Crisis climática
España ya importa un 29% de gas procedente de fracking, una técnica prohibida desde 2021

En España, el fracking está prohibido. Esta técnica, basada en inyectar agua y arena con aditivos químicos a gran profundidad para fracturar la roca y obtener gas de esquisto, fue desterrada por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021. Sin embargo, un 28,9% de las importaciones de gas proceden de lugares donde este combustible fósil se obtiene mediante fractura hidráulica, principalmente Estados Unidos. Así lo afirma el informe España: el fracking llama de nuevo a tu puerta, elaborado por la ONG Food and Water Watch y publicado en España por la red Gas no es solución, una coalición de más de una veintena de organizaciones independientes contrarias a la expansión y el impulso del gas fósil en España.

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Un informe presentado por la Fundación Renovables y Greenpeace cuestiona la utilidad del hidroducto que conectaría Barcelona con Marsella y sostiene que este solo beneficiaría a los grandes grupos energéticos para mantener el statu quo actual.

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Lejos de ser España un actor menor en la comercialización de este tipo de combustible, es el segundo importador de gas natural licuado (GNL) procedente de EE UU, cuya industria petrolera y gasística —que usa la fractura hidráulica a gran escala— se ha convertido en una de las grandes ganadoras de la reorganización global del comercio energético tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, y el apoyo de los 27 a la ex república soviética. 

En concreto, las regasificadoras españolas recibieron, vía buques metaneros estadounidenses, 12.100 millones de metros cúbicos en 2022, el 32,3% del consumo de gas fósil de España a lo largo de todo el año. Eso supone que, en solo un año, las importaciones de GNL desde EE UU se han duplicado, pasando del 14,4% al 28,9%, según los datos de diciembre de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.

Impacto climático y medioambiental

Prohibida en España por la contaminación que genera, la fractura hidráulica supone la contaminación de los acuíferos subterráneos por la fractura de la roca y la inyección de químicos en la misma para liberar el gas, así como por las fugas de gas metano que conlleva. Estas masas de agua, la gran reserva de agua dulce del subsuelo, están en muy malas condiciones en España. El informe SOS Acuíferos, publicado el pasado año por Greenpeace, alertaba de que el 44% está en mal estado por sobreexplotación y contaminación, especialmente derivada de la agroindustria. 

Asimismo, el impacto climático del fracking es casi cinco veces mayor que el obtenido mediante técnicas convencionales, según denuncia la red de ONG. Para Gas no es solución, las cifras de gas importado “son completamente incompatibles con los objetivos del Acuerdo de París” y un claro ejemplo de “hipocresía climática”.

Inversión fósil

Frente a la expansión de las infraestructuras gasísticas, camufladas a menudo como futuras infraestructuras para el hidrógeno, la red de organizaciones considera prioritario evitar una mayor inversión en este sector y exigir un plan hacia la eliminación progresiva del gas, dejando de quemar gas para producir energía como muy tarde en 2030 y culminando en su completa eliminación para antes de 2040. Asimismo, exigen “el cese inmediato de toda financiación pública para nuevas infraestructuras de gas fósil o su reconversión en hidroductos”, lo que incluiría “la subvención de redes capilares de gas en pueblos y ciudades, centrales satélites de regasificación y calderas domiciliarias y/o colectivas”.

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Para las organizaciones ecologistas integradas en la red Gas no es solución, “continuar firmando contratos para quemar gas con un alto impacto climático protegerá los intereses de la industria del gas y, para la ciudadanía del Estado español, ya en serio riesgo de desertificación, solo supone una renovada apuesta en contra de la transición climática justa”. Del mismo modo —continúan—, “la incapacidad de Europa para desligarse del gas está dejando a países más vulnerables como Pakistán sin poder acceder a los mercados energéticos para proporcionar servicios básicos a toda la población”.

Por todo esto, abogan por que deje de destinarse dinero público a la industria gasística y se incluya en el artículo 9 de la Ley de Cambio Climático la prohibición de las importaciones de GNL extraído mediante fracking.