Cárceles
La larga sombra del sufrimiento penitenciario

En agosto de 2016, Luis Manuel Acedo murió de cáncer de páncreas después de dos años preso en Picassent. Murió en su casa, ya que la dirección del centro decidió excarcelarlo, dada la enfermedad terminal que padecía. La afección se desarrolló en la cárcel, donde había ingresado dos años antes en perfecto estado de salud. Su familia denuncia que murió por abandono médico, omisiones de pruebas y trato "cruel, inhumano y degradante" por parte del personal médico y de prisiones.

El pasado enero, la familia de Acedo presentó una querella criminal —admitida a trámite— en la que pide justicia e imputar a quien consideran responsables de los hechos: el médico y el subdirector médico del módulo 25 del centro penitenciario de Picassent. Los últimos meses ambos cargos han sido citados a declarar, así como ex compañeros de prisión de Luis Manuel.

La hermana de la víctima, Noelia Acedo, es hoy día la portavoz de la Asociación de Familias contra la Crueldad Carcelaria, "una organización de apoyo a familias que padecemos estas situaciones —y padecemos casi igual que el preso—, ante las injusticias que se cometen en las cárceles ", explica. Y enumera algunas, como la violación de derechos humanos, el aislamiento, la existencia de tortura, tratos vejatorios o el hecho de "que traten a las familias como delincuentes".

Sobre los orígenes de la asociación, nos cuenta: "A raíz de la muerte de mi hermano entramos en contacto con familias que habían sufrido el mismo y en septiembre de 2017 hicimos un primer encuentro en Albocàsser, un año después de la muerte de Daniel Sánchez, otro preso, en el mismo centro penitenciario ". En cuanto a los objetivos, Noelia Acedo añade: "Vivimos situaciones de sufrimiento muy grande. Por eso nos apoyamos y nos cuidamos entre nosotros, hacemos talleres de autocuidados y terapias que nos den fuerzas para el día a día ". Y concluye: "El objetivo es ayudarnos y ayudar a la lucha de los derechos de los presos a través del contacto con ellos y con grupos de apoyo". La asociación está integrada por cinco familias, aunque el mes de abril se constituirán los estatutos y se regularizará, lo que permitirá que se amplíe.

La última víctima en Albocàsser

En octubre de 2017 Manuel Fernández Jiménez murió en régimen de aislamiento en el centro penitenciario de Albocàsser (Castellón II), una prisión conocida en el entorno anticarcelario como "máquina de destrucción humana". Tenía 28 años y era de etnia gitana, dos factores que su familia considera clave para desmontar la versión oficial que desde instituciones penitenciarias se dio de su muerte. En el informe del forense constaba "muerte súbita a estudiar".

La familia recibió la noticia con brusquedad, telefónicamente, por parte de una persona no identificada. Posteriormente, la funeraria envió el cadáver de Fernández desde Castellón hasta Murcia —de donde era natural— sólo con instrucciones de que no se mostrara todo el cuerpo, tan solo la cabeza. "Ningún documento explicativo ni certificado de defunción, y solo la orden verbal de que se enterrara", relata su madre, Antonia Jiménez. Explica cómo la familia se opuso y forzaron a explorar el cuerpo de su hijo, que aparecía lleno de signos de violencia y rigidez. Nariz rota, hematomas y dos puntos en la barbilla —sospechan que de una pistola Taser—, marcas de ligaduras en las muñecas, brazos y tobillos, uñas rotas, el pecho lleno de heridas, cardenales por todo el cuerpo y marcas en el cuello. "Estaba sano como una manzana y era más guapo que un sol. ¿Como puede morir con 28 años de muerte súbita estando en aislamiento, sin contacto con nadie más y hacerlo con estas marcas de violencia?", se pregunta.

Fernández murió en una cárcel que ya conocía con anterioridad, donde se había quejado de las palizas recibidas por los funcionarios y había alertado a su familia de sufrir gitanofobia. "Por miedo a represalias no lo denunció. Nos pedía a nosotros que lo hiciéramos, pero también teníamos miedo de que él tuviera consecuencias allí dentro. Ojalá lo hubiéramos denunciado", se lamenta Jiménez. Actualmente, la familia está a la espera de que la Audiencia Provincial de Castellón ordene practicar una segunda autopsia al cuerpo. De momento han aportado las fotos de las lesiones que presentaba el cuerpo y han pedido como pruebas las imágenes de las cámaras de videovigilancia del día de los hechos, partes médicos y el relato de testigos presenciales. Solo algunas asociaciones —como Familias contra la Crueldad Carcelaria o Gitanas Feministas por la diversidad— han apoyado la familia, que ha topado en todo momento con el oscurantismo de las instituciones penitenciarias. "Exigimos justicia para que otros no tengan que sufrir lo que estamos sufriendo. En la cárcel hay que entrar a pagar por lo que has hecho, pero no a pagar con la vida ", denuncia Luisa, tía de Fernández. Después del caso de su sobrino, explica que "otras familias se han puesto en contacto con nosotros porque han sufrido situaciones similares. Por ello debe hacerse público y explicar lo que está pasando en las cárceles de España ".

Mujeres triplemente discriminadas

"España es el país de la Unión Europea con una tasa más elevada de mujeres en prisión. Aunque las mujeres suponen un 7,42% del total de la población reclusa, es un porcentaje dos puntos por encima de la media europea ". Lo apunta la abogada Paula Hormigón en un texto para el Colectivo de Apoyo a las Mujeres Presas en Aragón (CAMPA). Este grupo de mujeres asambleario, horizontal, feminista y abolicionista hace más de dos años que interviene para transformar la realidad penitenciaria denunciando y sensibilizando sobre las condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios y acompañando las mujeres presas, expresas y sus familias dentro y fuera de las cárceles.

Hormigón continúa: "Esto no quiere decir que las mujeres de aquí cometan más delitos que en el resto de países europeos, sino que la dureza del Código Penal español —sobre todo en delitos contra la salud pública y la falta de medidas alternativas a la prisión— provoca que miles de mujeres terminen presas". La abogada también analiza con perspectiva de género la configuración de los espacios penitenciarios. "Las cárceles están pensadas para hombres. Solo hay tres cárceles de mujeres en España, el resto son módulos que se crean dentro de las cárceles de hombres". Por ello, apunta que "las mujeres, como colectivo, sufren discriminaciones que no sufren los hombres y que están mucho más invisibilizadas por parte de la institución".

Justa Fernández, miembro de CAMPA, detalla que el colectivo "nace para señalar la doble estigmatización que sufren las mujeres presas que se añaden a otras segmentaciones, como clase o raza". En este sentido, Hormigón añade que "la discriminación que sufre la mujer presa se agrava si además es inmigrante o de etnia gitana. Esto se traduce en una triple interrelación de desigualdades de clase, raza y género que conlleva una serie de características discriminatorias específicas ".

Laura Delgado, investigadora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED, explica que una de estas características se produce en el régimen de aislamiento, "donde las mujeres pasan más horas que los hombres por ser tan minoritarias que no pueden ni salir en pareja al patio ". "El hecho de sacar estas cuestiones a la luz rompe con una de las condiciones de represión que existe en las cárceles, que es la incomunicación y el silencio sobre qué pasa dentro", explica Fernández.  "Queremos poner de manifiesto el problema de la excarcelación, con la exclusión social y la precarización de la existencia a la que están sometidas estas personas", concluye.

El difícil acceso a una defensa

"Muchas de estas vulneraciones de derechos humanos en prisiones se dan porque los presos no tienen la posibilidad de tener un abogadoo abogada que los defienda", concreta Delgado. "Se podrían evitar muchos problemas con un abogado presente en situaciones disciplinarias, como acompañar a las presas en aislamiento para garantizar que la institución no abusa ni vulnera sus derechos. Es un hecho que contribuye a agravar su situación, llegando al extremo de morir ". Y añade que en este acceso a la defensa también hay un factor discriminante de clase social: "Si la persona se puede pagar un abogado durante todo el proceso, se puede tener una defensa. Si no se lo puede pagar, la defensa solo entra en juego una vez ya ha habido un procedimiento previo, en el que el juez ya se ha pronunciado y hay una resolución judicial, que se ha de apelar o recorrer ".

Por ello destaca la necesidad de que las presas inicien un procedimiento por voluntad propia dirigiéndose al juez o nunca tendrán un abogado gratuito que las defienda. "La inmensa mayoría de las personas presas, que no tienen recursos para pagar un abogado que los acompañe en todo el procedimiento —especialmente las que tienen problemas con drogodependencias, de salud física o mental o bien personas en régimen de aislamiento— viven situaciones de grave desprotección de sus derechos ".

En este sentido, Noelia Acedo apunta que las cárceles "están llenas de gente pobre, personas que no pueden pagar penas de multa o una buena defensa. Son los que siempre cumplirán las condenas, las más largas. La cadena perpetua ya existe, gente que no tiene delitos de sangre están cumpliendo 30 años de condena. Porque si le caes mal a un carcelero o eres rebelde, te pueden sumar años y encerrarte de por vida". Para la portavoz de la asociación, la única salida es la denuncia ante tribunales o medios de comunicación. "Tenemos mucho miedo. La gente presa no denuncia por miedo a represalias, ni la gente de fuera denuncia por lo que le pueda pasar a los que se encuentran dentro. Pero hay que explicar que las cárceles son un negocio enorme donde no se quiere 'recuperar' a la gente, sino hundirla, castigarla y anularla como persona", concluye.