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Ayuntamiento de Madrid
Almeida privatiza las piscinas de verano y polideportivos e impide a las vecinas acceder a un servicio público
Los miles de residentes de Peñuelas (Arganzuela), Vicente del Bosque (Fuencarral-El Pardo), Luis Aragonés (Hortaleza) y Vallecas, así como los nuevos desarrollos como los PAU de Las Tablas, Sanchinarro, Carabanchel, Ensanche de Vallecas y Valdebebas, deberán atravesar el largo verano madrileño con sus impredecibles olas de calor, sin ninguna piscina pública disponible. “El modelo actual de la CAM es el de la urbanización cerrada, también en aquellas viviendas con algún tipo de protección pública. La no inclusión de piscinas en los polideportivos municipales obedece a la búsqueda de más rentabilidad por parte de las concesionarias privadas”, explica a El Salto un miembro de la PAH de Vallekas.
Los datos publicados por la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos de Madrid avalan la queja del activista por el derecho a la vivienda. Según el último comunicado emitido por esta Plataforma, de los 24 polideportivos municipales que disponen de piscina de verano en Madrid, 22 son de gestión pública y fueron construidos antes del año 2003. Además, existen 21 polideportivos construidos a partir de entonces, de los cuales únicamente dos tienen piscina de verano, y tan sólo tres son de gestión directa.
Sin embargo, en conversación con El Salto sostienen que algunas de las instalaciones deportivas posteriores a 2003, aunque aparecen oficialmente en la web del Ayuntamiento como públicas, en realidad son de gestión mixta. Esto significa que la dirección y algún otro personal de coordinación son personal del Ayuntamiento pero el resto es de una empresa, es decir, para la Plataforma equivale a una privatización del servicio. “Esta gestión mixta es lo que llamamos modelo Carmena, ya que este tipo de gestión se empezó en su gobierno, en lugar de la gestión directa, que sería lo deseable”, apuntan.
A mediados de mayo, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que agrupa a 305 colectivos en la región, denunciaba este preocupante déficit de piscinas públicas a través de un comunicado en el que informaban de que la temporada de verano se iniciaba en Madrid, el pasado 15 de mayo, con tan solo 16 piscinas públicas al aire libre abiertas a las familias, aunque varias de ellas, localizadas en Orcasitas y Vicálvaro, todavía no tienen fijada fechas de apertura. Los datos de las asociaciones vecinales ponen en entredicho las falsas promesas del alcalde José Luis Martínez Almeida, sobre su plan de aumentar la oferta de piscinas públicas en una ciudad que ya ha aumentado 200.000 habitantes en los últimos 30 años. No sólo no se ha incrementado la construcción de piscinas sino que cada vez más están clausurándose, de manera que Madrid es hoy la ciudad con menos piscinas públicas de verano por habitante en España.
Desde 2003, los metros cuadrados que ocupa una piscina de verano comenzaron a destinarse a otras actividades más lucrativas a nivel empresarial, como salas de musculación o pistas de pádel
No es coincidencia que sea a partir de 2003 cuando los nuevos polideportivos construidos han dejado de ofrecer piscina de verano a las vecinas. Ese año, el exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, puso en marcha un modelo de gestión basado en la explotación de nuevos centros deportivos en manos privadas. Estas políticas privatizadoras, que llevan años marcando el recorrido institucional del Partido Popular en la región y que afectan a otros muchos sectores, obedecían en su momento a obtener una mayor rentabilidad económica que la que ofrecen los establecimientos públicos. De esta manera, poco a poco los metros cuadrados que ocupa una piscina de verano comenzaron a destinarse a otras actividades más lucrativas a nivel empresarial, como salas de musculación o pistas de pádel.
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“Se trata de un giro que perjudica al usuario de todo tipo porque los servicios de estas empresas desatienden las necesidades de las vecinas como las actividades de verano en piscinas olímpicas donde los niños y niñas aprenden a nadar, aprovechando las altas temperaturas, donde se puede practicar natación y a la vez refrescarse y jugar”, declara con indignación a este medio Mayte Mayor, miembro de la Asociación Vecinal La Flor. Mayor resalta uno de los efectos colaterales de la rampante privatización de los polideportivos y que afecta particularmente a la infancia y juventud al construirse primordialmente gimnasios y salas de musculación ya que los deportes de equipo dejan de tener cabida en esos espacios que antes pertenecían a las vecinas. Lo individual y productivo económicamente acaba sustituyendo a los beneficios comunitarios de la clase trabajadora madrileña. “El deporte de base y equipo no se puede improvisar, es algo que hay que promover desde todos los espacios, desde centros educativos, pero también desde las áreas municipales”, incide Mayte.
“Se trata de un giro que perjudica al usuario de todo tipo porque los servicios de estas empresas desatienden las necesidades de las vecinas como las actividades de verano en piscinas olímpicas donde los niños y niñas aprenden a nadar“
Vallecas es uno de los distritos madrileños que sufrirá más de cerca los efectos del modelo privatizador del Ayuntamiento Madrid durante los meses más calurosos. En esta localidad del sur y principalmente en los distritos de Villa de Vallecas y las zonas de nueva construcción, existen pocas viviendas de alquiler social y éstas carecen de piscina privada. Por tanto, sus vecinos dependen totalmente de las instalaciones municipales para poder refrescarse durante las épocas más calurosas del año: “No disfrutamos de piscinas públicas ni tenemos acceso a otras para poder ir, pues desde aquí tenemos que desplazarnos en transporte público a grandes distancias, lo que supone, un gran inconveniente”, sostiene una vecina del Ensanche de Vallecas. Los barrios en expansión urbana del sureste son, en este sentido, los grandes dependientes del coche para acceder a todo tipo de servicios, ubicados en el centro de la capital.
Si los inquilinos de estos barrios atraviesan, además, una situación de irregularidad o han tenido que ocupar una vivienda debido a las subidas abusivas de los alquileres, su acceso a zonas comunes se torna todavía más complicado. En algunos casos han llegado a tener altercados con propietarios de otras viviendas, como ocurrió el pasado mes de abril en una urbanización privada de la Calle Yesero, situada entre los distritos de Puente y Villa de Vallecas. En ella decenas de propietarios se manifestaron para exigir el desalojo de más de 20 familias que supuestamente residen de forma irregular en pisos de la Sareb, “banco malo” que posee 55.000 viviendas en todo el Estado, de las que solo 15.000 son sociales, así como la no renovación de los contratos de otros habitantes. Estos pisos del banco, tal y como afirmaban recientemente varias vecinas de la urbanización en conversación con El Salto, se encuentran en una situación deplorable, cercana al abandono, y muchos necesitan un mantenimiento urgente.
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Como de costumbre, la desigual distribución territorial conduce en paralelo a la desigualdad social, siendo las familias con menores renta las que carecen de infraestructuras adecuadas y gozan de una disponibilidad más reducida de los recursos públicos en los vecindarios. “El consenso bipartidista y multipartidista en torno al urbanismo de la época de Esperanza Aguirre es absoluto y todos los partidos defienden en lo esencial el actual modelo de expansionismo urbano que supone, solo para los desarrollos del sureste, la construcción de viviendas para la población equivalente a la ciudad de Zaragoza”, destacan desde la PAH de Vallecas.
Precisamente la familia de la expresidenta de la Comunidad de Madrid está directamente involucrada en los desahucios de miles de familias en todo el Estado español: sus intereses especulativos en el mercado del alquiler, tal y como han denunciado en varias ocasiones las activistas del Sindicato de Inquilinas, están proyectados en la socimi Elix Rental Housing, propiedad de una empresa inversora dirigida por Claudio Aguirre, primo de la expresidenta autonómica del PP. Este año, los procesos de remodelación de inmuebles para su conversión en viviendas turísticas o de lujo, con la gentrificación que ello ha traído consigo, ha amenazado con dejar en la calle a más de 200 inquilinas.
“El no disponer de piscinas municipales significa que la gente tiene que invertir en poner aires acondicionados en las casas para poder refrescarse ya que las piscinas también cumplen en ese sentido el papel de refugio climático"
El modelo de urbanización privada en la capital, diseñado principalmente desde las áreas de Obras, Movilidad y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, fue implementado como nunca antes por los ex dirigentes Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y ahora se mantiene activo con las políticas neoliberales de Isabel Díaz Ayuso. Desde la FRAVM denuncian que la proliferación de minipiscinas en urbanizaciones privadas resulta insostenible, no solo a la hora de asegurar calidad de vida a las vecinas durante las olas de calor, sino por sus elevados costes en el consumo general de agua. Además, sostiene Mayte, “el no disponer de piscinas municipales significa que la gente tiene que invertir en poner aires acondicionados en las casas para poder refrescarse ya que las piscinas también cumplen en ese sentido el papel de refugio climático del que tanto se ha hablado últimamente”.
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En los espacios deportivos municipales con servicios comunitarios también se llevaban a cabo, durante el periodo estival, campamentos urbanos para niños, organizados por las AMPA de diferentes colegios de los barrios para que los menores pudieran estar entretenidos por las mañanas mientras sus padres trabajan. Las vecinas reprochan que muchas de las actividades que se realizaban han desaparecido a causa del cierre progresivo de piscinas y espacios que antes eran colectivos. Este año el Ayuntamiento de Martínez-Almeida ha paralizado, al poco de comenzar su legislatura, la construcción de un polideportivo en Cuatro Caminos para adjudicarlo a una empresa privada, lo que le ha permitido reforzar el actual modelo de concesión de obra en la capital que mueve anualmente millones de euros en los distritos del sur.
Circunstancias similares vivieron el pasado mes de marzo las jóvenes futbolistas del campo de fútbol David Díez de la Cruz, en Villaverde, ubicado dentro de un complejo deportivo municipal que la Junta de este distrito quiso privatizar después de más de diez años de uso comunitario. También en Chamberí se también se han llevado a cabo políticas similares: hace meses el concejal del distrito convirtió la pista de baloncesto del polideportivo municipal, dedicado a este y otros deportes colectivos, en una gran sala de máquinas. El otro gran grupo afectado por las clausuras de las piscinas son las personas mayores de las zonas obreras, que no tienen recursos económicos ni medios para irse de vacaciones a zonas de playa y dependen de las piscinas municipales para refrescarse: “Los jubilados antes se iban a hacer cola para entrar en la piscina, es un colectivo que generalmente les gusta madrugar y tempranito iban aquí a la piscina a precios muy económicos”, relata Mayte.
Para la Plataforma madrileña por la Remunicipalización de los servicios públicos insisten en que “el modelo que se ha utilizado de adjudicación de la construcción y la explotación de las instalaciones, no les interesa a las empresas privadas si son de verano. Pero si la construye el Ayuntamiento, sí están interesadas en la explotación. El negocio es el negocio”.