid recuperó el SOJ Municipal – únicamente a través del Convenio con la Comunidad de Madrid y a cuenta de los presupuestos autonómicos. Los compañeros y compañeras del que llamamos servicio general se encuentran desbordados. Con menos de cinco minutos por persona su capacidad de acción queda reducida a lo más urgente. Pero durante los últimos meses el SOJ municipal ha aliviado la carga de las infinitas colas de Plaza Castilla.

Así, a pie de calle, desde Villa de Vallecas hasta Tetuán, y con un tiempo nada desdeñable de 20 minutos por consulta, miles de personas se han informado sobre sus derechos más básicos y los mecanismos judiciales para defenderlos. Es así como el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución, se trasforma en algo concreto, palpable, real. Un séquito de profesionales del derecho ha desfilado por los centros de atención primaria al ritmo del himno de The Clash: know your rights (conoce tus derechos).

Pero hay mucho más. El SOJ municipal ha ayudado a cada persona consultante, sí; pero también ha servido para recabar datos de gran valor y trascendencia política. ¿Cuál es el perfil de la persona que necesita este acompañamiento? ¿Qué materia legal prolifera en la ciudad? Todas estas preguntas se responden a través del muestreo estadístico que se elabora cada mes. Con ello hemos sabido que la mayoría de personas con problemas jurídicos son mujeres solas con cargas familiares que necesitan asistencia en materia de familia, desahucios por arrendamiento o extinciones de Renta mínima.

Podemos decir que el SOJ municipal tiende la mano a cada individuo pero también toma el pulso al conjunto social. Y, entonces, ¿por qué desmantelarlo? Las razones han sido varias y muy distintas.

El pasado 17 de mayo el Ayuntamiento de Madrid, todavía dirigido por Carmena, aprobaba el pliego de condiciones que acompañó al concurso público para prestar el servicio. El acuerdo, escasamente difundido, tiene una motivación poco clara y omite considerar cierta normativa que, en interpretación del Colegio de Abogados, excluye la posibilidad de que entidades privadas puedan asesorar en materia de derechos.

En mi opinión - por cierto, involuntariamente desinformada - se trató de un error de interpretación de los técnicos del Ayuntamiento y un exceso de celo estético de políticos inexpertos.

Con fundamento en algunas resoluciones judiciales, el ICAM decidió no presentarse como postulante al concurso y limitar su actuación a recurrir el acto administrativo e iniciar una modesta campaña de presión. Antes de que el proceso estuviera concluido se produjo el cambio de gobierno y, con éste, cambió el talante del Decano del Colegio por otro de corte más negociador.

La primera mesa para la apertura de plicas – sobres que contienen las propuestas de quienes se presentan – fue suspendida por el propio Ayuntamiento. Creímos entonces que las negociaciones habían funcionado. No fue así. La mesa está convocada nuevamente para el 21 de agosto. Será entonces cuando veamos qué intereses económicos son los que hay, literalmente, sobre la mesa. 

El próximo miércoles 21 de agosto conoceremos la identidad de esos grandes despachos que proponen abaratar el servicio público mediante su gestión privada; éste modelo tantas veces discutido y descartado por su permeabilidad a la opacidad y la impunidad. 

Un nuevo modelo de gestión como el que se propone recuerda a otras experiencias de Madrid que terminaron en fracaso. Ahí están los hospitales de Esperanza Aguirre y la vivienda pública de Botella (poco importa si fue Comunidad y Localidad) para recordarnos que lo público hay que defenderlo día a día porque, gobierne quien gobierne, siempre hay un buitre sobrevolando los servicios.

Asociaciones de la abogacía como Altodo han convocado una concentración el 21 de agosto en el Paseo de la Chopera nº 40 a las 9:00 para protestar contra el concurso público.