Barcelona
Fira de Montjuïc, ¿recinto o barrio?

El recinto ferial de Montjuïc ocupa 27 hectáreas de suelo municipal. Una superficie equivalente a 21 manzanas del Eixample, con una centralidad envidiable, unas instalaciones obsoletas y un uso, como poco, discutible. ¿Usa Barcelona utiliza estos terrenos públicos de la forma más coherente con las necesidades actuales? Habría tiempo para debatirlo de manera pausada, rigurosa y democrática hasta diciembre de 2025. En esta fecha expiraba la prórroga de once años que el alcalde Trias concedió a Fira de Barcelona, ​​un afortunado inquilino que solo paga 25 céntimos de euro anuales por cada uno de los 140.000 metros cuadrados edificados del recinto. Pero no parece que este debate vaya a tener lugar. El pasado 19 de febrero, la alcaldesa de Barcelona y el presidente de la Generalitat anunciaron la firma de un acuerdo que, bajo el lema “Una Feria, dos recintos”, prevé la inversión de 380 millones de euros en la renovación del recinto ferial de Montjuïc y la ampliación del de Hospitalet. Ante un anuncio de esta magnitud, sorprende que ningún periodista ni ningún activista pidieran el texto del acuerdo o los planos del proyecto de renovación, que se llama Fira Univers y que se inaugurará con motivo del centenario de la Exposición Universal celebrada en 1929. Sin abrir ningún debate de ciudad, el Ayuntamiento da por hecho que en Montjuïc debe seguir habiendo un recinto.

El Consistorio ya financió la construcción del segundo recinto ferial en Hospitalet y, hace un año, cedió hasta 2050 en Fira de Barcelona el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), un equipamiento municipal de 75.000 m² situado en el Fòrum

“Recinto” (espacio cerrado) es una palabra relevante. Implica mantener cerrado este territorio para acoger usos excluyentes y no siempre afines al interés general. Sin enfrentarse a amenazas tan graves como la contaminación del aire, el cambio climático, la gentrificación de los barrios o la disrupción de las multinacionales digitales, la ciudad acoge en instalaciones municipales grandes eventos dedicados a engordar de forma acrítica el sector de la moto, del coche, de la inmobiliaria, del turismo o de la telefonía móvil. Una buena muestra de esta incoherencia ha sido la última edición del Mobile World Congress. A una semana del estallido feminista del 8 de marzo, se sabía que el congreso paga las azafatas en función de su estatura, al tiempo que, en pleno episodio de contaminación, llenaba las calles de vehículos con chófer para llevar arriba y abajo a más de cien mil congresistas. Cien mil turistas que, en nombre de la innovación o el emprendimiento, pasan aquí cuatro días para que el precariado barcelonés les sirva tapas y copas o les haga la cama y les lave las toallas. Cien mil turistas que llegan en avión, por lo que el presidente de la Feria, Pau Relat, reclama que se amplíe el aeropuerto con una cuarta pista que está llamada a hacer de Barcelona una ciudad de “primera magnitud”. Relat no parece tener suficiente con los esfuerzos del Ayuntamiento para dotar a la ciudad de infraestructuras congresuales. En 2007, el Consistorio ya financió la construcción del segundo recinto ferial en L'Hospitalet de Llobregat —que, con más de 240.000 metros cuadrados, se cuenta entre los diez más grandes de Europa— y, hace un año, cedió hasta 2050 en Fira de Barcelona el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), un equipamiento municipal de 75.000 metros cuadrados situado en el Fòrum.

No se puede decir pues que Barcelona tenga un déficit de infraestructuras preparadas para acoger grandes eventos. Aunque algunos todavía sueñan con unos nuevos Juegos Olímpicos u otra Exposición Universal, lo cierto es que, en la ciudad, no le faltan atractivos turísticos, inmobiliarios y económicos para “competir” en el ámbito europeo. Lo que sí sufre Barcelona, ​​comparada con las principales ciudades de Europa, es una falta flagrante de vivienda asequible. Cada vez más barceloneses tienen problemas para pagar el alquiler. De repente, entre las fuerzas políticas que concurren a las elecciones municipales hay un consenso sobre la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública, que es diez veces inferior a la media europea. Este consenso ha reabierto un doble debate sobre la falta de suelo disponible en una ciudad muy compacta y constreñida por la geografía. Por un lado, hay una subasta de propuestas imaginativas para encontrarle el espacio necesario a la vivienda necesario, tales como añadir en las azoteas sobreáticos para jóvenes, aumentar la altura edificable en toda la ciudad o, incluso, construir una isla artificial frente a la costa. Por otro, es recurrente la idea de que la solución al problema de la vivienda debe tener una dimensión metropolitana. Este eufemismo sugiere que la vivienda pública se ha de construir en las afueras, mientras que los barrios centrales deben quedarse en manos de la industria turística y el mercado inmobiliario.

Es recurrente la idea de que la solución al problema de la vivienda debe tener una dimensión metropolitana, eufemismo usado para sugerir que la vivienda pública se ha de construir en las afueras y los barrios centrales se deben dejar para la industria turística y el mercado inmobiliario

En realidad, lo que necesita la Barcelona metropolitana para ser más justa y sostenible es defender la mezcla social y funcional de sus tejidos urbanos. La reticencia a aceptar esta idea se ha hecho patente a través de dos polémicas que han estallado en el presente mandato. La primera tuvo lugar en el número 10 de la Via Laietana, en un inmueble de 18.000 metros cuadrados y de titularidad municipal donde el concejal socialista Jaume Collboni pretendía instalar un centro para emprendedores digitales. Sabiamente, los movimientos vecinales se han opuesto a este proyecto. Argumentaban que lo que realmente necesitan barrios tan gentrificados como el Gótico o el Born no son más equipamientos de alcance metropolitano sino los 160 viviendas públicas que cabrían en el edificio y que el Ayuntamiento, finalmente, se comprometió a hacer para resolver el conflicto. Los emprendedores digitales harán un mejor servicio a la ciudad si se van a activar un territorio hiperpasivo. La segunda polémica, aún abierta, es el conflicto entre el MACBA y el CAP del Raval-Norte. Ambos equipamientos se disputan la abandonada capilla de la Misericordia, el uno para ampliar su sede y el otro para trasladarse y remediar la precariedad de sus instalaciones. De nuevo, los movimientos vecinales argumentan que su barrio ya tiene un exceso de equipamientos metropolitanos, mientras que sufre un déficit de equipamientos de proximidad. La ampliación del MACBA hará un mejor servicio a la ciudad si se va del Raval para activar un territorio menos central y presionado, tal como hizo el MoMA de Nueva York cuando abrió su nueva sede en Queens en lugar de hacerlo en el mismo Manhattan.

En la ciudad-dormitorio periférica, donde solo hay vivienda, caben nuevos atractivos económicos. En los barrios centrales, diezmados por la gentrificación y la hiperactividad terciaria, hace falta vivienda pública o equipamientos de proximidad para arraigar el tejido vecinal. Los grandes eventos no tienen que ir al centro de la metrópoli. La Exposición Universal de 1929 se celebró en un lugar situado entonces en las afueras de la ciudad —la actual Feria de Montjuïc— y no en el mismo emplazamiento de la Exposición de 1888, que ya se había integrado en la ciudad consolidada, acogiendo el Parque de la Ciutadella. Del mismo modo, el recinto mercantil del Puerto Viejo se abrió en la ciudad cuando la actividad portuaria se había desplazado hacia el Llobregat. Por el mismo motivo, ahora que la Feria de Barcelona ha crecido en Hospitalet, el recinto ferial de Montjuïc debe abrirse a la ciudad. La Feria de Montjuïc podría acoger un barrio mediterráneo del tamaño de la Barceloneta. Un barrio compacto, hecho de fincas estrechas y entre medianeras, con plazoletas y calles transversales que unan el Poble Sec con la Fuente de la Codorniz. Un barrio abocado a un parque lineal —y no a la autopista urbana en que se ha convertido la avenida de María Cristina a pesar de estar calificada de zona verde—. Un barrio de usos mixtos, donde comercios de proximidad y lugares productivos para la economía arraigada en el territorio convivirían con la Fuente Mágica y el Palacio Nacional, como telón de fondo patrimonial. Pero, sobre todo, un barrio asequible donde cabrían miles de viviendas públicas, 5.000 con la densidad de la Villa Olímpica y 10.000 con la de Sagrada Familia, que contribuirían a combatir la gentrificación en el Poble Sec, San Antonio o Hostafrancs. Un barrio abierto y diverso, en lugar de un recinto monofuncional y cerrado.